Washington alertó el pasado verano a sus ciudadanos del riesgo que corrían los turistas afroamericanos que viajaran a España
JESÚS DUVA - Madrid – 27/12/2010
Un incidente entre agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y varios tripulantes del Mount Whitney, buque insignia de la VI Flota estadounidense , a comienzos de 2009 ocasionó un serio incidente diplomático entre los Gobiernos de Madrid y Washington. Además, el Departamento de Estado usó el pasado verano este altercado para alertar a los turistas afroamericanos que viajaran a España del riesgo que corrían de ser detenidos. El Ayuntamiento de Barcelona explica ahora que sus funcionarios realizaban labores contra el menudeo de drogas y rechazan de plano las acusaciones de racismo.
La Navy amenazó con no recalar más en Barcelona tras el incidente.- El Ayuntamiento abrió un informe a los agentes y no halló irregularidades
Tras el altercado con el funcionario de la US Navy, el Ejecutivo de Barack Obama presentó una queja verbal por la agresión sufrida en febrero de 2009 por un marine y el hecho de que varios compañeros fueran identificados a punta de pistola. El Consulado General de Estados Unidos en Barcelona advirtió entonces que la VI Flota había manifestado que, después de ese incidente, era “reticente” a volver a recalar en el puerto catalán.
El caso estalló el 22 de enero de 2009, cuando un miembro de la tripulación del Mount Whitney fue abordado por guardias urbanos de paisano que “no se identificaron adecuadamente” y que, además, apuntaron con pistolas a otros compañeros. Durante su detención, el marinero fue derribado al suelo, por lo que necesitó varios puntos de sutura en la cabeza. Fue detenido y más tarde puesto en libertad sin que los agentes formularan acusación contra él. “Daba la impresión de que el incidente tenía motivaciones racistas (el tripulante es afroamericano)”, resalta una nota confidencial de la embajada.
“Los agentes de paisano estaban realizando labores de vigilancia en la plaza de las Drassanes en prevención de delitos contra la salud pública. Detectaron una conversación entre
George Thomas Kee y dos jóvenes de origen magrebí y, ante la sospecha de una posible transacción de droga por dinero, se procedió a su identificación”, señala el Ayuntamiento.
“Un agente se acreditó mediante su credencial profesional, pero el señor Kee comenzó a gesticular airadamente, intentando ausentarse del lugar. El agente intentó cogerle del brazo. Cuando se acercó un cabo, el señor Kee le golpeó en el cuello y dio un puñetazo al policía. Se acercó un grupo de 15 o 20 personas de manera hostil y dando gritos en inglés. (…). Al ver que el grupo no cesaba de avanzar, el cabo desenfundó su arma y apuntó hacia el suelo, lo que hizo que el grupo se parara y empezara a retroceder”, según el informe municipal.
Kee fue llevado al hospital Pere Camps y un cabo y un guardia urbano lo fueron a la Mutua Universal “por heridas de diversa consideración”. Kee declaró en la comisaría de Ciutat Vella que no tenía intención de agredir a los agentes, aunque creyó que iban a robarle, ya que en Estados Unidos “la policía identifica a los sospechosos mostrando en una mano su credencial profesional y en la otra el arma reglamentaria apuntando hacia el identificado”. Después quedó detenido “por atentado a agentes de la autoridad” en la comisaría de Les Corts, donde fue visitado por un representante consular, dos enlaces de la Marina española y dos de la Navy de EE UU. El Juzgado número 20 de Barcelona decretó poco después el archivo de las actuaciones. El expediente interno abierto por la Guardia Urbana concluyó sin hallar irregularidades en la conducta de los agentes, pese a apreciar algunos errores en su actuación.
La legación diplomática destacó “la gravedad” del asunto y “los potenciales efectos negativos que podría acarrear si el Gobierno español no realizaba las acciones apropiadas”. La embajada hizo llegar al ministro de Asuntos Exteriores una “queja verbal” exigiendo una explicación sobre el altercado (cable 190015).
Dos semanas después, el cónsul general Todd Robinson se reunió con la concejal de Seguridad y Movilidad, Assumpta Escarp, junto con el intendente de la Guardia Urbana. El cónsul se quejó de que una inmediata consulta con el comandante jefe del Mount Whitney o con el consulado habría resuelto rápidamente la situación y evitado crear una “una espiral fuera de control y las consiguientes reacciones en Barcelona, Madrid, Nápoles y Washington” (cable 190628). Los representantes municipales se comprometieron a aclarar el caso con la jefatura de la VI Flota en Nápoles (Italia) y con la base de Rota (España).
Pasados unos días, el cónsul escribió al entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y al director de la Guardia Urbana, Xavier Vilaró. A la vez, contactó con la Oficina de Derechos Humanos y Civiles. La Embajada en Madrid y el presidente del Comité Permanente de la cooperación bilateral en materia de Defensa plantearon su malestar ante las autoridades españolas. Y el encargado de Negocios transmitió una queja al secretario general de Política de Defensa.
“Después de todas estas reclamaciones, la única respuesta recibida fue una carta de Vilaró”, quien se lamentaba por los “inconvenientes” derivados del incidente y señalaba que el caso era objeto de una investigación interna, según un cable. El cónsul en Barcelona volvió a reunirse con varios representantes del Ayuntamiento y les transmitió que la VI Flota era reticente a volver a recalar en Barcelona y que el asunto había suscitado la atención al más alto nivel del Departamento de Estado. El diplomático recalcó que el Gobierno de Washington exigió “seguridades de que los navíos estadounidenses serían bienvenidos a la ciudad”.
Alarma de ida y vuelta en la web
El incidente entre los guardias urbanos y el tripulante del Mount Whitney suscitó un gran malestar en el Gobierno de Washington. Eso, pese a que la asesoría legal de la base de Rota informó al consulado general de que el juez había decidido archivar el caso contra “el señor Kee”, el cual fue informado de que no quedaría fichado con antecedentes en España y que, al mismo tiempo, podría interponer denuncia contra los policías barceloneses. ¿Punto final? No.
El incidente no quedó en el olvido para Estados Unidos. El pasado agosto, la web del Departamento de Estado alertaba a sus ciudadanos que viajaran a Europa acerca de “los prejuicios raciales” de la policía española, que supuestamente detenía e interrogaba a afroamericanos “sin motivo aparente”. Para ilustrar esta acusación, señalaba que dos funcionarios de ese país habían sido arrestados en Barcelona “sin razón aparente”. Uno de los detenidos, del que no daba el menor dato, había sufrido “daños físicos”.
Al difundirse la noticia y conocerse la consiguiente protesta del Cuerpo Nacional de Policía por semejantes imputaciones, el Gobierno de Washington retiró tales advertencias un día antes de que la primera dama, Michelle Obama, llegara a un hotel de Marbella (Málaga) para pasar cuatro días de vacaciones con su hija Sasha.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español, dirigido en aquellas fechas por Miguel Ángel Moratinos, quitó hierro al asunto diciendo que la Casa Blanca había decidido hacer desaparecer el aviso sobre el “racismo” de la policía de forma unilateral y sin que hubiera “ninguna mediación” por parte de la Administración española.
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