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Archive for 9 febrero 2009

Los policías locales de Ávila, Córdoba, Fuenlabrada y Getafe serán los primeros en asumir funciones de Policía Judicial

Los ayuntamientos de Ávila, Córdoba y los municipios madrileños de Fuenlabrada y Getafe serán los primeros consistorios españoles en incorporarse al convenio específico entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que sus policías locales desarrollen funciones de policía judicial.
Durante la reunión de la Comisión Estatal de Seguridad Local, presidida por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el presidente de la Comisión de Seguridad de la FEMP y alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, los regidores de estas cuatro localidades mostraron su disposición a firmar de inmediato y desarrollar el citado convenio.
Este convenio establece una serie de mecanismos para asegurar una mayor participación y coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local que actúen en un mismo término municipal.
OBJETIVO: 15.000 AGENTES
Entre ellos se incluye la posibilidad de que los Cuerpos de Policía Local puedan intervenir como policía judicial, lo que implicaría un sustancial aumento del papel que desempeñan los ayuntamientos en materia de seguridad ciudadana. Cuando se desarrolle plenamente, unos 15.000 policías locales desarrollarán labores de policía judicial en todo el país.
El convenio que firmarán los cuatro ayuntamientos con el Ministerio del Interior permitirá mejorar la respuesta policial en la investigación de las infracciones penales que se produzcan en sus términos municipales.
Para ello, la participación de los respectivos Cuerpos de Policía Local en funciones de policía judicial, se extenderá tanto a la recepción de denuncias como a la investigación de los hechos que constituyan una o varias infracciones penales.
En concreto, se ajustará a aquellas que, en primera instancia policial, puedan ser calificadas como falta o delito menos grave, entre las que se encuentran, por ejemplo, las faltas penales, violencia doméstica y de género, quebrantamientos de condena, órdenes de alejamiento y privaciones del derecho a conducir, hurtos, los delitos contra la seguridad del tráfico o las amenazas y coacciones.
Para ello, los agentes de las distintas policías locales se integrarán en el Sistema Estatal de Bases de Datos Policiales y tendrán acceso, entre otros, a los datos relativos a antecedentes policiales, señalamientos nacionales, registros de vehículos o seguimiento integral de los casos de violencia de género.
Respecto a los casos de violencia de género, Córdoba ya ha realizado una experiencia piloto que permitirá agilizar la interconexión de Ávila, Fuenlabrada y Getafe al sistema de seguimiento en materia de violencia de género.
La Comisión Estatal acordó hoy también rebajar la ratio mínima necesaria que los ayuntamientos puedan incorporarse a este convenido de 1,5 a 1,2 agentes locales por cada mil habitantes con el objetivo de facilitar la integración de más municipios en las labores de policía judicial.
Igualmente, la Secretaría de Estado de Seguridad y la FEMP acordaron la creación de un grupo de trabajo que elaborará el plan de formación que recibirán los policías locales para el desarrollo de las nuevas funciones desarrollarán tras la firma del convenio específico.
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD VIAL
Además, entre los asuntos tratados en la reunión de hoy, se aprobó la constitución de la Comisión Mixta de Seguridad Vial, que estará copresidida por el director general de Tráfico y un responsable de la FEMP, e integrada por representantes de ésta y de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Jefatura de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Esta Comisión Mixta –prevista en el Convenio Marco de colaboración, cooperación y coordinación en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial suscrito por el Ministerio del Interior y la FEMP– se ocupará de elaborar un Convenio Específico en Materia de Seguridad Vial, así como un Plan de Acción para la Seguridad Vial que permita diagnosticar los problemas de atención prioritaria para la Guardia Civil y las Policías Locales en esta materia en el ámbito municipal.
Además, la nueva Comisión Mixta planificará las campañas y programas de actuación en materia de Seguridad Vial que desarrollarán a lo largo del año y de forma simultánea la Guardia Civil y las policías locales y fomentará la aprobación de las Ordenanzas de Tráfico y la realización de Planes de Seguridad Vial por parte de los gobiernos locales, con el fin de mejorar la eficacia en la prevención y el control de la siniestralidad.
Por otro lado, la Comisión Estatal también estudió el proyecto del Real Decreto que regula la constitución, composición y funcionamiento de las Juntas Locales de Seguridad, que se encuentra en su última fase de elaboración antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros. Igualmente, se abordó el borrador del Reglamento que regula la colaboración y creación de mancomunidades entre policías locales pertenecientes a diferentes ayuntamientos limítrofes.
FUENTE: (EUROPA PRESS) http://www.europapress.es/

La noche más atípica de Juan de Garay

Agentes uniformados con enormes perros de presa, decenas de porteros a las puertas de los locales, coches patrulla en todas las esquinas y policías de paisano camuflados entre el gentío. Así empezó la noche del sábado en la calle Juan de Garay, la zona de ocio juvenil de Barakaldo donde hace una semana un joven de 20 años estuvo a punto de morir apuñalado. En el dispositivo de seguridad participaron más de un veintena de policías municipales -uno cada 16 metros- y otras treinta personas entre ertzainas, porteros y personal privado. El resultado fue una velada atípica, con menos gente que de costumbre y sin apenas incidentes. Lo más llamativo fue el cierre cautelar del Androides, uno de los pubs más concurridos, tras una redada en la que la Policía descubrió a once menores de edad consumiendo alcohol.
Todo hacía prever que sería un sábado flojo para las discotecas. «Se junta el mal tiempo con la época de exámenes y lo que ha ido apareciendo en prensa sobre las medidas excepcionales de seguridad», comentaba Juan Calabote, regente del pub Mendigo. Él ve con buenos ojos la presencia de la Policía. «Tenemos el teléfono de varios agentes y, en cuanto nos enteramos de que pasa algo, les llamamos porque sabemos que acuden en pocos minutos», reconoce. «Y nuestros porteros han retenido a personas que estaban robando o armando jaleo en la calle hasta que ha llegado la Policía». Incluso recuerda el caso de un delincuente al que ayudaron a detener. «Se dedicaba a coger a chavales y llevarlos hasta el cajero para que sacaran dinero».
«Nunca me había pasado»
Ni el despliegue policial ni las constantes granizadas del sábado pudieron disuadir a los clientes habituales, que se congregaron por centenares a partir de las siete de la tarde. La noche transcurrió con calma. Los porteros, con exceso de celo, revisaban los carnés de todo el que trataba de acceder a los locales. El objetivo, no dejar entrar a ningún menor de 16 años, una operación que se repite en la barra cuando alguien pide una bebida alcohólica. Entonces, la edad exigida es de 18.
Los porteros, a base de malas experiencias, ya saben a quienes tienen que impedir el paso. «Llevo trabajando aquí seis meses y ya conozco a un centenar de personas a las que sé que no puedo dejar entrar», afirma una vigilante que prefiere no dar su nombre. «Es gente que cuando ha conseguido acceder al local te la ha liado», explica. En su trabajo tiene que aguantar insultos y amenazas, pero no se siente en peligro. «La Policía pasa por aquí cada poco tiempo», dice mientras sujeta la puerta para dejar salir a unas jóvenes.
A las nueve menos veinte, la música se apaga bruscamente en el pub Androides. Se encienden las luces y varios agentes uniformados entran en el local, donde hay más de cien jóvenes divirtiéndose. Empiezan a pedir carnés en una redada que coge por sorpresa al dueño, José, que lleva toda la noche pendiente de que se cumplan «rigurosamente» las medidas impuestas en las cuatro discotecas que regenta. En el registro descubren a dos chicos de 15 años y nueve de 16 -según el dueño sólo son cuatro- consumiendo alcohol.
Bajan las persianas del local como «medida cautelar» y empieza la pesadilla de su propietario, que todavía no sabe la suerte que correrá su negocio. De hecho, ni el Ayuntamiento prevé la sanción que dictará el juez, que podría ir desde una multa hasta el cierre definitivo del local. «Esto no me había pasado nunca», asegura. En sus manos tiene dos documentos de identidad falsos de los muchos que les presentan los chavales a los porteros.
En algunos casos son fotocopias trucadas, otros son auténticos pero no se corresponden con el portador. «A la semana podemos requisar entre 20 y 30 carnés como estos», explica el dueño, que se siente «traicionado» por el Ayuntamiento. «Saben que somos los que más colaboramos con ellos». La propia concejala de Seguridad Ciudadana, Olga Santamaría, admite su sorpresa. «Nos choca que haya sido precisamente este local el que haya tenido que ser cerrado».
Jose dice que ya no sabe qué más hacer para incrementar la seguridad en sus cuatro locales. «Tengo contratados a doce porteros, con lo que eso me supone en nóminas, para asegurar que no pase nada», insiste. «Hemos hecho de todo, desde tener cerrado el baño de los chicos hasta presentar un proyecto para instalar cámaras de vigilancia en las puertas que están conectadas directamente con la comisaría».
Ajenos al problema, los jóvenes tratan de seguir con la fiesta en otro local. Frustrada, Matxalen, de 17 años, no logra entrar al pub Puntazo. Es la una de la madrugada y se empieza a escuchar la frase ‘habrá que irse para casa’. No ha conseguido acceder a ningún local a pesar de que tiene la edad, aunque no para consumir alcohol. «El sábado pasado no me pidieron el carné en ningún sitio», asegura. Por eso imagina que esta situación no durará mucho y, si el control se mantiene, buscará otro lugar para salir de marcha. «Además, Barakaldo está lleno de macarras», zanja sonriente.

LA POLICÍA LOCAL TENDRÁ ACCESO A LA BASE INFORMÁTICA DE POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

9 febrero 2009 1 comentario
La Policía Local de Molina de Segura tendrá acceso al sistema informático de la Guardia Civil y la Policía Nacional de forma que los agentes locales podrán consultar directamente los ficheros nacionales de requisitorias judiciales y personas desaparecidas, vehículos sustraídos y otros datos de interés policial. El delegado del Gobierno, Rafael Gonzáles Tovar, ha presentado esta mañana los acuerdos de colaboración en seguridad ciudadana que se han establecido entre el Ministerio del Interior y cinco ayuntamientos de la Región de Murcia, uno de ellos el de Molina de Segura. Otro de los aspectos del acuerdo será la instalación de un sistema técnico de operaciones que permita la transferencia de llamadas entre las salas del 062 (Guardia Civil), 091 (Policía Nacional) y 092 (Policía Local), lo que supondrá el desvío de las llamadas entre salas y el intercambio automático de registros de comunicaciones. También, con la finalidad de mejorar la prestación del servicio al ciudadano, se facilitará la utilización conjunta de Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano para así, optimizar los recursos disponibles y dar más eficacia a las demandas de los vecinos. El Alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, ha resaltado que este acuerdo redundará en una mayor seguridad de los ciudadanos al permitir que la Policía Local pueda tener acceso de forma inmediata al banco de datos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El Concejal de Seguridad Ciudadana y Policía Local, Fortunato Arias, ha comentado que el acuerdo tiene además entre sus objetivos principales reforzar la colaboración y la coordinación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Local.