Archivo

Archive for 14 marzo 2008

PSICOTÉCNICOS

Categorías:PSiCoTéCNiCoS

INFORME SOBRE EJERCICIO DE DERECHO DE REUNIÓN, CUANDO SE UTILICEN VEHÍCULOS PROFESIONALES.

 

Delegación del Gobierno, se dirige consulta a la Secretaría General Técnica. solicitando pautas de actuación en los supuestos de ejercicio del derecho de reunión, regulado a la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, cuando se utilicen vehículos profesionales, tales como camiones, hormigoneras, taxis o ambulancias.

1.- DERECHO DE REUNIÓN

La Constitución protege -artículo 21.1- el derecho de reunión pacífica y sin armas.

El derecho de reunión reconocido en el artículo 21 de la Constitución, pero cuyo concepto no aparece delimitado en ella, es uno de los fundamentales recogidos en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, e, igualmente, está consagrado en el artículo 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966, ratificado por Instrumento de 13 de abril de 1977, y el artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, ratificado por Instrumento de 26 de septiembre de 1977; Declaración, Pacto y Convenio que han de servir como pauta de interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas por la Constitución, como establece el artículo 10.2 de la misma, declarándose en los preceptos citados que, aun reconocido el derecho comentado con total amplitud, podrá estar sujeto a las restricciones que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, del orden público o para proteger la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de los demás, y ello, porque como se dice -entre otras muchas en la STC 2/1982, de 26 de enero-, “no existen derechos ilimitados”.

Como es bien sabido, la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, (en lo sucesivo LORDR), constituye -artículo 1.1 de la misma- el marco conforme al cual se ha de ejercer el derecho de reunión.

2.- REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA LA CELEBRACIÓN DE MANIFESTACIONES EN UNA VÍA PÚBLICA

Tal y como aparece en la STC 59/1990, de 29 de marzo, de la exégesis del art. 21 CE queda suficientemente claro que dos son los límites o requisitos constitucionales que han de cumplir los ciudadanos que decidan manifestarse en una vía pública.

1.- Que la reunión sea pacífica.

2.- Que anuncien a la autoridad gubernativa el ejercicio de su derecho.

Dicho anuncio -que no constituye una solicitud de autorización (artículo 3.1 LORDR)- ha de efectuarse, con los requisitos del artículo 9 LORDR, con una antelación mínima de diez días naturales -artículo 8 LORDR-, si bien, cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público, podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.

La expresión “causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria” es un concepto jurídico indeterminado, que ha de ser valorado por la autoridad gubernativa en cada caso. Si existieran dudas en un caso concreto, ha de aplicarse -como en todos los casos de interpretación de derechos fundamentales- el principio “favor libertades”, admitiendo, en consecuencia, la concurrencia de dichas causas.

Es doctrina legal, declarada en la STS de 12 de diciembre de 1994 (Ref. Arz. 2716/1995), dictada en recurso extraordinario de apelación en interés de Ley, que “el incumplimiento del plazo mínimo de diez días (salvo, naturalmente, que se den las comentadas causas extraordinarias y urgentes) para la obligada comunicación a la autoridad gubernativa, establecida en el artículo 8 de la Ley 9/1983, de 15 de julio, para la celebración de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público, habilita a la autoridad gubernativa para prohibir la celebración de las reuniones o manifestaciones extemporáneamente comunicadas”.

Ahora bien, una cosa es que la autoridad gubernativa esté habilitada y otra distinta que esté obligada; y en consecuencia -tratándose del ejercicio de un derecho fundamental- no parece razonable hacer un uso extensivo de dicha habilitación, en supuestos de manifestaciones que, por su carácter, sentido o finalidad, resulte previsible aventurar que no plantearán problema alguno de orden público.

3.- MOTIVOS POR LOS CUALES PUEDE PROHIBIRSE UNA MANIFESTACIÓN EN UNA VÍA PÚBLICA

Los únicos motivos por los cuales puede prohibirse una manifestación pacífica, en la vía pública, son:

1.- Que no haya sido comunicada con la antelación legalmente dispuesta; motivo anteriormente comentado.

2.- Que existan razones fundadas para concluir que se producirá una alteración del orden público, con peligro para personas y bienes -artículo 21.2 CE, y 10 LORDR-; supuestos que analizaremos más adelante.

4.- UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

Ciertamente, el derecho de manifestación es materialmente predicable respecto a las agrupaciones de personas, pero ello no impide, en principio, que éstas utilicen vehículos.

El Tribunal Supremo parece reconocer implícitamente esta circunstancia, por ejemplo en SSTC de 12 de diciembre de 1994 (Ref. Arz. 2716) -utilización de vehículos particulares- y 1 de marzo de 1996 (Ref. Arz. 2039) -utilización de vehículos agrícolas-.

No obstante, la utilización de vehículos, habrá de tenerse especialmente presente -por la autoridad gubernativa- a la hora de valorar la posibilidad de que se produzca una alteración de la seguridad pública vial y del orden público.

5.- ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO CON PELIGRO PARA PERSONAS Y COSAS

La STC 66/995, de 8 de mayo, recoge la doctrina del Tribunal Constitucional, en relación con la posibilidad de prohibición -por la autoridad gubernativa- de una manifestación por existir razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes.

Ha de entenderse por alteración del orden público con peligro para personas y bienes, el desorden material que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afectan a la integridad física de personas o a la integridad de bienes públicos o privados; es decir, cuando el desorden externo en la calle ponga en peligro la integridad de personas o de bienes.

Solo en supuestos muy concretos, la alteración de la circulación -producida por una concreta manifestación, con o sin vehículos -conlleva una alteración del orden público con peligro para personas y bienes, ya que -como es obvio- ello es distinto de la circunstancia de que la celebración de manifestaciones -con o sin vehículos- en las vías públicas suele producir trastornos y restricciones en la circulación de personas y de vehículos que se ven impedidos de circular libremente por el lugar en que se celebran. “En una sociedad democrática, el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación”.

Para poder prohibirse la manifestación, deberán existir razones fundadas para pensar que se producirá “la obstrucción total de vías de circulación que, por el volumen de tráfico que soportan y por las características de la zona -normalmente centros neurálgicos de grandes ciudades-, provoquen colapsos circulatorios en los que, durante un período de tiempo prolongado, queden inmovilizados vehículos y se impida el acceso a determinadas zonas o barrios de la ciudad …, si, por ejemplo, resulta imposibilitada la prestación de servicios esenciales con incidencia en la seguridad de personas y bienes, como son los servicios de ambulancias, bomberos, policía o urgencias médicas”.

Ahora bien, destaca el TC que no puede afirmarse que existan -por definición- determinadas calles o zonas en las cuales podría siempre prohibirse una manifestación -por su densidad de tráfico o por cualquier otra razón análoga-, por cuanto ello dependerá de la hora, el carácter -o no- festivo del día, el previsible escaso -o no- número de participantes, la duración de la manifestación, o la garantía por los convocantes, de no obstrucción prolongada de calzadas.

6.- PONDERACIÓN CASUISTICA POR LA AUTORIDAD

Todas las circunstancias anteriores -continuamos extrayendo la doctrina contenida en la citada STC 66/1995- han de ser ponderadas, caso a caso, por la autoridad gubernativa, ya que la Constitución habla de “razones fundadas”, por lo que, en caso de adoptarse Resolución prohibiendo una concreta manifestación, ésta ha de tener las siguientes características:

a) Es necesario que contenga una motivación detenida e incluso exhaustiva.

b) Han de aportarse las razones que han llevado a la conclusión de que, de celebrarse la manifestación, se producirá la alteración del orden público proscrita. No basta la mera sospecha o la posibilidad de que la manifestación produzca esa alteración, sino que deben poseerse datos objetivos suficientes, derivados de las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso, a partir de los que cualquier persona en una situación normal puede llegar racionalmente a la conclusión, a través de un proceso lógico basado en criterios de experiencia, de que la manifestación producirá con toda certeza -exigible a un razonamiento prospectivo- el referido desorden público.

Así, por ejemplo, la STSJ de Canarias, de 24 de mayo de 1992, decía: “La prohibición de una manifestación habrá de basarse, generalmente, en comportamientos precedentes y constatados, de los grupos que hayan de participar en la misma, o bien por el propio tenor de la comunicación de su celebración, cuando deje traslucir con claridad una intención o actitud violenta en los organizadores, que permita presumir con fundamento razonable el que puedan producirse alteraciones de orden público con peligro para personas y bienes”.

c) Ha de justificarse la imposibilidad de adoptar las medidas preventivas necesarias para conjurar esos peligros y permitir el efectivo ejercicio del derecho fundamental de reunión.

La autoridad gubernativa debe arbitrar las medidas adecuadas para garantizar que las concentraciones puedan llevarse a cabo en los lugares y horas programadas sin poner en peligro el orden público; desviando, por ejemplo, el tráfico por otras vías o prohibiendo la ocupación prolongada de las calzadas.

Solo podrá restringirse el ejercicio del derecho de reunión cuando estas medidas preventivas resulten imposibles de adoptar, o sean inadecuadas para alcanzar el fin propuesto -por ejemplo que no permitan hacer accesible la zona afectada-, o sean desproporcionadas -por ejemplo, cuando los posibles itinerarios alternativos supongan retrasos o rodeos irrazonables-.

Por último, incluso en los supuestos en los que existan razones fundadas para pensar que una manifestación puede producir alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes, la autoridad gubernativa, aplicando criterios de proporcionalidad, antes de prohibirla deberá utilizar, si ello es posible, la facultad que le reconoce el artículo 10 LORDR, y proponer las modificaciones de fecha, lugar o duración, al objeto de que la manifestación pueda realizarse; facultad que no se puede ejercer de forma totalmente discrecional -STC 36/1982-, por cuanto viene condicionada por la programación realizada por los promotores -en los términos que aparecen en la repetida STC 66/1995-.

7.- RESPONSABILIDAD POR LA CELEBRACIÓN DE UNA MANIFESTACIÓN

La celebración de una manifestación, en lugar de tránsito público, puede conllevar la existencia de dos tipos de responsabilidades -además de la penal, en su caso, de acuerdo con los artículos 513 y 514 del Código Penal-, que son:

a) La responsabilidad civil de participantes, promotores u organizadores, en los términos previstos por el art. 4.3 LORDR -en la redacción, en la actualidad, dada por la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, de Regulación de la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos-.

b) La responsabilidad, de promotores, organizadores -o concurrentes-, frente a la Administración, siempre que se incurra en las infracciones graves tipificadas por los apartados c) y d) del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en la redacción dada por la disposición adicional cuarta de la citada Ley Orgánica 4/1997, -o muy graves en los términos de su artículo 24-.

8.- CONCLUSIÓN

En principio, no se advierte impedimento legal para la celebración de manifestaciones con vehículos automóviles.

La utilización de vehículos, y el conjunto de circunstancias que en la misma concurran, son factores que deben ser tenidos en cuenta por la autoridad gubernativa para poder apreciar la existencia de previsiones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes, que habilitan para la prohibición de la manifestación.

La concurrencia de dicho concepto jurídico indeterminado -que ha de ser interpretado conforme aparece en la STC 66/1995- se basa en la aplicación de criterios prospectivos, por lo que ha de efectuarse caso a caso, valorándose las circunstancias existentes en el momento -y lugar- previsto para la celebración, la experiencia pasada, indiciaria de riesgos específicos, y la adecuada ponderación del efecto que pueda tener el desarrollo de la manifestación, en razón de su objeto y de la eficacia neutralizadora de las medidas de seguridad previstas por los organizadores o solicitadas a los mismos por la autoridad gubernativa.

Solo podrá restringirse el ejercicio de este derecho, cuando, además, las medidas preventivas resulten imposibles de adoptar, o sean inadecuadas o desproporcionadas, habiéndose intentado, también, utilizar la facultad reconocida en el artículo 10 LORDR.

En los supuestos dudosos, ha de utilizarse como criterio general el principio “pro libertate”, no acordándose la prohibición.

Categorías:LeGiSLaCióN

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión

(B.O.E. de 18 de julio)


 

  • Sentencia de 4 de marzo de 2002, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija doctrina legal en relación con los artículos 5.a) y 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.

    (BOE 11/04/2002)


    En el recurso de casación en interés de la Ley número 2079/01, interpuesto por el Ministerio Fiscal, la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, en fecha 4 de marzo de 2002, que contiene el siguiente fallo:

    “FALLAMOS

    Debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación en interés de la Ley interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada el 21 de febrero de 2001 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso número 386/01 y, respetando la situación jurídica particular derivada de la referida sentencia, debemos fijar como doctrina legal la siguiente: En aplicación conjunta de los artículos 5.a) y 10 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión, la autoridad gubernativa tiene la facultad de prohibir una manifestación si estima razonadamente que concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito y, como tal, potencialmente generadora de alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes. Así lo declaramos a los efectos procedentes, sin especial pronunciamiento sobre costas.”

    Presidente: Excelentísimo señor don Enrique Cancer Lalanne.-Magistrados: excelentísimo señor don Ramón Trillo Torres; Excelentísimo señor don Manuel Goded Miranda; excelentísimo señor don Juan José González Rivas; excelentísimo señor don Fernando Martín González; excelentísimo señor don Nicolás Maurandi Guillén.


 

 

Incluye las modificaciones introducidas por:


 


 

 

JUAN CARLOS I,

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

La Constitución española de 1978 recoge, entre su diverso contenido, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, como uno de los pilares básicos, en el que se asienta el Estado social y democrático de Derecho.

El derecho de reunión, manifestación primordial de los derechos fundamentales, como derecho público subjetivo, venia regulado hasta el presente por la Ley 17/1976, de 2 de mayo, aprobada con anterioridad a la elaboración y entrada en vigor de la Constitución, y cuyo contenido se ajustaba al momento de transición política que vivía la sociedad española.

Tras la entrada en vigor de la Constitución, que consagra la libertad de reunión, se hace necesaria una regulación de dicho derecho con carácter general, modificando el ordenamiento jurídico en todo aquello en que no esté de acuerdo con los mandatos constitucionales, especialmente el que determina que el ejercicio del derecho de reunión no necesitará autorización previa. En definitiva, la presente Ley Orgánica pretende regular el núcleo esencial del derecho de reunión, ajustándolo a los preceptos de la Constitución.

Así, se elimina el sistema preventivo de autorizaciones en el ejercicio del derecho y se garantiza el mismo mediante un procedimiento en sede judicial de carácter sumario que evite las complejas tramitaciones administrativas que hacían ineficaz el propio ejercicio del
derecho, de conformidad con lo establecido en reiterada jurisprudencia constitucional.

En relación a las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se exige la comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de orden público, con peligro para personas o bienes, siguiendo de esta forma las normas recogidas en el artículo 21 de la Constitución.

Por último, se mantiene la vigencia de las normas de carácter especial, en tanto no recojan preceptos contrarios a la Constitución, definiéndose esta Ley como general y supletoria respecto a los regímenes especiales que se mantengan en vigor dentro de la Constitución.

CAPITULO PRIMERO

Ambito de aplicación

Artículo primero.

1. El derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, se ejercerá conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica.

2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.

3. Son reuniones ilícitas las así tipificadas por las Leyes penales.

Artículo segundo.

Se podrá ejercer el derecho de reunión sin sujeción a las prescripciones de la presente Ley Orgánica, cuando se trate de las reuniones siguientes:

a) Las que celebren las personas físicas en sus propios domicilios.

b) Las que celebren las personas físicas en locales públicos o privados por razones familiares o de amistad.

c) Las que celebren los Partidos políticos, Sindicatos, Organizaciones empresariales, Sociedades civiles y mercantiles, Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Cooperativas, Comunidades de propietarios y demás Entidades legalmente constituidas en lugares cerrados, para sus propios fines y mediante convocatoria que alcance exclusivamente a sus miembros, o a otras personas nominalmente invitadas.

d) Las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares cerrados para los fines propios de su profesión.

e) Las que se celebren en unidades, buques y recintos militares, a las que se refieren las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que se regirán por su legislación específica.

CAPITULO II
Disposiciones generales


Artículo tercero.

1. Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización.

2. La autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturvar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho.

Artículo cuarto.

1. Las reuniones, sometidas a la presente Ley, sólo podrán ser promovidas y convocadas por personas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2. Del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas.

3. Los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un daño a terceros, responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos. (Apartado modificado por Ley orgánica 4/1997)

4. La asistencia de militares de uniforme, o haciendo uso de su condición militar, a reuniones o manifestaciones públicas se regirá por su legislación específica.

Artículo quinto.

La autoridad gubernativa suspenderá y, en.su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales. (Ver Sentencia de 4 de marzo de 2002, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija doctrina legal en relación con los artículos 5.a) y 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión )
b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.

c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

Tales resoluciones se comunicarán previamente a los concurrentes en la forma legalmente prevista

 

CAPITULO III

De las reuniones en lugares cerrados

Artículo sexto.

Los organizadores y promotores de reuniones, incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, que se celebren en lugares, locales o recintos cerrados, podrán solicitar la presencia de delegados de la autoridad gubernativa.

Artículo séptimo.

Los delegados de la autoridad gubernativa no intervendrán en las discusiones o debates ni harán uso de la palabra para advertir o corregir a los participantes, todo ello Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

CAPITULO IV

De las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones

Artículo octavo.

La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo. Si se trataré de personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante.

Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.

Artículo Noveno.

1. En el escrito de comunicación se hará constar:

a) Nombre, apellidos, domicilio y documento oficial de identificación del organizador u organizadores o de su representante, caso de personas jurídicas, consignando también la denominación, naturaleza y domicilio de éstas.

b) Lugar, fecha, hora y duración prevista.

c) Objeto de la misma.

d) Itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías públicas.

e) Medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten de la autoridad gubernativa.

2. La autoridad gubernativa notificará al Ayuntamiento afectado los datos contenidos en el escrito de comunicación, excepto cuando se trate de una convocatoria urgente de las previstas en el párrafo segundo del artículo anterior, a fin de que éste informe en un plazo de veinticuatro horas sobre las circunstancias del recorrido propuesto. En caso de no recibirse el informe en dicho plazo, el mismo se entenderá favorable. El informe se referirá a causas objetivas tales como el estado de los lugares donde pretenda realizarse, la concurrencia con otros actos, las condiciones de seguridad de los lugares con arreglo a la normativa vigente y otras análogas de índole técnico. En todo caso, el informe no tendrá carácter vinculante y deberá ser motivado.

(Articulo redactado conforme a la Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril).

Artículo Décimo.

Ver Sentencia de 4 de marzo de 2002, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija doctrina legal en relación con los artículos 5.a) y 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión

Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

(Articulo redactado conforme a la Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril).

 

Artículo undécimo.

De no ser aceptada por los organizadores o promotores la prohibición u otras modificaciones propuestas, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia competente, en el plazo de cuarenta y ocho horas, trasladando copia de dicho recurso debidamente registrada a la autoridad gubernativa con el objeto de que aquélla remita inmediatamente el expediente a la Audiencia.

El Tribunal tramitará dicho recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 7. de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Tendrán la consideración de autoridad gubernativa a los efectos de la presente Ley, además de las de la Administración General del Estado, las correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias para protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, con arreglo a lo dispuesto en los respectivos Estatutos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y conforme al proceso de despliegue de las respectivas policías autónomas.

(Disposición incorporada por Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril).

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Esta Ley tiene carácter general y supletorio respecto de cualquiera otras de las que se regule el ejercicio de derecho de reunión.

Segunda.- Queda derogada la Ley 17/1976, de 2 de mayo, reguladora del Derecho de Reunión, y cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICION TRANSITORIA

En tanto no se promulgue la Ley Electoral prevista en el artículo 81.1 de la Constitución, las reuniones y manifestaciones que se realicen con motivo de campaña de propaganda electoral estarán sujetas a la jurisdicción de los órganos de la Administración electoral.

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 15 de julio de 1983.-

JUAN CARLOS R.-

El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez.

 

 

Categorías:LeGiSLaCióN

BELTZAS

Categorías:ViDeoS