Da la impresión de que, con paciencia y conocimiento, en internet se puede encontrar prácticamente todo, desde un disco que aún no ha salido al mercado hasta una novia bielorrusa. La red, ese híbrido contemporáneo de biblioteca, almacén y vertedero, contiene millones de cosas interesantes que están al alcance de cualquiera, y en esa masa inabarcable de información se incluyen muchos documentos que bajo ningún concepto deberían estar ahí. Pedro Fernández, agente de la Policía Local de Orense, lo comprobó hace seis años, cuando se puso a buscar algún modelo de base de datos que le sirviese para aplicarlo en su trabajo. Recurrió a los P2P, los programas de intercambio de archivos que suelen usarse para ‘bajar’ películas o música, y dio con varios documentos que podían venirle bien, pero en uno de ellos aparecían los datos particulares de 19.000 funcionarios de Madrid. «Había gente encuadrada en la Casa Real, los juzgados de Plaza de Castilla, la Policía, el Consejo de Seguridad Nuclear… Un oficial de justicia que está en la Audiencia Nacional, por ejemplo, podría tener serios problemas con algo así: figuraban sus domicilios y sus teléfonos, y estas personas tratan con el crimen organizado».
FUENTE: LAVERDAD.es
Pedro -es un nombre supuesto, porque prefiere mantener en secreto su identidad- se quedó estupefacto con su hallazgo. Y, a la vez, descubrió una rara vocación, un ‘hobby’ que le ha hecho famoso en los círculos relacionados con la protección de datos: el agente, cuyo trabajo oficial se circunscribe a tareas de oficina y de mantenimiento informático, empezó a consagrar su tiempo a rastrear la red en busca de «cosas raras», filtraciones de información confidencial. No le hacen falta sofisticadas herramientas, porque utiliza P2P de uso común como eMule o Ares: «Es una tarea de chinos, lleva mucho tiempo y hay que hacer búsquedas a distintas horas, pero casi todos los días encuentro algo», explica. Sus denuncias han servido de punto de partida para 42 expedientes de la Agencia de Protección de Datos, aunque en muchos casos se limita a avisar a los afectados para que adopten las medidas pertinentes.
El policía gallego lo mismo se ha topado con listados de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil -«venían incluso los jubilados», explica-, que con atestados policiales, que con datos de hospitales o información de empresas. En su escritorio han acabado incluso documentos de espionaje internacional. La gran amenaza para la seguridad, afirma, son los programas de intercambio de archivos, que ‘abren’ el ordenador al exterior. Muchas compañías e instituciones los tienen bloqueados en sus redes, pero eso no soluciona el problema: «Está, por ejemplo, el médico que se lleva a casa un ‘pendrive’ con la información y la vuelca al ordenador de casa, sin darse cuenta de que los hijos están compartiendo música o películas», aclara. Todo usuario de P2P se ha encontrado con algún internauta despreocupado que, por puro descuido, comparte su álbum de fotos privadas: esto sería lo mismo, pero con material más relevante.
4.000 abortos
De los casos que ha destapado Pedro Fernández, el más conocido fue el de la clínica bilbaína Lasaitasuna: el agente descargó de internet en 2008 los datos de 11.300 pacientes, de los que más de 4.000 eran mujeres que se habían sometido a un aborto. El centro fue sancionado con 150.000 euros, aunque el policía apunta con cierto tono de reproche que «el escándalo mediático fue peor que la multa». El castigo a muchas otras filtraciones se queda en un «tirón de orejas», con una notificación a la administración correspondiente y un informe al Defensor del Pueblo. Como resultado de sus expediciones de ‘pesca’ de documentos, Pedro también ha denunciado un par de casos de pornografía infantil -«fue casual, por dos archivos renombrados, ya que de eso no hago seguimiento»-, pero lo que más le sigue pasmando es la presencia de información clasificada al más alto nivel. «En España, poca cosa, pero en Sudamérica se trata de un asunto muy grave. Comparten cosas tremendas, que ni siquiera se pueden enseñar», asegura. El agente ha recibido mensajes de agradecimiento de países como Colombia, Bolivia o Brasil, por fugas de información que ha detectado.
El mes pasado, la Audiencia Nacional ratificó que el Servicio Cántabro de Salud cometió una negligencia al permitir que los datos de 1.748 pacientes de la zona de Miera acabasen en internet. ¿Quién los descubrió? Pedro, por supuesto. El agente no puede evitar una ironía cuando se le habla de su ‘monopolio’ en este tipo de asuntos: «La Policía Nacional dijo un día que iba a poner gente para esto. Pero no creo que lo hayan hecho, más que nada porque tengo bajados cientos de atestados suyos».
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