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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS

Aprobado por Asamblea General de Naciones Unidas,
Resolucion34/169
17 de diciembre de 1979
Incorporado por el artículo 19º al texto de la Ley 12
de Procedimiento Contravencional, como
Anexo I
INTRODUCCIÓN:
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 17 de diciembre de 1979 un Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, declarando que quienes tiene esas atribuciones respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.
La asamblea recomendó que se considerara la posibilidad de utilizarlo en el marco de la legislación o la práctica nacionales como conjuntos de principios que han de observar los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
La resolución que contiene el Código de conducta (No. 34/169) declara que la naturaleza de las funciones de aplicación de la ley en defensa del orden público y la forma en que dichas funciones se ejercen tiene una repercusión directa en la calidad de vida de los individuos y de la sociedad en conjunto. La asamblea dijo que estaba consciente de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley llevaban a cabo sus importantes tareas concienzuda y dignamente; pero también se daba cuenta de que el ejercicio de esas tareas entrañaba posibilidades de abuso.
El Código de conducta, además de exhortar a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que defiendan los derechos humanos, entre otras cosas prohibe la tortura, declara que debe usarse la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y pide la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia.
A cada uno de los ocho artículos del Código de conducta acompaña un comentario que da información para facilitar el uso del Código dentro del marco de la legislación nacional o la práctica.
A continuación figura el texto del Código de conducta.
Artículo 1
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido a su profesión.
Comentario:
a.       La expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención.
b.       En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios.
c.       En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata.
d.       Esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente a todos los actos violentos, de depredación y nocivos, sino, también toda la gama de prohibiciones previstas en la legislación penal. Se extiende, además, a la conducta de personas que no pueden incurrir en responsabilidad penal.
Artículo 2
En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.
Comentario:
a.       Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convenció Internacional sobre la Represión y el castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre las relaciones consulares.
b.       En los comentarios de los distintos países sobre esta disposición deben indicarse las disposiciones regionales o nacionales que determinen y protejan estos derechos.
Artículo 3
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesarios y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas.
Comentario:
a.       En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesaria, según las circunstancias, para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.
b.       El derecho internacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta disposición. En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de la fuerza desproporcionado al objetivo legítimo que se ha de lograr.
c.       El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.
Artículo 4
Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
Comentario:
Por la naturaleza de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley obtienen información que puede referirse a la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la reputación, de otros. Se tendrá gran cuidado en la protección y el uso de tal información, que sólo debe revelarse en cumplimiento del deber o para atender las necesidades de la justicia. Toda revelación de tal información con otros fines es totalmente impropia.
Artículo 5
Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Comentario:
a.       Esta prohibición dimana de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, aprobado por la Asamblea General, y en la que se estipula que:
“Todo acto de esta naturaleza constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.”
b.       En la declaración se define la tortura de la siguiente manera:
“…se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por u hecho que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.”
c.       El término “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” no ha sido definido por la Asamblea General, pero deberá interpretarse que extiende la protección más amplia posible contra todo abuso, sea físico o mental.
Artículo 6
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de la personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
Comentario:
a.       La “atención médica”, que se refiere a los servicios que presta cualquier tipo de personal médico, incluidos los médicos en ejercicio inscritos en el colegio respectivo y el personal paramédico, se proporcionará cuando se necesite o se solicite.
b.       Si bien es probable que le personal médico esté adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener en cuenta la opinión de ese personal cuando recomiende que se de a la persona en custodia el tratamiento apropiado por medio de personal médico no adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley o en consulta con él.
Artículo 7
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esta índole y los combatirán.
Comentario:
a.       Cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier otro abuso de autoridad, es incompatible con la profesión de funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Debe aplicarse la ley con todo rigor a aquel funcionario encargado de hacerla cumplir que cometa un acto de corrupción, ya que los gobiernos no pueden pretender hacer cumplir la ley a sus ciudadanos si no puede, o no quieren, aplicarla contra sus propios agentes y en sus propios organismos.
b.       Si bien la definición de corrupción deberá estar sujeta al derecho nacional, debe entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos ilegítimos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de éstos, una vez realizado u omitido el acto.
c.       Debe entenderse que la expresión “acto de corrupción” anteriormente mencionada abarca la tentativa de corrupción.
Artículo 8
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse vigorosamente a tal violación
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuese necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.
Comentario:
a.       El presente código se aplicará en todos los casos en que se haya incorporado a al legislación o la práctica nacional. Si la legislación o la práctica contiene disposiciones más estrictas que las del presente código, se aplicarán esas disposiciones más estrictas.
b.       El artículo tiene por objeto mantener el equilibrio entre la necesidad de que haya disciplina interna en el organismo del que dependa principalmente la seguridad pública, por una parte, y la de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos básicos, por otra. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informarán de las violaciones a sus superiores inmediatos y sólo adoptarán otras medidas legítimas sin respetar la escala jerárquica si no se dispone de otras posibilidades de rectificación o si éstas no son eficaces. Se entiende que no se aplicarán sanciones administrativas ni de otro tipo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por haber informado de que haya ocurrido o vaya a ocurrir una violación del presente Código.
a.       El término “autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas” se refieren a toda autoridad o todo organismo existente con arreglo a la ley nacional, ya forme parte del órgano de ejecución de la ley o sea ajeno a él, que tenga facultades estatutarias, consuetudinarias o de otra índole para examinar reclamaciones y denuncias de violaciones dentro del ámbito del presente código.
b.       En algunos países, puede considerarse que los medios de información cumplen funciones de control análogas a las descritas en el párrafo c) supra. En consecuencia, podría estar justificado que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como último recurso y con arreglo a las leyes y costumbres de su país y a las disposiciones del artículo 4 del presente Código, señalaran las violaciones a la atención de la opinión pública a través de los medios de información.
c.       Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que observen las disposiciones del presente Código merecen el respeto, el apoyo total y la colaboración de la comunidad y del organismo de ejecución de la ley en que prestan sus servicios, así como de los demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

SURGEN LOS PRIMEROS PROYECTOS PARA MANCOMUNAR CUERPOS DE POLICÍA LOCAL

miércoles, 20 febrero de 2008.
Con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -que autoriza mancomunar cuerpos de policía local cuando municipios limítrofes no dispongan de recursos suficientes- ya han surgido las primeras propuestas por policías mancomunadas. Es el caso de los alcaldes del área del Ter-Brugent, a la Selva, o en núcleos de población de la corona metropolitana en que hay ayuntamientos con plantillas deficitarias. El último borrador de la Ley del Sistema de Policía no incluye este escenario en su articulado, que a la práctica podría dar lugar a mancomunidades municipales con dotaciones parecidas a una Área Básica Policial.Asi entonces, esta ley obre las puertas a que  junto con los municipios del área Ter-Brugent -entre los cuales podría haber la Cellera de Ter, Osor, SanSanto Julià de Llor y Bonmatí, Amer y SanSanto Martí Sapresa- puedan construir un frente común y crear la mancomunidad policial, objetivo que se han marcado en diferentes momentos en los últimos años.Resta pendiente que el Ministerio del Interior fije las condiciones, y a las comunidades autónomas la autorización correspondiente. La reforma cobra un nuevo escenario en el modelo policial, con la posibilidad de contar con cuerpos mancomunados, una vieja reivindicación de algunas cabezas de policía que con la aprobación de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vieron disueltos sus cuerpos supramunicipals. Actualmente, el borrador de la Ley del Sistema de Policía de Catalunya no prevé esta novedad.La medida, muy reivindicada por la Comunidad de Madrid, permitirá que pequeñas corporaciones locales cuenten con cuerpos de policía potentes. El gobierno autonómico de Aguirre ha visto con buenos ojos el cambio legislativo, puesto que los permitirá un desarrollo exponencial del plan BESCAM (BRIGADAS ESPECIALES DE SEGURIDAD).Reforma encubiertaDe la misma forma que hace cuatro años se colaba la reforma que introducía los cuerpos de agentes de movilidad, esta vez se ha hecho mediante un bypass legislativo e introduciendo la novedad legislativa en una presunta modificación de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.Texto de la reforma JUAN CARLOS Y REY

DE ESPAÑA

A todos los que la presento vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo al sancionar la siguiente ley orgánica.

PREÁMBULO

La presento Ley Orgánica procede del desglose de la disposición adicional segunda del proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, cuyo contenido, conforme a los artículos 81 y 104 de la Constitución, tenía carácter orgánico.

En consecuencia, y atendiendo a las directrices de técnica normativa que aconsejan incluir en texto distintos los preceptos de naturaleza ordinaria y los preceptos de naturaleza orgánica, tal como se desprende de la jurisprudencia constitucional, Mesa del Congreso de los Diputados, oída la Junta de Portavoces, acordó el mencionado desglose:

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Se añade una nueva Disposición Adicional Quinta, a dicha Ley Orgánica como la siguiente redacción:

«Disposición Adicional Quinta. Colaboración para la prestación de servicios de policía local.

En los supuestos en los que dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funcionas asignadas a dichas policías en esta Ley.

En todo caso, el acuerdo de colaboración para la prestación de servicios miedo los Cuerpos de Policía Local dependientes de los respectivos municipios respetará las condicionas que se determinan midiante el Ministerio del Interior y contará con la autorización de éste o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente con arreglo a lo que disponga su respectivo Estatuto de Autonomía.»

Disposición final. Entrada en vigor.

La presento Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guardan y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 13 de diciembre de 2007

. JUAN CARLOS R

. El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

UN SUBORDINADO DE LA INTENDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA PRETENDÍA FALSIFICAR LA ESTADÍSTICA DE DELITOS

       
miércoles, 13 febrero de 2008.
ImageSegún pública el diario El País, algunos mando habían dado instrucciones por escrito por maquillar la estadística policial a Santos-Montjuic, atribuyendo hechos delictivos a Ciudad Vieja o el Ensanche. El rotativo atribuye exclusivamente la decisión a un subinspector del cuerpo, mientras que a foros no oficiales de los Mossos se amplía hasta la cabeza de la ABP, la Intendente Cristina Manresa, que también es la representante de los Mossos d’Esquadra en el Comité de Ética Policial.A diferencia de situaciones en qué han sido implicados agentes de la escalera básica por hechos menos graves, cabeza de los mandos implicados ha sido suspendido de sueldo y trabajo, ni el Departamento de Interior ha hecho una denuncia pública de los hechos.Según el rotativo El País, el orden por escrito hecha por un subinspector nunca se habría llegado a aplicar. Los hechos habrían motivado el cambio de destino del presunto responsable. El mismo diario recojo entre comillas que el documento habría sido elaborado por el sotsinspector “a título personal”.

SANT VIÇENT, CALDES Y LLAVANERES FIRMAN UN CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE LAS POLICÍAS LOCALES

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ImageLos alcaldes de Sant Vicenç de Montal, Caldes d’Estrac y Sant Andreu de Llavaneres, y los inspectores de las policías locales se encontraron viernes 15 de febrero al Ayuntamiento de Llavaneres con el objetivo de mejorar la coordinación entre los cuerpos de seguridad local. Según la nota del ayuntamiento, este acuerdo representa un paso más por adelantar en la mancomunación de servicios entre los tres municipios vecinos. El convenio incluye rotulación de vehículos, compras conjuntas y apoyo operativo.El convenio contempla unos protocolos de coordinación, cooperación, colaboración y auxilio mutuo recíproco entre las policías locales. Aun cuando se trata de un acuerdo a tres bandas sólo se puede firmar entre municipios limítrofes, de acuerdo con la consejería de Interior. Estos son los principios de cooperación y coordinación que fijará el acuerdo

  • Promover la homogeneización de los medios técnicos, la uniformidad y la rotulación de los vehículos.
  • Establecer un sistema d´información recíproca.
  • Formación conjunta y homogénea.
  • Cooperación eventual entre los diferentes cuerpos policiales por atender necesidades urgentes temporales y o/extraordinarias.
  • Adquirir y compartir recursos materiales.
  • Establecer una red de transmisiones vía radio conjunta por ser utilizada en casos relacionados con seguridad ciudadana, protección civil y otras necesidades o urgencias.
  • Participar conjuntamente, las cabezas y mandos de las Policías Locales, en los procesos de selección d´agentes y mandos de sus policías.