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Archive for 8 marzo 2008

La drogadicción y su impacto en la sociedad.

 

 

 

INTRODUCCIÓN

Vivimos en una cultura de la droga, desde la mañana cuando tomamos cafeína o tefilina, al desayuno, hasta la noche, en que podemos relajarnos al volver a la casa, con un aperitivo alcohólico, o un inductor del sueño con un somnífero, recetado por el medico, estamos utilizando diferentes sustancias, que afectan sobre el Sistema Nervioso Central, para enfrentar estas peripecias de la cotidianeidad. Muchos además nos activamos a medida que trascurre el día, aspirando nicotina.

Aun cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas las épocas, hoy son más las personas que consumen drogas, hay más cantidad y hay mas facilidades para conseguirlas.

Cuando se realiza una encuesta y se pregunta por los mayores problemas de la sociedad actual siempre sale nombrado dentro de los 5 primeros lugares el “problema de drogas“. Y cuando se consulta a la gente el porque de este problema siempre se nombra como un problemas de pobres y marginales. Y hace mucho tiempo que dejo de ser un problema callejero y de marginales, y esto ocurrió cuando las drogas fueron el mejor negocio para algunos y la peor desgracia para otros.

El consumo de sustancias es cada vez más permisivo, esto hace creer a las personas “que no sucede nada si se consume”.

La drogadicción y todo lo asociado a hechas es una gran perdida de plata para quienes están en contra, sobre todo para los estados quienes deben combatirlas desde muchos puntos a la vez.

Para la realización del presente trabajo nos basamos en una metodología de investigación bibliográfica, y algunas entrevistas que nos sirvieron para darnos cuenta cuan grande es este problema.

El trabajo nos resulto mucho mas extenso de lo que pensábamos en un principio, pero al darnos cuanta que nos fuimos guiando por el Marco Teórico que nos planteamos o, era ya casi irrisorio reducirlo más, ya que si lo hubiéramos hecho, este trabajo hubiera terminado como un trabajo de estudiante de colegio y no de 5 estudiantes universitarias.

La investigación previa al trabajo final, nos resulto muy importante ya que salimos de muchas dudas, y aprendimos muchas cosas nuevas, además tratamos de que cada parte de trabajo estuviera apoyado y respaldada por material bibliográfico ya escrito.

Las principales partes del trabajo son:

  • Las deficiones basicas
  • La drogadicción segun distintos ambitos de la sociedad.
  • Los diferentes tipos de drogas.
  • Efectos y motivos de una persona para llegar a ser drogadicto
  • Consecuencias de la drogadicción
  • Que es hacer prevención
  • Rol del Trabajador Social en la drogadicción y
  • Distintos anexos con información variada dentro del tema.

     

DEFINICIÓN DE DROGADICCIÓN.

Es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro de un gran numero de seres humanos, la enfermedad se caracteriza por su cronicidad o larga duración, su progresiva y las recaídas.

Es el uso indebido de cualquier tipo de drogas con otros fines y no los iniciales que se han prescrito, cuando existe la prescripción.

Es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una imperiosa necesidad de tomar droga o, en caso contrario, un desplome emocional cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los terribles síntomas de abstinencia al no ingerirla.

La drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, sociales y financieros.

Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y una droga. Caracterizado por modificaciones del comportamiento, y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible al tomar la droga en forma continua o periódica con el fin de experimentar sus efectos síquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación.

Al hablar de dependencia de una droga se refiere al uso compulsivo de este pero hay que diferenciar la dependencia física y síquica. En la primera se presenta el Síndrome de Abstinencia al dejar de consumir y en la segunda dicho síndrome no se presenta.

Se debe entender que el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva, es decir, que el individuo se rehabilita para poder vivir sin consumir la droga y, de allí en adelante, éste será un adicto en remisión, no estará usando la droga, pero para mantenerse en ese estado de abstinencia o remisión no podrá bajar la guardia

 

¿QUE SON LAS DROGAS?

Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central, o que dan como resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona.

Es toda sustancia capaz de alterar el organismo y su acción psíquica la ejerce sobre la conducta, la percepción y la conciencia. La dependencia de la droga es el consumo excesivo, persistente y periódico de toda sustancia tóxica.

El término drogas visto desde un punto de vista estrictamente científico es principio activo, materia prima. En ese sentido droga puede compararse formalmente dentro de la farmacología y dentro de la medicina con un fármaco, es decir que droga y fármaco pueden utilizarse como sinónimos. Los fármacos son un producto químico empleado en el tratamiento o prevención de enfermedades. Los fármacos pueden elaborarse a partir de plantas, minerales, animales, o mediante síntesis.

Existe una segunda concepción que es de carácter social, según ésta las drogas son sustancias prohibidas, nocivas para la salud, de las cuales se abusan y que en alguna forma traen un perjuicio individual y social.

Luego nos queda el problema dónde actúan estas sustancias, ya que todas estas drogas tienen un elemento básico en el organismo que es el sistema nervioso central el cual es la estructura más delicada y el más importante que tiene el ser humano, y si estas sustancias actúan sobre esas estructuras dañándolas, perjudicándolas, indudablemente que van constituir un elemento grave y peligroso para la colectividad; para la salud individual y lógicamente para la salud pública.

 

DROGAS SEGÚN SU GRADO DE DEPENDENCIA

Las Drogas “Duras”, son aquellas que provocan una dependencia física y psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento Psíquico y social del adicto, como el opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los barbitúricos.

Las Drogas “Blandas“, son las que crean únicamente una dependencia psicosocial, entre las que se encuentran los derivados del cáñamo, como el hachís o la marihuana, la cocaína, el ácido lisérgico, más conocido como LSD, así como también el tabaco. Esta división de duras y blandas, es cuestionada, y se podría decir que las duras son malas y las blandas son buenas o menos malas, pero administradas en mismas dosis pueden tener los mismos efectos nocivos.

La Dependencia es el estado del individuo mediante el cual crea y mantiene constantemente un deseo de ingerir alguna substancia. Si este deseo se mantiene por mecanismos metabólicos y su falta crea un síndrome de abstinencia, se denomina dependencia física. Si la dependencia se mantiene por mecanismos psicosociales, suele definirse como dependencia psíquica o psicosocial.

Las drogas se dividen en narcóticos, como el opio y sus derivados la morfina, la codeína y heroína; estimulantes, como el café, las anfetaminas, el crack y la cocaína, y alucinógenos, como el LSD, la mezcalina, el peyote, los hongos psilocibios y los derivados del cáñamo, como el hachís.

 

TIPOS DE DROGAS SEGÚN SUS EFECTOS

 

Narcóticos

  •  

    • La palabra narcótico es un vocablo griego que significa “cosa capaz de adormecer y sedar”. Esta palabra se usa con frecuencia para referirse a todo tipo de drogas psico activas, es decir, aquellas que actúan sobre el psiquismo del individuo, se pueden dividir en:
  • Opio, opiáceos y sucedáneos sintéticos.
  • Neurolépticos o tranquilizantes mayores.
  • Ansiolíticos o tranquilizantes menores.
  • Somníferos o barbitúricos.
  • Grandes narcóticos o anestésicos generales. 
    • Es una droga con composiciones y orígenes distintos, que tienen en común su efecto en el organismo, aunque este se manifieste en manera y de grado diferentes.

    • Neurolepticos o Tranquilizantes Mayores:
    • Se trata de sustancias utilizadas para tratar la depresión, las manías y las psicosis, y muchas de ellas se venden sin prescripción médica en la mayoría de farmacias, entre estas están fenotiazinas, el haloperidol y la reserpina.

      • Producen un estado de indiferencia emocional, sin alterar la percepción ni las funciones intelectuales, sumamente tóxicos, poseen efectos secundarios tales como parkinsonismo, destrucción de células de la sangre, arritmia cardiaca, anemia, vértigos, entre otros.

  • Ansiolíticos O Tranquilizantes Menores:
    • Habitualmente usados para tratar las neurosis, estas drogas constituyen la mitad de todos los psicofármacos consumidos en el mundo, a pesar de que producen un síndrome de abstinencia muy grave. En dosis mayores funcionan como hipnóticos o inductores del sueño: algunos se usan como relajantes musculares.

      • Producen letárgica, estupor y coma, con relativa facilidad. Al abandonar su consumo pueden aparecer episodios depresivos, desasosiego o insomnio.

      • Somníferos O Barbitúricos:

        Su uso puede provocar lesiones en el hígado o en los riñones, producir erupciones cutáneas, dolores articulares, neuralgias, hipotensión, estreñimiento y tendencia al colapso circulatorio.

         

        • La intoxicación aguda puede llegar a provocar la muerte. La dependencia física se genera entre las 4 o las 6 semanas.
        • Grandes Narcóticos

           

        Existen varias sustancias usadas en anestesia general que merecen estar incluidas en este grupo por su capacidad de producir sopor y estupefacción, mayor que la de cualquier estupefaciente en sentido estricto. En dosis leves produce una primara fase de excitación cordial, como el alcohol y luego sedación y sopor. También generan tolerancia y, en consecuencia, adicción, pudiendo ocasionar intoxicaciones agudas, e incluso la muerte.

         

        • Opio Y Sus Derivados:

           

          • Con el nombre popular de adormidera o amapola se conoce el fruto del cual se obtiene el opio y sus derivados. Es un polvo de color tostado. Se extrae de los granos que contiene el fruto y entre sus usos medicinales se encuentran la supresión del dolor, el control de los espasmos y el uso como antitusígeno. Entre sus derivados se encuentra la morfina, la heroína, la metadona y la codeína, todos ellos pueden brindar extraordinarios beneficios terapéuticos si son recetados y controlados por un médico.

             

          • Los opiáceos se presentan como polvo para fumar o solución inyectable. Este narcótico produce un estado de euforia y ensoñación; una sensación de éxtasis que se acorta rápidamente a causa de la tolerancia, cuyos efectos físicos son:
        • Epidermis enrojecida
        • Pupilas contraídas
        • Náuseas
        • Decaimiento de la función respiratoria
        • Pérdida de reflejos
        • Falta de respuesta a los estímulos
        • Hipotensión
        • Desaceleración cardíaca
        • Convulsiones
        • Riesgo de muerte

          Alucinógenas

        Las drogas conocidas como alucinógenos son fármacos que provocan alteraciones psíquicas que afectan a la percepción. La palabra “alucinógeno” hace referencia a una distorsión en la percepción de visiones, audiciones y una generación de sensaciones irreales. La alucinación es un síntoma grave de la psicosis de la mente y su aparición distorsiona el conocimiento y la voluntad.

        Los alucinógenos se consideran productos psicodélicos que inhiben los mecanismos de defensa del yo, y facilitan la distribución de la sensibilidad así como la aparición de imágenes desconcertantes.

         

        LSD (Ácido Lisérgico)

        El LSD es una sustancia semi sintética, derivado del ergot, extracto éste del cornezuelo del centeno, usado en medicina al final de la edad media. También fue muy utilizado en obstetricia para evitar hemorragias puerperales y promover la contracción del útero. En un principio fue utilizado con fines terapéuticos de alcohólicos, cancerosos y otros enfermos terminales para ayudarles a superar el trance. Posteriormente fue abandonada la práctica al comprobarse los resultados adversos, tales como suicidios a causa de las engañosas imágenes y terroríficas visualizaciones. También se comprobó que podía desencadenar esquizofrenia y deterioros mentales variados.

        Descubierto en 1938 se considera el ácido lisérgico como el alucinógeno más poderoso, aunque no el más nocivo.

        Éxtasis o mdma

        La metilendioximetanfetamina (MDMA), normalmente conocida como “éxtasis”, “ectasi” o “X-TC”, es un droga sintética sicoactiva con propiedades alucinógenas de gran potencial de emotivo y perturbador psicológico, con propiedades similares a las anfetaminas. Se asemeja a la estructura de la metilendioxianfetamina (mda) y de la metanfetamina, otros tipos de drogas sintéticas causante de daños cerebrales. Durante los años 60 se utilizó con fines terapéuticos dado que según determinados sectores de la psiquiatría ayudaba a la comunicación y al tratamiento de neurosis fóbicas. El éxtasis produce efectos psíquicos de gran potencial perturbador. Inicialmente el sujeto experimenta sensaciones de confianza y excitación, a las que siguen un estado de hiperactividad e incremento en los pensamientos morbosos. Los efectos del estimulante se diluyen provocando trastornos sicólogos, como confusión, problemas con el sueño(pesadilla, insomnio), deseo incontenible de consumir nuevamente droga, depresión, ansiedad grave y paranoia. Estos efectos han sido reportados incluso luego de varias semanas de consumo. También se han informado casos graves de psicosis. Entre los síntomas físicos pueden citarse: anorexia, tensión y trastornos musculares similares a los presentes en la enfermedad de parkinson, bruxismo, náuseas, visión borrosa, desmayo, escalofrío y sudoración excesiva.

        Metanfetamina

        La persona que usa “Ice” piensa que la droga le proporciona energía instantánea. La realidad es que la droga acelera el sistema nervioso, haciendo que el cuerpo utilice la energía acumulada.

        Los efectos que causa al cuerpo varían de acuerdo a la cantidad de droga utilizada. Entre los síntomas observados se encuentran los siguientes: lesión nasal cuando la droga es inhalada; sequedad y picor en la piel; acné; irritación o inflamación; aceleración de la respiración y la presión arterial; lesiones del hígado, pulmones y riñones; extenuación cuando se acaban los efectos de la droga(necesidad de dormir por varios días); movimientos bruscos e incontrolados de la cara, cuello, brazos y manos pérdida del apetito; depresión aguda cuando desaparecen los efectos de la droga.

        MDA:

        La MDA, es una droga similar a la anfetamina que también ah sido objeto de abuso, presentando efectos psico-físicos similares a los de la MDMA. Está droga destruye las neuronas productoras de serotonina, que regulan directamente la agresión, el estado de ánimo, la actividad sexual, el sueño y la sensibilidad al dolor.

        Cannabis Sativa-Hachis-Marihuana:

        El Cannabis Sativa es un arbusto silvestre que crece en zonas templadas y tropicales, con una altura de seis metros, extrayéndose de su resina el hachís. Su componente más relevante es el delta-9-THC, conteniendo la planta mas de sesenta componentes relacionados. Se consume preferentemente fumada, aunque pueden realizarse infusiones con efectos distintos. Un cigarrillo de marihuana puede llegar a contener 150 mg. de THC, y llegar hasta el doble si contiene aceite de hachís, lo cual puede llevar al síndrome de abstinencia si se consume de 10 a 20 días. La dependencia se considera primordialmente psíquica. Los síntomas característicos de la intoxicación son: ansiedad, irritabilidad, temblores, insomnios.

        Puede presentarse en distintas modalidades de consumo, sea en hojas que se fuman directamente, en resina del arbusto o en aceite desprendido de este último. De la modalidad en que se presente la droga dependerá su denominación: “marihuana” es el nombre de las hojas del cáñamo desmenuzadas, que después de secarse y ser tratadas pueden fumarse(también es conocida como hierba, marijuana, mariguana, mota, mafú, pasto, María, monte, moy, café, chocolate, etc.), su efecto es aproximadamente cinco veces menor que el del hachís.

        El nombre hachís (también conocido como hashis) deriva de los terribles asesinos (hashiscins) árabes, que combatieran en las cruzadas en los años 1090 y 1256. El hachís se obtiene de la inflorescencia del cáñamo hembra, sustancia resinosa que se presenta en forma de láminas compactas con un característico olor.

        Durante los años sesenta comienza el consumo casi masivo de la marihuana así como de otras alucinógenas como el peyote, el LSD, etc.

        A pesar de ser una sustancia ilegal, su consumo sigue en aumento.

        La marihuana común contiene un promedio de 3% de THC, pudiendo alcanzar el 5,5 %. La resina tiene desde 7,5 % llegando hasta 24%. El hachís(resina gomosa de las flores de las plantas hembras) tiene un promedio de 3.6%, pero puede a tener 28%. El aceite de hachís, un líquido resinoso y espeso que se destila del hachís, tiene un promedio de 16% de THC, pero puede llegar a tener 43%.

        El THC afecta a las células del cerebro encargadas de la memoria. Eso hace que la persona tenga dificultad en recordar eventos recientes (como lo que sucedió hace algunos minutos), y hace difícil que pueda aprender mientras se encuentra bajo la influencia de la droga.

        Estimulantes

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          • Tradicionalmente usados para combatir la fatiga, el hambre y el desánimo, los estimulantes provocan una mayor resistencia física transitoria gracias a la activación directa del sistema nervioso central.

             

        • Estimulantes vegetales :

           

          • El café, té, el mate, la cola, el caco, el betel y la coca son plantas que crecen en muchas partes del mundo, a pesar que suelen consumirse repetidas veces en el día, son sustancias tóxicas que poseen efectos secundarios.

             

          • Aunque los estimulantes vegetales son considerados como inocuos, conviene moderar su consumo ya que se trata de sustancias tóxicas susceptibles de producir efectos secundarios nocivos.

          • Coca

             

            • La coca, hoja del arbusto indígena americano, pertenece al grupo de los estimulantes. Su consumo es ancestral en ciertas partes de Latinoamérica, donde es una práctica habitual el mascar las hojas. Su efecto sobre el sistema nervioso central es menor que los de la cocaína. La coca es consumida mascándola con algún polvo alcalino como cenizas o cal. También es fumada tanto sola como mezclada con tabaco y marihuana. Está comprobado que tiene síntomas de abstinencia, depresión, fatiga, toxicidad y alucinaciones.

               

          Estimulantes quimicos

          • La Cocaína

             

            • Es un poderoso estimulante de corta duración que actúa sobre el sistema nervioso central. La cocaína proviene del árbol de la coca que crece en América del Sur. La cocaína (clorhidrato de cocaína) de mayor consumo en los estados unidos es un polvo blanco y cristalino que se extrae de las hojas de la coca. La cocaína que se compra en la calle es una mezcla de cocaína pura y de otras sustancias que se le añaden para aumentar las existencias y las ganancias del vendedor. Estas sustancias con las cuales se mezcla son: talco. Harina, laxantes, azúcar, anestesia local y otros estimulantes y polvos.

               

          La cocaína que se puede fumar es precisamente la que se obtiene en la calle, la que se convierte en base pura al eliminar la sal de hidroclorido y otras sustancias que se la haya añadido. la Única forma de introducirla al sistema es fumándola.

          Síntomas del uso de la cocaína:

          • Tendencias suicidas
          • Cambios drásticos en el ánimo
          • Perdida de amigos y antiguos valores
          • Abortos/ malformaciones congénitas en los hijos de madres consumidoras
          • Perdida de peso, como resultado de perdida del apetito
          • Dolores de cabeza crónicos
          • Enfermedades respiratorias
          • Deficiencia de vitaminas
          • Adicción
          • Crimen y arresto
          • Muerte

             

          Señales del uso de cocaína:

          • Pupilas dilatadas
          • Boca y nariz seca, mal aliento, humedad de los labios con frecuencia
          • Actividad excesiva, dificultad en quedarse quieto
          • Hablador pero la conversación carece de continuidad
          • Nariz supurante, catarro o sinusitis crónica/problemas nasales
          • Disminución repentina de calificaciones escolares y desempeño laboral
          • Facilidad para caer en problemas o susceptibilidad a accidentarse
          • Uso o posesión de parafernalia, incluyendo cucharitas, cuchillas de afeitar, espejos. Pequeñas botellas con polvo blanco, absorbentes de plástico, vidrio o metal, pipas de vidrio y antorchas o soplete en miniatura.

             

          La cocaína es una de las drogas más adictivas que hay, ya que su efecto, aunque fuerte es de corta duración.

          Otra Forma De Usar Cocaína:

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            • Pasta Base

               

          También denominado “crack, bazuco”, forma más peligrosa de cocaína que se puede fumar es una pasta de cocaína hecha usando gasolina o ácido sulfúrico para extraer una pasta fumable, la pasta se seca y se fuma en una pipa o se tritura para hacer un cigarrillo.

          La cocaína se puede usar con otras drogas para producir una variedad de efectos.

          A una euforia de cocaína le sigue a menudo un desplome que dura de 30 a 60 minutos o más. Durante el desplome, el consumidor se siente cansado, ansioso e irritado. El uso de la cocaína proporciona un alivio inmediato a estos síntomas y crea un ciclo de uso para evitar los efectos resultantes no placenteros. Generalmente, mientras mayor sea la euforia peor serán las consecuencias del desplome. El síndrome de retirada, seguido del uso prolongado y extensivo de la droga, puede causar irritación, nauseas, agitación, desordenes en el dormir, depresión aguda, dolores musculares y una intensa ansia por la droga.

           

          ANFETAMINAS

          Fueron sintetizadas por primera vez entre la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX. Los primeros experimentos clínicos se iniciaron hacía 1930, y desde 1935 se comercializó con gran difusión en el Reino Unido, Francia y Alemania. Durante la segunda guerra mundial fue utilizada indiscriminadamente por todos los bandos dado el carácter de euforizante que contiene la sustancia y la agresividad.

          Las anfetaminas fueron utilizadas como estimulantes luego en forma de inhalaciones para el tratamiento de catarros y congestiones nasales, más tarde como píldoras contra el mareo y para disminuir el apetito en el tratamiento de la obesidad y, finalmente, como antidepresivo. Presentan una elevada tolerancia que produce habituación y necesidad de dosis progresivamente más elevada.

          El consumo de este excitante está ampliamente extendido y distribuido por todas las clases sociales. A diferencia de lo que sucede con la cocaína que la consumen preferentemente los sectores medios y altos, las anfetaminas son consumidas tanto por ejecutivos que pretenden sobreexcitación como por amas de casa que buscan un anoréxico para sus dietas o por estudiantes que preparan exámenes. Al incidir en el sistema ortosimpático causan hipertensión, taquicardia, hiperglucemia, midriasis, vasodilatación, periférica, hiperpnea, hiporexia, etc. El estado de ánimo del adicto oscila entre la distrofia y la hipomanía así como ansiedad, insomnio, cefalea, temblores y vértigo. Pueden aparecer cuadros depresivos y síndrome paranoides anfetamínicos. A dosis normales sus efectos varían de acuerdo al individuo y las condiciones de ingesta. Pueden producir efectos placenteros, hiperactividad y sensación desbordante de energía, pero también causan temblor, ansiedad, irritabilidad, ira inmotivada y repentina y trastornos amnésicos e incoherentes. En la última fase se describe depresión, cuadros paranoides y delirios paranoides, alucinaciones y trastornos de conducta. Tales situaciones se producen cuando las dosis suministradas generalmente por vía endovenosa supera los dos gramos. Tomadas en dosis importantes son causantes de confusión, tensión, ansiedad aguda y miedo.

          El consumo de anfetamina produce en el cuerpo los siguientes síntomas:

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            • Acelera el ritmo cardiaco y pulmonar
            • Dilata las pupilas
            • Reduce el apetito
            • Produce sequedad en la boca
            • Sudores
            • Dolores de cabeza
            • Pérdida de visión
            • Mareos
            • Insomnio
            • Ansiedad

               

          A largo plazo y/o usadas en dosis elevadas ocasionan:

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            • Temblores
            • Pérdida de coordinación
            • Colapso físico
            • Daño a riñones y tejido
            • Aumento repentino de presión sanguínea que puede producir la muerte por ataque, fiebre muy alta o insuficiencia cardiaca.

               

           

          QUE ES LA ADICCIÓN A LAS DROGAS?

          La drogadicción, drogadependencia o también llamada dependencia a sustancias psico activas es la IMPERIOSA NECESIDAD que una persona tiene por consumir bebidas con contenido alcohólico u otra clase de drogas (marihuana, cocaína, inhalantes, tranquilizantes, alucinógenos, etc.).

          Esta necesidad no desaparece a pesar de que la persona consumidora o usuaria sufra las consecuencias negativas producidas al momento de consumirlas o después de dejar de usarlas. Se trata más de una necesidad Psicológica que Física.

          En nuestro país es un problema que va en aumento cada día, involucrando a menores de edad y a más mujeres de las que uno puede imaginarse. Se dice que de 10 a 15 de cada 100 personas tiene problemas con su manera de beber o debido a su consumo de drogas ilegales o de las de prescripción médica obtenidas por algún método inadecuado. También se dice que de esos 10 a 15 de cada 100 personas, al menos 2 ó 3 son mujeres. No estamos hablando de todas las personas en general sino solamente de aquellos que están comprendidos en el rango de los 14 a los 60 años de edad, es decir las edades más productivas en la vida de cualquier persona.

          La adicción es: Una enfermedad primaria, progresiva y mortal.

          PRIMARIA: Esta palabra significa “primera” o que aparece en primer lugar.

          Muchas personas piensan que la adicción a las drogas aparece después o es consecuencia de algún problema como lo es alguna enfermedad mental, un “trauma” sufrido durante la niñez o cosas similares. Si así fuera diríamos que es una enfermedad secundaría, esto es, que es una consecuencia directa de otro problema mental o emocional, o sea que primero apareció el problema mental y después, como resultado, vino la adicción a las drogas. Esta es una idea algo anacrónica y no completamente cierta.

          La ciencia contemporánea ya corrigió este punto de vista. La realidad es que la adicción al alcohol o a las drogas puede padecerla cualquier persona, tenga o no tenga enfermedad mental alguna, y debe ser tratada primeramente, esto es: antes que cualquier otro problema emocional o mental y esto quiere decir sencillamente que la persona tiene que aceptar que está enfermo( a) y que debe abstenerse de seguir consumiendo drogas o alcohol, además de pedir ayuda a los expertos en la materia. Algunos investigadores científicos afirman que es posible saber con mucho tiempo de anticipación si una persona va a ser adicta o no en alguna etapa de su vida.

          Estos eruditos aseguran que desde temprana edad un niño(a) se comporta dé tal manera que se va preparando el terreno para que se desarrolle la adicción al alcohol o las drogas algunos años después. Ellos hablan de los niños que son muy nerviosos, hiperactivos e inestables. Esta idea no es nueva. Pero también tenemos que decir que esos niños pueden cambiar su manera de comportarse al ser presionados por el medio familiar o social o, sencillamente, al llegar a la pubertad pueden sufrir cambios en su manera de ser que se deban más a las crisis propias de esta etapa de la vida y, por lo tanto, esta supuesta personalidad “preadictiva” ( riesgo de convertirse en adictos) desaparece para siempre.

          PROGRESIVA : Quiere decir simplemente que las cosas van a ir empeorándose cada vez más mientras la persona no se atienda. Muchos adictos, sus familiares, amigos piensan que con sostener una buena platicada con la persona problema, dándole algunos consejos o regaños, esta va a dejar de consumir droga o de abusar de las bebidas alcohólicas y las cosas van a cambiar. Desgraciadamente esto no es así en el caso de los verdaderos alcohólicos y adictos. Se requiere de ayuda especializada. Es muy probable que después de esas platicas interesantes e intensas en las que se invirtieron tiempo, energías e inteligencia, tanto la persona adicta como el voluntario o voluntaria que ser prestó para ayudar, salgan convencidos ambos de que algo bueno va a suceder próximamente, pero al cabo de pocos días u horas las cosas van a regresar a como estaban antes o peor.

          Algunas personas suponen que el hecho de dejar de consumir por algún tiempo su droga de preferencia, alejarse de ella por semanas o meses, se convertirá en el mejor argumento para demostrarse a sí mismo y a los demás que no tienen ningún problema y que pueden dejar de beber o drogarse cuando así lo deseen o se lo propongan. La realidad es que, en lo más profundo de su interior, estará contando las horas y minutos en los que este plazo se termina para volver a consumir la droga de manera ilimitada.

          Durante el período de abstinencia en el que la persona no se involucró con el uso de alcohol o las drogas, su deseo por hacerlo no disminuyó, por lo contrario se vio acrecentado y toda la energía contenida de ese deseo se desbocará a la hora de beber o usar droga.

          MORTAL : Esto parece fácil de entenderse: a medida que las personas adictas consuman más drogas o alcohol, tiene más riesgo de morir por una sobredosis. Pero este punto no es el único que hace mortal a esta enfermedad. Hay otros muy importantes.

          También se puede morir en un accidente vial por ir manejando intoxicado; del mismo modo puede perderse la vida en algún pleito a golpes o por lesiones producidas por arma blanca o arma de fuego, situaciones que se presentan comúnmente cuando las personas se encuentran intoxicadas por el alcohol o las drogas, o incluso pueden morir al no ingerir alimentos o líquidos vitales ya que la mayoría de las drogas quitan el hambre y en ocasiones hasta la sed; del mismo modo se puede sucumbir sencillamente porque mientras se abusa del alcohol o de las drogas se pierde el sentido de la vida y se llega al suicidio y esto es algo que le sucede a gran cantidad de alcohólicos y adictos, finalmente se puede perecer por la sencilla razón de que a la mayoría de los adictos les resulta muy difícil parar de consumir el alcohol o drogas y esto va a provocar un deterioro progresivo de las funciones vitales del organismo hasta que este deje de funcionar.

          Categorías:DRoGaS

          APUNTES POLICIALES. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUCTA PENAL

            

           

           

           

            

           

          EL TRIBUNAL SUPREMO, CONSIDERA COMO CONDUCTAS

          PROPIAS DE TRÁFICO DE DROGAS A:

            

           

          CONDUCTA NORMATIVA

            

           

          CANTIDAD Y VARIEDAD QUE POSEE EL ACUSADO, QUE

          DIFIERE NOTABLEMENTE DEL CONSUMO PROPIO

          HABITUAL. LLEGAR A ESPAÑA CON LAS SUSTANCIAS,

          SIN DINERO NI TRABAJO NI DOMICILIO CONOCIDO

            

           

          AUTO 358/2007

            

           

          EJERCER LABORES DE VIGILANCIA DE FORMA

          ALTERNATIVA EN LUGAR DE COMPRA Y VENTAS

          AUTO 118/2007

            

           

          FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE

          CONSUMIDOR DROGODEPENDIENTE, SIENDO UN

          SIMPLE CONSUMIDOR ESPORÁDICO QUE SUPERE LA

          POSESIÓN PARA MÁS DE 5 MESES DE CONSUMO

          PROPIO.

            

           

          AUTO 1092/2007

            

           

          LA CANTIDAD DE DINERO INTERVENIDO

          LA CANTIDAD APREHENDIDA SUPERA AMPLIAMENTE

          LA DOSIS DIARIA (22 DOSIS).

            

           

          SENTENC. 15 DIC /2004

          SENTENC. 31 MAR / 2006

            

           

          MÁXIMAS DE EXPERIENCIA SEGÚN LAS CUALES

          CUANDO SE PRODUCEN NUMEROSAS VISITAS AL

          DOMICILIO DE UN SOSPECHOSO, REALIZADAS POR

          PERSONAS DISTINTAS, DE ESCASO TIEMPO DE

          DURACIÓN Y SIN RAZÓN APARENTE ALGUNA.

            

           

          RESOLUCIÓN JULIO /

          2007

            

           

          PERSONA QUE VIVE EN LA MENDICIDAD Y QUE POSEE

          SUSTANCIAS POR VALOR DE 33000 PTS (200 EUROS –

          APROX)

            

           

          AUTO 1 ABR 2002

            

           

          ARROJAR ALGO ANTE LA INMINENTE LLEGADA DE LOS

          POLICÍAS Y VER PERFECTAMENTE DONDE CAE Y EN

          ESE LUGAR SE ENCUENTRA EL EFECTO INCAUTADO

          SIN QUE EXISTA CONFUSIÓN

            

           

          AUTO 1129/2007

            

           

          VENTA DE DROGA CON LA OBLIGACIÓN DE

          CONSUMIRLA EN EL MISMO LOCAL PARA EVITAR SER

          VISTOS LOS CONSUMIDORES EN LA ENTRADAS.

            

           

          SENTENCIA 512/2007

            

           

           

          Cantidad destinada al consumo propio o compartido

          La mera posesión de drogas por sí sola no es constitutiva de delito, puesto que puede ser

          obtenida para consumo propio, modalidad que es atípica, incluso cuando es adquirida por varias

          personas de común acuerdo para un consumo conjunto e inmediato, sin ánimo de revender.

          El TS utiliza una tabla elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología el 18 de octubre de

          2001 sobre las dosis medias de consumo diario, que se mantiene en su jurisprudencia, así las

          sentencias de 14 mayo 1990, 15 de diciembre de 1995, 1778/2000 de 21 de noviembre y de 1

          de noviembre del 2003.

           El Instituto Nacional de Toxicología mantiene que un consumidor

          habitual suele adquirir para sí mismo la cantidad necesaria para 5 días, que son las

          siguientes:

          SUSTANCIA CANTIDAD

          HEROÍNA 3 gramos

          COCAÍNA 7,5 gramos

          MARIHUANA 100 gramos

          HACHÍS 25 gramos

          LSD 3 miligramos

          ANFETAMINA 900 miligramos

          MDMA 1440 miligramos

          Tráfico de drogas. Consideración Penal.

          El Código Penal sitúa las conductas típicas como tráficos de drogas, en el título XVII del Libro

          II.(delitos y formas) a partir del artículo 368 y hasta el 378, dentro del capítulo penal de los

          DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

          Art 368 CP. <<Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo

          promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o

          sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de

          prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si

          se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a

          tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. >>

          Para diferenciar entre posesión para autoconsumo y tráfico de drogas la jurisprudencia en la

          mayoría de los casos tiene que acudir a la prueba indirecta o induciaria, que según la resolución

          de 24 de abril del 2007 exige como requisitos:

          1) pluralidad de hechos-base o indicios.

          2) precisión de que tales hechos-base estén acreditados por prueba de carácter directo.

          3) necesidad de que sean periféricos o concomitantes, respecto al dato fáctico a probar.

          4) interrelación entre dichos indicios.

          5) racionalidad en la inferencia, enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

          6) expresión de la motivación de cómo se llegó a la inferencia, para que pueda conocerse

          públicamente el discurso del tribunal.

           

          Auto 1139/2007 de 7 de junio, establece dos requisitos para considerar una conducta como

          constitutiva de trafico de drogas:

          1. que el acusado posea sustancias prohibidas, es un dato objetivo que debe ser acreditado

          con hechos externos

          2. que exista un ánimo de traficar con ellas, lo que se conoce como preordenación al tráfico,

          elemento subjetivo que se determinada por datos e indicios.

          Quedan excluidos de los actos de tráfico las donaciones de los familiares o allegados a los

          consumidores habituales, (STS 13 de julio del 2003).

          Categorías:DRoGaS

          La importancia de la cantidad y composición en los delitos relativos a drogas tóxicas.

          DROGAS.

          Dentro de los delitos contra la seguridad colectiva del Titulo XVIII del Código Penal (LO 10/1995 de 23 de noviembre) se regulan en el Capitulo III los delitos contra la salud pública. Estas figuras delictivas tiene en común el objetivo de proteger la salud pública de los efectos nocivos de ciertas sustancias dañinas englobadas bajo los conceptos de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Todas estas sustancias pueden  producir graves alteraciones en el organismo que pueden ir desde una simple
          adicción hasta provocar la muerte o enfermedades graves que comprometan la
          salud de los consumidores. A pesar de su potencialidad es evidente que no todas las cantidades producen los mismos efectos, sino que una cantidad menor será menos perjudicial que una dosis mayor, y es por ello que la jurisprudencia tiene en cuenta la cantidad objeto de delito para imponer una mayor o menor pena, a pesar de que estén encuadradas dentro de las mismas conductas.

          1.- Conductas delictivas que tienen en cuenta la cantidad

          Son diversas las conductas tipificadas relacionadas con dichas sustancias en las que cantidad es relevante.

          En el artículo 368 se establecen las básicas que son el cultivo, la elaboración, el tráfico, promover, favorecer o facilitar su consumo y poseerlas para dichos fines, distinguiendo a efectos de penas si las sustancias son susceptibles o no de causar un grave daño a la salud pública.

          En el articulo 369.1.6ª se agrava la pena al tratarse de una cantidad de notoria importancia

          En el articulo 370.3 se recoge como agravación por su extrema gravedad que la cantidad de las sustancias a que se refiere el articulo 368 excediese notablemente de la considerada de notoria importancia.

          En el articulo 376 permite bajar la pena en uno o dos grados tratándose de un drogodependiente si la cantidad no fuese de notoria importancia o extrema gravedad

          En el articulo 377 para la determinación de la cuantía de las multas se tendrá en cuenta el precio final del producto o la recompensa o ganancia que pudiese obtener el reo.

           

          2.- Sustancias: drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

          El Código Penal no establece cuales son estas sustancias y hay que acudir a los convenios internacionales suscritos por España.

          Estupefacientes. Regulados en Convenio Único de 1961 sobre estupefacientes.
          (BOE núm. 96/1966, de 22 de abril de 1966) (modificado por Protocolo de modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, hecho en Ginebra el 25 de marzo de 1972, y por Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, enmendada por el Protocolo que modifica la Convención única de 1961 sobre estupefacientes. Nueva York, 8 de agosto de 1975). Los estupefacientes son sustancias destinadas a mitigar el dolor pero que un uso indebido puede dar lugar a una toxicomanía. Algunas definiciones recogidas en dicho convenio: por “cannabis” se entiende las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de la cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe, por “opio” se entiende el jugo coagulado de la adormidera, por “adormidera” se entiende la planta de la especie Papaver somniferum L, por “arbusto de coca” se entiende la planta de cualesquiera especies del género Erytnroxilon, etc.. En el ámbito nacional, la Ley 17/1967 de 8 de abril de estupefacientes actualiza la legislación española adaptándola a lo establecido en el Convenio: se consideran estupefacientes las sustancias naturales o sintéticas incluidas en las listas I y II de las anexas al Convenio Único de 1961 de las Naciones Unidas, sobre estupefacientes y las demás que adquieran tal consideración en el ámbito internacional, con arreglo a dicho Convenio y en el ámbito nacional por el procedimiento que reglamentariamente se establezca y tendrán la consideración de artículos o géneros prohibidos los estupefacientes incluidos o que se incluyan en lo sucesivo en la IV de las listas anexas al citado Convenio. Ejemplos: Cannabis (hachís, aceite de hachís y marihuana), cocaína, heroína, metadona, opio y morfina.

          Psicotrópicos. Regulados en el Convenio Internacional sobre sustancias
          psicotrópicas de Viena de 1971 (BOE núm. 218/1976, de 10 de septiembre de 1976) y por el Real Decreto 2829/1977 de 6 de octubre de adaptación a la legislación española. Por sustancia psicotrópica se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural de la Lista I, II, III o IV. Son características comunes a estas sustancias las de producir los siguientes efectos:

          1) Un estado de dependencia.

          2) Estimulación o depresión del sistema nervioso central, que tengan como resultado alucinaciones o trastornos de la función motora, o del juicio, o del comportamiento, o de la percepción, o del estado de ánimo, y además que la sustancia pueda ser objeto de un uso indebido tal que constituya un problema sanitario y social que justifique la fiscalización internacional de la sustancia. Ejemplos: LSD, MDMA (éxtasis) y anfetaminas.

          En la Convención de las Naciones Unidas contra el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (BOE núm. 270/1990, de 10 de noviembre de 1990) hace una remisión a lo regulado en esos dos convenios anteriormente vistos:

          Por “estupefacientes” se entiende cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la lista I o la lista II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

          Por “sustancia psicotrópica” se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural que figure en las listas I, II, III o IV del Convenio sobre Sustancias psicotrópicas de 1971.

          Esta Convención recoge dos cuadros con las sustancias que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

          Tradicionalmente se venía distinguiendo entre drogas duras (cocaína, anfetaminas, heroína, morfina) y blandas (cannabis) según la intensidad de la adicción que pueda crear un riesgo para la salud, pero esta clasificación ha caído en desuso.

          3.- Dosis mínimas psicoactivas de las sustancias toxicas

          Estos delitos relativos a drogas tóxicas son delitos de peligro con los que se pretende evitar una futura lesión del bien jurídico protegido que en este caso es la salud publica, bastando la puesta en peligro para la comisión de un hecho delictivo. Pero la mera presencia de una cantidad de droga no puede implicar la existencia de un delito si no se acompaña de un cierto riesgo, riesgo que debe de ser determinado en primer lugar de manera objetiva estableciendo unos parámetros y en segundo personalizándolo según las
          circunstancias concretas del caso y del autor. No estando regulado ni en el Código penal ni en legislación posterior, ha sido la jurisprudencia la que ha tenido que ir marcando las pautas de lo que se considera una cantidad insignificante para crear una situación de riesgo. Así lo expresa el Tribunal Supremo en la sentencia 298/2004 de 12 de marzo: “el objeto del delito debe de tener un limite cuantitativo y cualitativo mínimo, pues el ámbito del tipo no puede ampliarse de forma tan desmesurada que alcance a la transmisión de sustancias que, por su extrema desnaturalización cualitativa o su extrema nimiedad cuantitativa, carezcan de efectos potencialmente dañinos que sirven de fundamento a la prohibición penal”. Conforme al principio de insignificancia la conducta es atípica cuando la cantidad de droga es tan insignificante que resulta incapaz de producir efecto nocivo
          alguno a la salud (sentencia de 11 de diciembre de 2000, 1889/2000).

          Este principio de insignificancia se ha aplicado de manera ocasional al trafico de drogas, aunque la ultima jurisprudencia dice que no es posible su aplicación porque al tratarse de un delito grave el peligro abstracto ya es suficiente para justificar su intervención (Recurso de Amparo 563/2007).
          Solo se aplica de manera excepcional y restrictiva cuando la “absoluta nimiedad” de la sustancia ya no constituya una droga tóxica o estupefaciente sino un producto inocuo. Ejemplos de aplicación el principio de insignificancia por la jurisprudencia del Tribunal Supremo:

          0,05 grs. heroína (STS 12 septiembre 1994)

          0,06 grs. heroína (STS 28 octubre 1996)

          0,02 grs. heroína (STS 22 enero 1997)

          0,10 grs. cocaína (STS 22 septiembre 2000)

          0,02 grs. cocaína (STS 11 diciembre 2000)

          compartir dosis de un tratamiento de metadona (STS 18 julio 2001)

          Se conoce como dosis inicial psicoactiva aquella cantidad mínima de una sustancia química que tiene efecto en el organismo. El Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo el 24 de enero del 2003 con el objeto de proceder a la unificación de criterios solicita al Instituto Nacional de Toxicología un informe, que es evacuado en diciembre de ese mismo año (Informe del Servicio de Información Toxicológico del Instituto Nacional de Toxicología 12691 de 22 de diciembre del 2003). Dicho Informe fue objeto de un resumen por el gabinete técnico del Tribunal Supremo que lo remitió a todos los magistrados con las dosis mínimas psicoactivas de 6 sustancias.
          Este resumen del informe fue mantenido por un Acuerdo no jurisdiccional de Sala el 3 de febrero del 2005. Los limites entre tipicidad y atipicidad lo marcan las siguientes cantidades:

          heroína 0,66 mg / 0,00066 gr.

          cocaína 50 mg / 0,05 gr.

          Hachís 10 mg / 0,01 gr.

          LSD 20 mg / 0,000005 gr.

          MDMA (Éxtasis) 20 mg / 0,02 gr.

          Morfina 2 mg/0,002 gr.

          Las cantidades asumidas por el Tribunal Supremo no son exactas a las mencionadas en el informe del Instituto de Toxicología, por ejemplo la cantidad de heroína es sensiblemente inferior en 0,34 mg (exige 1 mg), no fueron pocas las criticas recibidas que se basaban en que estas cantidades eran demasiado bajas permitiendo la absolución en muchos supuestos bajo el “principio de insignificancia”. Estas cantidades son simples referencias, susceptibles de matizaciones en cada caso concreto, así lo recoge la
          sentencia de 12 de marzo del 2004 298/2004:”Ello no impide que la cifra pueda ser cuestionada en cada caso por las partes en enjuiciamientos futuros, aportando en su caso dictámenes periciales contradictorios, ni tampoco priva obviamente a las Salas sentenciadoras de su facultad de valorar dichos informes conforme a las reglas de la sana critica, en un proceso penal que se caracteriza por la vigencia del principio contradictorio”.

          El porcentaje de riqueza de la sustancia también es importante a efecto de determinar si existe o no delito, se utiliza para saber si es capaz de causar riesgos para la salud y supone la proporción del principio activo contenido en ella, aunque solo es relevante en aquellos supuestos en que las cantidades son escasas.

          4.- Grandes dosis que suponen una cantidad de notoria importancia

          Según el Acuerdo del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 19 de noviembre del 2001, la agravante especifica de notoria importancia prevista en el articulo 369.3 del código penal se determina a partir de las 500 dosis referidas al consumo diario de cada una de las sustancias según el informa del Instituto Nacional de Toxicología de 18 de octubre de 2001. Para su determinación se tiene en cuenta exclusivamente la sustancia base o toxica, con la salvedad del hachís y sus derivados.

          Algunos ejemplos da cantidades de notoria importancia:

          Heroína 300 gr.

          Morfina 1.000 gr.

          Metadona 120 gr.

          Cocaína 750 gr.

          Marihuana 10 Kg.

          hachís 2,5 Kg.

          Aceite de hachís 300 gr.

          LSD 300 mg

          MDMA (éxtasis) 240 gr.

          Anfetaminas 90 gr.

          En la sentencia 413/2007 de 9 de mayo, el Tribunal establece una interpretación a favor del reo aceptando que en los análisis de las sustancias respecto del pesaje y determinación de la pureza existe un margen de error de un 5%, en este caso la sustancia intervenida era de 303,55 grs.
          de heroína de la cual apreciando un simple error del 1,2% sale una cantidad de 299,91 grs., con lo cual ya no sería cantidad de notoria importancia.

          La extrema gravedad prevista en el articulo 370 no se ha interpretado aún por el Pleno. La Sentencia 352/2007 de 23 de abril considera como extrema gravedad el exceso notable en comparación con la tenida en cuenta en la notoria importancia, “se trata de una agravación objetivada que comporta una mayor antijuridicidad de la acción, por el mayor peligro de difusión a terceros, en función de la mayor cantidad de droga que la misma comprende”, apreciando en esta sentencia dicha agravación ante 3,64 grs. de hachís.

          5.- Cantidad destinada al consumo propio o compartido

          La mera posesión de drogas por sí sola no es constitutiva de delito, puesto que puede ser obtenida para consumo propio, modalidad que es atípica, incluso cuando es adquirida por varias personas de común acuerdo para un consumo conjunto e inmediato, sin ánimo de revender.

          El Tribunal Supremo utiliza una tabla elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología el 18 de octubre de 2001 sobre las dosis medias de consumo diario, que se mantiene en su jurisprudencia, así las sentencias de 14 mayo 1990, 15 de diciembre de 1995, 1778/2000 de 21 de noviembre y de 1 de noviembre del 2003. El Instituto Nacional de Toxicología mantiene que un consumidor habitual suele adquirir para sí mismo la cantidad necesaria para 5 días, que son las siguientes:

          Heroína 3 grs.

          Cocaína 7,5 grs.

          Marihuana 100 grs.

          Hachís 25 grs.

          LSD 3 mgrs

          Anfetamina 900 mgrs

          MDMA 1.440 mgrs

           

          6.- Tráfico de drogas

          Para diferenciar entre posesión para autoconsumo y tráfico de drogas la jurisprudencia en la mayoría de los casos tiene que acudir a la prueba indirecta o induciaria, que según la resolución de 24 de abril del 2007 exige como requisitos:

          1) pluralidad de hechos-base o indicios,

          2) precisión de que tales hechos-base estén acreditados por prueba de carácter directo,

          3) necesidad de que sean periféricos o concomitantes, respecto al dato
          fáctico a probar,

          4) interrelación entre dichos indicios,

          5) racionalidad en la inferencia, enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano

          6) expresión de la motivación de cómo se llegó a la inferencia, para que pueda conocerse públicamente el discurso del tribunal.

           

          El Auto 1139/2007 de 7 de junio, establece dos requisitos para considerar una conducta como constitutiva de trafico de drogas:

          1) que el acusado posea sustancias prohibidas, es un dato objetivo que debe ser acreditado con hechos externos

          2) que exista un ánimo de traficar con ellas, lo que se conoce como preordenación al tráfico, elemento subjetivo que se determinada por datos e indicios.

          A modo de ejemplo de los indicios a tener en cuanta, el Tribunal Supremo ha considerado como supuestos de tráfico de drogas:

          La cantidad y variedad de drogas ocupadas al acusado que exceden, con mucho, la previsión normal de un consumidor, que se trata de una gran variedad de sustancias y la llegada a España con las sustancias sin dinero, trabajo ni lugar donde vivir ni contacto alguno para obtener un medio de vida . Auto 358/2007 de 24 de abril del 2007.

          Ejercer labores de vigilancia de forma alternativa en el lugar de compra y venta. Auto 1118/2007 de 31 de mayo.

          La falta de acreditación de la condición de consumidor drogodependiente, siendo un simple consumidor esporádico que supera la posesión para más de 5 meses de consumo propio. Auto 1092/2007 de 7 de junio.

          La cantidad de dinero intervenido.

          La cantidad aprehendida supera ampliamente la dosis diaria (22 dosis). Sentencia 15 de diciembre del 2004 y del 31 de marzo del 2006.

          Máximas de experiencia según las cuales cuando se producen numerosas visitas al domicilio de un sospechoso, realizadas por distintas personas, de escasa duración temporal y sin razón aparente alguna, siendo el sospechoso reincidente por trafico de drogas. Resolución de Julio del 2007.

          Persona que vive de la mendicidad que posee sustancias por valor de 33.000 Ptas. Auto de 1 de abril del 2002.

          Arrojar algo ante la llegada de los policías y ver perfectamente donde caía y en ese lugar se encuentra el efecto incautado sin que exista confusión. Auto 1129/2007.

          La venta de droga con la obligación de consumirla en el mismo local para evitar ser vistos los consumidores en la entrada. Sentencia 512/2007 de 7 de junio.

          Quedan excluidos de los actos de tráfico las donaciones de los familiares o allegados a los consumidores habituales, así como las transmisiones realizadas a una persona interna en un centro penitenciario realizada también por familiares o allegados a personas dependientes de dichas sustancias, siempre que sean realizadas de manera gratuita (STS 13 de julio del 2003).

          Categorías:DRoGaS

          DROGAS.

           

          CONCEPTO EXTRAJURÍDICO DE DROGA.-

          Toda sustancia, natural o sintética, capaz de producir en dosis variables los fenómenos de dependencia psicológica o dependencia orgánica.

          CONCEPTOS ÍNTIMAMENTE LIGADOS CON EL DE DROGA

          AFICIÓN:

          Simple gusto hacia una sustancia. Leve inclinación hacia su consumo.

          VICIO:

          Estado en que se halla la persona que depende por completo de una droga para alcanzar el bienestar físico o mental.

          DESEO:

          Inclinación por el consumo de una droga, de menor intensidad que la dependencia y de mayor intensidad que la afición.

          ACOSTUMBRAMIENTO:

          Facultad del organismo de soportar dosis elevadas de una droga que en situaciones normales producirían graves trastornos e incluso la muerte.

          ABUSO.

          Uso excesivo, persistente o esporádico, incompatible o sin relación con alguna práctica médica.

          ALUCINACIÓN:

          Error mental en la percepción de los sentidos no fundado en una realidad objetiva.

          COMPULSIÓN:

          Seria e irresistible necesidad de consumir una droga y de obtenerla por todos los medios a su alcance.

          TAQUIFILAXIA.

          Efecto contrario a la tolerancia, consiste, en que, tras el consumo continuo de una droga, se alcanzan los mismos efectos con dosis menores.

          HÁBITO O HABITUACIÓN:

          Frente a toxicomanía o adicción, estado de dependencia psicológica de la droga, de tal modo que pueda asociarse mentalmente una situación de bienestar con el uso de una sustancia. Si se suprime el consumo puede advertirse en el sujeto, senales de inquietud y en ocasiones de ansiedad.

          La toxicomanía o adicción, es la irresistible necesidad de un consumo apremiante o la pérdida de libertad de un individuo respecto al tóxico que le domina.

          DEPENDENCIA FÍSICA:

          Estado de adaptación del cuerpo a la toma de una sustancia, de tal forma que si se interrumpe su ingestión se produce fuertes trastornos físicos, conocidos como SÍNDROME DE ABSTINENCIA.

          DEPENDENCIA PSÍQUICA:

          Estado en el que una sustancia produce una sensación de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración periódica o continuada de una sustancia.

          TOLERANCIA:

          Resistencia del organismo a los efectos de la droga que obliga a un consumo de la misma cada vez mayor, para obtener los mismos efectos.

          SÍNDROME DE ABSTINENCIA.-

          En argot (mono, pavo, pavo frío, monky), se define como el conjunto de perturbaciones física y anímicas que resultan de la abstención en un proceso previo de consumo continuo de drogas.

          CONSUMIDOR:

          Individuo que se administra la droga, sin traficar con ellas:

          La O.M.S. distingue entre:

          a.- CONSUMO EXPERIMENTAL: Probar una o más drogas que causan dependencia, una o varias veces, sin continuar luego.

          b.- CONSUMO OCASIONAL: Consumo que se realiza de forma intermitente, sin llegar a adquirir dependencia física o psíquica.

          c.- CONSUMO ESPORÁDICO.- El que se hace con ocasión de una fiesta o reunión amistosa, que puede durar una o varias horas.

          d.- CONSUMO SISTEMÁTICO: Es la forma de consumo propia del farmacodependiente o toxicómano.

          Las tres primeras formas hacen que el individuo, al abusar, experimenten una “intoxicación aguda”. El consumidor sistemático padece una “intoxicación crónica”.

          CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS

           

          POR SU ORIGEN
          NATURALES.- Marihuana, opio, hoja de coca, etc.
          NO NATURALES 1.-DERIVADOS NATURALES (Morfina, cocaína)2.-DERIVADOS SEMISINTÉTICOS (Heroína. LSD, etc)3.-DROGAS SINTÉTICAS. (Metadona, procina, PCP, etc)

          B) Desde el punto de vista legal.- Casi todas las drogas son legales. Unas como el tabaco, y el alcohol, permitidas y aceptadas socialmente, son siempre legales; como la morfina, codeina, etc. son legales cuando cumplen los requisitos que las regulan, o ilegales cuando no los cumplen, y otras pocas como el hachís y la heroína, por no tener ninguna aplicación terapéutica o haberse dejado de usar para fines médicos, se consideran ilegales.

          Dos convenios internacionales, Convenio Único sobre Estupefacientes de 1961 y el de Sustancias Psicotrópicas de Viena de 1971, regulan las siguientes drogas.

          ESTUPEFACIENTES (Convenio Único de 1961)
          OPIÁCEOS OPIO………D. naturales: Morfina, codeína.D. Semisintéticos: Heroína.OPIÁCEOS SINTÉTICOS: Metadona, Meperidina,etc.
          COCA COCAÍNA
          CANNABIS Aceite de hachís, hachís, Ganja, Kiffi.Griffa.
          SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS (Convenio de Viena de 1971)
          ALUCINÓGENOS NATURALES: Mescalina, Psilobicina, etc..SEMISINTÉTICOS.- L.S.D.SINTÉTICOS: P.C.P., S.T.P., D.E.T., etc.
          ESTIMULANTES ANFETAMINAS
          SEDANTES BARBITÚRICOS
          HIPNÓTICOS HIDRATOS DE CLORAL
          CALMANTES TRANQUILIZANTES: Valium, Librium, etc.

          NOTA.- Bajo el punto de vista de la Ley de Contrabando tienen la consideración de géneros “estancados” los estupefacientes y, de géneros “prohibidos” los alucinógenos.

          POR SUS EFECTOS MÉDICOS
          ALUCINÓGENOS Cannabis y derivados (THC)Mescalina, psiocibina,LSD, PCP, DMP y otros alucinógenos sintéticos.
          ESTIMULANTES Coca y su derivado Cocaína.Fármacos anfetamínicos y sintéticos afines a las anfetaminas.
          DEPRIMENTES Opio y sus derivados, opiáceos sintéticos, fármacos sedantes, hipnóticos y tranquilizantes.
          INHALANTES-DELIRANTES Disolventes, gasolinas, gomas y colas de pegar, etc.

           

           

          O P I Á C E O S

          1.1.2.- LA ADORMIDERA Y EL OPIO

          El opio y sus derivados se obtienen de una de las 500 especies de la familia de las “Papaveráceas”, llamada “PAPAVER SOMNIFERUN”, vulgarmente conocida como “adormidera”.

          De las aproximadamente 500 especies de papaveráceas conocidas, unas 100 contienen el alcaloide de opio en variable proporción y de éstas 100, sólo 4 de ellas son rentables por su mayor concentración.

          Es una planta anual, que se siembra por octubre o noviembre, o por enero o febrero, según la zona de cultivo y tiene un ciclo botánico de 4 meses.

          La semilla se entierra a poca profundidad. Su altura, cuando la planta es adulta es de 1 metro aproximadamente. Las hojas, hendidas, de color verde- azulado, están dispuestas abrazadas al tallo.

          Las flores, de 4 pétales, son de color blanco, rosa, rojo o violeta, según sus diferentes variedades y son muy grandes y vistosas.

          Las semillas, pequenas esferas de 1 mm. de diámetro, se encuentran alojadas en su fruto capsular, cuyo tamano oscila entre una aceituna o una naranja pequena. En la parte superior de la cápsula tiene una corona ondulante que distingue a este fruto de cualquier otro.

          Las raíces, flores, semillas y hojas son inofensivas, sin embargo la epidermis de la cápsula es lo que verdaderamente importa pues de ella sale el opio.

          Las semillas se emplean en algunos sitios para fabricar aceites, dar gusto al pan, fabricar piensos e incluso, amasadas con barro para fabricar bloques de ladrillo empleados en albanilería.

          La zona de mayor producción mundial de opio se denomina “Triángulo del Oro”; es una franja de terreno de unos 600 * 250 km, a caballo de las fronteras comunes de Laos, Birmania y Tailandia.

          Obtención del opio, formas, dosis, usos médicos.

          Unos 15 días después de caerse los pétalos de las flores, aproximadamente a los 12 días de su aparición es cuando la cápsula tiene mayor contenido de principios activos precediéndose a su recolección del opio.

          El opio en crudo, también llamado “opio bruto”, tiene un olor muy fuerte y característico a podrido, sabor amargo, y es transformado por cocción y fermentación en otro llamado “opio elaborado” apto para ser consumido bien mascado o fumado. La práctica de fumar opio, muy extendida entre las tribus indígenas de Asia, se realiza en la posición de acostado del fumador. Los fumadores experimentan suenos placenteros durante varias horas, evadiéndose del mundo que les rodea.

          1.1.4. CULTIVO LEGAL.-

          Uno de los medicamentos más comunes y de mayor uso por su eficacia en combatir la tos, ejerciendo un ligero efecto analgésico es la CODEÍNA, alcaloide derivado del opio.

          En el ano 1975 se autorizó el cultivo del opio en Espana para abastecer a la demanda farmacéutica de este compuesto.-

          Existe una empresa explotadora, la cual delega en pequenos o grandes agricultores el cultivo de la adormidera y a nombre de los cuales son expedidos los oportunos documentos de autorización, en los que se hacen constar la ubicación y extensión del cultivo. Dichos agricultores tienen al mismo tiempo y bajo contrato la obligación de vender su producción a la empresa explotadora en las condiciones y al precio convenido por los mismos.

          En la época de recolección, se efectúa con cosechadora como si se tratara de cualquier cereal. Debido a que toda la recolección mecánica lleva consigo un pequeno porcentaje de pérdida del producto en el suelo y con el objeto de que éste no pueda ser utilizado en forma ilegal se procede a continuación a la destrucción del rastrojo por el fuego.

          Actualmente las principales zonas de explotación está ubicadas en la provincia de Lérida y experimentalmente en Sevilla, Córdoba y Granada.

          El transporte de la materia prima (paja y grano) se efectúa en camiones preparados a tal efecto, precintados, que circularán desde el lugar de cultivo hasta el de almacenaje y elaboración amparados por unas tarjetas especiales que expedirá el Delgado de Sanidad de la provincia respectiva, quien presenciará la recolección.

          La centralización, almacenaje y reelaboración se llevará a cabo en Toledo, donde existen plantas montadas a tales efectos.

          Después se elaborará consiguiendo directamente la morfina y una vez obtenida es guardada en cajas fuertes con sus correspondientes sistemas de seguridad hasta el momento de su distribución a los respectivos centros farmacéuticos.

          Por lo tanto y a diferencia del cultivo ilegal, no se efectúan incisiones en la cápsula, evitando de esta forma el primer paso al opio por consiguiente su posible desviación al mercado clandestino.

          1.2.1. Morfina

          Alcaloide sólido, muy amargo y venenoso, que cristaliza en prismas rectos e incoloros; se extrae del opio y sus sales en dosis pequenas, se emplean en medicina como medicamento soporífico y anestésico. Hasta el ano 1803 no fue aislada del opio en forma de cristales puros y reconocida como alcaloide por Fredrick W.A. Sertürner.

          1.2.1.1.- OBTENCIÓN DE LA MORFINA,

          La morfina se encuentra en el opio en un 10% y es unas 10 veces más potente que éste. Aproximadamente de 10 kg. de OPIO BRUTO se obtiene 1 kg. de morfina base, siguiendo las siguientes operaciones:

          • En un recipiente se echa 3/4 de opio y 1/4 de agua. Esta mezcal se va calentando poco a poco y agregando cal. El producto resultante se filtra en otro recipiente quedando la cal en el filtro. Se vuelve a calentar cloruro de amoníaco precipitándose en el fondo una sustancia que es en gran parte la morfina base, la cual se separa por filtración, desperdiciándose el líquido.

          La morfina base así obtenida no es pura, pues contiene el 85% de morfina.

          1.2.3.1. HEROÍNA. Obtención. Clases. Formas de consumo.

          La heroína se obtiene a partir de la morfina por acetilación. Aproximadamente de 1 kilogramo de morfina base se obtiene un kilogramo de heroína. Los productos químicos que se necesitan para su elaboración son el anhídrido acético, bicarbonato sódico, ácido clorhídrico y alcohol, éter o cloroformo. Se fabrica en laboratorios clandestinos que, hasta comienzos de la década de los setenta proliferan en toda la costa del sur de Francia, particularmente en Marsella; actualmente casi todos los laboratorios clandestinos se encuentran en el Sudeste Asiático.

          En su forma más pura es un polvo blanco de sabor amargo y olor a vinagre debido al anhídrido acético empleado en su fabricación. Sin embargo, al igual que ocurre con otras drogas llega al consumidor muy adulterado, “cortada” con productos como : lactosa, quinina, cafeína, azúcar o glucosa, para modificar su volumen hasta, a veces, 20 veces o mas. La quinina sirve para dar impresión de su reciente fabricación.

          Existen varias clases de heroína y vulgarmente se las conoce con los nombres de :

          • Heroína número 1 denominada “Alcohol Pziu”.
          • Heroína número 2 o “Heroína base”.
          • Heroína número 3 denominada “Brown Sugar”.
          • Heroína número 4 o “Heroína pura”.

          Las número 1 y 2 son heroínas que, por sus impurezas, no son aptas para el consumo. La número 3 “Brawn Sugar” (azúcar marrón), es de color marrón granulada, con una riqueza del 40 al 50 %, y la número 4, es la más pura y refinada, de hasta un 90 a 95%, es un polvo blanco soluble en agua.

          La heroína número 3 se consume, normalmente fumada o aspirando los vapores de su combustión. A la modalidad de fumarla en posición de “acostado”, con el cigarrillo apuntando hacia arriba se la conoce por el nombre de “disparando el canón”. Otra modalidad consiste en colocar la heroína en un papel plata, calentándola con fósforos hasta que se derrite al igual que ocurre cuando se hace caramelo con el azúcar, y de la combustión, se desprenden unos humos que son “cazados” y aspirados a través de la funda de una caja de cerillas o bien directamente. Como el humo desprendido se semeja a la cola de un dragón, la modalidad recibe el nombre de “persiguiendo al dragón”. La heroína número 3, por sus impurezas, no es apta para ser inyectada, sin embargo algunos consumidores europeos lo hacen.

          La heroína número 4 se consume, previamente disuelta en agua por inyección en vena. Los utensilios a emplear son:

          LA CUCHARA.- (puede ser también otro recipiente, como un tapón de coca-cola u otra bebida), es donde colocan la dosis de heroína para ser disuelta en agua.

          LA VELA.- (o una caja de cerillas), para calentar la cucharilla y facilitar la disolución de la heroína.

          FILTROS.- De algodón o de cigarrillos emboquillado, que suelen poner en la punta de la aguja hipodérmica para cuando aspiran el líquido eliminarle de sus impurezas; estos filtros, que quedan impregnados de la heroína, no los tiran sin que los guardan para una emergencia cuando escasea la droga, volviéndolos a utilizar para extraer de ellos algo de heroína.

          UNA JERINGUILLA .- Convencional o casera, construía a base de un cuentagotas al que se le ha puesto la aguja, sujetada con esparadrapo o papel celo, en su final; el cuentagotas ofrece la ventaja de poder inyectarse las dosis de heroína a” golpecitos “y muy lentamente.

          UNA GOMA O CUERDA.– Que utilizan para hacerse el torniquete o dilatar la vena.

          1.2.3.2. DOSIS. EFECTOS. PRECIOS.-

          Las dosis normales utilizadas por un heroinómano son de 5 a 10 mg. cuando es pura, pero dado que en el mercado negro la heroína sólo tiene una riqueza del 5 al 10 % las dosis utilizadas son de 50 a 100 mgrs. A veces cuando escasea, se vende con riqueza de un sólo un 1%. Su comercialización ilegal, está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda; cuando la oferta es mucha y no tanto la demanda y se paga bien, puede encontrarse heroína de hasta un 20% de riqueza.

          Esto origina que drogadictos que habitualmente se inyectan heroína de baja calidad reciban una sobredosis que les puede conducir a la muerte. Las muertes por heroína son cada vez más frecuentes, no tanto por la sobredosis, como por los gravísimos riesgos derivados de las impurezas que contiene y que al ser inyectado en vena originan efectos secundarios fatales.

          El abusador de heroína suele presentar en diversas partes de su cuerpo, estigmas, cicatrices de los continuos pinchazos, no sólo en los brazos, sino en pies, muslos e incluso en los órganos genitales.

          Los efectos de la heroína son parecidos a los de la morfina, pero en superior escala pues es de 4 a 10 veces superior en potencia. El heroinómano están “enganchado” a la droga por la DEPENDENCIA FÍSICA Y PSÍQUICA que desarrolla, no pudiendo “salirse” anhelando constantemente la nueva dosis e induciendo a otros a usarla. Esta droga desarrolla rápidamente TOLERANCIA y la rehabilitación de su abusador es difícil.

          Los precios de la heroína, que en argot se la conoce como “caballo” son los más elevados de todas las drogas; por 1 gramo en el mercado negro se paga hasta 18.000 ptas.

           

          CANNABIS

          GENERALIDADES.-

          Género de plantas de la familia de las moráceas, que sólo comprende la especie cannabis sativa oriunda de Asia y cultivada en Oriente desde la antigüedad. Proporciona la fibra del cánamo y la Marihuana, elaborada a partir de sus sumidades florales.

          2.1.2.- LA CANNABIS SATIVA (L)

          La planta llamada Cannabis Sativa L: (cánamo), es el nombre genérico, Sativa (planta o diseminada), es el nombre específico y la consonante L., se refiere a la inicial del apellido del botánico sueco Linneo, que hizo su clasificación botánica. Se trata de una planta herbácea anual con tallo erecto que crece de 1 a 3 metros de altura; las hojas son palmiformes de 5 a 7 segmentos largos y profundamente dentados. Es dióica, las plantas masculinas (que crecen y duran menos que las femeninas) producen racimos laxos de flores verdosas y las femeninas tienen las flores en forma de ampolla, reunidas en las sumidades de las ramas o las axilas de las hojas. Para su cultivo óptimo se requieren climas cálidos y húmedos; por esto las zonas ideales son las sierras y montanas de regiones semitropicales como Méjico, Colombia, Líbano, picos bajos del Himalaya y las montanas del Rif de Marruecos.

          Los canamones contienen un 35% de aceite y son empleados para la fabricación de perfumes y pinturas, siendo utilizados los residuos como fertilizantes en agricultura. También se emplean para la alimentación de pájaros; en la alimentación humana, especialmente como aperitivos, una vez tostados y salados.

          Las plantaciones industriales del cánamo sobre todo para la obtención del papel de fumar, se hace a base de un tipo de planta monóica, es decir, las dos plantas, masculinas y femeninas, nacen de un mismo pie y tienen un sólo tallo.

          En la actualidad, debido a la aparición en el mercado de otras fibras naturales y sintéticas hicieron que los cultivos sufrieran una notable disminución.

          La existencia de plantas monóicas, sirvió como punto de partida para que tras un largo proceso de selección y mejora genética se obtuvieran semillas que daban un alto porcentaje de plantas monóicas que permitían un cultivo más racional, pues era más fácilmente mecanizable al no ser necesario efectuar una recolección ha quedado reducida al secado y empacado como forraje.

          Al igual que en el cultivo de la adormidera, en ésta también existe una empresa explotadora, la cual y bajo contrato delega en agricultores, quienes deberán vender su producción a dicha empresa.

          El crecimiento del cánamo depende del fotoperiodo, por lo que en una determinada zona tendrá lugar en las mismas fechas la recolección, ya que al florecer las plantas, independientemente de cuando se sembró, las plantas interrumpen su crecimiento, por lo que será mayor cuanto más precoz haya sido su siembra.

          Por el fotoperiodo (duración del “día” de la planta) la planta femenina produce flores cuando percibe la disminución del día.

          La recolección varía según el destino de la plantación:

          • 1.- Las industriales comenzarán a recolectarse al final de la floración.
          • 2.- Las destinadas a canamones tendrán que recolectarse una vez que el fruto esté formado.
          • 3.- Las destinadas a drogas se recolectan una vez que comienzan a amarillear las hojas inferiores de la planta, previa eliminación de las plantas macho con objeto de que no polinicen las flores femeninas.

          La legislación espanola especifica respecto al cultivo del cánamo que podrá ser cultivada toda especie de cánamo con fines industriales siempre que éste no contenga propiedades alucinógenas.

          Por lo tanto, con el fin de que su cultivo sea posible industrialmente, el Ministerio de Sanidad ha determinado que será autorizado todo cultivo cuyas plantas tengan un porcentaje de THC no superior al 0’6%.

          2.3.- DISTINTAS PREPARACIONES DEL CANNABIS.

          Existen mas de 200 denominaciones de los preparados derivados de la cannabis, según los países que la producen. Fundamentalmente podríamos agruparlos en cinco clases:

          a.- MARIHUANA.- Consiste en el picado de toda la planta, también puede presentarse en rama o molida. Su riqueza activa oscila entre el 0´5% al 2% de THC., según se vaya utilizando toda la planta o solamente las hojas en su elaboración. En Espana también se conoce la marihuana con los nombres de hierbas, grifa, kiffi, congo, etc.

          b.- GANJA.- Para su elaboración solamente se utilizan las flores femeninas prensadas, sin hojas ni tallos Su riqueza en THC oscila entre el 3% y el 4%. Prácticamente se desconoce el uso de este preparado en Espana.

          c.- HACHISCH.- Preparada a base del polvo resinoso segregado por las sumidades floríferas de la planta hembra. Su riqueza en THC., oscila entre el 5% y el 12%, según se haya empleado exclusivamente la resina o haya sido adulterado por otras partes de la planta molida. En Espana también es conocido con los nombres de chocolate, mierda, hash, costo, etc.

          d.- ACEITE DE HACHISCH.- Líquido alquitranoso, obtenido por destilación de la planta o del propio hachisch, su riqueza en THC, oscila entre el 20% y el 70%, normalmente se le conoce con el nombre de “aceite”.

           

          2.3.1.- Obtención del HACHISCH.-

          En primer lugar, se recoge el polvo resinoso de las sumidades floríferas de la planta hembra. Los procedimientos empleados son diversos para cada uno de los países. En unos, se recoge directamente del suelo, en otros los campesinos pasan desnudos restregándose contra las plantas, consiguiendo que la resina se les adhiera al cuerpo que posteriormente cogen por raspado; hay sitios donde los campesinos proceden a golpear con látigos de cuero a las plantas, quedándose el polvo resinoso adherido a los látigos.

          En África del Norte el procedimiento de obtención se realiza atando previamente en gavillas las plantas a las que se ha cortado las raíces, a continuación se golpea sobre una tela fina de seda inclinada que desemboca en un recipiente.

          Se obtiene así un primer polvo fino denominado “sputnik”, si golpeamos a continuación la rama obtendremos una segunda muestra de menor calidad que la anterior denominándose este hachisch “doble cero”(00). A sucesivas extracciones corresponderían los denominados “primera clase”, “segunda clase”, etc. cada vez con menor concentración de THC.

          Generalmente de 100 kilos de planta se obtiene 1 kilo de hachisch. A continuación se introduce el hachisch en bolsas de celofán de 100 gramos, 250 gramos o 1000 gramos, a las que previamente se les ha practicado unos pequenos orificios para dar salida al aire retenido. Estas bolsas se envuelven en un papel humedecido y poroso (papel de periódico) y a continuación se envuelven, a su vez en papel de aluminio. A continuación se calientan en un horno durante unas dos horas, una vez fuera del mismo se prensa. Una vez enfriada la bolsa, el hachisch adquiere una consistencia duradera, y para su empleo habrá que calentarlo previamente para deshacerlo.

          La actividad farmacológica de la grifa y del hachisch varía según la edad de la planta, métodos de cultivo y recolección, pero principalmente por la conservación de los productos obtenidos de la planta si no se almacena convenientemente, sus principios activos pierden paulatinamente o sufren trasformaciones que modifican su evaporación por lo que se recubre de plástico o papel aluminio.

          La conservación óptima es una atmósfera de nitrógeno de 20oc.

          El lugar de producción más próximo a nuestra península está en las montanas de Ketama (Marruecos), donde anualmente se estima hay una producción de 500 TM de derivados cannábicos.

          2.4.- FORMAS DE C0NSUMO.-

          La marihuana se consume fumada en cigarrillos. El hachisch se consume pulverizado y mezclado con tabaco, liando posteriormente cigarrillos, denominados “porros”, “canuto” “petardo”, etc.

          Los útiles para el consumo de estos productos son : el papel de fumar y las pipas. Una vez pulverizado el hachisch para confeccionar el “porro” se utiliza, generalmente, un filtro de cigarrillo de tabaco, o bien un cartón duro para anadirlo al extremo del mismo con la finalidad de apurar al máximo todo el “porro”.- Si no se dispone de estos artículos, el consumidor cogerá el “porro” con unas pinzas u horquillas con la misma finalidad.

          2.7.- PELIGROS DE LA CANNABIS.-

          Esta droga NO desarrolla DEPENDENCIA FÍSICA NI TOLERANCIA, PERO SI DEPENDENCIA PSÍQUICA. Su consumo puede desembocar en muchos casos en lo que se ha venido en llamar “la escalada de la droga”, pues se ha demostrado que un 90% de los heroinómanos y otros abusadores de drogas mayores, se iniciaron con el consumo de la marihuana.

          COCA-COCAÍNA

          3.2.-

          La cocaína es el principal alcaloide de la planta de la coca; la Erythroxilum Coca; aunque ésta contiene otros, es la cocaína el más abundante llegando a suponer entre un 50 a un 90 % de la totalidad. Es una sustancia cristalina, transparente, incolora e inodora. Cristaliza en prismas romboidales, oblicuos e incoloros. Su sabor es amargo y deja en la lengua una peculiar impresión anestésica. Es poco soluble en agua, soluble en éter de petróleo, acetato de etilo y cuerpos grasos y muy solubles en alcohol, éter y cloroformo. Su temperatura de fundición es de 98 o centígrados.

          En el mercado, la cocaína se encuentra en forma de clorhidrato de cocaína con una elevada concentración de dicho alcaloide aproximadamente el 80 %. Es una sustancia cristalina y transparente que se presenta en polvo blanco triturado. Se disuelve fácilmente en agua por lo que ha de conservarse en un recipiente hermético para evitar la acción de la humedad.

          3.2.2.

          Las dosis que ingiere un indígena masticador de hoja durante el día, viene a ser un gramo de cocaína pura. Mas de 15 gramos de cocaína se consideran dosis mortales. Aparece en el mercado con un 5% al 10 % de riqueza.

          Los transportistas que pasan hasta 1 kgrs. de cocaína son conocidos por el nombre de “mulas”.

          3.2.3. Modalidades de consumo.

          La cocaína se consume normalmente de tres formas.

          • 1.- Absorbida por vía nasal “snifándola”. Para ello suelen emplear los cocainómanos una mini-cucharilla de unos 5 cm. de larga, con pala de tamano de una pequena, en donde depositan la dosis, introduciéndosela en la fosa nasal para ser aspirada, también colocando la dosis a modo de hilera sobre una mesa y aspirándola por un tubo (por ejemplo, un bolígrafo). Esta modalidad de consumo, a lo largo del tiempo, deteriora las membranas del tabique nasal, produciendo perforaciones.
          • 2.- Por inyección intravenosa. Es frecuente entre los abusadores de esta droga las inyecciones repetidas, con intervalos de 10 minutos. Esta modalidad genera con frecuencia graves infecciones en la piel, por las áreas de los pinchazos.
          • 3.- Últimamente se ha puesto de moda la inyección de una mezcal de heroína y cocaína, llamada en el argot “Speed ball”(bola rápida). La cocaína de esta forma contrarresta, por ser un estimulante, los efectos depresores de la heroína.
          • 4.- El pitillo boliviano. Es la manera del consumo de la “pasta de coca”, mezclada con tabaco, que al fumarla, llega en unos siete segundos al cerebro, produciendo un gran impacto. Dichos efectos duran unos minutos, en cuyo momento entra en la persona un gran bajón anímico que le obliga a seguir fumándola.
          • 5.- El bazoco colombiano. Es una variante del anterior, ya que además de ser utilizada la “pasta de coca”, se agregan a ésta los desperdicios de la misma, que hasta la fecha no tenían ninguna utilidad.

          Tanto el pitillo boliviano como el bazoco colombiano resultan muy rentables a los narcotraficantes ya que se ahorran el tener que transformar la pasta de coca en clorhidrato de cocaína, es decir, cocaína; motivo por lo que están propiciando el consumo de ellos por la juventud.

          3.2.5. Peligros de consumo

          Peligros generales.-

          La cocaína no desarrolla dependencia física, pero sí una gran dependencia psíquica. Tampoco se ha observado el desarrollo de tolerancia .

          La dependencia psíquica aparece enseguida, y así se dice, vulgarmente, que un heroinómano se fabrica en dos o tres meses, mientras que un cocainómano se fabrica en dos o tres días.

          Otro peligro de esta droga es su efecto midriático, es decir la dilatación anormal y permanente de la pupila.

          A L U C I N O G E N O S

          5.- L S D

          Denominación.- Dietilamida del ácido lisérgico.

          Se denomina comercialmente “Delisid”

          Orígenes .- El L.S.D., es una droga semisintética, pues se obtiene por síntesis del ácido lisérgico, que se encuentra en forma natural en el “cornezuelo del centeno”. El cornezuelo es una enfermedad del centeno y antes de ser descubierto el LSD ya se conocían sus efectos analgésicos. Consiste en un hongo llamado “Claviceps purpúrea”. Durante siglos las comadronas europeas han administrado el cornezuelo a las mujeres embarazadas para ayudarlas a dar a luz y calmar sus dolores, aunque mal empleado podía matar al nino y a la madre.

          Puede ser tomado por vía bucal o inyectado en vena. Si se toma por vía bucal, del estómago pasa a la sangre y de aquí al cerebro. Si es inyectado, pasa directamente al cerebro.

          peligros de su uso

          En el viaje

          Autolesiones Es frecuente tocar el fuego o arrojarse contra una pared
          Suicidio Deseos de volar, arrojándose al vacío desde gran altura; sentimientos de gran potencia muscular, a veces el individuo cree poder parar un tren o un automóvil en marcha.
          Locura permanente Quedar colgado por una sobredosis.

          – Rebote.- Sin haber tomado la droga nuevamente, después de una o varias experiencias, en el individuo pueden presentarse instantáneamente las alucinaciones que tuvo hace días, semanas o incluso meses. Este fenómeno de rebote es imprevisible y puede permanecer durante minutos e incluso horas.

          – Danos en los cromosomas.- Con las consiguientes deformaciones genéticas para sus hijos y nietos.

          – Aunque no desarrolla DEPENDENCIA FÍSICA, SÍ DESARROLLA DEPENDENCIA PSÍQUICA Y TOLERANCIA. Y Tolerancia cruzada con otras drogas alucinógenas.

          DOSIS, MODOS DE CONSUMO, PRODUCCIÓN Y TRAFICO ILÍCITO

          El LSD en un estado puro es un polvo blanco, soluble en agua, que aparece en el mercado ilícito en diversas formas de presentación: Terrones de azúcar, volcanes, micropuntos, estrellitas, pastillas pequenas redondas, en papel secante, láminas miniaturas de celuloide, etc.

          Lo más significativo de esta droga y al mismo tiempo asombroso, es la cantidad necesaria para emprender el “viaje”. La dosis normal oscila entre 100 y 200 microgramos, es decir. Con un gramo de LSD, se pueden hacer 10.000 viajes, a partir de los 25 microgramos ya surte sus efectos (1 microgramo es igual a 1/1.000.000 gramos).

          El consumo de esta droga debe hacerse rápidamente, pues en pocas semanas los ácidos, se pasan, perdiendo sus propiedades. La luz ataca considerablemente a esta droga.

          El precio normal de una dosis de LSD, en el mercado negro oscila de 400 a 600 ptas. Su contrabando se hace muy difícil de detectar; dado el escaso volumen que se necesita para su ocultación.

          E S T I M U L A N T E S

          1.- HISTORIA.-

          En general, los estimulantes son sustancias químicas, naturales o sintéticas, que afectan al sistema nervioso central (SNC), acelerando sus actividades.

          Entre los estimulantes naturales destaca la EPINEFRINA (obtenida a partir de la adrenalina animal), y la EFEDRINA (de la Ephedra vulgaris), que se encuentra respectivamente, en los animales y plantas.

          Otros como las ANFETAMINAS, METACUALONA, etc., son productos sintéticos obtenidos en laboratorios. Ambos grupos estimulan las actividades del SNC.

          DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

          Las dosis terapéuticas oscilan entre los 15 y 30 miligramos por día, que pueden irse aumentando progresivamente hasta los 50 miligramos en los caos de narcolepsia, sin que existan riesgos de muerte.

          Las dosis letales varían en función del individuo. Ha habido casos de muertes por sólo dos miligramos por el contrario otros abusadores han podido aumentar las dosis has 1.700 miligramos. Los usuarios habituales pueden tolerar normalmente dosis de entre 200 a 1000 miligramos al día.

          Las anfetaminas se presentan en el comercio lícito en forma de tabletas, cápsulas y ampollas, siendo prescritas, por tanto, para el consumo oral o inyección. Sin embargo, sus abusadores amplían las vías de administración a la endovenosa, machacando la píldora y disolviéndola en agua, “speed”, que suele provocar graves infecciones hepáticas, abscesos y aún la muerte en caso de sobredosificación. Generalmente las personas que abusan de estas sustancias las adquieren en el mercado negro, que se abastece de los robos en farmacias, falsificaciones de recetas médicas o incluso de los laboratorios clandestinos.

          Las anfetaminas no producen DEPENDENCIA FÍSICA, pero sí una GRAN DEPENDENCIA PSÍQUICA y por otra parte desarrollan TOLERANCIA.

          La muerte por sobredosis es debida a un colapso cardiovascular y posteriormente “coma”.

          LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA EN ESPANA.

          En Espana, el problema del abuso de las anfetaminas se encuentra muy arraigado en el mundo de la drogadicción. Legalmente, en cuanto a fabricación de la anfetamina, Espana ocupa uno de los primeros lugares de producción mundial, con infinidad de especialidades farmacéuticas, casi todas plagios unas de otras.

          Desgraciadamente, también nuestro país, se encuentra en un lugar muy destacado en cuanto al tráfico ilícito de estas sustancias, y no es de extranar que en otros países nos califiquen como “los moros de las anfetaminas”.

          Muchas de las anfetaminas espanolas son desviadas al mercado ilícito y exportada clandestinamente a los países nórdicos y centroeuropeos.

          Sólo un producto anfetamínico, comercializado con el nombre de BUSTAID, Llegó a inundar los mercados negros en un momento determinado; un frasco de 40 pastillas que en farmacia costaba 59 ptas., se vendía posteriormente en Amsterdam a 2.000 ptas.

          Los consumidores suelen utilizarlas combinándolas con otras sustancias: Opiáceos o barbitúricos. Suelen hablar mucho y realizar constantemente movimientos innecesarios. Se consume frecuentemente en reuniones, ingiriéndolas oralmente.

          E L É X T A S I S

          NATURALEZA.-

          El éxtasis palabra de moda que define al ácido metilenodioximetanfetamina, que para ser más prácticos, se llama por sus siglas MDMA. Se extrae del aceite sasafras, un árbol americano cuya madera y corteza tienen un fuerte olor aromático y ha sido utilizado en medicina. También puede extraerse del aceite de nuez moscada. Fue descubierto y registrado en 1914.

          El éxtasis es la más conocida de las llamadas drogas de diseno. Estas sustancias son productos químicos sintetizados en el laboratorio. modificando ligeramente la estructura química de ciertas drogas ilegales, se obtiene un nuevo producto que mantiene, o mejora incluso, las características de la droga ilegal, pero que al ser una modificación química de la anterior, ya no es ilegal y se puede traficar con él, aprovechando el vacío legal sobre la nueva sustancia, en realidad las drogas de diseno no son a menudo nuevos productos, sino el desvío al mercado negro de sustancias ya sintetizadas previamente en los laboratorios farmacéuticos y que nunca se comercializaron, siendo éste el caso del “éxtasis”.

          El éxtasis es por tanto un psicotrópico, esto es, un producto creado para uso médico, desechado más tarde y posteriormente ilegalizado por las autoridades.

          EFECTOS.-

          Los efectos de una dosis de “éxtasis” en cápsula duran unas ocho horas, si es compartida, mas o menos la mitad. Físicamente provoca, entre otras reacciones, una mayor sudoración y una extrema dilatación de las pupilas.

          DEPENDENCIA.-

          El éxtasis del que si se sabe a ciencia cierta provoca una gran dependencia psíquica y un fuerte síndrome de abstinencia en quienes dejan de ingerirlo. También se cree que puede ocasionar danos irreversibles en el cerebro.

          LUGARES DE PRODUCCIÓN

          La mayoría del éxtasis que se consume en Espana procede de Holanda y Alemania.

          VÍAS DE ADMINISTRACIÓN.-

          Se administra por vía bucal y acompanada de bebidas alcohólicas (esto último se contradice con el informe del Cuerpo Nacional de Policía en Vitoria).

           

          DEPRIMENTES-SEDANTES (BARBITÚRICOS)

          CONCEPTO.-

          Son drogas que producen un estado de relajamiento y de depresión general y pueden provocar sueno.

          EFECTOS.-

          Por la duración de los efectos, los barbitúricos suelen clasificarse en tres categorías:

          a) DE ACCIÓN PROLONGADA Barbital y fenobarbital
          b) DE ACCIÓN CORTA-INTERMEDIA Amobarbital, Serobarbital, etc.
          c) ACCIÓN ULTRACORTA Tiopendal, Metoexital.

           

          Un peligro de los barbitúricos, es el” automatismo de la droga” fenómeno por el que al existir la confusión mental, hace olvidad el número de dosis ingeridas, así como el tiempo transcurrido entre las tomas, conduciendo a una dosis excesiva o sobredosis.

          Igualmente, en el uso de los barbitúricos, se da otro fenómeno, el “sinergismo” (potenciación del barbitúrico al mezclarlo con alcohol o estimulantes), que hace muy peligros el consumo de esta droga. Muchas muertes se han producido inadvertidamente al tomar alcohol pacientes sometidos a tratamientos con barbitúricos, debido al fenómeno de potenciación. Se dice que : un barbitúrico mas una copa de alcohol es igual a 3 barbitúricos, lo cual puede constituir una sobredosis.

           

          Categorías:DRoGaS

          LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.

           

           

          Sumario:
          Artículo 1. Declaración general
          TÍTULO I. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
          Artículo 2. Competencia de los Jueces de Menores.
          Artículo 3. Régimen de los menores de catorce años.
          Artículo 4. Régimen de los mayores de dieciocho años.
          Artículo 5. Bases de la responsabilidad de los menores.
          Artículo 6. De la intervención del Ministerio Fiscal.
          TÍTULO II. DE LAS MEDIDAS
          Artículo 7. Enumeración de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores.
          Artículo 8. Principio acusatorio.
          Artículo 9. Reglas para la aplicación de las medidas.
          Artículo 10. De la prescripción.
          Artículo 11. Concurso de infracciones.
          Artículo 12. Infracción continuada o con pluralidad de víctimas.
          Artículo 13. Imposición de varias medidas.
          Artículo 14. Modificación de la medida impuesta.
          Artículo 15. Mayoría de edad del condenado.
          TÍTULO III. DE LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
          CAPÍTULO I. REGLAS GENERALES
          Artículo 16. Incoación del expediente.
          Artículo 17. Detención de los menores.
          Artículo 18. Desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar.
          Artículo 19. Sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima.
          Artículo 20. Unidad de expediente.
          Artículo 21. Remisión al órgano competente.
          Artículo 22. De la incoación del expediente.
          Artículo 23. Actuación instructora del Ministerio Fiscal.
          Artículo 24. Secreto del expediente.
          Artículo 25. Participación del perjudicado e inexistencia de acción particular y popular.
          Artículo 26. Diligencias propuestas por el letrado del menor.
          Artículo 27. Informe del equipo técnico.
          CAPÍTULO II. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
          Artículo 28. Reglas generales.
          Artículo 29. Medidas cautelares en los casos de exención de la responsabilidad.
          CAPÍTULO III. DE LA CONCLUSIÓN DE LA INSTRUCCIÓN
          Artículo 30. Remisión del expediente al Juez de Menores.
           TÍTULO IV. DE LA FASE DE AUDIENCIA
          Artículo 31. Apertura de la fase de audiencia.
          Artículo 32. Sentencia de conformidad.
          Artículo 33. Otras decisiones del Juez de Menores.
          Artículo 34. Pertinencia de pruebas y señalamiento de la audiencia.
          Artículo 35. Asistentes y no publicidad de la audiencia
          Artículo 36. Conformidad del menor.
          Artículo 37. Celebración de la audiencia.
          TÍTULO V. DE LA SENTENCIA
          Artículo 38. Plazo para dictar sentencia.
          Artículo 39. Contenido y registro de la sentencia.
          Artículo 40. Suspensión de la ejecución del fallo.
          TÍTULO VI. DEL RÉGIMEN DE RECURSOS
          Artículo 41. Recursos de apelación y reforma.
          Artículo 42. Recurso de casación para unificación de doctrina.
          TÍTULO VII. DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS
          CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
          Artículo 43. Principio de legalidad.
          Artículo 44. Competencia judicial.
          Artículo 45. Competencia administrativa.
          CAPÍTULO II. REGLAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS
          Artículo 46. Liquidación de la medida y traslado del menor a un centro.
          Artículo 47. Ejecución de varias medidas.
          Artículo 48. Expediente personal de la persona sometida a la ejecución de una medida.
          Artículo 49. Informes sobre la ejecución.
          Artículo 50. Quebrantamiento de la ejecución.
          Artículo 51. Sustitución de las medidas.
          Artículo 52. Presentación de recursos.
          Artículo 53. Cumplimiento de la medida
          CAPÍTULO III. REGLAS ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
          Artículo 54. Centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad.
          Artículo 55. Principio de resocialización.
          Artículo 56. Derechos de los menores internados.
          Artículo 57. Deberes de los menores internados.
          Artículo 58. Información y reclamaciones.
          Artículo 59. Medidas de vigilancia y seguridad.
          Artículo 60. Régimen disciplinario.
          TÍTULO VIII. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
          Artículo 61. Reglas generales.
          Artículo 62. Extensión de la responsabilidad civil.
          Artículo 63. Responsabilidad civil de los aseguradores.
          Artículo 64. Reglas de procedimiento.

          DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Aplicación en la Jurisdicción Militar.
          DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Aplicación de medidas en casos de riesgo para la salud.
          DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Registro de sentencias firmes dictadas en aplicación de lo dispuesto en la presente Ley.
          DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Régimen transitorio.
          DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Derecho supletorio.
          DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
          DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Reformas en materia de personal.
          DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Especialización de Jueces, Fiscales y abogados.
          DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Cláusula derogatoria.
          DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Naturaleza de la presente Ley.
          DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. Entrada en vigor y desarrollo reglamentario.

          Don Juan Carlos I, Rey de España.
          A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:
           

          EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
          I
          1. La promulgación de la presente Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores era una necesidad impuesta por lo establecido en la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores; en la moción aprobada por el Congreso de los Diputados el 10 de mayo de 1994, y en el artículo 19 de la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

          2. La Ley Orgánica 4/1992, promulgada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, que declaró inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, texto refundido de 11 de junio de 1948, establece un marco flexible para que los Juzgados de Menores puedan determinar las medidas aplicables a éstos en cuanto infractores penales, sobre la base de valorar especialmente el interés del menor, entendiendo por menores a tales efectos a las personas comprendidas entre los doce y los dieciséis años. Simultáneamente, encomienda al Ministerio Fiscal la iniciativa procesal, y le concede amplias facultades para acordar la terminación del proceso con la intención de evitar, dentro de lo posible, los efectos aflictivos que el mismo pudiera llegar a producir. Asimismo, configura al equipo técnico como instrumento imprescindible para alcanzar el objetivo que persiguen las medidas y termina estableciendo un procedimiento de naturaleza sancionadora-educativa, al que otorga todas las garantías derivadas de nuestro ordenamiento constitucional, en sintonía con lo establecido en la aludida sentencia del Tribunal Constitucional y lo dispuesto en el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.
          Dado que la expresada Ley Orgánica se reconocía a sí misma expresamente el carácter de una reforma urgente, que adelanta parte de una renovada legislación sobre reforma de menores, que será objeto de medidas legislativas posteriores, es evidente la oportunidad de la presente Ley Orgánica, que constituye esa necesaria reforma legislativa, partiendo de los principios básicos que ya guiaron la redacción de aquélla (especialmente, el principio del superior interés del menor), de las garantías de nuestro ordenamiento constitucional, y de las normas de Derecho internacional, con particular atención a la citada Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, y esperando responder de este modo a las expectativas creadas en la sociedad española, por razones en parte coyunturales y en parte permanentes, sobre este tema concreto.

          3. Los principios expuestos en la moción aprobada unánimemente por el Congreso de los Diputados el día 10 de mayo de 1994, sobre medidas para mejorar el marco jurídico vigente de protección del menor, se refieren esencialmente al establecimiento de la mayoría de edad penal en los dieciocho años y a la promulgación de una ley penal del menor y juvenil que contemple la exigencia de responsabilidad para los jóvenes infractores que no hayan alcanzado la mayoría de edad penal, fundamentada en principios orientados hacia la reeducación de los menores de edad infractores, en base a las circunstancias personales, familiares y sociales, y que tenga especialmente en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas en esta materia….

          4. El artículo 19 del vigente Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, fija efectivamente la mayoría de edad penal en los dieciocho años y exige la regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores de dicha edad en una Ley independiente. También para responder a esta exigencia se aprueba la presente Ley Orgánica, si bien lo dispuesto en este punto en el Código Penal debe ser complementado en un doble sentido. En primer lugar, asentando firmemente el principio de que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías comunes a todo justiciable. En segundo término, la edad límite de dieciocho años establecida por el Código Penal para referirse a la responsabilidad penal de los menores precisa de otro límite mínimo a partir del cual comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad y que se ha concretado en los catorce años, con base en la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado.

          5. Asimismo, han sido criterios orientadores de la redacción de la presente Ley Orgánica, como no podía ser de otra manera, los contenidos en la doctrina del Tribunal Constitucional, singularmente en los fundamentos jurídicos de las sentencias 36/1991, de 14 de febrero, y 60/1995, de 17 de marzo, sobre las garantías y el respeto a los derechos fundamentales que necesariamente han de imperar en el procedimiento seguido ante los Juzgados de Menores, sin perjuicio de las modulaciones que, respecto del procedimiento ordinario, permiten tener en cuenta la naturaleza y finalidad de aquel tipo de proceso, encaminado a la adopción de unas medidas que, como ya se ha dicho, fundamentalmente no pueden ser represivas, sino preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor, valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de las ciencias no jurídicas.

          II

          6. Como consecuencia de los principios, criterios y orientaciones a que se acaba de hacer referencia, puede decirse que la redacción de la presente Ley Orgánica ha sido conscientemente guiada por los siguientes principios generales: naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad, reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del menor, diferenciación de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores en la categoría de infractores menores de edad, flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto, competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y protección de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la sentencia y control judicial de esta ejecución.

          7. La presente Ley Orgánica tiene ciertamente la naturaleza de disposición sancionadora, pues desarrolla la exigencia de una verdadera responsabilidad jurídica a los menores infractores, aunque referida específicamente a la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas por el Código Penal y las restantes leyes penales especiales. Al pretender ser la reacción jurídica dirigida al menor infractor una intervención de naturaleza educativa, aunque desde luego de especial intensidad, rechazando expresamente otras finalidades esenciales del Derecho penal de adultos, como la proporcionalidad entre el hecho y la sanción o la intimidación de los destinatarios de la norma, se pretende impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el menor, como el ejercicio de la acción por la víctima o por otros particulares.
          Y es que en el Derecho penal de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten, el superior interés del menor. Interés que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia.

          8. Sin embargo, la Ley tampoco puede olvidar el interés propio del perjudicado o víctima del hecho cometido por el menor, estableciendo un procedimiento singular, rápido y poco formalista para el resarcimiento, en su caso, de daños y perjuicios, dotando de amplias facultades al Juez de Menores para la incorporación a los autos de documentos y testimonios relevantes de la causa principal. En este ámbito de atención a los intereses y necesidades de las víctimas, la Ley introduce el principio en cierto modo revolucionario de la responsabilidad solidaria con el menor responsable de los hechos de sus padres, tutores, acogedores o guardadores, si bien permitiendo la moderación judicial de la misma y recordando expresamente la aplicabilidad en su caso de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
          Asimismo la Ley regula, para procedimientos por delitos graves cometidos por mayores de dieciséis años, un régimen de intervención del perjudicado en orden a salvaguardar el interés de la víctima en el esclarecimiento de los hechos y su enjuiciamiento por el orden jurisdiccional competente, sin contaminar el procedimiento propiamente educativo y sancionador del menor.

          Esta Ley arbitra un amplio derecho de participación a las víctimas ofreciéndoles la oportunidad de intervenir en las actuaciones procesales proponiendo y practicando prueba, formulando conclusiones e interponiendo recursos. Sin embargo, esta participación se establece de un modo limitado ya que respecto de los menores no cabe reconocer a los particulares el derecho a constituirse propiamente en parte acusadora con plenitud de derechos y cargas procesales. No existe aquí ni la acción particular de los perjudicados por el hecho criminal, ni la acción popular de los ciudadanos, porque en estos casos el interés prioritario para la sociedad y para el Estado coincide con el interés del menor.

          9. Conforme a las orientaciones declaradas por el Tribunal Constitucional, anteriormente aludidas, se instaura un sistema de garantías adecuado a la pretensión procesal, asegurando que la imposición de la sanción se efectuará tras vencer la presunción de inocencia, pero sin obstaculizar los criterios educativos y de valoración del interés del menor que presiden este proceso, haciendo al mismo tiempo un uso flexible del principio de intervención mínima, en el sentido de dotar de relevancia a las posibilidades de no apertura del procedimiento o renuncia al mismo, al resarcimiento anticipado o conciliación entre el infractor y la víctima, y a los supuestos de suspensión condicional de la medida impuesta o de sustitución de la misma durante su ejecución.
          La competencia corresponde a un Juez ordinario, que, con categoría de Magistrado y preferentemente especialista, garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos en conflicto. La posición del Ministerio Fiscal es relevante, en su doble condición de institución que constitucionalmente tiene encomendada la función de promover la acción de la Justicia y la defensa de la legalidad, así como de los derechos de los menores, velando por el interés de éstos. El letrado del menor tiene participación en todas y cada una de las fases del proceso, conociendo en todo momento el contenido del expediente, pudiendo proponer pruebas e interviniendo en todos los actos que se refieren a la valoración del interés del menor y a la ejecución de la medida, de la que puede solicitar la modificación.
          La adopción de medidas cautelares sigue el modelo de solicitud de parte, en audiencia contradictoria, en la que debe valorarse especialmente, una vez más, el superior interés del menor.
          En defensa de la unidad de doctrina, el sistema de recursos ordinario se confía a las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia, que habrán de crearse, las cuales, con la inclusión de Magistrados especialistas, aseguran y refuerzan la efectividad de la tutela judicial en relación con las finalidades que se propone la Ley. En el mismo sentido, procede destacar la instauración del recurso de casación para unificación de doctrina, reservado a los casos de mayor gravedad, en paralelismo con el proceso penal de adultos, reforzando la garantía de la unidad de doctrina en el ámbito del derecho sancionador de menores a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

          10. Conforme a los principios señalados, se establece, inequívocamente, el límite de los catorce años de edad para exigir este tipo de responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal y se diferencian, en el ámbito de aplicación de la Ley y de la graduación de las consecuencias por los hechos cometidos, dos tramos, de catorce a dieciséis y de diecisiete a dieciocho años, por presentar uno y otro grupo diferencias características que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de dieciséis años la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las personas.

          La aplicación de la presente Ley a los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, prevista en el artículo 69 del Código Penal vigente, podrá ser acordada por el Juez atendiendo a las circunstancias personales y al grado de madurez del autor, y a la naturaleza y gravedad de los hechos. Estas personas reciben, a los efectos de esta Ley, la denominación genérica de jóvenes.
          Se regulan expresamente, como situaciones que requieren una respuesta específica, los supuestos en los que el menor presente síntomas de enajenación mental o la concurrencia de otras circunstancias modificativas de su responsabilidad, debiendo promover el Ministerio Fiscal, tanto la adopción de las medidas más adecuadas al interés del menor que se encuentre en tales situaciones, como la constitución de los organismos tutelares previstos por las leyes. También se establece que las acciones u omisiones imprudentes no puedan ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado.

          11. Con arreglo a las orientaciones expuestas, la Ley establece un amplio catálogo de medidas aplicables, desde la referida perspectiva sancionadora-educativa, debiendo primar nuevamente el interés del menor en la flexible adopción judicial de la medida más idónea, dadas las características del caso concreto y de la evolución personal del sancionado durante la ejecución de la medida. La concreta finalidad que las ciencias de la conducta exigen que se persiga con cada una de las medidas relacionadas, se detalla con carácter orientador en el apartado III de esta exposición de motivos.

          12. La ejecución de las medidas judicialmente impuestas corresponde a las entidades públicas de protección y reforma de menores de las Comunidades Autónomas, bajo el inexcusable control del Juez de Menores. Se mantiene el criterio de que el interés del menor tiene que ser atendido por especialistas en las áreas de la educación y la formación, pertenecientes a esferas de mayor inmediación que el Estado. El Juez de Menores, a instancia de las partes y oídos los equipos técnicos del propio Juzgado y de la entidad pública de la correspondiente Comunidad Autónoma, dispone de amplias facultades para suspender o sustituir por otras las medidas impuestas, naturalmente sin mengua de las garantías procesales que constituyen otro de los objetivos primordiales de la nueva regulación, o permitir la participación de los padres del menor en la aplicación y consecuencias de aquéllas.

          13. Un interés particular revisten en el contexto de la Ley los temas de la reparación del daño causado y la conciliación del delincuente con la víctima como situaciones que, en aras del principio de intervención mínima, y con el concurso mediador del equipo técnico, pueden dar lugar a la no incoación o sobreseimiento del expediente, o a la finalización del cumplimiento de la medida impuesta, en un claro predominio, una vez más, de los criterios educativos y resocializadores sobre los de una defensa social esencialmente basada en la prevención general y que pudiera resultar contraproducente para el futuro.
          La reparación del daño causado y la conciliación con la víctima presentan el común denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurídico iniciado por su causa. La conciliación tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacción psicológica a cargo del menor infractor, quien ha de arrepentirse del daño causado y estar dispuesto a disculparse. La medida se aplicará cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe, y la persona ofendida lo acepte y otorgue su perdón. En la reparación el acuerdo no se alcanza únicamente mediante la vía de la satisfacción psicológica, sino que requiere algo más: el menor ejecuta el compromiso contraído con la víctima o perjudicado de reparar el daño causado, bien mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien mediante acciones, adaptadas a las necesidades del sujeto, cuyo beneficiario sea la propia víctima o perjudicado.

          III

          14. En la medida de amonestación, el Juez, en un acto único que tiene lugar en la sede judicial, manifiesta al menor de modo concreto y claro las razones que hacen socialmente intolerables los hechos cometidos, le expone las consecuencias que para él y para la víctima han tenido o podían haber tenido tales hechos, y le formula recomendaciones para el futuro.

          15. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, que, en consonancia con el artículo 25.2 de nuestra Constitución, no podrá imponerse sin consentimiento del menor, consiste en realizar una actividad, durante un número de sesiones previamente fijado, bien sea en beneficio de la colectividad en su conjunto, o de personas que se encuentren en una situación de precariedad por cualquier motivo. Preferentemente, se buscará relacionar la naturaleza de la actividad en que consista esta medida con la de los bienes jurídicos afectados por los hechos cometidos por el menor.
          Lo característico de esta medida es que el menor ha de comprender, durante su realización, que la colectividad o determinadas personas han sufrido de modo injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende que el sujeto comprenda que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad, y que la prestación de los trabajos que se le exigen es un acto de reparación justo.

          16. Las medidas de internamiento responden a una mayor peligrosidad, manifestada en la naturaleza peculiarmente grave de los hechos cometidos, caracterizados en los casos más destacados por la violencia, la intimidación o el peligro para las personas. El objetivo prioritario de la medida es disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial, cuando para ello sea necesario, al menos de manera temporal, asegurar la estancia del infractor en un régimen físicamente restrictivo de su libertad. La mayor o menor intensidad de tal restricción de lugar a los diversos tipos de internamiento, a los que se va a aludir a continuación. El internamiento, en todo caso, ha de proporcionar un clima de seguridad personal para todos los implicados, profesionales y menores infractores, lo que hace imprescindible que las condiciones de estancia sean las correctas para el normal desarrollo psicológico de los menores.
          El internamiento en régimen cerrado pretende la adquisición por parte del menor de los suficientes recursos de competencia social para permitir un comportamiento responsable en la comunidad, mediante una gestión de control en un ambiente restrictivo y progresivamente autónomo.
          El internamiento en régimen semiabierto implica la existencia de un proyecto educativo en donde desde el principio los objetivos sustanciales se realizan en contacto con personas e instituciones de la comunidad, teniendo el menor su residencia en el centro, sujeto al programa y régimen interno del mismo.
          El internamiento en régimen abierto implica que el menor llevará a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual.
          El internamiento terapéutico se prevé para aquellos casos en los que los menores, bien por razón de su adicción al alcohol o a otras drogas, bien por disfunciones significativas en su psiquismo, precisan de un contexto estructurado en el que poder realizar una programación terapéutica, no dándose, ni, de una parte, las condiciones idóneas en el menor o en su entorno para el tratamiento ambulatorio, ni, de otra parte, las condiciones de riesgo que exigirían la aplicación a aquel de un internamiento en régimen cerrado.

          17. En la asistencia a un centro de día, el menor es derivado a un centro plenamente integrado en la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo a su competencia social. Esta medida sirve el propósito de proporcionar a un menor un ambiente estructurado durante buena parte del día, en el que se lleven a cabo actividades socio-educativas que puedan compensar las carencias del ambiente familiar de aquel. Lo característico del centro de día es que en ese lugar es donde toma cuerpo lo esencial del proyecto socio-educativo del menor, si bien éste puede asistir también a otros lugares para hacer uso de otros recursos de ocio o culturales. El sometido a esta medida puede, por lo tanto, continuar residiendo en su hogar, o en el de su familia, o en el establecimiento de acogida.

          18. En la medida de libertad vigilada, el menor infractor está sometido, durante el tiempo establecido en la sentencia, a una vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social. Durante el tiempo que dure la libertad vigilada, el menor también deberá cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo con esta Ley, el Juez puede imponerle.

          19. La realización de tareas socio-educativas consiste en que el menor lleve a cabo actividades específicas de contenido educativo que faciliten su reinserción social. Puede ser una medida de carácter autónomo o formar parte de otra más compleja. Empleada de modo autónomo, pretende satisfacer necesidades concretas del menor percibidas como limitadoras de su desarrollo integral. Puede suponer la asistencia y participación del menor a un programa ya existente en la comunidad, o bien a uno creado ad hoc por los profesionales encargados de ejecutar la medida. Como ejemplos de tareas socio-educativas, se pueden mencionar las siguientes: asistir a un taller ocupacional, a un aula de educación compensatoria o a un curso de preparación para el empleo; participar en actividades estructuradas de animación sociocultural, asistir a talleres de aprendizaje para la competencia social, etc.

          20. El tratamiento ambulatorio es una medida destinada a los menores que disponen de las condiciones adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa terapéutico que les ayude a superar procesos adictivos o disfunciones significativas de su psiquismo. Previsto para los menores que presenten una dependencia al alcohol o las drogas, y que en su mejor interés puedan ser tratados de la misma en la comunidad, en su realización pueden combinarse diferentes tipos de asistencia médica y psicológica. Resulta muy apropiado para casos de desequilibrio psicológico o perturbaciones del psiquismo que puedan ser atendidos sin necesidad de internamiento. La diferencia más clara con la tarea socio-educativa es que ésta pretende lograr una capacitación, un logro de aprendizaje, empleando una metodología, no tanto clínica, sino de orientación psicoeducativa. El tratamiento ambulatorio también puede entenderse como una tarea socio-educativa muy específica para un problema bien definido.

          21. La permanencia de fin de semana es la expresión que define la medida por la que un menor se ve obligado a permanecer en su hogar desde la tarde o noche del viernes hasta la noche del domingo, a excepción del tiempo en que realice las tareas socio-educativas asignadas por el Juez. En la práctica, combina elementos del arresto de fin de semana y de la medida de tareas socio-educativas o prestaciones en beneficio de la comunidad. Es adecuada para menores que cometen actos de vandalismo o agresiones leves en los fines de semana.

          22. La convivencia con una persona, familia o grupo educativo es una medida que intenta proporcionar al menor un ambiente de socialización positivo, mediante su convivencia, durante un periodo determinado por el Juez, con una persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo que se ofrezca a cumplir la función de la familia en lo que respecta al desarrollo de pautas socioafectivas prosociales en el menor.

          23. La privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de licencias administrativas para caza o para el uso de cualquier tipo de armas, es una medida accesoria que se podrá imponer en aquellos casos en los que el hecho cometido tenga relación con la actividad que realiza el menor y que ésta necesite autorización administrativa.

          24. Por último, procede poner de manifiesto que los principios científicos y los criterios educativos a que han de responder cada una de las medidas, aquí sucintamente expuestos, se habrán de regular más extensamente en el Reglamento que en su día se dicte en desarrollo de la presente Ley Orgánica.

          TÍTULO PRELIMINAR.
          Artículo 1. Declaración general
          1. Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.
          2. También se aplicará lo dispuesto en esta Ley para los menores a las personas mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, en los términos establecidos en el artículo 4 de la misma.
          3. Las personas a las que se aplique la presente Ley gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre protección de menores contenidas en los Tratados válidamente celebrados por España.
          4. Al efecto de designar a las personas a quienes se aplica esta Ley, en el articulado de la misma se utiliza el término menores para referirse a las que no han cumplido dieciocho años, y el de jóvenes para referirse a las mayores de dicha edad.
          Sin perjuicio de lo anterior, cuando esta Ley se refiera genéricamente al menor o a los menores, se entenderá que lo hace a todos los incluidos en su ámbito de aplicación.

          TÍTULO I.DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
          Artículo 2. Competencia de los Jueces de Menores.
          1. Los Jueces de Menores serán competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas mencionadas en el artículo 1 de esta Ley, así como para hacer ejecutar sus sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades Autónomas respecto a la protección y reforma de menores.
          2. Los Jueces de Menores serán asimismo competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplicable la presente Ley.
          3. La competencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 de esta Ley.
          Artículo 3. Régimen de los menores de catorce años.
          Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
          Artículo 4. Régimen de los mayores de dieciocho años.
          1. De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la presente Ley se aplicará a las personas mayores de dieciocho años y menores de veintiuno imputadas en la comisión de hechos delictivos, cuando el Juez de Instrucción competente, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del imputado y el equipo técnico a que se refiere el artículo 27 de esta Ley, así lo declare expresamente mediante auto.
          2. Serán condiciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior las siguientes:
          Que el imputado hubiere cometido una falta, o un delito menos grave sin violencia o intimidación en las personas ni grave peligro para la vida o la integridad física de las mismas, tipificados en el Código Penal o en las leyes penales especiales.
          Que no haya sido condenado en sentencia firme por hechos delictivos cometidos una vez cumplidos los dieciocho años. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos o faltas imprudentes ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o que debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Penal.
          Que las circunstancias personales del imputado y su grado de madurez aconsejen la aplicación de la presente Ley, especialmente cuando así lo haya recomendado el equipo técnico en su informe.
          3. Contra el auto que resuelva lo indicado en los apartados anteriores, cabrá recurso de apelación en el plazo de tres días, del que conocerá la Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sin previo recurso de reforma. La apelación se sustanciará conforme al régimen general establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
          Del mencionado auto, una vez firme, se dará traslado al Ministerio Fiscal para la tramitación del procedimiento previsto en la presente Ley.
          Artículo 5. Bases de la responsabilidad de los menores.
          1. Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el artículo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal.
          2. No obstante lo anterior, a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas en los números 1, 2 y 3 del artículo 20 del vigente Código Penal les serán aplicables, en caso necesario, las medidas terapéuticas a las que se refiere el artículo 7.1, letras d) y e), de la presente Ley.
          3. Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre referidas al momento de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores.
          Artículo 6. De la intervención del Ministerio Fiscal.
          Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual dirigirá personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la policía judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobación de aquéllos y de la participación del menor en los mismos, impulsando el procedimiento.

          TÍTULO II.DE LAS MEDIDAS
          Artículo 7. Enumeración de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores.
          1. Las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores, ordenadas según la restricción de derechos que suponen, son las siguientes:
          Internamiento en régimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollaren en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.
          Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero realizaren fuera del mismo actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.
          Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo.
          Internamiento terapéutico. En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento especifico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.
          Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.
          Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

          Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez.
          Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-educativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. La persona sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes:
          Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el interesado está en el período de la enseñanza básica obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello.
          Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares.
          Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos.
          Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa.
          Obligación de residir en un lugar determinado.
          Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.
          Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.
          Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el periodo de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en su proceso de socialización.
          Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. Se buscará relacionar la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos por el menor.
          Realización de tareas socio-educativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.

          Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.
          Privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor, o un arma, respectivamente.
          2. Las medidas de internamiento constarán de dos períodos: el primero se llevará a cabo en el centro correspondiente, conforme a la descripción efectuada en el apartado anterior de este artículo; el segundo se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juez. La duración total no excederá del tiempo que se expresa en el artículo 9. El equipo técnico deberá informar respecto del contenido de ambos períodos, y el Juez expresará la duración de cada uno en la sentencia.
          3. Para la elección de la medida o medidas adecuadas, tanto por el Ministerio Fiscal y el letrado del menor en sus postulaciones como por el Juez en la sentencia, se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos y, en su caso, de las entidades públicas de protección y reforma de menores emitidos conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley. El Juez deberá motivar la sentencia, expresando con detalle las razones por las que aplica una determinada medida, así como el plazo de duración de la misma, a los efectos de la valoración del mencionado interés del menor.
          Artículo 8. Principio acusatorio.
          El Juez de Menores no podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal.
          Tampoco podrá exceder la duración de las medidas privativas de libertad contempladas en el artículo 7.1.a), b), c), d) y g), en ningún caso, del tiempo que hubiera durado la pena privativa de libertad que se le hubiere impuesto por el mismo hecho, si el sujeto, de haber sido mayor de edad, hubiera sido declarado responsable, de acuerdo con el Código Penal.
          Artículo 9. Reglas para la aplicación de las medidas.
          No obstante lo establecido en el artículo 7.3, la aplicación de las medidas se atendrá a las siguientes reglas:
          Cuando los hechos cometidos sean calificados de falta, sólo se podrán imponer las medidas de amonestación, permanencia de fin de semana hasta un máximo de cuatro fines de semana, prestaciones en beneficio de la comunidad hasta cincuenta horas, y privación del permiso de conducir o de otras licencias administrativas.
          La medida de internamiento en régimen cerrado sólo podrá ser aplicable cuando en la descripción y calificación jurídica de los hechos se establezca que en su comisión se ha empleado violencia o intimidación en las personas o actuado con grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas.
          La duración de las medidas no podrá exceder de dos años, computándose, en su caso, a estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.5 de la presente Ley. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no podrá superar las cien horas. La medida de permanencia de fin de semana no podrá superar los ocho fines de semana.

          En el caso de personas que hayan cumplido los dieciséis años en el momento de la comisión de los hechos, el plazo de duración de las medidas podrá alcanzar un máximo de cinco años, siempre que el delito haya sido cometido con violencia o intimidación en las personas o con grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas y el equipo técnico en su informe aconseje la prolongación de la medida. En estos supuestos, la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad podrá alcanzar las doscientas horas, y la de permanencia de fin de semana, dieciséis fines de semana.
          Excepcionalmente, cuando los supuestos previstos en la regla anterior revistieran extrema gravedad, apreciada expresamente en la sentencia, el Juez habrá de imponer una medida de internamiento de régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada sucesivamente por otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de otros cinco años. Sólo podrá hacerse uso de lo dispuesto en los artículos 14 y 51.1 de esta Ley una vez transcurrido el primer año de cumplimiento efectivo de la medida de internamiento.
          La medida de libertad vigilada deberá ser ratificada mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del representante de la entidad pública de protección o reforma de menores, al finalizar el internamiento, y se llevará a cabo por las instituciones públicas encargadas del cumplimiento de las penas, conforme a lo establecido en el artículo 105.1 del vigente Código Penal.
          A los efectos de este artículo, se entenderán supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciare reincidencia y, en todo caso, los delitos de terrorismo y los constitutivos de actos de favorecimiento, apoyo o reclamo de la actividad de bandas, organizaciones o grupos terroristas, así como los de asesinato u homicidio doloso, y la agresión sexual contemplada en los artículos 179 y 180 del Código Penal.
          Las acciones u omisiones imprudentes no podrán ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado.
          Cuando en la postulación del Ministerio Fiscal o en la resolución dictada en el procedimiento se aprecien algunas de las circunstancias a las que se refiere el artículo 5.2 de esta Ley, sólo podrán aplicarse las medidas terapéuticas descritas en el artículo 7.1, letras d) y e) de la misma.
          Artículo 10. De la prescripción.
          1. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben:
          A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con pena superior a diez años.
          A los tres años, cuando se trate de cualquier otro delito grave.
          Al año, cuando se trate de un delito menos grave.
          A los tres meses, cuando se trate de una falta.
          2. Las medidas que tengan un plazo superior a los dos años prescribirán a los tres años. Las restantes medidas prescribirán a los dos años, excepto la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y el arresto con tareas de fin de semana, que prescribirán al año.
          3. Los hechos delictivos cometidos por mayores de dieciocho años y menores de veintiuno prescribirán con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal.
          Artículo 11. Concurso de infracciones.
          1. Al menor responsable de una pluralidad de hechos se le impondrá una o varias medidas, teniendo en cuenta los criterios expresados en los artículos 7.3 y 9 de la presente Ley.
          2. Sin embargo, cuando una misma conducta sea constitutiva de dos o mas infracciones, o una conducta sea medio necesario para la comisión de otra, se tendrá en cuenta exclusivamente la más grave de ellas para la aplicación de la medida correspondiente.
          Artículo 12. Infracción continuada o con pluralidad de víctimas.
          En los supuestos de infracción continuada o de una sola infracción con pluralidad de víctimas, el Juez impondrá a la persona sentenciada una sola medida, tomando como referencia el más grave de los hechos cometidos, en la máxima extensión de aquélla conforme a las reglas del artículo 9, salvo cuando el interés del menor aconseje la imposición de la medida en una extensión inferior.
          Artículo 13. Imposición de varias medidas.
          Cuando a la persona sentenciada se le impusieren varias medidas en el mismo procedimiento y no pudieran ser cumplidas simultáneamente, el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal y del letrado del menor, oídos el representante del equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá sustituir todas o alguna de ellas, o establecer su cumplimiento sucesivo, sin que en este caso el plazo total de cumplimiento pueda superar el doble del tiempo por el que se le impusiere la más grave de ellas.
          Artículo 14. Modificación de la medida impuesta.
          1. El Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, previa audiencia de éstos e informe del equipo técnico y, en su caso, de la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá en cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que la modificación redunde en el interés del menor y se exprese suficientemente a éste el reproche merecido por su conducta.
          2. En los casos anteriores, el Juez resolverá por auto motivado, contra el cual se podrán interponer los recursos previstos en la presente Ley.
          Artículo 15. Mayoría de edad del condenado.
          Cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en esta Ley alcanzase la mayoría de edad, continuará el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso conforme a los criterios expresados en los artículos anteriores.
          No obstante lo señalado en el párrafo anterior, cuando las medidas de internamiento sean impuestas a quien haya cumplido veintitrés años de edad o, habiendo sido impuestas, no haya finalizado su cumplimiento al alcanzar el joven dicha edad, el Juez de Menores, oído el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 51 de la presente Ley, ordenará su cumplimiento en centro penitenciario conforme al régimen ordinario previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria.

          TÍTULO III.DE LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
          CAPÍTULO I.REGLAS GENERALES
          Artículo 16. Incoación del expediente.
          1. Corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de los procedimientos por los hechos a los que se refiere el artículo 1 de esta Ley.
          2. Quienes tuvieren noticia de algún hecho de los indicados en el apartado anterior, presuntamente cometido por un menor de dieciocho años, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, el cual admitirá o no a trámite la denuncia, según que los hechos sean o no indiciariamente constitutivos de delito; custodiará las piezas, documentos y efectos que le hayan sido remitidos, y practicará, en su caso, las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho y de la responsabilidad del menor en su comisión, pudiendo resolver el archivo de las actuaciones cuando los hechos no constituyan delito o no tengan autor conocido. La resolución recaída sobre la denuncia deberá notificarse a quienes hubieran formulado la misma.
          3. Una vez efectuadas las actuaciones indicadas en el apartado anterior, el Ministerio Fiscal dará cuenta de la incoación del expediente al Juez de Menores, quien iniciará las diligencias de trámite correspondientes.
          4. El Juez de Menores abrirá al propio tiempo la pieza separada de responsabilidad civil, que se tramitará conforme a lo establecido en las reglas del artículo 64 de esta Ley.
          5. Cuando los hechos mencionados en el artículo 1 hubiesen sido cometidos conjuntamente por mayores de edad penal y por personas de las edades indicadas en el mismo artículo 1 y en el 4 de esta Ley, en sus respectivos casos, el Juez de Instrucción competente para el conocimiento de la causa, tan pronto como compruebe la edad de los imputados, adoptará las medidas necesarias para asegurar el éxito de la actividad investigadora respecto de los mayores de edad y ordenará remitir testimonio de los particulares precisos al Ministerio Fiscal, a los efectos prevenidos en el apartado 2 de este artículo.
          Artículo 17. Detención de los menores.
          1. Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que menos perjudique a éste y estarán obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a garantizar el respeto de los mismos. También deberán notificar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de la custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor detenido fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará a las correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera de España o cuando así lo solicitaran el propio menor o sus representantes legales.
          2. Toda declaración del detenido, se llevará a cabo en presencia de su letrado y de aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho-, salvo que, en este último caso, las circunstancias aconsejen lo contrario. En defecto de estos últimos la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado por persona distinta del instructor del expediente.
          3. Mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y recibirán los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales.
          4. La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. Se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia para las resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al Juez de Menores.
          5. Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento al que se refiere el artículo siguiente, o sobre la incoación del expediente, poniendo a aquel a disposición del Juez de Menores competente e instando del mismo las oportunas medidas cautelares, con arreglo a lo establecido en el artículo 28.
          6. El Juez competente para el procedimiento de hábeas corpus en relación a un menor será el Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad; si no constare, el del lugar donde se produjo la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del menor detenido.
          Cuando el procedimiento de hábeas corpus sea instado por el propio menor, la fuerza pública responsable de la detención lo notificará inmediatamente al Ministerio Fiscal, además de dar curso al procedimiento conforme a la ley orgánica reguladora.
          Artículo 18. Desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar.

          El Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas, o faltas, tipificados en el Código Penal o en las leyes penales especiales. En tal caso, el Ministerio Fiscal dará traslado de lo actuado a la entidad pública de protección de menores para la aplicación de lo establecido en el artículo 3 de la presente Ley. Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la tramitación de la correspondiente pieza de responsabilidad civil.
          No obstante, cuando conste que el menor ha cometido con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza, el Ministerio Fiscal deberá incoar el expediente y, en su caso, actuar conforme autoriza el artículo 27.4 de la presente Ley.
          Artículo 19. Sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima.
          1. También podrá el Ministerio Fiscal desistir de la continuación del expediente, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos, y a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe.
          El desistimiento en la continuación del expediente sólo será posible cuando el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o falta.
          2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá producida la conciliación cuando el menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima, y ésta acepte sus disculpas, y se entenderá por reparación el compromiso asumido por el menor con la víctima o perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aquéllos o de la comunidad, seguido de su realización efectiva. Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que hayan llegado las partes en relación al ejercicio de la acción por responsabilidad civil derivada del delito o falta, regulada en esta Ley.
          3. El correspondiente equipo técnico realizará las funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado, a los efectos indicados en los apartados anteriores, e informará al Ministerio Fiscal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento.
          4. Una vez producida la conciliación o cumplidos los compromisos de reparación asumidos con la víctima o perjudicado por el delito o falta cometido, o cuando una u otros no pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la voluntad del menor, el Ministerio Fiscal dará por concluida la instrucción y solicitará del Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, con remisión de lo actuado.
          5. En el caso de que el menor no cumpliera la reparación o la actividad educativa acordada, el Ministerio Fiscal continuará la tramitación del expediente.
          6. En los casos en los que la víctima del delito o falta fuere menor de edad o incapaz, el compromiso al que se refiere el presente artículo habrá de ser asumido por el representante legal de la misma, con la aprobación del Juez de Menores.
          Artículo 20. Unidad de expediente.
          1. El Ministerio Fiscal incoará un procedimiento por cada hecho delictivo, salvo cuando se trate de hechos delictivos conexos.
          2. Todos los procedimientos tramitados a un mismo menor o joven se archivarán en el expediente personal que del mismo se haya abierto en la Fiscalía. De igual modo se archivarán las diligencias en el Juzgado de Menores respectivo.
          3. En los casos en los que los delitos atribuidos al menor expedientado hubieran sido cometidos en diferentes territorios, la determinación del órgano judicial competente para el enjuiciamiento de todos ellos en unidad de expediente, así como de las entidades públicas competentes para la ejecución de las medidas que se apliquen, se hará teniendo en cuenta el lugar del domicilio del menor y, subsidiariamente, los criterios expresados en el artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
          Artículo 21. Remisión al órgano competente.
          Cuando el conocimiento de los hechos no corresponda a la competencia de los Juzgados de Menores, el Fiscal acordará la remisión de lo actuado al órgano legalmente competente.
          Artículo 22. De la incoación del expediente.
          1. Desde el mismo momento de la incoación del expediente, el menor tendrá derecho a:
          Ser informado por el Juez, el Ministerio Fiscal, o agente de policía de los derechos que le asisten.
          Designar abogado que le defienda, o a que le sea designado de oficio y a entrevistarse reservadamente con él, incluso antes de prestar declaración.
          Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la investigación preliminar y en el proceso judicial, y a proponer y solicitar, respectivamente, la práctica de diligencias
          Ser oído por el Juez o Tribunal antes de adoptar cualquier resolución que le concierna personalmente.
          La asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado y grado del procedimiento, con la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor, sí el Juez de Menores autoriza su presencia.
          La asistencia de los servicios del equipo técnico adscrito al Juzgado de Menores.
          2. El expediente será notificado al menor desde el momento mismo de su incoación, a salvo lo dispuesto en el artículo 24. A tal fin, el Secretario del Juzgado de Menores, una vez recibido del Ministerio Fiscal el parte de incoación del expediente, requerirá al menor y a sus representantes legales para que designen letrado en el plazo de tres días, advirtiéndoles que, de no hacerlo, aquel le será nombrado al menor de oficio de entre los integrantes del turno de especialistas del correspondiente Colegio de Abogados.
          3. Igualmente, el Ministerio Fiscal notificará a quien aparezca como perjudicado, desde el momento en que así conste en la instrucción del expediente, la posibilidad de ejercer las acciones civiles que le puedan corresponder, personándose ante el Juez de Menores en la pieza de responsabilidad civil que se tramitará por el mismo.
          Artículo 23. Actuación instructora del Ministerio Fiscal.
          1. La actuación instructora del Ministerio Fiscal tendrá como objeto, tanto valorar la participación del menor en los hechos para expresarle el reproche que merece su conducta, como proponer las concretas medidas de contenido educativo y sancionador adecuadas a las circunstancias del hecho y de su autor y, sobre todo, al interés del propio menor valorado en la causa.
          2. El Ministerio Fiscal deberá dar vista del expediente al letrado del menor, en un plazo no superior a veinticuatro horas, tantas veces como aquel lo solicite.
          3. El Ministerio Fiscal no podrá practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales, sino que habrá de solicitar del Juzgado la práctica de las que sean precisas para el buen fin de las investigaciones. El Juez de Menores resolverá sobre esta petición por auto motivado. La práctica de tales diligencias se documentará en pieza separada.
          Artículo 24. Secreto del expediente.
          El Juez de Menores, a solicitud del Ministerio Fiscal, del menor o de su familia, y mediante auto motivado, podrá decretar el secreto del expediente, en su totalidad o parcialmente, durante toda la instrucción o durante un periodo limitado de ésta. No obstante, el letrado del menor deberá, en todo caso, conocer en su integridad el expediente al evacuar el trámite de alegaciones. Este incidente se tramitará por el Juzgado en pieza separada.
          Artículo 25. Participación del perjudicado e inexistencia de acción particular y popular.
          En este procedimiento no cabe en ningún caso el ejercicio de acciones por particulares, salvo lo previsto en el artículo 61.1 de esta Ley sobre ejercicio de acciones civiles.
          No obstante lo anterior, cuando los hechos tipificados como delitos se atribuyan a personas que hayan cumplido los dieciséis años en el momento de la comisión de los hechos, con violencia o intimidación, o con grave riesgo para la vida o integridad física de las personas, el perjudicado podrá personarse en el procedimiento, tanto en la fase instructora como en la fase de audiencia, con las siguientes facultades:
          —Tener vista de lo actuado, siendo notificado de las diligencias que se soliciten y acuerden.
          —Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su comisión, salvo en lo referente a la situación psicológica, educativa, familiar y social del menor.
          —Participar en la práctica de las pruebas, ya sea en fase de instrucción, ya sea en fase de audiencia; a estos efectos el órgano actuante podrá denegar la práctica de la prueba de careo, si ésta fuera solicitada, cuando no resulte fundamental para la averiguación de los hechos o la participación del menor en los mismos.
          Contra la denegación por el Fiscal de la personación del perjudicado en fase instructora, éste podrá reiterar su petición ante el Juzgado de Menores en el plazo de cinco días, y contra la denegación de la práctica de una prueba por el Fiscal no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de volver a solicitarla en el escrito de alegaciones o en la fase de audiencia.
          Asimismo, con carácter previo a la remisión por el Fiscal del escrito de alegaciones con el expediente al Juzgado de Menores, el Ministerio Fiscal concederá al perjudicado que se hubiera personado un plazo de cinco días para que valore el conjunto de la prueba practicada y, en su caso, proponga aquellas que debieran realizarse en la fase de audiencia.
          Cuando proceda la celebración de la audiencia, el Juez invitará al perjudicado personado en la causa a que manifieste lo que tenga por conveniente sobre la práctica de nuevas pruebas, y tras ésta se le oirá en relación a los hechos probados resultantes de las mismas y a la participación del menor, sin que en ningún caso pueda realizar manifestación alguna sobre la procedencia de las medidas propuestas.
          Contra los autos y providencias de los Jueces de Menores que afecten al ejercicio de las facultades reconocidas en este artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 41.2.
          Contra la sentencia dictada por el Juez de Menores, el perjudicado podrá interponer recurso de apelación de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.1, fundamentado en la incompetencia del Juzgado, la inadecuación del procedimiento, el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio que haya producido indefensión al perjudicado o la falta de apreciación de algún elemento de prueba esencial para la calificación de los hechos, pudiendo, si fuera necesario, solicitar su práctica, igualmente en los términos prevenidos por el artículo 41.1.
          Artículo 26. Diligencias propuestas por el letrado del menor.
          1. El letrado del menor solicitará del Ministerio Fiscal la práctica de cuantas diligencias considere necesarias. El Ministerio Fiscal decidirá sobre su admisión, mediante resolución motivada que notificará al letrado y pondrá en conocimiento del Juez de Menores. Con relación a las diligencias no practicadas, el letrado podrá reproducir su petición, en cualquier momento, ante el Juzgado de Menores.
          2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el letrado proponga que se lleve a efecto la declaración del menor, el Ministerio Fiscal deberá recibirla en el expediente, salvo que ya hubiese concluido la instrucción y el expediente hubiese sido elevado al Juzgado de Menores.
          3. Si las diligencias propuestas por el letrado del menor afectaren a derechos fundamentales de éste o de otras personas, el Ministerio Fiscal, de estimar pertinente la solicitud, se dirigirá al Juez de Menores conforme a lo dispuesto en el artículo 23.3 de la presente Ley, sin perjuicio de la facultad del letrado de reproducir su solicitud ante el Juez de Menores en las condiciones establecidas en el apartado 1 de este artículo.
          Artículo 27. Informe del equipo técnico.
          1. Durante la instrucción del expediente, el Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico, que a estos efectos dependerá funcionalmente de aquel sea cual fuere su dependencia orgánica, la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, que deberá serle entregado en el plazo máximo de diez días, prorrogable por un periodo no superior a un mes en casos de gran complejidad, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en la presente Ley.
          2. El equipo técnico podrá proponer, asimismo, una intervención socio-educativa sobre el menor, poniendo de manifiesto en tal caso aquellos aspectos del mismo que considere relevantes en orden a dicha intervención.
          3. De igual modo, el equipo técnico informará, si lo considera conveniente y en interés del menor, sobre la posibilidad de que éste efectúe una actividad reparadora o de conciliación con la víctima, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley, con indicación expresa del contenido y la finalidad de la mencionada actividad. En este caso, no será preciso elaborar un informe de las características y contenidos del apartado 1 de este artículo.
          4. Asimismo podrá el equipo técnico proponer en su informe la conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del menor, por haber sido expresado suficientemente el reproche al mismo a través de los trámites ya practicados, o por considerar inadecuada para el interés del menor cualquier intervención, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos. En estos casos, si se reunieran los requisitos previstos en el artículo 19.1 de esta Ley, el Ministerio Fiscal podrá remitir el expediente al Juez con propuesta de sobreseimiento, remitiendo además, en su caso, testimonio de lo actuado a la entidad pública de protección de menores que corresponda, a los efectos de que actúe en protección del menor.
          5. En todo caso, una vez elaborado el informe del equipo técnico, el Ministerio Fiscal lo remitirá inmediatamente al Juez de Menores y dará copia del mismo al letrado del menor.
          6. El informe al que se refiere el presente artículo podrá ser elaborado o complementado por aquellas entidades públicas o privadas que trabajen en el ámbito de la educación de menores y conozcan la situación del menor expedientado.

          CAPÍTULO II.DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
           

          Artículo 28. Reglas generales.
          1. El Ministerio Fiscal, cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito o el riesgo de eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor, podrá solicitar del Juez de Menores, en cualquier momento, la adopción de medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado. Dichas medidas podrán consistir en internamiento en centro, en el régimen adecuado, libertad vigilada o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. El Juez, oído el letrado del menor, así como el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, que informarán especialmente sobre la naturaleza de la medida cautelar, resolverá sobre lo propuesto tomando en especial consideración el interés del menor. La medida cautelar adoptada podrá mantenerse hasta el momento de la celebración de la audiencia prevista en los artículos 31 y siguientes de esta Ley o durante la sustanciación de los eventuales recursos.
          2. Para la adopción de la medida cautelar de internamiento se atenderá a la gravedad de los hechos, su repercusión y la alarma social producida, valorando siempre las circunstancias personales y sociales del menor. El Juez de Menores resolverá sobre la propuesta del Ministerio Fiscal en una comparecencia a la que asistirán también el letrado del menor y el representante del equipo técnico y el de la entidad pública de protección o reforma de menores, los cuales informarán al Juez sobre la conveniencia de la adopción de la medida solicitada, desde la perspectiva del interés del menor y de su situación procesal.
          En dicha comparecencia el Ministerio Fiscal y el letrado del menor podrán proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes.
          3. El tiempo máximo de duración de la medida cautelar de internamiento será de tres meses, y podrá prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal y mediante auto motivado, por otros tres meses como máximo.
          4. Las medidas cautelares se documentarán en el Juzgado de Menores en pieza separada del expediente.
          5. El tiempo de cumplimiento de las medidas cautelares se abonará en su integridad para el cumplimiento de las medidas que se puedan imponer en la misma causa o, en su defecto, en otras causas que hayan tenido por objeto hechos anteriores a la adopción de aquéllas. El Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal y oídos el letrado del menor y el equipo técnico que informó la medida cautelar, ordenará que se tenga por ejecutada la medida impuesta en aquella parte que estime razonablemente compensada por la medida cautelar.
          Artículo 29. Medidas cautelares en los casos de exención de la responsabilidad.
          Si en el transcurso de la instrucción que realice el Ministerio Fiscal quedara suficientemente acreditado que el menor se encuentra en situación de enajenación mental o en cualquiera otra de las circunstancias previstas en los apartados 1, 2 ó 3 del artículo 20 del Código Penal vigente, se adoptarán las medidas cautelares precisas para la protección y custodia del menor conforme a los preceptos civiles aplicables, instando en su caso las actuaciones para la incapacitación del menor y la constitución de los organismos tutelares conforme a derecho, sin perjuicio todo ello de concluir la instrucción y de efectuar las alegaciones previstas en esta Ley conforme a lo que establecen sus artículos 5.2 y 9, y de solicitar, por los trámites de la misma, en su caso, alguna medida terapéutica adecuada al interés del menor de entre las previstas en esta Ley.

          CAPÍTULO III.DE LA CONCLUSIÓN DE LA INSTRUCCIÓN
           

          Artículo 30. Remisión del expediente al Juez de Menores.
          1. Acabada la instrucción, el Ministerio Fiscal resolverá la conclusión del expediente, notificándosela al letrado del menor, y remitirá al Juzgado de Menores el expediente, junto con las piezas de convicción y demás efectos que pudieran existir, con un escrito de alegaciones en el que constará la descripción de los hechos, la valoración jurídica de los mismos, el grado de participación del menor, una breve reseña de las circunstancias personales y sociales de éste, y la proposición de alguna medida de las previstas en esta Ley con exposición razonada de los fundamentos jurídicos y educativos que la aconsejen.
          2. En el mismo acto propondrá el Ministerio Fiscal la prueba de que intente valerse para la defensa de su pretensión procesal.
          3. Asimismo, podrá proponer el Ministerio Fiscal la participación en el acto de la audiencia de aquellas personas o representantes de instituciones públicas y privadas que puedan aportar al proceso elementos valorativos del interés del menor y de la conveniencia o no de las medidas solicitadas.
          4. El Ministerio Fiscal podrá también solicitar del Juez de Menores el sobreseimiento de las actuaciones por alguno de los motivos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como la remisión de los particulares necesarios a la entidad pública de protección de menores en su caso.
           

          TÍTULO IV.DE LA FASE DE AUDIENCIA
           

          Artículo 31. Apertura de la fase de audiencia.
          Recibido el escrito de alegaciones con el expediente, las piezas de convicción, los efectos y demás elementos procesales remitidos por el Ministerio Fiscal, el Juzgado de Menores los incorporará a sus diligencias, y procederá a abrir el trámite de audiencia, para lo cual dará traslado al letrado del menor del escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal y del testimonio del expediente, a fin de que en un plazo de cinco días hábiles formule a su vez escrito de alegaciones comprensivo de los mismos extremos que el escrito del Ministerio Fiscal y proponga la prueba que considere pertinente.
          Artículo 32. Sentencia de conformidad.
          Si el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal solicitara la imposición de alguna o algunas de las medidas previstas en las letras e) a m) del apartado 1 del artículo 7, y hubiere conformidad del menor y de su letrado, la cual se expresará en comparecencia ante el Juez de Menores en los términos del artículo 36, éste dictará sentencia sin más trámite imponiendo la medida solicitada.
          Artículo 33. Otras decisiones del Juez de Menores.
          En los casos no previstos en el artículo anterior, a la vista de la petición del Ministerio Fiscal y del escrito de alegaciones del letrado del menor, el Juez adoptará alguna de las siguientes decisiones:
          La celebración de la audiencia.
          El sobreseimiento, mediante auto motivado, de las actuaciones.
          El archivo por sobreseimiento de las actuaciones con remisión de particulares a la entidad pública de protección de menores correspondiente cuando así se haya solicitado por el Ministerio Fiscal.
          La remisión de las actuaciones al Juez competente, cuando el Juez de Menores considere que no le corresponde el conocimiento del asunto.
          Practicar por si las pruebas propuestas por el letrado del menor y que hubieran sido denegadas por el Fiscal durante la instrucción, conforme a lo dispuesto en el artículo 26.1 de la presente Ley, y que no puedan celebrarse en el transcurso de la audiencia, siempre que considere que son relevantes a los efectos del proceso. Una vez practicadas, dará traslado de los resultados al Ministerio Fiscal y al letrado del menor, antes de iniciar las sesiones de la audiencia.
          Contra las precedentes resoluciones cabrán los recursos previstos en esta Ley.
          Artículo 34. Pertinencia de pruebas y señalamiento de la audiencia.
          El Juez de Menores, dentro del plazo de cinco días desde la presentación del escrito de alegaciones del letrado del menor, o una vez transcurrido el plazo para la presentación sin que ésta se hubiere efectuado, acordará, en su caso, lo procedente sobre la pertinencia de las pruebas propuestas, mediante auto de apertura de la audiencia, y señalará el día y hora en que deba comenzar ésta dentro de los diez días siguientes.
          Artículo 35. Asistentes y no publicidad de la audiencia
          1. La audiencia se celebrará con asistencia del Ministerio Fiscal, del perjudicado que, en su caso, se haya personado, del letrado del menor, de un representante del equipo técnico que haya evacuado el informe previsto en el artículo 27 de esta Ley, y del propio menor, el cual podrá estar acompañado de sus representantes legales, salvo que el Juez, oídos los citados Ministerio Fiscal, letrado del menor y representante del equipo técnico, acuerde lo contrario. También podrá asistir el representante de la entidad pública de protección o reforma de menores que haya intervenido en las actuaciones de la instrucción, cuando el Juez así lo acuerde.
          2. El Juez podrá acordar, en interés de la persona imputada o de la víctima, que las sesiones no sean públicas y en ningún caso se permitirá que los medios de comunicación social obtengan o difundan imágenes del menor ni datos que permitan su identificación.
          Artículo 36. Conformidad del menor.
          1. El Juez de Menores informará al menor expedientado, en un lenguaje comprensible y adaptado a su edad, de las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, así como de los hechos y de la causa en que se funden.
          2. El Juez seguidamente preguntará al menor si se declara autor de los hechos y si está de acuerdo con la medida solicitada por el Ministerio Fiscal. Si mostrase su conformidad con ambos extremos, oído el letrado del menor, el Juez podrá dictar resolución de conformidad. Si el letrado no estuviese de acuerdo con la conformidad prestada por el propio menor, el Juez resolverá sobre la continuación o no de la audiencia, razonando esta decisión en la sentencia.
          3. Si el menor estuviere conforme con los hechos pero no con la medida solicitada, se sustanciará el trámite de la audiencia sólo en lo relativo a este último extremo, practicándose la prueba propuesta a fin de determinar la aplicación de dicha medida o su sustitución por otra más adecuada al interés del menor y que haya sido propuesta por alguna de las partes.
          Artículo 37. Celebración de la audiencia.
          1. Cuando proceda la celebración de la audiencia, el Juez invitará al Ministerio Fiscal y al letrado del menor a que manifiesten lo que tengan por conveniente sobre la práctica de nuevas pruebas o sobre la vulneración de algún derecho fundamental en la tramitación del procedimiento, o, en su caso, les pondrá de manifiesto la posibilidad de aplicar una distinta calificación o una distinta medida de las que hubieran solicitado. Seguidamente, el Juez acordará la continuación de la audiencia o la subsanación del derecho vulnerado, si así procediere. Si acordara la continuación de la audiencia, el Juez resolverá en la sentencia sobre los extremos planteados.
          2. Seguidamente se iniciará la práctica de la prueba propuesta y admitida, y la que, previa declaración de su pertinencia, ofrezcan las partes para su práctica en el acto, oyéndose asimismo al equipo técnico sobre las circunstancias del menor. A continuación, el Juez oirá al Ministerio Fiscal y al letrado del menor sobre la valoración de la prueba, su calificación jurídica y la procedencia de las medidas propuestas; sobre este último punto, se oirá también al equipo técnico. Por último, el Juez oirá al menor, dejando la causa vista para sentencia.
          3. En su caso, en este procedimiento se aplicará lo dispuesto en la legislación relativa a la protección de testigos y peritos en causas penales.
          4. Si en el transcurso de la audiencia el Juez considerara, de oficio o a solicitud de las partes, que el interés del menor aconseja que éste abandone la sala, podrá acordarlo así motivadamente, ordenando que continúen las actuaciones hasta que el menor pueda retornar a aquélla.

          TÍTULO V.DE LA SENTENCIA
           

          Artículo 38. Plazo para dictar sentencia.
          Finalizada la audiencia, el Juez de Menores dictará sentencia sobre los hechos sometidos a debate en un plazo máximo de cinco días.
          Artículo 39. Contenido y registro de la sentencia.
          1. La sentencia contendrá todos los requisitos previstos en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y en ella, valorando las pruebas practicadas, las razones expuestas por el Ministerio Fiscal y por el letrado del menor y lo manifestado en su caso por éste, tomando en consideración las circunstancias y gravedad de los hechos, así como todos los datos debatidos sobre la personalidad, situación, necesidades y entorno familiar y social del menor y la edad de éste en el momento de dictar la sentencia, resolverá sobre la medida o medidas propuestas, con indicación expresa de su contenido, duración y objetivos a alcanzar con las mismas, y será motivada, consignando expresamente los hechos que se declaren probados y los medios probatorios de los que resulte la convicción judicial. También podrá ser anticipado oralmente el fallo al término de las sesiones de la audiencia sin perjuicio de su documentación con arreglo al artículo 248.3 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial.
          2. El Juez, al redactar la sentencia, procurará expresar sus razonamientos en un lenguaje claro y comprensible para la edad del menor.
          3. Cada Juzgado de Menores llevará un registro de sentencias en el cual se extenderán y firmarán todas las definitivas.
          Artículo 40. Suspensión de la ejecución del fallo.
          1. El Juez de Menores, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, y oídos en todo caso éstos, así como el representante del equipo técnico y de la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá acordar motivadamente la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia, cuando la medida impuesta no sea superior a dos años de duración, durante un tiempo determinado y hasta un máximo de dos años. Dicha suspensión se acordará en la propia sentencia, o por auto motivado cuando aquélla sea firme, debiendo expresar, en todo caso, las condiciones de la misma.
          2. Las condiciones a las que estará sometida la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia dictada por el Juez de Menores serán las siguientes:
          No ser condenado en sentencia firme por delito cometido durante el tiempo que dure la suspensión, si ha alcanzado la mayoría de edad, o no serle aplicada medida en sentencia firme en procedimiento regulado por esta Ley durante el tiempo que dure la suspensión.
          Que el menor asuma el compromiso de mostrar una actitud y disposición de reintegrarse a la sociedad, no incurriendo en nuevas infracciones.
          Además, el Juez puede establecer la aplicación de un régimen de libertad vigilada durante el plazo de suspensión o la obligación de realizar una actividad socio-educativa, recomendada por el equipo técnico o la entidad pública de protección o reforma de menores en el precedente trámite de audiencia, incluso con compromiso de participación de los padres, tutores o guardadores del menor, expresando la naturaleza y el plazo en que aquella actividad deberá llevarse a cabo.
          3. Si las condiciones expresadas en el apartado anterior no se cumplieran, el Juez alzará la suspensión y se procederá a ejecutar la sentencia en todos sus extremos. Contra la resolución que así lo acuerde se podrán interponer los recursos previstos en esta Ley.
           

          TÍTULO VI.DEL RÉGIMEN DE RECURSOS
           

          Artículo 41. Recursos de apelación y reforma.
          1. Contra la sentencia dictada por el Juez de Menores en el procedimiento regulado en esta Ley cabe recurso de apelación ante la Sala de Menores del correspondiente Tribunal Superior de Justicia, que se interpondrá ante el Juez que dictó aquélla en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, y se resolverá previa celebración de vista pública, salvo que en interés de la persona imputada o de la víctima, el Juez acuerde que se celebre a puerta cerrada. A la vista deberán asistir las partes y, si el Tribunal lo considera oportuno, el representante del equipo técnico y el representante de la entidad pública de protección o reforma de menores que hayan intervenido en el caso concreto. El recurrente podrá solicitar de la Sala la práctica de la prueba que, propuesta y admitida en la instancia, no se hubiera celebrado, conforme a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
          2. Contra los autos y providencias de los Jueces de Menores cabe recurso de reforma ante el propio órgano, que se interpondrá en el plazo de tres días a partir de la notificación. El auto que resuelva la impugnación de la providencia será susceptible de recurso de apelación.
          3. Contra los autos que pongan fin al procedimiento o resuelvan el incidente de los artículos 14, 28, 29 y 40 de esta Ley, cabe recurso de apelación ante la Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia por los trámites que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento abreviado.
          Artículo 42. Recurso de casación para unificación de doctrina.
          1. Son recurribles en casación, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, las sentencias dictadas en apelación por las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia cuando se hubiere impuesto una de las medidas a las que se refieren las reglas 4 y 5 del artículo 9 de la presente Ley.
          2. El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en apelación por las mencionadas Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia que fueran contradictorias entre sí con las de otra u otras Salas de Menores de los referidos Tribunales Superiores, o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de hechos y valoraciones de las circunstancias del menor que, siendo sustancialmente iguales, hayan dado lugar, sin embargo, a pronunciamientos distintos.
          3. El recurso podrá prepararlo el Ministerio Fiscal o el letrado del menor que pretenda la indicada unificación de doctrina dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia de la Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia, en escrito dirigido a la misma.
          4. El escrito de interposición deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, con designación de las sentencias aludidas y de los informes en que se funde el interés del menor valorado en la sentencia.
          5. Acreditados los requisitos a los que se refiere el apartado anterior, la Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia ante quien se haya interpuesto el recurso requerirá testimonio de las sentencias citadas a los Tribunales que las dictaron, y en un plazo de diez días remitirá la documentación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, emplazando al recurrente y al Ministerio Fiscal, si no lo fuera, ante dicha Sala.
          6. Cuando la parte recurrente hubiese incumplido de modo manifiesto e insubsanable a criterio del Tribunal Supremo los requisitos establecidos para el recurso o cuando la pretensión carezca de contenido casacional, el Magistrado ponente dará cuenta a la Sala de la causa de inadmisión y aquélla acordará oír al recurrente y al Ministerio Fiscal, cuando éste no hubiera interpuesto el recurso, por plazo de tres días, dictando seguidamente auto contra el que no cabrá recurso alguno.
          7. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, constituida en forma ordinaria, convocará a la parte recurrente, y en todo caso al Ministerio Fiscal, a una vista oral, en la que oirá las alegaciones que se efectúen y podrá solicitar informe a la entidad pública de protección o reforma de menores del territorio donde ejerza su jurisdicción el Juzgado que dictó la resolución impugnada, y, en su caso, a aquella a la que corresponda la ejecución de la misma, dictando seguidamente la sentencia de casación del modo y con los efectos señalados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
          8. También, y en unificación de doctrina y por los mismos trámites, el Ministerio Fiscal podrá recurrir en casación, los autos definitivos dictados por las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia, al resolver los recursos contra las resoluciones de los Jueces de Instrucción dictadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Ley Orgánica.
           

          TÍTULO VII.DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS
          CAPÍTULO I.DISPOSICIONES GENERALES
           

          Artículo 43. Principio de legalidad.
          1. No podrá ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en esta Ley sino en virtud de sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma.
          2. Tampoco podrán ejecutarse dichas medidas en otra forma que la prescrita en esta Ley y en los reglamentos que la desarrollen.
          Artículo 44. Competencia judicial.
          1. La ejecución de las medidas previstas en esta Ley se realizará bajo el control del Juez de Menores que haya dictado la sentencia correspondiente, el cual resolverá por auto motivado, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor y la representación de la entidad pública que ejecute aquélla, sobre las incidencias que se puedan producir durante su transcurso.

          2. Para ejercer el control de la ejecución, corresponden especialmente al Juez de Menores, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, las funciones siguientes:
          Adoptar todas las decisiones que sean necesarias para proceder a la ejecución efectiva de las medidas impuestas.
          Resolver las propuestas de revisión de las medidas a que se refiere el artículo 14 de esta Ley.
          Aprobar los programas de ejecución de las medidas.
          Conocer de la evolución de los menores durante el cumplimiento de las medidas a través de los informes de seguimiento de las mismas.
          Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas para la ejecución de las medidas, conforme establece el artículo 52 de esta Ley.
          Acordar lo que proceda en relación a las peticiones o quejas que puedan plantear los menores sancionados sobre el régimen, el tratamiento o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a sus derechos fundamentales.
          Realizar regularmente visitas a los centros y entrevistas con los menores.
          Formular a la entidad pública de protección o reforma de menores correspondiente las propuestas y recomendaciones que considere oportunas en relación con la organización y el régimen de ejecución de las medidas.
          Adoptar las resoluciones que, en relación con el régimen disciplinario, les atribuye el artículo 60 de esta Ley.
          Artículo 45. Competencia administrativa.
          1. La ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo a la disposición final vigésima segunda de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Dichas entidades públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en esta Ley.
          2. La ejecución de las medidas corresponderá a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, donde se ubique el Juzgado de Menores que haya dictado la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo siguiente.
          3. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, de la Administración del Estado, Local o de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución
           

          CAPÍTULO II.REGLAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS
           

          Artículo 46. Liquidación de la medida y traslado del menor a un centro.
          1. Una vez firme la sentencia y aprobado el programa de ejecución de la medida impuesta, el Secretario del Juzgado que la hubiere dictado practicará la liquidación de dicha medida, indicando las fechas de inicio y de terminación de la misma, con abono en su caso del tiempo cumplido por las medidas cautelares impuestas al interesado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 28.5. Al propio tiempo, abrirá un expediente de ejecución en el que se harán constar las incidencias que se produzcan en el desarrollo de aquélla conforme a lo establecido en la presente Ley.
          2. De la liquidación mencionada en el apartado anterior y del testimonio de particulares que el Juez considere necesario y que deberá incluir los informes técnicos que obren en la causa, se dará traslado a la entidad pública de protección o reforma de menores competente para el cumplimiento de las medidas acordadas en la sentencia firme. También se notificará al Ministerio Fiscal el inicio de la ejecución, y al letrado del menor si así lo solicitara del Juez de Menores.
          3. Recibidos por la entidad pública el testimonio y la liquidación de la medida indicados en el apartado anterior, aquélla designará de forma inmediata un profesional que se responsabilizará de la ejecución de la medida impuesta, y, si ésta fuera de internamiento, designará el centro más adecuado para su ejecución de entre los más cercanos al domicilio del menor en los que existan plazas disponibles para la ejecución por la entidad pública competente en cada caso. El traslado a otro centro distinto de los anteriores sólo se podrá fundamentar en el interés del menor de ser alejado de su entorno familiar y social y requerirá en todo caso la aprobación del Juez de Menores que haya dictado la sentencia.
          Artículo 47. Ejecución de varias medidas.
          1. Cuando el menor estuviere sometido a varias medidas, el Juez que hubiere dictado la última sentencia firme ordenará el cumplimiento de aquéllas de manera simultánea.
          2. Cuando todas o algunas de las medidas impuestas no puedan ser cumplidas simultáneamente, se cumplirán sucesivamente, de conformidad con las reglas siguientes, salvo que el Juez disponga un orden distinto atendiendo al interés del menor:
          Las medidas de internamiento se cumplirán antes que las medidas no privativas de libertad, y, en su caso, interrumpirán las que se estuvieren ejecutando que fueran de esta última naturaleza.
          Cuando concurriere el internamiento terapéutico con otra medida, se impondrá en primer término la medida de internamiento terapéutico. El Juez suspenderá, en su caso, el inicio de la ejecución de las medidas posteriormente impuestas hasta que aquélla finalice o sea alzada, salvo que se haga uso de la facultad establecida en el artículo 14 de la presente Ley.
          En los supuestos previstos en la regla 5 del artículo 9, la medida de libertad vigilada habrá de suceder a la medida de internamiento en régimen cerrado, conforme a la dicción del mencionado precepto.
          Cuando concurran varias medidas de la misma naturaleza, se cumplirán por orden cronológico de firmeza de las respectivas sentencias.
          Cuando el joven cumpla medidas previstas por esta Ley y sea condenado a medidas o penas del Código Penal, el Juez o Tribunal ordenará el cumplimiento simultáneo de las mismas, si ello fuera posible. En caso contrario, la pena de prisión se cumplirá a continuación de la medida de internamiento que se esté ejecutando, salvo que el Juez o Tribunal sentenciador, tratándose de una condena por delitos graves y atendidas las circunstancias del joven, ordene la inmediata ejecución de la pena de prisión impuesta.
          3. El Juez, previa audiencia de las partes e informe del equipo técnico, podrá alterar el orden de cumplimiento previsto en el apartado anterior cuando así lo hiciere aconsejable el interés del menor.
          Artículo 48. Expediente personal de la persona sometida a la ejecución de una medida.
          1. La entidad pública abrirá un expediente personal único a cada menor respecto del cual tenga encomendada la ejecución de una medida, en el que se recogerán los informes relativos a aquel, las resoluciones judiciales que le afecten y el resto de la documentación generada durante la ejecución.
          2. Dicho expediente tendrá carácter reservado y solamente tendrán acceso al mismo el Defensor del Pueblo o institución análoga de la correspondiente Comunidad Autónoma, los Jueces de Menores competentes, el Ministerio Fiscal y las personas que intervengan en la ejecución y esten autorizadas por la entidad pública de acuerdo con sus normas de organización. El menor, su letrado y, en su caso, su representante legal, también tendrán acceso al expediente.
          3. La recogida, cesión y tratamiento automatizado de datos de carácter personal de las personas a las que se aplique la presente Ley, sólo podrá realizarse en ficheros informáticos de titularidad pública dependientes de las entidades públicas de protección de menores, Administraciones y Juzgados de Menores competentes o del Ministerio Fiscal, y se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Cáracter Personal, y sus normas de desarrollo.
          Artículo 49. Informes sobre la ejecución.
          1. La entidad pública remitirá al Juez de Menores y al Ministerio Fiscal, con la periodicidad que se establezca reglamentariamente en cada caso y siempre que fuese requerida para ello o la misma entidad lo considerase necesario, informes sobre la ejecución de la medida y sus incidencias, y sobre la evolución personal de los menores sometidos a las mismas. Dichos informes se remitirán también al letrado del menor si así lo solicitare a la entidad pública competente.
          2. En los indicados informes la entidad pública podrá solicitar del Ministerio Fiscal, cuando así lo estime procedente, la revisión judicial de las medidas en el sentido propugnado por el artículo 14.1 de la presente Ley.
          Artículo 50. Quebrantamiento de la ejecución.
          1. Cuando el menor quebrantare una medida privativa de libertad, se procederá a su reingreso en el mismo centro del que se hubiera evadido o en otro adecuado a sus condiciones, o, en caso de permanencia de fin de semana, en su domicilio, a fin de cumplir de manera ininterrumpida el tiempo pendiente.
          2. Si la medida quebrantada no fuere privativa de libertad, el Ministerio Fiscal podrá instar del Juez de Menores la sustitución de aquélla por otra de la misma naturaleza. Excepcionalmente, y a propuesta del Ministerio Fiscal, oídos el letrado y el representante legal del menor, así como el equipo técnico, el Juez de Menores podrá sustituir la medida por otra de internamiento en centro semiabierto, por el tiempo que reste para su cumplimiento.
          3. Asimismo, el Juez de Menores remitirá testimonio de los particulares relativos al quebrantamiento de la medida al Ministerio Fiscal, por si el hecho fuese constitutivo de alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley Orgánica y merecedora de reproche sancionador.
          Artículo 51. Sustitución de las medidas.
          1. Durante la ejecución de las medidas el Juez de Menores que las haya impuesto podrá, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor o de la Administración competente, y oídas las partes, así como el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, dejar sin efecto aquéllas o sustituirlas por otras que se estimen más adecuadas de entre las previstas en esta Ley, por tiempo igual o inferior al que reste para su cumplimiento. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior y de acuerdo con el artículo 14 de la presente Ley.
          2. La conciliación del menor con la víctima, en cualquier momento en que se produzca el acuerdo entre ambos a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley, podrá dejar sin efecto la medida impuesta cuando el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal o del letrado del menor y oídos el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, juzgue que dicho acto y el tiempo de duración de la medida ya cumplido expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos por el menor.
          3. En todos los casos anteriores, el Juez resolverá por auto motivado, contra el cual se podrán interponer los recursos previstos en la presente Ley.
          Artículo 52. Presentación de recursos.
          1. Cuando el menor pretenda interponer ante el Juez de Menores recurso contra cualquier resolución adoptada durante la ejecución de las medidas que le hayan sido impuestas, lo presentará de forma escrita ante el Juez o Director del centro de internamiento, quien lo pondrá en conocimiento de aquel dentro del siguiente día hábil.
          El menor también podrá presentar un recurso ante el Juez de forma verbal, o manifestar de forma verbal su intención de recurrir al Director del centro, quien dará traslado de esta manifestación al Juez de Menores en el plazo indicado. En este último caso, el Juez de Menores adoptará las medidas que resulten procedentes a fin de oír la alegación del menor.
          El letrado del menor también podrá interponer los recursos, en forma escrita, ante las autoridades indicadas en el párrafo primero.
          2. El Juez de Menores recabará informe del Ministerio Fiscal y resolverá el recurso en el plazo de dos días, mediante auto motivado. Contra este auto cabrá recurso de apelación ante la Sala de Menores del correspondiente Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la presente Ley.
          Artículo 53. Cumplimiento de la medida
          1. Una vez cumplida la medida, la entidad pública remitirá a los destinatarios designados en el artículo 49.1 un informe final, y el Juez de Menores dictará auto acordando lo que proceda respecto al archivo de la causa. Dicho auto será notificado al Ministerio Fiscal y al letrado del menor.
          2. El Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, podrá instar de la correspondiente entidad pública de protección o reforma de menores, una vez cumplida la medida impuesta, que se arbitren los mecanismos de protección del menor conforme a las normas del Código Civil, cuando el interés de aquel así lo requiera.
           

          CAPÍTULO III.REGLAS ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
           

          Artículo 54. Centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad.
          1. Las medidas privativas de libertad, la detención y las medidas cautelares de internamiento que se impongan de conformidad con esta Ley se ejecutarán en centros específicos para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislación penitenciaria para la ejecución de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los mayores de edad penal.
          2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las medidas de internamiento también podrán ejecutarse en centros socio-sanitarios cuando la medida impuesta así lo requiera. En todo caso se requerirá la previa autorización del Juez de Menores.
          3. Los centros estarán divididos en módulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de los menores internados y se regirán por una normativa de funcionamiento interno cuyo cumplimiento tendrá como finalidad la consecución de una convivencia ordenada, que permita la ejecución de los diferentes programas de intervención educativa y las funciones de custodia de los menores internados.
          Artículo 55. Principio de resocialización.
          1. Toda la actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de internamiento estará inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho y continúa formando parte de la sociedad.
          2. En consecuencia, la vida en el centro debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos negativos que el internamiento pueda representar para el menor o para su familia, favoreciendo los vínculos sociales, el contacto con los familiares y allegados, y la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas en el proceso de integración social, especialmente de las más próximas geográfica y culturalmente.
          3. A tal fin se fijarán reglamentariamente los permisos ordinarios y extraordinarios de los que podrá disfrutar el menor internado, a fin de mantener contactos positivos con el exterior y preparar su futura vida en libertad.
          Artículo 56. Derechos de los menores internados.
          1. Todos los menores internados tienen derecho a que se respete su propia personalidad, su libertad ideológica y religiosa y los derechos e intereses legítimos no afectados por el contenido de la condena, especialmente los inherentes a la minoría de edad civil cuando sea el caso.
          2. En consecuencia, se reconocen a los menores internados los siguientes derechos:
          Derecho a que la entidad pública de la que depende el centro vele por su vida, su integridad física y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o innecesario en la aplicación de las normas.
          Derecho del menor de edad civil a recibir una educación y formación integral en todos los ámbitos y a la protección específica que por su condición le dispensan las leyes.
          Derecho a que se preserve su dignidad y su intimidad, a ser designados por su propio nombre y a que su condición de internados sea estrictamente reservada frente a terceros.
          Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, religiosos, económicos y culturales que les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el objeto de la detención o el cumplimiento de la condena.
          Derecho a estar en el centro más cercano a su domicilio, de acuerdo a su régimen de internamiento, y a no ser trasladados fuera de su Comunidad Autónoma excepto en los casos y con los requisitos previstos en esta Ley y sus normas de desarrollo.
          Derecho a la asistencia sanitaria gratuita, a recibir la enseñanza básica obligatoria que corresponda a su edad, cualquiera que sea su situación en el centro, y a recibir una formación educativa o profesional adecuada a sus circunstancias.
          Derecho de los sentenciados a un programa de tratamiento individualizado y de todos los internados a participar en las actividades del centro.
          Derecho a comunicarse libremente con sus padres, representantes legales, familiares u otras personas, y a disfrutar de salidas y permisos, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo.
          Derecho a comunicarse reservadamente con sus letrados, con el Juez de Menores competente, con el Ministerio Fiscal y con los servicios de Inspección de centros de internamiento.
          Derecho a una formación laboral adecuada, a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la entidad pública, y a las prestaciones sociales que pudieran corresponderles, cuando alcancen la edad legalmente establecida.
          Derecho a formular peticiones y quejas a la Dirección del centro, a la entidad pública, a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo o institución análoga de su Comunidad Autónoma y a presentar todos los recursos legales que prevé esta Ley ante el Juez de Menores competente, en defensa de sus derechos e intereses legítimos.
          Derecho a recibir información personal y actualizada de sus derechos y obligaciones, de su situación personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno de los centros que los acojan, así como de los procedimientos concretos para hacer efectivos tales derechos, en especial para formular peticiones, quejas o recursos.
          Derecho a que sus representantes legales sean informados sobre su situación y evolución y sobre los derechos que a ellos les corresponden, con los únicos límites previstos en esta Ley.
          Derecho de las menores internadas a tener en su compañía a sus hijos menores de tres años, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
          Artículo 57. Deberes de los menores internados.
          Los menores internados estarán obligados a:
          Permanecer en el centro a disposición de la autoridad judicial competente hasta el momento de su puesta en libertad, sin perjuicio de las salidas y actividades autorizadas que puedan realizar en el exterior.
          Recibir la enseñanza básica obligatoria que legalmente les corresponda.
          Respetar y cumplir las normas de funcionamiento interno del centro y las directrices o instrucciones que reciban del personal de aquel en el ejercicio legítimo de sus funciones.
          Colaborar en la consecución de una actividad ordenada en el interior del centro y mantener una actitud de respeto y consideración hacia todos, dentro y fuera del centro, en especial hacia las autoridades, los trabajadores del centro y los demás menores internados.
          Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro y los medios materiales que se pongan a su disposición.
          Observar las normas higiénicas y sanitarias, y sobre vestuario y aseo personal establecidas en el centro.
          Realizar las prestaciones personales obligatorias previstas en las normas de funcionamiento interno del centro para mantener el buen orden y la limpieza del mismo.
          Participar en las actividades formativas, educativas y laborales establecidas en función de su situación personal a fin de preparar su vida en libertad.
          Artículo 58. Información y reclamaciones.
          1. Los menores recibirán, a su ingreso en el centro, información escrita sobre sus derechos y obligaciones, el régimen de internamiento en el que se encuentran, las cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o recursos. La información se les facilitará en un idioma que entiendan. A los que tengan cualquier género de dificultad para comprender el contenido de esta información se les explicará por otro medio adecuado.
          2. Todos los internados podrán formular, verbalmente o por escrito, en sobre abierto o cerrado, peticiones y quejas a la entidad pública sobre cuestiones referentes a su situación de internamiento. Dichas peticiones o quejas también podrán ser presentadas al Director del centro, el cual las atenderá si son de su competencia o las pondrá en conocimiento de la entidad pública o autoridades competentes, en caso contrario.
          Artículo 59. Medidas de vigilancia y seguridad.
          1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, inspecciones de los locales y dependencias, así como registros de personas, ropas y enseres de los menores internados.
          2. De igual modo se podrán utilizar exclusivamente los medios de contención que se establezcan reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de los menores, para impedir actos de fuga y daños en las instalaciones del centro o ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del mismo en el ejercicio legítimo de su cargo.
          Artículo 60. Régimen disciplinario.
          1. Los menores internados podrán ser corregidos disciplinariamente en los casos y de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con los principios de la Constitución, de esta Ley y del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, respetando en todo momento la dignidad de aquéllos y sin que en ningún caso se les pueda privar de sus derechos de alimentación, enseñanza obligatoria y comunicaciones y visitas, previstos en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
          2. Las faltas disciplinarias se clasificarán en muy graves, graves y leves, atendiendo a la violencia desarrollada por el sujeto, su intencionalidad, la importancia del resultado y el número de personas ofendidas.
          3. Las únicas sanciones que se podrán imponer por la comisión de faltas muy graves serán las siguientes:
          La separación del grupo por un periodo de tres a siete días en casos de evidente agresividad, violencia y alteración grave de la convivencia.
          La separación del grupo durante tres a cinco fines de semana.
          La privación de salidas de fin de semana de quince días a un mes.
          La privación de salidas de carácter recreativo por un periodo de uno a dos meses.
          4. Las únicas sanciones que se podrán imponer por la comisión de faltas graves serán las siguientes:
          Las mismas que en los cuatro supuestos del apartado anterior, con la siguiente duración: dos días, uno o dos fines de semana, uno a quince días, y un mes respectivamente.
          La privación de participar en las actividades recreativas del centro durante un periodo de siete a quince días.
          5. Las únicas sanciones que se podrán imponer por la comisión de faltas leves serán las siguientes:
          La privación de participar en todas o algunas de las actividades recreativas del centro durante un período de uno a seis días.
          La amonestación.
          6. La sanción de separación supondrá que el menor permanecerá en su habitación o en otra de análogas características a la suya, durante el horario de actividades del centro, excepto para asistir, en su caso, a la enseñanza obligatoria, recibir visitas y disponer de dos horas de tiempo al día al aire libre.
          7. Las resoluciones sancionadoras podrán ser recurridas, antes del inicio de su cumplimiento, ante el Juez de Menores. A tal fin, el menor sancionado podrá presentar el recurso por escrito o verbalmente ante el Director del establecimiento, quien, en el plazo de veinticuatro horas, remitirá dicho escrito o testimonio de la queja verbal, con sus propias alegaciones, al Juez de Menores y éste, en el término de una audiencia y oído el Ministerio Fiscal, dictará auto, confirmando, modificando o anulando la sanción impuesta, sin que contra dicho auto quepa recurso alguno. El auto, una vez notificado al establecimiento, será de ejecución inmediata. En tanto se sustancia el recurso, en el plazo de dos días, la entidad pública ejecutora de la medida podrá adoptar las decisiones precisas para restablecer el orden alterado, aplicando al sancionado lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo.
          El letrado del menor también podrá interponer los recursos a que se refiere el párrafo anterior.
           

          TÍTULO VIII.DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
           

          Artículo 61. Reglas generales.
          1. La acción para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta Ley se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por si mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
          2. Se tramitará una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados.
          3. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos.
          4. En su caso, se aplicará también lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y sus disposiciones complementarias.
          Artículo 62. Extensión de la responsabilidad civil.
          La responsabilidad civil a la que se refiere el artículo anterior se regulará, en cuanto a su extensión, por lo dispuesto en el capítulo I del Título V del Libro I del Código Penal vigente.
          Artículo 63. Responsabilidad civil de los aseguradores.
          Los aseguradores que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los menores a los que se refiere la presente Ley serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de repetición contra quien corresponda.
          Artículo 64. Reglas de procedimiento.
          Los trámites para la exigencia de la responsabilidad civil aludida en los artículos anteriores se acomodarán a las siguientes reglas:
          Tan pronto como el Juez de Menores reciba el parte de la incoación del expediente por el Ministerio Fiscal, procederá a abrir una pieza separada de responsabilidad civil, notificando a quienes aparezcan como perjudicados su derecho a ser parte en la misma, y estableciendo el plazo limite para el ejercicio de la acción.
          En la pieza de referencia podrán personarse los perjudicados que hayan recibido notificación al efecto del Juez de Menores o del Ministerio Fiscal, conforme establece el artículo 22 de la presente Ley, y también espontáneamente quienes se consideren como tales. Asimismo, podrán personarse las compañías aseguradoras que se tengan por partes interesadas, dentro del plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil. En el escrito de personación, indicarán las personas que consideren responsables de los hechos cometidos y contra las cuales pretendan reclamar, bastando con la indicación genérica de su identidad.
          El Juez de Menores notificará al menor y a sus representantes legales, en su caso, su condición de posibles responsables civiles.
          Una vez personados los presuntos perjudicados y responsables civiles, el Juez de Menores dictará auto acordando el inicio del procedimiento, en el que se senalarán las partes actoras y demandadas, según lo que se haya solicitado por los actores y se desprenda del expediente, y concederá un plazo de diez días a los demandantes para que presenten un escrito con sus pretensiones y propongan la prueba que consideren necesaria, incluida la confesión en juicio y la de testigos.
          Transcurrido dicho plazo, el Juez de Menores dará traslado del escrito a los demandados, quienes en un plazo de diez días deberán contestar a la demanda y proponer a su vez la prueba que consideren necesaria.
          El Juez, inmediatamente que tenga en su poder los escritos de unos y de otros, convocará a los demandantes y a los demandados a una vista oral en la que aquéllos y éstos, por su orden, expondrán sus pretensiones y sus alegaciones sobre todo aquello que consideren relevante al objeto del proceso. En el mismo acto se admitirán las pruebas pertinentes y se practicarán las pruebas propuestas. No podrá rechazarse la confesión en juicio o la prueba testifical por el hecho de haber sido ya practicadas en el expediente principal.
          El Juez, de oficio, mandará unir a los autos aquellos particulares del expediente del procedimiento de menores y de las actas de la audiencia que considere relevantes para su decisión.
          Una vez celebrada la audiencia en el procedimiento de menores y dictada sentencia o recaída otra resolución definitiva, el Juez dictará sentencia civil absolviendo a los demandados o declarando los responsables civiles, con el contenido indicado en el artículo 115 del vigente Código Penal.
          Contra la sentencia indicada en el apartado anterior cabrá recurso de apelación ante la Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia, que se sustanciará por los trámites de la apelación regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil que por la cuantía corresponda. Una vez firme la sentencia, podrá ser ejecutada de acuerdo con las normas del Código Penal y de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil.
          La sentencia dictada en este procedimiento no producirá fuerza de cosa juzgada, quedando a salvo el derecho de las partes para promover juicio ordinario sobre la misma cuestión, en el cual se considerarán hechos probados los hechos que el Juez de Menores haya estimado acreditados, así como la participación del menor.
          En la pieza de responsabilidad civil no se precisa letrado ni procurador, pero, si fuere solicitado, se designará letrado de oficio al presunto responsable. Los representantes legales del menor podrán ser defendidos por el letrado designado al menor en el procedimiento principal, si así se aceptare por aquél.
          DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Aplicación en la Jurisdicción Militar.
          Lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ley se aplicará a quienes hubieren cometido delitos o faltas de los que deba conocer la Jurisdicción Militar, conforme a lo que se establezca sobre el particular en las leyes penales militares.
           

          DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Aplicación de medidas en casos de riesgo para la salud.
          Cuando los Jueces de Menores aplicarán alguna de las medidas terapéuticas a las que se refieren los artículos 5.2, 7.1 y 29 de esta Ley, en caso de enfermedades transmisibles u otros riesgos para la salud de los menores o de quienes con ellos convivan, podrán encomendar a las autoridades o Servicios de Salud correspondientes su control y seguimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública.
          DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Registro de sentencias firmes dictadas en aplicación de lo dispuesto en la presente Ley.
          En el Ministerio de Justicia se llevará un Registro de sentencias firmes dictadas en aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, cuyos datos sólo podrán ser utilizados por los Jueces de Menores y por el Ministerio Fiscal a efectos de lo establecido en los artículos 6, 30 y 47 de esta Ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus disposiciones complementarias.
          DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Régimen transitorio.
          1. A los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley por los menores sujetos a la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre Reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, que se deroga, les será de aplicación la legislación vigente en el momento de su comisión. Quienes estuvieren cumpliendo una medida de las previstas en la citada Ley Orgánica 4/1992 continuarán dicho cumplimiento hasta la extinción de la responsabilidad en las condiciones previstas en dicha Ley.
          2. A la entrada en vigor de la presente Ley, cesará inmediatamente el cumplimiento de todas las medidas previstas en la Ley Orgánica 4/1992 que estuvieren cumpliendo personas menores de catorce años, extinguiéndose las correspondientes responsabilidades.
          3. A los menores de dieciocho años, juzgados con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal de 1973, en las leyes penales especiales derogadas o en la disposición derogatoria del Código Penal vigente, a quienes se hubiere impuesto una pena de dos años de prisión menor o una pena de prisión superior a dos años, que estuvieren pendientes de cumplimiento a la entrada en vigor de la presente Ley, dichas penas les serán sustituidas por alguna de las medidas previstas en esta Ley, a instancia del Ministerio Fiscal, previo informe del equipo técnico o de la correspondiente entidad pública de protección o reforma de menores. A tal efecto, se habrá de dar traslado al Ministerio Fiscal de la ejecutoria y de la liquidación provisional de las penas impuestas a los menores comprendidos en los supuestos previstos en este apartado.
          4. Si, en los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, la pena impuesta o pendiente de cumplimiento fuera de prisión inferior a dos años o de cualquiera otra naturaleza, se podrá imponer al condenado una medida de libertad vigilada simple por el tiempo que restara de cumplimiento de la condena, si el Juez de Menores, a petición del Ministerio Fiscal y oídos el letrado del menor, su representante legal, la correspondiente entidad pública de protección o reforma de menores y el propio sentenciado, lo considerara acorde con la finalidad educativa que persigue la presente Ley. En otro caso, el Juez de Menores podrá tener por cumplida la pena y extinguida la responsabilidad del sentenciado.
          5. Las decisiones del Juez de Menores a que se refieren los apartados anteriores se adoptarán en auto recurrible directamente en apelación, en el plazo de cinco días hábiles, ante la Sala de Menores del correspondiente Tribunal Superior de Justicia.
          6. En los procedimientos penales en curso a la entrada en vigor de la presente Ley, en los que haya imputadas personas por la comisión de hechos delictivos cuando aun no hayan cumplido los dieciocho años, el Juez o Tribunal competente remitirá las actuaciones practicadas al Ministerio Fiscal para que instruya el procedimiento regulado en la misma.
          Si el imputado lo fuere por hechos cometidos cuando era mayor de dieciocho años y menor de veintiuno, el Juez instructor acordará lo que proceda, según lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ley.
          DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Derecho supletorio.
          Tendrán el carácter de normas supletorias, para lo no previsto expresamente en esta Ley Orgánica, en el ámbito sustantivo, el Código Penal y las leyes penales especiales, y, en el ámbito del procedimiento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular lo dispuesto para los trámites del procedimiento abreviado regulado en el Título III del Libro IV de la misma.
          DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
          1. El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial del Estado, elevará al Parlamento un proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la creación de las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia y para la adecuación de la regulación y competencia de los Juzgados de Menores y de la composición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a lo establecido en la presente Ley.
          2. El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial del Estado, elevará al Parlamento un proyecto de Ley de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a fin de adecuar la organización del Ministerio Fiscal a lo establecido en la presente Ley.
          DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Reformas en materia de personal.
          1. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas afectadas, en el plazo de seis meses desde la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial del Estado adoptará las disposiciones oportunas para adecuar la planta de los Juzgados de Menores y las plantillas de las Carreras Judicial y Fiscal a las necesidades orgánicas que resulten de la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley.
          2. Las plazas de Jueces de Menores deberán ser servidas necesariamente por Magistrados pertenecientes a la Carrera Judicial. A la entrada en vigor de esta Ley los titulares de un Juzgado de Menores que ostenten la categoría de Juez deberán cesar en dicho cargo, quedando, en su caso, en la situación que prevé el artículo 118.2 y concordantes de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, procediéndose a cubrir tales plazas por concurso ordinario entre Magistrados.
          3. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, a través de las correspondientes Consejerías, adecuarán las plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia a las necesidades que presenten los Juzgados y las Fiscalías de Menores para la aplicación de la presente Ley, y determinarán el número de los equipos técnicos adscritos a los Juzgados y Fiscalías de Menores, su composición y la plantilla de los mismos.
          4. Asimismo, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, adecuará las plantillas de los Grupos de Menores de las Brigadas de Policía Judicial, con objeto de establecer la adscripción a las Secciones de Menores de las Fiscalías de los funcionarios necesarios a los fines propuestos por esta Ley.
          5. El Gobierno a través del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, y en el plazo de seis meses desde la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial del Estado, adoptará las disposiciones oportunas para la creación de Cuerpos de Psicólogos y Educadores y Trabajadores Sociales Forenses.
          DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Especialización de Jueces, Fiscales y abogados.
          1. El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el ámbito de sus competencias respectivas, procederán a la formación de miembros de la Carrera Judicial y Fiscal especialistas en materia de Menores con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente. Dichos especialistas tendrán preferencia para desempeñar los correspondientes cargos en las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia y en los Juzgados y Fiscalías de Menores, conforme a lo que establezcan las leyes y reglamentos.
          2. En todas las Fiscalías existirá una Sección de Menores compuesta por miembros de la Carrera Fiscal, especialistas, con las dotaciones de funcionarios administrativos que sean necesarios, según se determine reglamentariamente.
          3. El Consejo General de la Abogacía deberá adoptar las disposiciones oportunas para que en los Colegios en los que resulte necesario se impartan cursos homologados para la formación de aquellos letrados que deseen adquirir la especialización en materia de menores a fin de intervenir ante los órganos de esta Jurisdicción.
          DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Cláusula derogatoria.
          1. Se derogan: la Ley Orgánica reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, texto refundido aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948, modificada por la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio; los preceptos subsistentes del Reglamento para la ejecución de la Ley Orgánica reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948; la disposición transitoria duodécima de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; y los artículos 8.2, 9.3, la regla 1 del artículo 20, en lo que se refiere al número 2 del artículo 8, el segundo párrafo del artículo 22 y el artículo 65 del texto refundido del Código Penal, publicado por el Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre.
          2. Quedan asimismo derogadas cuantas otras normas, de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en la presente Ley.
          DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Naturaleza de la presente Ley.
          Los artículos 16, 20, 21, 23 a 27, 30 a 35, 37 a 39, 41, 42 y 61 a 64, la disposición adicional tercera y la disposición final tercera de la presente Ley Orgánica tienen naturaleza de Ley ordinaria.
          DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. Entrada en vigor y desarrollo reglamentario.
          1. La presente Ley Orgánica entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En dicha fecha entrarán también en vigor los artículos 19 y 69 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
          2. Durante el plazo mencionado en el apartado anterior, las Comunidades Autónomas con competencia respecto a la protección y reforma de menores adaptarán su normativa para la adecuada ejecución de las funciones que les otorga la presente Ley.
           

          Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
          Madrid, 12 de enero de 2000.
          – Juan Carlos R. –
          El Presidente del Gobierno,José María Aznar López.-
           

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          LEY 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

          DISPOSICIONES GENERALES

          24/12/1999

          JEFATURA DEL ESTADO JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A diferencia de la mayor parte de países europeos, en España apenas existen normas sobre animales potencialmente peligrosos, no obstante darse unas circunstancias análogas a las de aquellos países que han adoptado medidas específicas en la materia. Por ello, con el fin de garantizar adecuadamente la seguridad pública, atribuida al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1. 29.ª de la Constitución, sin perjuicio de las competencias, que, de acuerdo con sus Estatutos, tengan atribuidas las Comunidades Autónomas, en materia de protección de personas y bienes y manteniendo él orden público, se hace preciso regular las condiciones para la tenencia de animales que puedan manifestar cierta agresividad hacia las personas por una modificación de su conducta a causa del adiestramiento recibido y a las condiciones ambientales y de manejo a que son sometidos por parte de sus propietarios y criadores. De este modo, la presente Ley aborda la tenencia de animales potencialmente peligrosos, materia objeto de normas municipales fundamentalmente, cuya regulación a nivel estatal se considera conveniente debido a que la proliferación de la posesión de animales salvajes en cautividad, en domicilios o recintos privados, constituye un potencial peligro para la seguridad de personas, bienes y otros animales. Por otra parte, diversos ataques a personas, protagonizados por perros, han generado un clima de inquietud social y obligan a establecer una regulación que permita controlar y delimitar el régimen de tenencia de perros potencialmente peligrosos. Se considera que la peligrosidad canina depende tanto de factores ambientales como de factores genéticos, de la selección que se haga de ciertos individuos, independientemente de la raza o del mestizaje, y también de que sean específicamente seleccionados y adiestrados para el ataque, la pelea y para inferir daños a terceros. Así, perros de razas que de forma subjetiva se podrían catalogar como «peligrosos» son perfectamente aptos para la pacífica convivencia entre las personas y los demás animales, incluidos sus congéneres, siempre que se les hayan inculcado adecuadas pautas de comportamiento y que la selección practicada en su crianza haya tenido por objeto la minimización de su comportamiento agresivo. Partiendo de esta premisa, el concepto de perro potencialmente peligroso expresado en la presente Ley no se refiere a los que pertenecen a una raza determinada, sino a los ejemplares caninos incluidos dentro de una tipología racial concreta y que por sus características morfológicas, su agresividad y su acometida, son empleados para el ataque o la pelea, así como los animales nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros, En todo caso, y no estando estos perros inscritos en ningún libro genealógico reconocido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya que no son de raza pura sino procedentes del mestizaje indiscriminado, las características en profundidad de todos ellos serán concretadas de forma reglamentaria para que puedan ser reputados como potencialmente peligrosos. Por todo ello, con el fin de minimizar los riesgos de futuras molestias y ataques a seres humanos, y a otros congéneres u otras especies animales que en algunos casos han conllevado su muerte, se hace necesario regular el régimen de tenencia de los animales considerados potencialmente peligrosos, y limitar, asimismo, las prácticas inapropiadas de adiestramiento para la pelea, o el ataque y otras actividades dirigidas al fomento de su agresividad.

          CAPITULO I  

          Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. 1. La presente Ley tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de animales potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de personas y bienes y de otros animales. 2. La presente Ley no será de aplicación a los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad con autorización oficial. 3. La presente Ley se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en materia de especies protegidas.  

          Artículo 2. Definición. 1. Con carácter genérico, se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas. 2. También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los animales domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen, en particular, los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una tipología racial, que por su carácter agresivo tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.  

          Artículo 3. Licencia. 1. La tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente peligrosos al amparo de esta Ley requerirá la previa obtención de una licencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante, o, con previa constancia en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en el que se realiza la actividad de comercio o adiestramiento, una vez verificado el cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos: a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal. b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos. c) Certificado de aptitud psicológica. d) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por la cuantía mínima que reglamentariamente se determine. Este precepto se desarrollará reglamentariamente. 2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales serán competentes según los respectivos Estatutos de Autonomía y legislación básica de aplicación para dictar la normativa de desarrollo.  

          Artículo 4. Comercio. 1. La importación o entrada en territorio nacional de cualesquiera animales que fueren clasificados como potencialmente peligrosos al amparo de esta Ley, así como su venta o transmisión por cualquier título estarán condicionadas a que tanto el importador, vendedor o transmitente como el adquirente hayan obtenido la licencia a que se refiere el artículo anterior 2. La entrada de animales potencialmente peligrosos procedentes de la Unión Europea deberá ajustarse a lo previsto en la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en la normativa comunitaria. 3. La introducción de animales potencialmente peligrosos procedentes de terceros países habrá de efectuarse de conformidad con lo dispuesto en Tratados y Convenios internacionales que le sean de aplicación y ajustarse a lo dispuesto en la presente Ley. 4. Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de titular de animales potencialmente peligrosos requerirán el cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos: a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada. d) Inscripción de la transmisión del animal en el Registro de la autoridad competente en razón del lugar de residencia del adquirente en el plazo de quince días desde la obtención de la licencia correspondiente. 5. Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos a que se refiere la presente Ley, y se dediquen a su explotación, cría, comercialización o adiestramiento, incluidos los centros de adiestramiento, criaderos, centros de recogida, residencias, centros recreativos y establecimientos de venta deberán obtener para su funcionamiento la autorización de las autoridades competentes, así como cumplir con las obligaciones registrales previstas en el artículo 6 de esta Ley. 6. En aquellas operaciones de importación, exportación, tránsito, transporte o cualquiera de las previstas en los apartados anteriores que no cumplan los requisitos legales o reglamentaria mente establecidos, la Administración competente podrá proceder a la incautación y depósito del animal hasta la regularización de esta situación, sin perjuicio de las sanciones que pudieren recaer. 7. Cuando las operaciones descritas en los apartados anteriores se refieran a animales incluidos en las clasificaciones de especies protegidas, les será, además, de aplicación la legislación específica correspondiente.

          CAPITULO II  

          Obligaciones de los propietarios, criadores y tenedores Artículo

          5. Identificación. Los propietarios, criadores o tenedores de los animales a que se refiere la presente Ley tendrán la obligación de identificar y registrar a los mismos en la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine. En el caso de animales de la especie canina la identificación, con la debida garantía, es obligatoria sin excepciones.  

           Artículo 6. Registros. 1. En cada municipio u órgano competente existirá un Registro de Animales Potencialmente Peligrosos clasificado por especies, en el que necesariamente habrán de constar, al menos, los datos personales del tenedor, las características del animal que hagan posible su identificación y el lugar habitual de residencia del mismo, especificando si está destinado a convivir con los seres humanos o si por el contrario tiene finalidades distintas como la guarda, protección u otra que se indique. 2. Incumbe al titular de la licencia la obligación de solicitar la inscripción en el Registro a que se refiere el número anterior, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia de la Administración competente. 3. En cada Comunidad Autónoma se constituirá un Registro Central informatizado que podrá ser consultado por todas las Administraciones públicas y autoridades competentes, así como por aquellas personas físicas o jurídicas que acrediten tener interés legítimo en el conocimiento de los datos obrantes en el mismo. A estos efectos se considerará, en todo caso, interés legítimo el que ostenta cualquier persona física o jurídica que desee adquirir un animal de estas características. 4. Cualesquiera incidentes producidos por animales potencialmente peligrosos a lo largo de su vida, conocidos por las autoridades administrativas o judiciales, se harán constar en la hoja registral de cada animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente. 5. Deberá comunicarse al Registro municipal la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal, haciéndose constar en su correspondiente hoja registral. 6. El traslado de un animal potencialmente peligroso de una Comunidad Autónoma a otra, sea con carácter permanente o por período superior a tres meses, obligará a su propietario a efectuar las inscripciones oportunas en los correspondientes Registros municipales. En todo caso el uso y tratamiento de los datos contenidos en el Registro será acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre. 7. En las hojas registrales de cada animal se hará constar igualmente el certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso. 8. Las autoridades responsables del Registro notificarán de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes, cualquier incidencia que conste en el Registro para su valoración y, en su caso, adopción de medidas cautelares o preventivas. 9. El incumplimiento por el titular del animal de lo preceptuado en este artículo será objeto de la correspondiente sanción administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la presente Ley.  

          Artículo 7. Adiestramiento. 1. Queda prohibido el adiestramiento de animales dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su agresividad para las peleas, y ataque en contra de lo dispuesto en esta Ley. 2. El adiestramiento para guarda y defensa deberá efectuarse por adiestradores que estén en posesión de un certificado de capacitación expedido u homologado por la autoridad administrativa competente. 3. Los adiestradores en posesión del certificado de capacitación deberán comunicar trimestralmente al Registro Central informatizado la relación nominal de clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso, con determinación de la identificación de éste, debiendo anotarse esta circunstancia en el Registro, en la hoja registral correspondiente al animal e indicando el tipo de adiestramiento recibido. 4. El certificado de capacitación será otorgado por las Administraciones autonómicas, teniendo en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: a) Antecedentes y experiencia acreditada. b) Finalidad de la tenencia de estos animales. c) Disponibilidad de instalaciones y alojamientos adecuados desde el punto de vista higiénico-sanitario, de protección animal y de seguridad ciudadana. d) Capacitación adecuada de los adiestradores en consideración a los requisitos o titulaciones que se puedan establecer oficialmente. e) Ser mayor de edad y no estar incapacitado. f) Falta de antecedentes penales por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad, o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos. g) Certificado de aptitud psicológica. h) Compromiso de cumplimiento de normas de manejo y de comunicación de datos.  

          Artículo 8. Esterilización. 1. La esterilización de los animales a que se refiere la presente Ley podrá ser efectuada de forma voluntaria a petición del titular o tenedor del animal o, en su caso, obligatoriamente por mandato o resolución de las autoridades administrativas o autoridades judiciales, y deberá ser, en todo caso, inscrita en la correspondiente hoja registral del animal. 2. En los casos de transmisión de la titularidad, el transmitente de los animales deberá suministrar, en su caso, al comprador o receptor de los mismos la certificación veterinaria de que los animales han sido esterilizados. 3. El certificado de esterilización deberá acreditar que dicha operación ha sido efectuada bajo supervisión veterinaria, con anestesia previa y con las debidas garantías de que no se causó dolor o sufrimiento innecesario al animal.  

          Artículo 9. Obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico-sanitarias. 1. Los propietarios, criadores o tenedores deberán mantener a los animales que se hallen bajo su custodia en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie o raza del animal. 2. Los propietarios, criadores o tenedores de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente, de manera que garanticen la óptima convivencia de estos animales con los seres humanos y se eviten molestias a la población.  

          Artículo 10. Transporte de anímales peligrosos. El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte y espera de carga y descarga.  

          Artículo 11. Excepciones. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrán establecerse excepciones al cumplimiento de determinadas obligaciones de los propietarios en casos de: a) Organismos públicos o privados que utilicen estos animales con una función social. b) Explotaciones agrarias que utilicen perros de guardia, defensa y manejo de ganado, así como actividades de carácter cinegético, sin que los mismos puedan dedicarse, en ningún caso, a las actividades ¡lícitas contempladas en la presente Ley. c) Pruebas de trabajo y deportivas con fines a la selección de los ejemplares que participan en las mismas y que están autorizadas y supervisadas por la autoridad competente, con exclusión de los ejercicios para peleas y ataque, según lo dispuesto en esta Ley.  

          Artículo 12. Clubes de razas y asociaciones de criadores. 1. Los clubes de razas y asociaciones de criadores oficialmente reconocidas para llevar los libros genealógicos deberán exigir, en el marco de sus reglamentos, las pruebas de socialización correspondientes a cada raza, con el fin de que solamente se admitan para la reproducción aquellos animales que superen esas pruebas satisfactoriamente, en el sentido de no manifestar agresividad y, por el contrario, demostrar unas cualidades adecuadas para su óptima convivencia en la sociedad. 2. En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes agresivas o peligrosas. Quedará constancia de estas incidencias en los registros de los clubes y asociaciones correspondientes y para los perros potencialmente peligrosos deberán comunicarse a los registros a que se refiere el artículo 6 de la presente Ley por parte de las entidades organizadoras.

          CAPITULO III  

          Infracciones y sanciones Artículo 13. Infracciones y sanciones. 1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:

          a) Abandonar un animal potencialmente peligroso de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por animal abandonado, tanto aquél que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna.

          b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.

          c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.

          d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.

          e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.

          f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales. 2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:

          a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.

          b) Incumplir la obligación de identificar el animal.

          c) Omitir la inscripción en el Registro.

          d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.

          e) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley.

          f) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa. 3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador. 4. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Ley, no comprendidas en los números 1 y 2 de este artículo. 5. Las infracciones tipificadas en los anteriores números 1, 2 y 3 serán sancionadas con las siguientes multas: – Infracciones leves, desde 25.000 hasta 50.000 pesetas. – Infracciones graves, desde 50.001 hasta 400.000 pesetas. – Infracciones muy graves, desde 400.001 hasta 2.500.000 pesetas. 6. Las cuantías previstas en el apartado anterior podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno. 7. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos de las Comunidades Autónomas y municipales competentes en cada caso. 8. Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión hubieren participado en la comisión de las mismas, al propietario o tenedor de los animales o, en su caso, al titular del establecimiento, local o medio de transporte en que se produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al encargado del transporte. 9: La responsabilidad de naturaleza administrativa, prevista en este artículo, se entiende sin perjuicio de la exigible en las vías penal y civil. 10. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente. 

            Disposición adicional primera.

          Obligaciones específicas referentes a los perros. Para la presencia y circulación en espacios públicos de los perros potencialmente peligrosos, será obligatoria la utilización de correa o cadena de menos de dos metros de longitud, así como un bozal homologado y adecuado para su raza.  

          Disposición adicional segunda.

          Certificado de capacitación de adiestrador. Las Comunidades Autónomas determinarán, en el plazo de seis meses, las pruebas, cursos o acreditación de experiencia necesarios para la obtención del certificado de capacitación de adiestrador.  

           Disposición adicional tercera.

          Ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de las normas autonómicas y municipales que sean de aplicación. 

            Disposición transitoria única.

          Registro municipal. Los municipios, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, deberán tener constituido el Registro municipal correspondiente y determinar la forma en que los actuales tenedores de perros potencialmente peligrosos deberán cumplir la obligación de inscripción en el Registro municipal y el mecanismo de comunicación de altas, bajas e incidencias a los Registros Centrales informatizados de cada Comunidad Autónoma.  

          Disposición final primera.

          Título competencial. Los artículos 4 y 9.1 de la presente Ley tienen carácter básico, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases y coordinación general de la sanidad. Los restantes artículos se dictan con el fin de garantizar adecuadamente la seguridad pública atribuida al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, sin perjuicio de las competencias que, de acuerdo con sus Estatutos, tengan atribuidas las Comunidades Autónomas, en materia de protección de personas y bienes y mantenimiento del orden público.  

          Disposición final segunda.

          Habilitación. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.  

          Disposición final tercera.

          Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

           

          Madrid, 23 de diciembre de 1999.

          JUAN CARLOS R.

           

            El Presidente del Gobierno,

          JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ