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LEY 5/1964, DE 29 DE ABRIL, SOBRE CONDECORACIONES POLICIALES

11 marzo 2008 1 comentario

Articulo primero.- Las recompensas enumeradas en el articulo tercero del Decreto de dieciocho de junio de mil novecientos cuarenta y tres, pertenecientes a, la Orden del Mérito Policial, quedan establecidas del siguiente modo: Medalla de Oro, Medalla de Plata y Cruz con distintivo rojo o con distintivo blanco.

Articulo segundo.- La Medalla al Mérito Policial, en cualquiera de sus clases, se concederá por orden del  Ministro de la Gobernación, a propuesta del Director General de Seguridad oída la Junta de Seguridad y Previo expediente sumario que se instruirá por dicha Dirección General.

La Cruz al Mérito Policial, cualquiera que sea su distintivo, será concedida por Orden del Ministro de la Gobernación, a propuesta del Director General de Seguridad quien deberá oír previamente a la Junta de Seguridad.

En la actualidad la referencia al Ministro de la Gobernación deben de entenderse al Ministro del Interior. Y a lo referente a la Dirección General de Seguridad, a la Secretaría de Estado de Seguridad.

(…)

Articulo cuarto.- Podrán ser recompensados con estas condecoraciones los miembros y funcionarios de los Cuerpos que integran la Policía Gubernativa, cualquiera que sea su categoría, así como aquellos otros componentes de los restantes Cuerpos y Unidades integrados en las Fuerzas de Seguridad del Estado que aparecen enumerados en el articulo cuarto de la vigente Ley de Orden Público, cuando se estime que reúnen alguna de las circunstancias exigidas para su concesión; y, excepcionalmente, las personas ajenas a dichas Corporaciones, cuando se hagan acreedoras a ello por su decisiva colaboración con aquellos funcionarios, practiquen actos de relevante importancia en defensa del orden, de las personas o de la propiedad, o así resulte aconsejable por otros importantes motivos.

                           (§1.5) Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                

Artículo quinto.- Para conceder la Medalla de Oro o de Plata al Mérito Policial, según los casos, será preciso que concurra en los interesados alguna de las condiciones siguientes:

a)   Resultar muerto en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor; ni por imprudencia, impericia o accidente.

b)    Resultar con mutilaciones o heridas graves de las que quedaren deformidad o inutilidad importante y permanente, concurriendo las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.

o)   Dirigir o realizar algún servicio de trascendental importancia, que redunde en prestigio de la Corporación, poniendo de manifiesto excepcionales cualidades de patriotismo, lealtad o abnegación.

d)   Tener una actuación ejemplar y extraordinaria, destacando por su valor, capacidad o eficacia reitera­da en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la Corporación.

e)    Realizar, en general, hechos análogos a los expuestos que, sin ajustarse plenamente a las exigencias anteriores merezcan esta recompensa por implicar méritos de carácter extraordinario.

Articulo sexto.- Para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, será necesario que concurra en los interesados cualquiera de las condiciones siguientes:

 

a)   Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor, ni por imprudencia o impericia o accidente.

b)   Participar en tres o más servicios, en los que, mediando agresión de armas, concurran las circunstancias del apartado anterior, aunque no resultara herido el funcionario.

c)    Realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio.

d)   Observar una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la; Medalla al Mérito Policial, merezca especial recompensa, en consideración a hechos distinguidos  y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal.

Artículo séptimo.- Para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, será necesario que concurra en los interesados cualquiera de las condiciones siguientes:

 

a)   Realizar cualquier hecho que evidencie un alto sentido del patriotismo o de la lealtad, con prestigio para  la Corporación o utilidad para el servicio.

b)    Sobresalir en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, o realizar destacados trabajos o estudios profesionales o científicos que redunden en prestigio de la Corporación  o utilidad para el servicio.

o) Realizar de cualquier modo no previsto actos distinguidos de análoga naturaleza que redunden en prestigio de la Corporación o utilidad para el servicio.

Articulo octavo.- Cuando las citadas condecoraciones se otorguen a funcionarios dependientes de los Cuerpos y Organismos señalados en el artículo cuarto de la presente disposición y cuyos haberes aparezcan consignados en los Presupuestos Generales del Estado, llevarán siempre anejas las pensiones que se indican, proporcionales al sueldo del empleo que disfrute el funcionario en el momento de su concesión, o del que vaya alcanzando en lo sucesivo:

 

Medalla de Oro: Veinte por ciento.

Medalla de Plata: Quince por ciento.

Cruz con distintivo rojo: Diez por ciento.

La Cruz con distintivo blanco no llevará aneja pensión.

En ningún momento se tomará como base para regular dichos porcentajes sueldo inferior al asignado para la categoría de Sargento primero del Cuerpo de Policía Armada cuando los condecorados pertenezcan a este último Cuerpo o al de la Guardia Civil; tampoco dicha base podrá ser inferior al sueldo señalado a la categoría de Auxiliar Mayor de tercera clase, cuando se trate de funcionarios del Cuerpo Auxiliar Femenino de Oficinas de la Dirección General de Seguridad.

(§24.4) Real Decreto 1691/1995, por el que se adecuan las cuantías de las pensiones anejas a las medallas y cruces de la Oren del Mérito Policial       

(…)

Artículo noveno.- Los beneficios señalados en el articulo anterior tendrán carácter vitalicio y serán acumulables para el caso de concederse dos o más condecoraciones de las establecidas en la presente disposición.

En el caso de que dichas recompensas se concedan a funcionarios muertos en acto de servicio o a consecuencia del mismo, se aplicará lo dispuesto en el articulo segundo de la Ley de quince de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco. Cuando la persona muerta en estas circunstancias no tenga la consideración de funcionario también le será de aplicación lo dispuesto para éstos.

Articulo diez.-Todos los funcionarios que tengan concedida con anterioridad alguna de las Medallas al Mérito Policial, incluso en situación de jubilados, o sus causahabientes que hayan sido declarados con de­recho a pensión en virtud del artículo segundo de la Ley de quince de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, comenzarán a devengar los beneficios económicos en la cuantía que se establece en la presente disposición, a partir de la entrada en vigor de la misma.

Caso de tratarse de jubilados, los porcentajes establecidos en el artículo octavo habrán de aplicarse al sueldo correspondiente a la máxima categoría alcanzada por el interesado en servicio activo.

Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Policía Municipal y del Servicio de Extinción de Incendios


I . OBJETO
art. 1º .- 1  De conformidad con lo dispuesto en los arts.334 de la Ley de Régimen Local, 94 del Reglamento de Funcionarios de la Admón. Local, y 303 del Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corporaciones locales, se crea una condecoración denominada medalla de honor que tendrá por objeto recompensar a los miembros de la Policía municipal y auxiliares de la misma, así como de los del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos que se distingan ostensiblemente en el cumplimiento de sus deberes, tanto por el sacrificio padecido con ocasión del desempeño de su cargo o empleo, como por sus relevantes y continuadas actuaciones al servicio de la ciudad.              2  La concesión de la expresada medalla se ajustará a lo dispuesto en este Reglamento.II. – CLASES Y CATEGORÍASart. 2º .- 1  La medalla de honor será de las dos clases siguientes:                  A) Al sufrimiento, y
                  B) Al mérito.
             2  Cada una de las clases de medalla tendrá las siguientes categorías:Primera : de oro
Segunda: de plata
Tercera: de bronce.
art. 3º.- 1.- La medalla de honor al sufrimiento se concederá a quienes, en acto de servicio, sufran cualquier accidente, mutilación o enfermedad grave, siempre que no provenga de negligencia o imprudencia que les sea imputable.             2.- Su otorgamiento se ajustará a la siguiente gradación:             a) categoría de oro a los que habiendo puesto en peligro su vida, mueran o queden incapacitados permanentemente para el servicio.
             b) categoría de plata a quienes en la misma circunstancia queden incapacitados temporalmente para el servicio.
            c) categoría de bronce, para los que padezcan las molestias de un tratamiento clínico y sufran una merma de su integridad corporal no comprendida en los supuestos anteriores.
art. 4º.- 1.- La medalla de honor al mérito en el servicio podrá otorgarse a aquellos que en sus tareas profesionales hayan prestado relevantes servicios de contrastada eficacia.            2.- Su concesión en las diversas categorías se ajustará a lo siguiente:            a) Categoría de oro a quienes se hayan distinguido de modo extraordinario por su alto grado de eficiencia en la práctica del servicio o en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo o destino.
            b) Categoría de plata a los que hayan realizado actos de mérito sobresaliente o hayan prestado servicios durante 35 años sin interrupción ni nota desfavorable en su expediente personal.
           c) Categoría de bronce para quienes acrediten cualquier otro hecho de trascendencia pública o importancia práctica para los fines propios del servicio o hayan prestado éste durante 25 años sin interrupción ni nota desfavorable en su expediente personal.
art. 5º.- 1.- La concesión de cualquier clase de medalla con la categoría de oro o de plata llevará anexa la concesión de un premio en metálico equivalente a un diez por ciento de los devengos anuales del condecorado, con carácter permanente y vitalicio para las de oro y por una sola vez para las de plata, cuyos respectivos importes se satisfarán con cargo al presupuesto ordinario de la Corporación municipal.            2.- Las viudas de los condecorados con medalla de oro percibirán, con cargo del Ayuntamiento, un suplemento de su pensión de viudedad, equivalente al diez por ciento de su importe.           3.- Las medallas de oro concedidas a título póstumo, implicarán la preferencia en la concesión de las becas municipales para estudios o perfeccionamiento de oficio a los hijos menores de edad, legítimos, naturales o adoptivos del condecorado extinto.          4.-Cualquier clase de medalla de honor que se conceda será anotada en el expediente personal del condecorado y se le considerará como un mérito especial para los concursos u oposiciones que convoque la Corporación municipal, a los solos efectos de atribuirle la mayor antigüedad dentro de su categoría sobre los no condecorados.III – MODELOart. 6º.- 1. Las medallas de honor serán acuñadas de acuerdo con el diseño y emblema detallados a continuación.             2. Su forma será redonda y medirá 3 centímetros y medio de diámetro y tendrá 2 milímetros de grosor.            3. En su anverso ostentará un diseño de relieve consistente en el escudo de la Ciudad de Barcelona y al pie del mismo una inscripción que diga: “Honor al sufrimiento” o bien “Honor al mérito”.            4. En el reverso habrá el escudo oficial completo de España, orlado con la inscripción correspondiente a la clase de medalla otorgada.art.7º.- 1. Toda medalla irá sujeta a una cinta de moaré encarnado para las de “Honor al sufrimiento”, y azul para las de “Honor al mérito”.           2. El ancho total de las respectivas cintas será de 3’5 centímetros y su altura, incluída la parte recogida por ambos lados de su borde inferior, será de 5 centímetros.           3. El pasador que sujetará a la cinta por su borde superior, será de una aleación metálica apropiada y su color estará de acuerdo con su respectiva categoría.IV – EXPEDIENTESart 8º.- 1. La concesión de las medallas requerirá propuesta razonada del Jefe del respectivo Cuerpo e instrucción de expediente, en el que justifiquen los méritos contraídos a tenor de este Reglamento.           2. Dicho expediente se incoará por disposición de la Alcaldía que al propio tiempo designará a un Teniente de Alcalde para que actúe de Instructor, y será sometido a información pública.V – CONCESIÓNart.º 9.- 1. Las medallas de honor en todas sus características y clases serán otorgadas por el Consejo pleno a propuesta de la Comisión municipal ejecutiva a la vista del expediente tramitado.            2. Las medallas de honor podrán otorgarse a título póstumo.           3. En el supuesto de muerte ocurrida notoriamente en las circunstancias previstas en el art.º 3 nº 1 y 2 a) podrá otorgarse provisionalmente la medalla de honor al sufrimiento en su categoría de oro, mediante Decreto de Alcaldía, sin perjuicio de la ulterior instrucción del correspondiente expediente y posterior acuerdo confirmatorio del Consejo pleno.VI – IMPOSICIÓNart.º 10.- El acto de imposición de las condecoraciones deberá realizarse con el debido relieve público y social, preferentemente en el día de la festividad del cuerpo respectivo.VII – DEBERES Y DERECHOSart.º 11.- 1. Aparte de la medalla propiamente dicha que podrán exhibir en actos oficiales o solemnes, los condecorados, en cualquier otra clase de acto, si vistieran de paisano, podrán ostentar en la solapa una roseta con el color de la cinta correspondiente a su respectiva condecoración, orlada con un fleco de oro, plata o bronce según la clase de medalla que se le haya otorgado.              2. Cuando vistieran uniforme, los galardonados tendrán derecho a ostentar un distintivo formado por una tirilla de 5 por treinta milímetros de color dorado, plateado o de bronce, conforme le corresponde a la categoría de su condecoración, cuya tirilla se colocará horizontalmente sobre el pecho y a unos 15 centímetros del hombre.             3. A todos los condecorados con medalla de honor se les entregará asimismo un diploma en el que conste el correspondiente acuerdo de concesión, firmado por el Alcalde.VII – REGISTROart.º 12.- La Secretaría General de esta Corporación municipal llevará un registro de las medallas concedidas con su numeración correlativa.IX – EXONERACIÓNart.º 13 .- En el caso de que algún condecorado con la medalla de honor cometiese algún acto contrario al honor o a la dignidad individual o social, se le exonerará de su respectiva condecoración previo expediente incoado de oficio o a instancia de parte, en el que tendrá audiencia el interesado y será informado por la Comisión municipal ejecutiva. El acuerdo definitivo deberá adoptarlo el Consejo pleno disponiendo la supresión de su nombre en el libro-registro a que se refiere el artículo anterior.X – DISPOSICIÓN ADICIONAL              Las medallas previstas en este Reglamento podrán otorgarse a título meramente honorífico y sin compensaciones económicas a quienes sin pertenecer a los Cuerpos a que el mismo se refiere, se hayan distinguido notablemente por su actuación en favor de dichos Cuerpos o del progreso y mejoramiento de los servicios a ellos encomendadosXI – DISPOSICIONES FINALES             1ª. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a los expedientes que se incoen a partir de la vigencia del mismo, aun cuando los hechos que los motiven sean anteriores.            2ª. Las condecoraciones otorgadas con anterioridad a dicha vigencia se regirán por los reglamentos y acuerdos municipales con arreglo a los cuales fueron concedidas.XII – DISPOSICIÓN DEROGATORIA            Sin perjuicio de lo establecido en la disposición final 2ª, quedan derogadas las disposiciones municipales adoptadas con anterioridad para regular la concesión de honores y recompensas de los miembros de la Policía municipal y de los Cuerpos de Bomberos, de Serenos y de Vigilantes.

Disparos contra dos agentes constituyen un único delido de atentado

Tribunal Supremo – Sala Segunda

En la Villa de Madrid, a veintiuno de enero de dos mil dos.

En el recurso de casación por Infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por la representación de Osmon, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décima, por delito de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la Vista y Fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Mota Torres.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Gavá, instruyó Sumario núm. 3/97, contra Osmon, por delito de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décima, que con fecha 12 de julio de 1999 dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:

“Se declara probado que el procesado Osman, mayor de edad y sin antecedentes penales en España, de nacionalidad Bosnia, sobre las 5.30 has de la madrugada del día 15 de febrero de 1997 se encontraba en la “Discoteca P.”, sita en el Paseo G., de la localidad de Castelldefels. En un momento determinado, cuando se encontraba en las proximidades de la puerta de acceso, entre gritos e imprecaciones, sacó de entre sus ropas una pistola de marca R., modelo …, con número de serie …7, en perfecto estado de conservación y funcionamiento, y esgrimiéndola siguió con sus gritos y genéricas amenazas de matar a todo el mundo. El encargado de la discoteca, Vicenzo se acercó para tranquilizarlo, momento en que el acusado le dirigió el arma hacia él, haciendo instantes después la operación de montarla, momento en que Vicenzo salió huyendo al exterior del establecimiento.- El acusado también salió y allí se encontró cuatro agentes de Policía Nacional, con números identificativos …89, …92, …08 y …10, que en aquellos tiempos se encontraban en prácticas, que vistiendo con ropas civiles se identificaron verbalmente y exhibiendo sus respectivos carnets profesionales. El acusado hizo caso omiso y huyó caminando, haciendo antes varios disparos al aire y adentrándose en las calles adyacentes.- Los cuatro agentes, acompañados por el empleado de la discoteca, iniciaron su persecución dando continuas voces de “alto policía”. El acusado corría, se paraba y apuntaba al grupo, llegando a realizar dos disparos en la dirección de los agentes …08 y …92, obligando a que todos ellos se lanzaran al suelo y protegieran tras unos automóviles. Siguiendo la persecución, el grupo se dividió para tratar de interceptar al acusado, y en esa circunstancia, el agente núm. …89 se aproximó hasta unos 10 m de distancia, diciendo que era policía y que dejara el arma, sin que el acusado atendiera la orden y sí, por contra, efectuara un disparo en dirección hacia él. Finalmente, el agente núm. …10, logró acercarse sin ser visto y abalanzándose inició un fuerte forcejeo, en cuyo transcurso el acusado disparó su arma, sin que conste que lo realizara de manera voluntaria. Ya reducido, pudo comprobarse que el acusado, además del arma señalada, portaba otro cargados con seis cartuchos tipo Lugen 9 mm, apto para utilizar en ella y disparar”. (sic)

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

“Fallamos: Que debemos absolver y absolvemos a Osmon, de los cuatro delitos de homicidio intentado de los que era acusado, así como de uno de los delitos de atentado del que también se le acusaba.- Y debemos condenar y condenamos a Osmon como autor criminalmente responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, precedentemente definido, sin la concurrencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de dieciocho meses de prisión; y como autor criminalmente responsable de dos delitos de atentado, precedentemente definido, concurriendo la atenuante señalada, a la pena de dos años de prisión por cada uno de ellos, imponiendo igualmente tres octavos de las costas del juicio.- Se decreta igualmente el comiso del arma y proyectiles intervenidos, a los que se dará destino legal.- Para el cumplimiento de la pena declaramos de abono todo el tiempo que haya estado privado de libertad por esta causa, siempre que no se hubiere computado en otra”. (sic)

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por la representación de Osmon, que se tuvo por anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación del recurrente, formalizó el recurso, alegando los siguientes motivos de casación:

Primero: Se instrumenta por la vía del art. 849.1 de la LECriminal, invocándose la indebida aplicación de los arts. 550 y 551 del Código Penal.

Segundo: Por la misma vía se invoca infracción del art. 556 del Código Penal, por inaplicación, al haberse cometido a lo sumo por el acusado un delito de resistencia.

Tercero: Por la vía del art. 849.2 de la LECriminal, se invoca error en la apreciación de la prueba, invocándose como referencia documental los informes médico-forenses de los folios 16, 31, 191 y 192 en el que se describe una situación de drogadicción con dependencia a la heroína, así como hallarse el acusado en tratamiento de deshabituación a opiáceos con metadona.

QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, lo impugnó; la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera.

SEXTO.- Hecho el señalamiento para Vista, se celebró la votación el día 17 de enero de 2002.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Osmon, como autor de un delito de tenencia ilícita de armas y de dos delitos de atentado a agente de la autoridad a las penas y demás pronunciamientos contenidos en el fallo.

Contra dicha sentencia se ha formalizado recurso de casación a través de tres motivos, por el condenado.

El primer motivo, por la Infracción de Ley del núm. 1 del art. 849 denuncia como de indebida aplicación los artículos 550 y 551 del C.P.

Se sostiene por el recurrente que no existen los dos delitos de atentado porque el recurrente se limitó a disparar al aire la pistola que portaba, sin intentar agredir ni disparar contra los policías en prácticas que le perseguían.

El motivo no respeta los hechos probados que constituyen el presupuesto del motivo, no obstante el motivo prosperará parcialmente por otras razones. En dichos hechos se narra que el recurrente, a consecuencia del altercado que provocó en la discoteca con exhibición de una pistola, salió de allí, encontrándose con cuatro agente de policía en prácticas, de paisano, que se identificaron verbalmente y con exhibición de sus carnets y sin detenerse, huyó, siendo perseguido por los agentes. En esta situación efectuó diversos disparos al aire, y tras dividirse los agentes en dos grupos en un momento dado el recurrente efectuó dos disparos en dirección a los agentes …08 y …92 obligando a que se lanzaran al suelo y se protegieran tras unos automóviles.

Es en concreto en esta acción donde la sentencia encuentra los dos delitos de atentado por los que condenaron al recurrente. Es evidente que tal acción constituye a no dudarlo no ya una grave intimidación, sino un acometimiento a dos agentes públicos, por concurrir todos los elementos que integran el delito.

a) La acción del sujeto activo en cualquiera de las manifestaciones descritas en el art. 550.

b) La condición de autoridad o agentes de la misma.

c) El elemento subjetivo del injusto constituido por el deseo de menospreciar y vulnerar la función pública que el agente encarna y representa; en el presente caso los agentes tenían la obligación de intervenir aunque estuviesen francos de servicio, e incluso fueran funcionarios en prácticas porque conforme al art. 5.4 de la L.O. 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se consideran en servicio permanente y en cualquier momento pueden y deben actuar en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana -SSTS de 30 de mayo de 1983 y 2 de julio de 1984-.

Precisamente, el núcleo del delito de atentado está constituido por el ataque a esa función pública que encarna el sujeto pasivo y cuyo respeto es necesario para la convivencia en una sociedad democrática, por eso el delito de atentado responde a la naturaleza de los delitos de pura actividad, que se perfeccionan con el simple ataque en cualquiera de las cuatro formas previstas en el tipo, aunque este no llegue a consumarse en la persona de los agentes atacados -SSTS de 11 de octubre de 1984, 30 de abril de 1987 y 16 de noviembre de 1987-. En concreto, existe consolidada doctrina de esta Sala, que estima consumado el delito en el hecho de apuntar a un agente con un arma cargada, obligándole a tirarse al suelo ante la eventualidad del disparo -SSTS de 29 de noviembre de 1989 y 10 de julio de 1995-. En el presente caso, se produjeron dos disparos dirigidos a los dos agentes por lo que puede afirmarse fundadamente que el ataque revistió la forma de acometimiento.

Consecuencia de la naturaleza del bien jurídico protegido, es que la realidad de una actividad agresiva frente a varios agentes o funcionarios públicos, no da vida a tantos atentados cuantos agentes existan, sino sólo a una sola infracción, porque el bien jurídico es uno y único, aunque sean varios los agentes; cuestión distinta es que la realidad de múltiples agresiones den vida a otro delito -contra la integridad física-, en concurso ideal con el delito de atentado, y en esta situación en virtud de la propia substantividad del ataque causado, puedan existir y existan tantos delitos de lesiones u homicidios como víctimas, unidos, como ya se ha dicho, en concurso ideal con un único delito de atentado -SSTS 650/93 de 22 de marzo, 1437/2000 de 25 de septiembre-.

Una aplicación de la doctrina expuesta a los hechos probados, lleva a declarar que la acción del recurrente de disparar con su pistola a los dos agentes que le seguían, a una distancia de cinco metros -dato fáctico incluido en la fundamentación pero que debe integrarse en el “factum”-, agentes que previamente se habían identificado verbal y por exhibición de la documentación correspondiente por lo que su condición de tal era obvia para el recurrente y que estaban legitimados para intervenir ante las circunstancias del caso constituye un ejemplo de acometimiento de una indudable peligrosidad que da vida a un sólo delito de atentado y no dos, y es en este aspecto que debe ser revocada la sentencia y admitido parcialmente el motivo.

Procede la estimación parcial del motivo.

SEGUNDO.- El segundo motivo, por igual cauce constituye la lógica consecuencia de la tesis del recurrente. Los hechos, según su planteamiento, constituirían un delito de resistencia del art. 556 del Código Penal, que debía haber sido aplicado.

El Código Penal define el delito de resistencia de una manera excluyente en relación al delito de atentado y por tanto dotándole de una naturaleza residual, de suerte que en el delito de resistencia se sancionan comportamientos más leves y que no tienen cabida en el delito de atentado, por lo que la diferenciación de una y otra figura delictiva, debiera efectuarse a la vista de las concretas circunstancias de los casos a examinar porque como se reconoce en la sentencia de esta Sala de 23 de marzo de 1995, existen entre ambas infracciones zonas de confluencia y de divergencia.

Entre las primeras podemos citar que el sujeto pasivo sea autoridad o agente de la misma, que se encuentra en el ejercicio de sus funciones, que ello sea conocido por el sujeto activo y un especial animus tendencial de menospreciar el principio de autoridad.

Entre las divergencias, el elemento nuclear es la forma en la que se realiza la acción en el que está excluida la nota del acometimiento que es sustituida por la de una desobediencia grave o una resistencia pasiva, es decir no de oposición sino de simple obstaculización aunque lo relevante es el análisis de cada supuesto, porque pueden existir situaciones fronterizas entre la resistencia activa, constitutiva de atentado y la pasiva de resistencia.

En el presente caso, el hecho de disparar un arma de fuego, a corta distancia contra dos agentes, integra, a no dudarlo, uno de las materializaciones más acabadas del acometimiento a que se refiere el art. 550.

Procede la desestimación del motivo.

TERCERO.- El tercer motivo, por la vía del error en la valoración de la prueba fundado en prueba documental, tiene por finalidad solicitar la eximente completa o incompleta en base a la antigua e intensa drogadicción del recurrente.

Se citan unos informes médicos, obrantes a los folios 16, de fecha 17 de febrero, dos días de la ocurrencia de los hechos enjuiciados, así como el parte médico-forense del folio 31 y finalmente un nuevo informe médico-forense obrante a los folios 191 y 192 efectuado cuando estaba en prisión. A la vista de ellos la Sala sentenciadora, en el Fundamento Jurídico quinto acepta una ingesta alcohólica, mezclada probablemente con algún consumo de drogas que le disminuía sus facultades intelecto-volitivas, pero estima que no de forma intensa, a la vista de las aptitudes físicas demostradas en la persecución y forcejeo posterior, por lo que le da el valor de una atenuante ordinaria de conformidad con el núm. 2 del art. 20.

En este control casacional, a la vista del contenido de los informes médicos citados, se constata que no existe ese error denunciado, en efecto, se reconoce su condición de toxicómano, pero también se afirma que tiene plena conciencia de sus actos, y por otra parte su experiencia por el estado de guerra que vivió en su país -Bosnia-Hercegovina- sin duda negativa, no tiene, o al menos no se ofrecen datos clínicos que acrediten una situación más intensa en clave de enfermedad mental, antes bien se afirma en el último de los informes que tiene una personalidad tipo nemótica pero dentro de los límites de la personalidad.

Los documentos citados, no acreditan el error que se denuncia, siendo consecuencia de ello la desestimación del motivo.

CUARTO.- La admisión parcial del primero de los motivos, tiene por consecuencia la declaración de oficio de las costas del recurso.

FALLO

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación formalizado por la representación legal de Osmon contra la sentencia dictada el día 12 de julio de 1999 por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, la que anulamos y casamos siendo sustituida por la que seguida y separadamente vamos a pronunciar.

Se declaran de oficio las costas del recurso.

Notifíquese esta resolución y la que seguidamente se va a dictar a las partes y póngase en conocimiento de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décima, con envío de las actuaciones e interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Joaquín Giménez García.- Juan Saavedra Ruiz.- Eduardo Moner Muñoz.

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiuno de enero de dos mil dos.

En la causa instruida por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Gavá, Sumario núm. 3/97, seguida por delito de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, contra el acusado Osmon, de 27 años de edad, hijo de Jahil y de Sofía, natural de Cajnice (Bosnia), vecino de Tarragona, sin antecedentes penales, de solvencia ignorada, en libertad provisional por la presente causa, por la que permaneció en prisión de 19-2-97 a 26-6-98; se ha dictado sentencia que ha sido casada y anulada parcialmente por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. anotados al margen y bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, se hace constar lo siguiente:

ANTECEDENTES

UNICO.- Se aceptan los de la sentencia recurrida, incluidos los hechos probados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Por los razonamientos contenidos en el Fundamento Jurídico primero de la sentencia casacional, debemos condenar a Osmon como autor de un sólo delito de atentado de los artículos 550 y 551 del Código Penal, tipo básico, que sancionamos con la imposición de dos años de prisión, la misma extensión que utiliza la sentencia casada.

PARTE DISPOSITIVA

Que debemos condenar y condenamos a Osmon como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica sexta del art. 21 en relación con el núm. 2 del art. 21, a la pena de dos años de prisión.

Se mantienen íntegramente el resto de los pronunciamientos de la sentencia casada no afectados por la presente.

Notifíquese esta sentencia en los mismos términos que la anterior.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Joaquín Giménez García.- Juan Saavedra Ruiz.- Eduardo Moner Muñoz.

Publicación.- Leídas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

Delito contra la Seguridad del Tráfico. Desobediencia en la practica de alcoholemia.

T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
SENTENCIA
Sentencia Nº: 2.173/2002
RECURSO DE CASACIÓN Nº: 2808/2001
Señalamiento: 17/12/2002
Fecha Sentencia: 19/12/2002
Ponente Excmo. Sr. D.: Eduardo Móner Muñoz
Secretaría de Sala: Sr. Rico Fernández
Escrito por: CALONSO
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO. DESOBEDIENCIA A
LA PRACTICA DE LA PRUEBA ALCOHOLOMÉTRICA.
Parado por la Policía Local, un conductor se niega a que le practiquen la
prueba de detección alcohólica. Se le absuelve del delito contra la
seguridad del tráfico pero se le condena por desobediencia.
No es necesario para la comisión del delito de desobediencia del art.380 CP,
que concurra el delito del art.379. Para plantear la prueba alcoholométrica,
bastan síntomas de conducción bajo los efectos del alcohol, pero no es
necesario que concurra el delito, cuestión a apreciar en sentencia.
Artículo 380 CP: desobediencia por negativa al requerimiento a la
prueba de detección de alcohol. Doctrina.
RECURSO DE CASACIÓN Nº: 2808/2001
Ponente Excmo. Sr. D. : Eduardo Móner Muñoz
Fallo: 17/12/2002
Secretaría de Sala: Sr. Rico Fernández
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
SENTENCIA Nº: 2173/2002
Excmos. Sres.:
D. Luis-Román Puerta Luis
D. J. Antonio Martín Pallín
D. Eduardo Móner Muñoz
En nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por
los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha
dictado la siguiente
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Diciembre de dos mil dos.
En el recurso de casación por infracción de ley, que ante Nos
pende, interpuesto por J.A., contra la sentencia dictada por la Audiencia
Provincial de La Coruña -Sección 1ª-, que le condenó por delito de
desobediencia, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
que al margen se expresan, se han constituído para la Votación y Fallo,
bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr.
D. Eduardo Móner Muñoz, siendo también parte el Ministerio Fiscal y
estando representado el recurrente por el Procurador Sr. Vazquez Guillén;
y como parte recurrida J.A. y V.N., representados por el Procurador Sr.
Torres Alvárez.
I. ANTECEDENTES
1.- El Juzgado Instrucción nº 1 de Carballo, incoó el Procedimiento
Abreviado 67/97 contra, entre otros, J.A. y, una vez terminado, lo elevó a
la Audiencia Provincial de La Coruña -Sección 1ª- que, con fecha cuatro de
mayo de dos mil uno, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS
PROBADOS:
“Probado y así lo declaramos en forma expresa que con antelación
no determinada a las 5 horas del día 24 de Octubre de 1996, J.A. mayor de
edad y sin antecedentes penales, conducía el vehículo de su propiedad XX
por la localidad de Carballo, observando los agentes de la Policía Local
de esa ciudad V.N. Cerdán y J.A., con números X y X respectivamente y de
análogas circunstancias, que lo hacía por dirección prohibida, dándole
éstos el alto y explicándoles aquél que se había confundido de dirección.
En esa operación los agentes del orden advirtieron en el conductor
muestras de nerviosismo que imputaron a la situación personal que les
dijo atravesar, permitiendo que condujera su vehículo una vez sosegados
los ánimos, comunicando lo sucedido a una dotación de la Guardia Civil.
En torno a las 6 de la madrugada, los agentes de la Policía Local
mencionados fueron advertidos por los de la Guardia Civil de que el
vehículo en cuestión circulaba a gran velocidad por la Avda. de Finisterre,
dirigiéndose en su busca los primeros, quienes detuvieron al vehículo en la
calle Rio Allones. En ese momento los agentes advirtieron que el aliento
del conductor olía a alcohol, sus ojos eran brillantes, confundía cosas y
repetía otras, hablaba con dudas y cabeceaba pero, al mismo tiempo,
comprobaron que su comportamiento era pacífico, controlaba el
equilibrio, deambulaba normalmente y no denotaba alteración en su
capacidad de reflejos, haciendo constar, además, parte de todos esos
síntomas de forma escrita en el atestado. A fin de determinar su verdadero
estado indicaron al conductor que debía someterse a una diligencia de
determinación del alcohol mediante la expiración de aire, utilizando para
ello un etilómetro, informándole de las consecuencias de la negativa, lo
que fue rehusado por el reseñado conductor, quien tampoco accedió a
someterse a una extracción sanguínea que le fue ofrecida”.
2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
“FALLAMOS.- Que absolviendo a V.N. Y J.A. del delito que les
venía siendo imputado y a J. A. de un delito CONTRA LA SEGURIDAD
DEL TRAFICO, debemos condenar y condenamos a éste último como
autor de otro de éstos por DESOBEDIENCIA a la pena de SEIS MESES
DE PRISION, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio
durante ese periodo y al pago de una cuarta parte de las costas procesales
con declaración de oficio del resto de las mismas”.
3.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de
casación por el acusado J.A., que se tuvo por anunciado, remitiéndose a
esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para
su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y
formalizándose el recurso.
4.- El recurso se basó en el siguiente MOTIVO DE CASACION:
UNICO.- Por infracción de ley al amparo del nº 1º del artículo 849
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo
380 del Código Penal.
5.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, interesó la
inadmisión del mismo. Dado traslado a la parte recurrida se dió por
instruída. La Sala admitió el recurso quedando conclusos los autos para
señalamiento de fallo, cuando por turno correspondiera.
6.- Hecho el señalamiento para el Fallo, se celebró la Votación
prevista para el día 17 de diciembre de 2002.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El motivo único del recurso, se formula por infracción de
ley, al amparo del nº 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, alegándose aplicación indebida del artículo 380 del Código
Penal.
El recurrente tomando como base la doctrina contenida en la
sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 1999, trata de argumentar que
el requerimiento para someterse a las pruebas de detección de alcohol en
sangre se llevó a cabo sin existir previamente ni una infracción de tráfico ni
síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, lo que
significaría la irrelevancia penal de la conducta sin perjuicio del posible
reproche desde la perspectiva del Derecho Administrativo sancionador, a la
vista de los criterios que se plasmaron en la citada sentencia.
El recurrente examina extensamente tanto la citada sentencia de
esta Sala, como la previa dictada por el Tribunal Constitucional 161/1997,
de 2 de octubre, que analizaba desde la vertiente constitucional, el artículo
380 del Código Penal de 1995, ratificando su compatibilidad con la
Constitución, en pronunciamiento que ratificó igualmente el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos -decisión de 22 de junio de 1999 recaída
en el asunto Tirado Ortiz y Lozano Martín-.
Pese a la extensa argumentación, el motivo no puede prosperar pues
carece de fundamentación suficiente.
En efecto, contrariamente a lo que se aduce en el recurso, a tenor de
los hechos declarados probados, resulta claro que el requerimiento para ser
sometido a las pruebas de detección alcohólica tenía perfecta incardinación
en el supuesto previsto en el artículo 21.2 del Reglamento General de
Circulación aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero. Los
Policías Locales acuden ante la presunta comisión de una infracción de
tráfico -conducción a velocidad excesiva-, y comprueban signos de
intoxicación etílica en el acusado, -olor a alcohol en el aliento, ojos
brillantes, estado confuso, habla repetitiva-, suficientes para presumir
razonablemente que podría estar “bajo la influencia de bebidas
alcohólicas”. Lo que exige el artículo 21.2 del Reglamento General de
Circulación a fín de que sea legítimo el requerimiento para someterse a
esas pruebas, no es, como dice acertadamente el Ministerio Fiscal, el
acreditamiento pleno de hallarse bajo el influjo de tales bebidas, lo que es
solo exigible para una sentencia condenatoria; sino, tan solo, la
concurrencia de algunas manifestaciones que permitan presumir esa
posibilidad. La sentencia de instancia, afirma que los Agentes aprecieron
esos síntomas, lo que es tanto como afirmar que concurrían los mismos, lo
cual es suficiente para incardinar los hechos en el artículo 21.2 citado,
aunque de esas apreciaciones no pueda deducirse, de manera concluyente,
por la presencia de otros datos de signo contrario -fundamento de derecho
segundo- la merma en niveles relevantes penalmente de la capacidad de
reflejos y atención.
No puede, pues, acogerse la argumentación del recurrente que
parece conducir inequívocamente a la conclusión de que el delito del
artículo 380 solo sería apreciable cuando a la vez concurra el delito del
artículo 379, salvo los supuestos del artículos 21.1, conclusión que es
inadmisible.
Tampoco es aceptable, como igualmente expresa el Ministerio
Fiscal, el rechazo que se hace en el recurso del presupuesto fáctico
habilitado por el artículo 21.3. Ese precepto no exige la prueba inequívoca
e indiscutible de una infracción de tráfico, sino solamente la fundada
apreciación de que ha podido darse. Por eso, que la sentencia no declare
probado ese exceso de velocidad que motivó la actuación policial o que no
se acredite posteriormente, no permite desechar la aplicación del artículo
21.3 del Reglamento lo que, unido a la apreciación de síntomas de haber
ingerido bebida alcohólicas, significaría igualmente la legitimidad de la
condena del artículo 380 del Código Penal, también en la interpretación
restrictiva que del mismo ha efectuado esta Sala.
SEGUNDO.- Procede, pues, la desestimación del motivo y del
recurso.
III. FALLO
Que debemos DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR al
recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por J.A., contra la
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña -Sección 1ª-,
de fecha cuatro de mayo de dos mil uno, en causa seguida contra el
recurrente por delito de desobediencia, con expresa condena, al
mencionado, de las costas ocasionadas.
Notifíquese esta resolución al recurrente, Ministerio Fiscal, a los
recurridos, y a la mencionada Audiencia Provincial, a los efectos legales
oportunos, con devolución de la causa que remitió en su día e interesando
acuse de recibo.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección
Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia
por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Eduardo Móner Muñoz, estando
celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico

Homicidio imprudente por disparo sobre automóvil que huía de un control de alcoholemia

11 marzo 2008 1 comentario

Tribunal Supremo

En la Villa de Madrid, a doce de marzo de dos mil dos.

Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado en representación de la Administración General del Estado contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2000 de la Audiencia Provincial de Sevilla. Han intervenido el Ministerio Fiscal, y como parte recurrida, Pedro, representado por el procurador Sr. Amado Alcántara y Antonio y Matilde, representados por la Procuradora Sra. Torres Ruiz.

Ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla instruyó procedimiento abreviado número 129/99, a instancia de la acusación pública, ejercida por el Fiscal y de la particular, ejercida por Antonio y Matilde por delitos de homicidio por imprudencia, contra Pedro. Concluso el sumario, lo remitió a la Audiencia Provincial que, con fecha 30 de noviembre de 2000 dictó sentencia con los siguientes hechos probados:

Primero. A las tres horas del día 10 de abril de 1999 miembros del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Dos Hermanas a las órdenes de su jefe el brigada Pedro, acusado en la presente causa, establecieron un control preventivo de alcoholemia a la altura del kilómetro … de la carretera N-IV Madrid-Cádiz, término municipal de aquella ciudad y tramo de autovía, junto a la calzada correspondiente a los vehículos que circulaban en dirección hacia Madrid.-

Segundo. Siendo aproximadamente las 4’30 horas se acercó al control el automóvil Renault-9 SE-…-Y conducido por su propietario Beltrán, a quien acompañaba sentada en el asiento delantero Mirian. El guardia civil Javier hizo señales a Beltrán para que se detuviera, a fin de someterse a pruebas de detección de alcohol en aire espirado. Beltrán advirtió esas señales, pero no las atendió para evitar que la Guardia Civil comprobara que, como así ocurría, no era titular de permiso de conducir vehículos de motor y que su automóvil carecía de seguro obligatorio de responsabilidad civil. Así después de aminorar un instante la velocidad, aceleró obligando al guardia civil Javier a apartarse para no ser atropellado.

Tercero. El Renault-9 fue inmediatamente perseguido por el turismo oficial Ford Mondeo PGC-…-D, conducido por el guardia civil Felipe y ocupado por el brigada Pedro, sentado en el asiento delantero derecho. Instantes después los siguió desde el mismo control el guardia civil Javier, conduciendo otro automóvil oficial de la misma marca y modelo que podía comunicarse por radio con el del acusado, al que no pudo alcanzar. Beltrán advirtió inmediatamente la persecución de que era objeto desde el primero de dichos automóviles, y las señales luminosas y acústicas que desde el mismo se le hacían para que se detuviera. No atendió tales señales, por las mismas razones por las que no se detuvo en el control; y para no ser alcanzado, aceleró llegando el Renault-9 a alcanzar una velocidad de 160 km/h, y le hizo describir zigzags adelantando a algunos vehículos por la derecha, diciéndole entonces Mirian ¿qué haces, qué haces?.

Cuarto. Felipe consiguió pese a ello alcanzar al Renault-9 a la altura del kilómetro …, y el brigada Pedro mediante movimientos de brazo indicó a Beltrán que se detuviera. Éste no le hizo caso, y de manera brusca frenó, salió de la autovía por la derecha y continuó circulando por una vía de servicio de la misma paralela a sus calzadas y desde la cual se accede a las calles de la Barriada B., de Sevilla. Felipe lo siguió entonces por la autovía para interceptarlo en su próxima salida; y durante ese trayecto en el que ambos vehículos circularon en paralelo, el acusado con una mano volvió a indicar a Beltrán que se detuviera mientras que con la otra mano empuñaba y le exhibía su arma reglamentaria, una pistola de la marca Star modelo BM núm. … de calibre nueve milímetros.

Quinto. Dándose cuenta de todo ello, Beltrán frenó bruscamente su automóvil y lo hizo circular hacia atrás. Felipe entonces cumpliendo la orden que le dio el acusado, detuvo inmediatamente el automóvil que conducía y asimismo realizó una maniobra de marcha atrás. El Renault-9 circulando de esa manera, chocó con una isleta situada a la altura de la salida de la autovía a la que ya nos hemos referido existente a la altura del kilómetro …, quedando empotrada su parte trasera unos instantes en esa isleta y maniobrando entonces Beltrán para que el Renault-9 quedara libre de nuevo y poder así escapar por calles de la Barriada B.

Sexto.- No lo había conseguido aún, cuando llegó por la autovía hasta donde estaba el Ford Mondeo conducido por Felipe, circulando hacia atrás a una velocidad comprendida entre los 50 y los 60 km/h; y entonces, estando así en marcha dicho vehículo y a una distancia del Renault-9 no superior a veinte metros, desde su interior el acusado Pedro hizo un disparo apuntando a la rueda trasera izquierda del Renault-9 para inmovilizarlo, cuando su conductor continuaba realizando maniobras bruscas para conseguir salir de la isleta y poder fugarse.

Séptimo. El proyectil disparado por el acusado impactó directamente y perforó la parte superior de la puerta trasera izquierda del Renault-9 por encima de su tirador, alcanzando luego en su mitad superior la parte trasera del asiento del conductor. Allí chocó con un tubo metálico de la estructura de ese asiento, lo que fue causa de que quedara deformado el proyectil y de que se desprendieran dos fragmentos de su blindaje. Estos dos fragmentos junto con el proyectil ya deformado, salieron acto seguido proyectados y entraron por la cara externa del tercio superior del brazo izquierdo de Mirian. En ese brazo quedaron alojados dos fragmentos, mientras que el proyectil deformado salió por la cara interna del mismo brazo y entró por el hemitórax izquierdo de Mirian a la altura del 4º-5º espacio intercostal, causándole gravísimas lesiones en el pulmón izquierdo y en el corazón. Como consecuencia Mirian falleció transcurridos escasos minutos.

Octavo. Instantes después de que Pedro hiciera ese único disparo, Beltrán consiguió reanudar la marcha, que prosiguió a gran velocidad por la Barriada B., siendo finalmente alcanzado por el vehículo del acusado en un garaje de la calle A., y T.

Noveno. A la altura del km. … de la autovía a que nos hemos referido, existen bloques de viviendas a su derecha según la dirección que llevaban los automóviles que también hemos citado. Décimo. Mirian había nacido el día 12 de octubre de 1977, era de estado soltera, y convivía al tiempo de ocurrir los hechos con sus padres los acusadores particulares Antonio y Matilde.

Undécimo. Pedro ingresó en la Guardia Civil en el año 1972, y como miembro de dicho Instituto:

a) No se le han impuesto sanciones disciplinarias.

b) En el año 1981 obtuvo diploma de adiestramientos especiales, y en el año 1988 el de instructor de tiro.

c) Posee las siguientes condecoraciones: Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco de cuarta y tercera clase, y Caballero de la orden de San Hermenegildo.

d) En el año 1992 fue felicitado por su esfuerzo, profesionalidad, dedicación y sacrificio, participando activa y eficazmente en la seguridad de la Expo-92.

e) Posee también el distintivo de permanencia en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y el de permanencia en la Delegación Especial del Gobierno para la seguridad de las provincias vascas

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: Condenamos al acusado Pedro como autor de un delito de homicidio por imprudencia del artículo 142.1.2 del Código Penal, a las penas de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y de privación durante un año del derecho a la tenencia y porte de armas.- Imponemos también al acusado el pago de las costas con inclusión de las originadas por la intervención de la acusación particular, y de una indemnización de quince millones de pesetas a cada uno de los dos acusadores particulares Antonio y Matilde.- Imponemos el pago de esas dos indemnizaciones a la Administración General del Estado como responsable civil subsidiaria.- En ejecución de sentencia, téngase en cuenta el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.- Reclámese del Juzgado la pieza de responsabilidad pecuniaria del acusado.- En ejecución de sentencia óigase a las partes antes de resolver sobre el destino de las piezas de convicción.- A los efectos procedentes, remítase copia de esta resolución al Ilmo. Sr. Coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, con fotocopia del folio 169 de la causa.

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por el Abogado del Estado, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO.- El Abogado del Estado, en representación de la Administración General del Estado, basa su recurso en los siguientes motivos de casación:

Primero a cuarto: Al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), alegando la existencia de error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos no contradichos por otros elementos probatorios.

Quinto: Al amparo del artículo 849.1º Lecrim por infracción del artículo 5 en relación con el 10 del Código penal (Cpenal).

Sexto: Al amparo del artículo 849.1º Lecrim, por vulneración del artículo 142.1,2 y 138 Cpenal.

Séptimo: Al amparo del artículo 849.1º Lecrim por infracción del artículo 20.7, en relación con el artículo 142.1 y 2 Cpenal.

QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal y parte recurrida del recurso interpuesto la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

SEXTO.- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la vista el día 28 de febrero de 2002.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por razón de su identidad temática, se tratarán conjuntamente los motivos primero, segundo, tercero y cuarto del recurso.

En ellos el recurrente reprocha al tribunal de instancia que no haya incorporado a los hechos probados el contenido de los siguientes documentos:

a) Sentencia 90/2000 del Juzgado de la penal 6 de Sevilla y sentencia 210/2000 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial, también de Sevilla, desestimatoria de la apelación contra la anterior.

b) Datos del informe del Instituto Nacional de Toxicología que forma parte del testimonio de actuaciones del Juzgado de instrucción núm. 6 de Sevilla, unido a la causa.

c) Datos del informe del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno de Andalucía, que figura en el mismo testimonio.

Los datos que forman parte del contenido de esos documentos y que el recurrente echa de menos en la sentencia son:

a) Que Beltrán tenía antecedentes penales y fue condenado por desobediencia, conducción temeraria y falta contra el orden público, por haber obrado como consta en los hechos de la sentencia recurrida.

b) Que antes de realizarlos había consumido hachís y cocaína, y lo mismo la fallecida.

c) Que en el vehículo que conducía aquél se halló cierta cantidad de hachís.

Es cierto que en la sentencia ahora cuestionada no se recogen esos datos, pero sí, en cambio, toda la información probatoria relativa a la conducta de Beltrán y verdaderamente relevante a los efectos del juicio en esta causa. Es decir, todo lo que se refiere a la actuación de aquél como conductor, a partir del momento en que desatendió la indicación de detener la marcha que le hizo la Guardia Civil y a lo largo de su aparatoso intento de fuga, curso de acción que constituye lo esencial del contexto en el que debía enjuiciarse el modo de obrar del acusado.

En efecto, en la resolución recurrida todas esas vicisitudes aparecen descritas con verdadera plasticidad y con la necesaria riqueza de detalles, lo que hace evidente que el tribunal tuvo una clara percepción de lo realmente sucedido y también que cualquier lector de aquélla podría formar un juicio suficientemente informado al respecto.

Es verdad que en los hechos no hay referencia a la valoración jurídica que mereció después la conducta de Beltrán, ni constancia de que pudo haberse debido en alguna medida a la ingestión de estupefacientes. Pero se trata de circunstancias irrelevantes en este proceso, pues lo que realmente cuenta es lo que de aquel comportamiento fue realmente percibido por el agente de la Guardia Civil cuya manera de actuar se ha enjuiciado bajo la acusación de no ser ajustada a derecho.

En definitiva, la sentencia recurrida no tenía como primer objeto la acción de Beltrán, sino la de Pedro en relación con la de aquél. A estos efectos lo que realmente cuenta es si, en vista del modo de comportarse el primero -cualquiera que hubiese sido la causa-, el segundo adecuó o no su respuesta a las previsiones legales y reglamentarias que le vinculaban.

Por tanto, y a tenor de lo razonado, los cuatro motivos reseñados deben desestimarse.

SEGUNDO.- Como quinto motivo del recurso, al amparo de lo que dispone el del art. 849.1 Lecrim, se denuncia infracción del art. 5 en relación con el art. 10 Cpenal. Y bajo el ordinal sexto, por el mismo cauce legal, se objeta vulneración del art. 142.1 y 2 y 138 Cpenal. Ambos motivos se examinarán conjuntamente, dada su estrecha relación.

El argumento de apoyo es que la acción del acusado no es penalmente reprochable por ausencia de culpabilidad; y que de los preceptos citados en primer lugar se deriva que nadie responde de las consecuencias fortuitas de su obrar. Por eso, es la conclusión, aquél no tendría que haber sido condenado por homicidio imprudente.

La afirmación central de este aspecto de la impugnación es que la forma de actuar de Pedro no puede ser calificada de imprudente, puesto que él, al obrar como consta, no creó un peligro jurídicamente desaprobado.

Como es sabido, en el delito imprudente el sujeto no quiere realizar el hecho previsto en un tipo doloso, pero lo comete al desobedecer una norma objetiva de cuidado que le vinculaba y a la que debía haber ajustado su comportamiento. Así resulta que el delito imprudente aparece integrado, de una parte, en el plano objetivo, por la infracción de la norma de cuidado y por la realización de un hecho previsto en un tipo doloso; y, en el plano subjetivo, porque el sujeto realizó voluntariamente -quiso- la conducta descuidada, aunque no el resultado.

Según consta en los hechos de la sentencia de instancia. Pedro, en su calidad de brigada y jefe de la patrulla de la Guardia Civil que había montado un control de carretera, dirigió la persecución del Renault-9 conducido por Beltrán, ocupando el automóvil oficial que guiaba un agente de ese cuerpo, asumiendo un alto coeficiente de riesgo propio y para otros posibles vehículos, tanto por la velocidad desarrollada como porque hubo momentos de circulación en paralelo y de desplazamiento en marcha atrás. Y fue, precisamente, transitando de esta forma y a una distancia no superior a 20 metros como aquél disparó sobre el vehículo perseguido, apuntando a la rueda trasera izquierda en un momento en el que Beltrán realizaba maniobras bruscas. El proyectil perforó la parte superior de la puerta trasera izquierda del auto del que huía y acabó impactando en el 4º-5º espacio intercostal de Mirian, que falleció.

Pues bien, no cabe duda acerca de que Pedro quiso la conducta consistente en efectuar un disparo, de manera que éste fue realizado voluntariamente. Tampoco es discutible que a consecuencia del mismo se produjo como resultado un hecho objetivamente previsto en el tipo doloso del homicidio (art. 138 Cpenal). Y no se cuestiona que, al obrar como lo hizo, aquél, en modo alguno había querido este desenlace.

Así las cosas, se trata de comprobar si, además de concurrir los elementos del delito imprudente a que se ha pasado revista, concurrió o no la infracción de la norma de cuidado. Esta tiene como contenido la imposición de un deber de ajustar el propio comportamiento a determinadas pautas, generalmente adecuadas para evitar algunos riesgos que se quiere prevenir.

En el caso concreto, la acción consistente en disparar un arma de fuego desde un automóvil en marcha y sobre otro realizando movimientos bruscos y en cuyo interior había cuando menos una persona, revestía una altísima peligrosidad potencial. Tanta que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad limita rigurosamente el uso de las armas y lo somete al imperativo del principio de proporcionalidad [art. 5.2, apartados c) y d)]. Y la propia Guardia Civil lo ha disciplinado de forma bien precisa en referencia a situaciones como la aquí contemplada, mediante circulares que se recogen en la sentencia impugnada. Una de éstas, la núm. 1/1994, de 28 de febrero, refiriéndose al uso de aquéllas durante el servicio, dice que “tan solo pueden utilizarse para evitar un mal de igual o mayor gravedad que aquél que se puede producir”. Y señala como injustificable, en ausencia de esa premisa, precisamente, la conducta que aquí es objeto de análisis. La segunda circular, de núm. 3/1998, de 13 de mayo, dice que “cuando se pretenda dar alcance en vías públicas a presuntos delincuentes, no se realizará persecución alguna que ponga en peligro la seguridad de los demás usuarios”. Y lo que se prescribe para tales emergencias es la comunicación a la central para que se active el dispositivo correspondiente y el seguimiento del vehículo perseguido a una velocidad acorde con las normas de circulación.

Pues bien, difícilmente la norma de cuidado podía resultar más explícita, más específica y más pertinente al caso. Y es obvio que era conocida por el acusado, en su calidad de agente de la Guardia Civil, al que, en razón de su experiencia, tampoco pudo pasar desapercibido el riesgo generado por el disparo que realizó. Por lo demás, no puede ser más patente que de haberse atenido aquél a tales prescripciones, el resultado fatal no habría tenido lugar.

Así, es conclusión obligada de todo lo anterior que la muerte de Mirian no se produjo de manera fortuita, sino que tuvo como antecedente directo la acción gravemente imprudente de Pedro. Por tanto, ambos motivos deben ser desestimados.

Tercero. Al amparo de lo que dispone el art. 849.1 Lecrim, se denuncia como infringido el art. 20.7 en relación con los arts. 142.1 y 2 Cpenal.

El argumento de apoyo es que el tribunal no tuvo en cuenta indebidamente que la conducta del acusado se hallaba amparada por una causa de exención de la responsabilidad, la consistente en actuar en cumplimiento de un deber.

Pero ocurre que, como se infiere de lo expuesto al decidir sobre los dos motivos que acaban de examinarse, es claro que la acción incriminada no se ajustó a las exigencias que, de haberse dado, permitirían calificarla de debida. Ocurre, más bien, todo lo contrario, puesto que el disparo se produjo sin que hubiera riesgo para la vida de nadie que pudiera haberse evitado por ese medio, y contraviniendo las reglas a las que antes se ha hecho mención y que, según se dijo, estaban orientadas, de forma específica, a conjurar un peligro como el que se materializó en el fallecimiento de la ocupante del vehículo.

La jurisprudencia de esta sala ha condicionado la operatividad de la circunstancia que se invoca a que el funcionario habilitado para servirse de las armas hubiera hecho uso de éstas en una situación que lo hiciera realmente necesario para evitar un mal grave que no pudiera excluirse por otros medios; señalando que, en otro caso, la eximente del art. 20.7 Cpenal no podría operar ni siquiera como incompleta (por todas, sentencia de 30 de septiembre de 1994 y de 19 de junio de 1998). Así, no cabe sino rechazar también este motivo del recurso.

CUARTO.- Como motivo octavo del recurso se aduce, con apoyo en el art. 849.1 Lecrim, vulneración del art. 114 Cpenal.

El argumento es que existen indicios de que la víctima conocía que Beltrán conducía sin permiso y después de haber ingerido sustancias estupefacientes, de manera que subir con él en el automóvil suponía un riesgo, que, así, resultó libremente asumido. De donde se infiere que, en todo caso, la sala debería, por ello, haber acudido al mecanismo de compensación que se contempla en el precepto supuestamente infringido.

Al tratarse de un motivo de infracción de ley, no puede dejar de señalarse que el recurrente parte de un presupuesto fáctico que no está en los hechos probados, lo que ya bastaría para que la impugnación no pueda considerarse.

Pero es que, además, el argumento no se sostiene, pues lo que se quiere decir con él es que, al estar en posesión de esos datos, Mirian debió haber considerado que una eventual intervención de la policía de tráfico sobre su acompañante podría inducirle -con un apreciable grado de probabilidad- a iniciar una fuga como la que realmente se produjo; supuesto en el que sería asimismo previsible la hipótesis de una persecución durante la que cabría el uso irreflexivo de un arma de fuego, con el consiguiente riesgo, que, en consecuencia, habría sido, en cierta medida, asumido. Pues bien, es un modo de razonar que, por su artificiosidad, no puede ser compartido, máxime cuando, incluso siguiendo al recurrente en el primer tramo de su discurso, la cierto es que, al fin, entre la supuesta imprevisión reprochable de la víctima y el resultado fatal, se interpuso la acción incriminable de un tercero, consciente y libremente realizada.

Es por lo que el motivo debe igualmente rechazarse.

FALLO

Desestimamos el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Abogado del Estado representación de la Administración General del Estado contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2000 de la Audiencia Provincial de Sevilla dictada en la causa seguida contra Pedro por delito de homicidio.

Condenamos al recurrente al pago de las costas causadas.

Comuníquese esta sentencia a la Audiencia Provincial con devolución de la causa, interesando el acuse de recibo de todo ello

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Carlos Granados Pérez.- Joaquín Giménez García.- Julián Sánchez Melgar.- Perfecto Andrés Ibáñez.- Enrique Abad Fernández.

Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Perfecto Andrés Ibáñez, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

COMPETENCIAS DE LAS PP. LL. Y ACTUACIONES

 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 27 DICIEMBRE 1978

Derechos y Libertades (14-29)

Art. 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna.

Art. 15: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Queda abolida la pena de muerte, salvo

lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra.

Art. 16: Se garantiza la libertad ideológica, religiosa…

Art. 17: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino

con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el

detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus

derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de

abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.

4. La Ley regulará un procedimiento de habeas corpus (L.O. 6/84) para producir la inmediata puesta a

disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley se determinará el plazo máximo

de duración de la prisión provisional.

Art. 18: 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del

titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Art. 104.1: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión

proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Art. 104.2: Una Ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Art. 140: El gobierno y la administración de los municipios corresponde a los Ayuntamientos.

L. O. 2/86, 13 MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD (LOFCS)

Sobre PP. LL. arts. 51 a 54:

Art. 51: 1. Los municipios podrán crear Cuerpos de Policía propios…

3. Dichos cuerpos sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo situaciones

de emergencia y previo requerimiento a las Autoridades competentes.

Art. 52: CCPPLL. Son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada…

Art. 53: Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones:

a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia y custodia de edificios e instalaciones.

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano.

c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.

d) Policía Administrativa, en lo relativo a Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales…

e) Participar en las funciones de Policía Judicial.

f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública…

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar comisión de actos delictivos en el

marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.

h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las FFCCSS del Estado y con la Policía de las CCAA…

i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

Art. 54: En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse una Junta Local de

Seguridad…

Disposiciones Generales (arts. 1 a 4)

Art. 1.3: Las corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos

establecidos en la Ley reguladora de Bases de Régimen Local y en el marco de esta Ley.

Art. 3: Los miembros de FFCCSS ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca y su coordinación

se efectuará a través de los órganos que a tal efecto establezca esta ley.

Art. 4: Todos tienen el deber de prestar a las FFCCSS el auxilio necesario…

Principios Básicos de Actuación (arts. 5 a 8)

Art. 5: 1. Adecuación al ordenamiento jurídico (respeto a Constitución y resto ordenamiento jurídico…)

2. Relaciones con la comunidad: impedir cualquier práctica abusiva o discriminatoria, observar en todo momento

un trato correcto y esmerado, auxiliando y protegiendo, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren

requeridos para ello. Actuar con decisión necesaria y sin demora; rigiéndose al hacerlo por los principios de

congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Utilizar las armas en situaciones que exista un riesgo

racionalmente grave…

3. Tratamiento de detenidos: Identificarse en el momento de la detención como miembro de FFCCSS. Velar por

la vida e integridad de los detenidos bajo nuestra custodia. Dar cumplimiento y observar con diligencia los

trámites, plazos, etc.

4. Dedicación profesional: Intervenir en cualquier tiempo y lugar.

5. Secreto profesional.

6. Responsabilidad: Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación llevaren a cabo.

Art. 6: 3. Los miembros de FFCCSS deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución.

7. La pertenencia a FFCCSS es causa de incompatibilidad para otra actividad pública o privada.

8. No podrán ejercer en ningún caso derecho a huelga, ni acciones sustitutivas.

Art. 7: 1. En el ejercicio de sus funciones las FFCCSS tendrán a todos los efectos legales el carácter de Agentes

de la Autoridad.

Art. 8: La jurisdicción ordinaria será la competente para conocer de los delitos que se cometan contra miembros

de las FFCCSS, así como de los cometidos por éstos en el ejercicio de sus funciones.

LEY 7/85, 2 ABRIL, DE BASES DEL RÉGIMEN LOCAL

Art. 25: 2. El municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del estado y de las

Comunidades Autónomas en las siguientes materias:

a) Seguridad en lugares públicos.

b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

c) Protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.

h) Protección de la salubridad pública.

Art. 26: Servicios Mínimos Obligatorios del Municipio (en función de la población).

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Arts. 292 a 297: Atestado

Art.492: Autoridad o Agente de Policía Judicial tienen obligación de detener:

a) Al que intentare cometer un delito.

b) Al delincuente “in fraganti”.

c) Al que se fugare del establecimiento penal…

d) Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión

correccional.

e) …

Art. 495: No se podrá detener por simples faltas, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni

diese fianza bastante, a juicio de la Autoridad o Agente que intente detenerle.

Art. 520: La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido

o preso en su persona, reputación y patrimonio.

2. Toda persona será informada… y los derechos que le asisten (listado de derechos).

Art. 520. bis: Detención de persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o

rebeldes, podrá prolongarse hasta 48 horas más. También se podrá solicitar la incomunicación.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, LEY SEGURIDAD VIAL

Art. 7. Competencias de los municipios

Se atribuyen a los municipios, en ámbito de esta Ley, las siguientes competencias:

A) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por medio

de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas

cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración.

B) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo

compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del

tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento

limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades

de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin

de favorecer su integración social.

C) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el

estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la

identificación de su conductor. La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquéllos

cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se encuentren incorrectamente

aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en

este mismo artículo. Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos,

en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.

D) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano,

exceptuadas las travesías.

E) La realización de las pruebas a que alude el apartado o) del artículo 5, de acuerdo con lo que

reglamentariamente se establezca.

F) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.

Art. 70: Inmovilización de vehículos.

Art. 71: Retirada de vehículos.

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Compilación de test de colisiones de vehículos

11 marzo 2008 1 comentario

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