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Archive for 8 mayo 2008

Detenidos unos 31 policías locales de Coslada por extorsión

Entre ellos se 

encuentra su máximo responsable, Ginés Jiménez.- Son sospechosos de chantajear a bares de copas y de coaccionar a prostitutas.- El Ayuntamiento niega responsabilidades políticas y la Comunidad se persona en la causa

 

Al menos 31 de agentes de los 159 con los que cuenta la Policía Local de la localidad madrileña de Coslada, entre ellos su oficial jefe, han sido detenidos por un delito de extorsión en bares de copas y comercios, en el transcurso de la llamada Operación Bloque, que lleva a cabo el Cuerpo Nacional de Policía, según han informado fuentes municipales. La operación, acompañada de registros en los domicilios de los agentes, comisarías y dependencias municipales, sigue abierta. El Ayuntamiento de Coslada (90.000 habitantes y a 12 kilómetros al este de la capital), gobernado por un pacto de izquierdas, admite que “había rumores” y niega cualquier implicación política, mientras que la Comunidad de Madrid, de signo contrario, anuncia que se personará en la causa y pide explicaciones al alcalde.

En el dispositivo han sido detenidos hasta el momento 31 policías locales, entre ellos el oficial jefe del Cuerpo, que es su máximo responsable, Ginés Jiménez Buendía, acusados de un delito de extorsión. Jiménez, natural de Murcia, de unos 48 años y licenciado en Periodismo, ha sido de los primeros en caer. Es jefe de la Policía Local de Coslada desde 1986, tras su paso por la Policía de Cartagena. Es además presidente de la Federación de Asociaciones de Jefes de Policía Local (Feajepol), elegido en 1994 y reelegido en 2006. En enero de 2003, la Audiencia de Madrid le absolvió de los tres delitos de detención ilegal en marzo de 1995.

Conexiones con una mafia rumana

Fuentes de la investigación han precisado que los 31 detenidos han sido trasladados a diferentes comisarias de Madrid, donde se prevé que permanezcan incomunicados durante 72 horas y que sean puestos a disposición judicial el lunes. Bloque es la segunda fase de una operación que se inició con la investigación de una mafia de origen rumano relacionada con la prostitución. Durante estas pesquisas se determinó que había esa mafia estaba relacionada con algunos policías locales. Se ha desarrollado durante semanas, hasta que el juez ha decidido intervenir hoy.

La investigación corre a cargo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid y en el operativo están participando también miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Al parecer, los agentes son sospechosos de cobrar, presuntamente, comisiones a bares de copas y clubes de alterne. Durante la mañana se han llevado a cabo numerosos registros por parte del Cuerpo Nacional de Policía en los domicilios de los agentes -incluida la casa de Jiménez Buendía-, en comisarías y en dependencias municipales como la sede de la Policía Local de Coslada.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Coslada -gobernado por el PSOE en coalición con IU y la Plataforma de Izquierda de Coslada (PIC)-, Antonio Murillo (PIC), se ha reunido esta misma mañana con responsables del Consistorio para reorganizar el Cuerpo, que cuenta con 159 agentes. A partir de ahora se va a reestructurar la plantilla, cuyo jefe será el suboficial Regidor. A la una de la tarde, el alcalde, Ángel Viveros (PSOE), y Murillo han dado una rueda de prensa en la que han subrayado que “no hay responsabilidades políticas” en el caso. Viveros ha afirmado “la mano en el fuego” no sólo por el actual equipo de Gobierno, sino también por el anterior del PP.

Rumores y quejas verbales

Tanto Viveros como Murillo han asegurado no tener constancia de que ningún empleado municipal implicado en la trama. El concejal de Seguridad ha admitido por su parte que había “había rumores” y quejas verbales de dueños de bares y de vecinos sobre la actuación de algunos policías, pero no se interpusieron denuncias, por lo que el Consistorio no actuó, a pesar de que sabía que las actas de inspección no se cumplimentaban adecuadamente. Tenían “mucha subjetividad”. Un funcionario municipal ha contado a esta web que era vox populi. “Iban a los bares, pedían de todo y no pagaban y no se cerraba hasta que ellos no se marchaban. Si alguien les ponía pegas, al día siguiente venían los problemas”. El concejal ha hablado de más de 20 policías detenidos, entre ellos el jefe, pero el número de imputados “será menor, en torno a 11”.

Murillo ha asegurado que entre los arrestados no hay ningún cargo municipal y que a los imputados se les suspenderá de empleo y sueldo “en cuanto haya una decisión judicial”. El edil ha pedido que no se criminalice a toda la Policía Local por este caso. Desde el sindicato CSIF, Gervasio Villaverde, ex policía local de Coslada, ha asegurado que ellos habían informado al alcalde “de la numerosas quejas que había de agentes y vecinos” porque sufrían una situación de “miedo e intimidación”. El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, ha expresado su respeto a la operación y ha apelado a la presunción de inocencia de los detenidos.

La Comunidad pide “trasparencia”

Mientras, el Gobierno de Madrid ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Comunidad para que se personen en las actuaciones judiciales. Así lo ha anunciado el vicepresidente primero, Ignacio González, tras el Consejo de Gobierno, al tiempo que ha exigido a las autoridades de Coslada una “explicación urgente” de los hechos, dado que, ha dicho, la policía local es un asunto de “responsabilidad y competencia exclusiva del alcalde”. González ha recordado que en Coslada hay “muchos policías” locales que están pagados por la Comunidad de Madrid a través del proyecto de seguridad ciudadana de las Bescam y por ello ha exigido “transparencia” a las autoridades municipales en un asunto que ha calificado de “muy grave y preocupante”.

La dueña de un local denuncia “presiones” y “miedo”

La dueña de unos de los bares del centro ha explicado hoy que el jefe de la Policía Local y varios de sus miembros “presionaban” a los responsables de los locales para que no cerraran a la hora reglamentaria cuando ellos estaban tomando algo.La mujer, que ha pedido no ser identificada, ha dicho a los periodistas que los dueños y trabajadores de los bares de la localidad sentían “miedo” de los agentes. Ha detallado que “si alguno de estos policías estaba en un bar, éste no se podía cerrar hasta que se fuera”, aunque se superara la hora reglamentaria. “Si te enfrentabas con ellos, iban a por ti”, ha añadido.

La operación de Coslada es la quinta contra la corrupción policial en 2008

 
       
La operación contra una supuesta trama de corrupción policial en la localidad madrileña de Coslada, en la que hay una treintena de agentes de la Policía Local detenidos, es la quinta operación de estas características que se pone en marcha en 2008.
EFE Ya en enero de este año fue arrestado el jefe de la Policía Local de Conil (Cádiz), por su presunta relación con una supuesta falsificación de documentos de vehículos y posterior apropiación de automóviles.

Un mes más tarde, el 9 de febrero, dos policías nacionales fueron detenidos en Melilla acusados de permitir la entrada de inmigrantes a cambio de dinero por los puestos fronterizos entre la ciudad autónoma y Marruecos.

El 21 de febrero, un ex inspector jefe de la Policía y dos guardias civiles ingresaron en prisión tras declarar ante el juez en relación con su supuesta participación en un robo de 400 kilos de cocaína depositados en un contenedor del puerto de Barcelona.

Los hechos se remontaban a noviembre de 2004, aunque no fue hasta febrero de 2008 cuando la investigación dio un giro a raíz de la confesión de uno de los delincuentes acusados de robo.

La operación más importante se desarrolló en la provincia de Málaga en marzo de 2008, cuando fueron detenidos cuatro mandos de la lucha contra la droga y el crimen organizado (UDYCO) de la Policía Nacional de Málaga, Marbella y Fuengirola.

Los detenidos están acusados de diversos delitos de apropiación indebida de efectos intervenidos por la Policía a bandas mafiosas.

El juez dictó prisión incondicional para los mandos de Málaga y Marbella y dejó en libertad con cargos a los otros dos policías implicados en el caso.

Un mes después los dos jefes policiales que permanecían en prisión fueron puestos en libertad bajo fianza de 40.000 euros.