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Una policía local volcada con su nuevo cometido

La Oprovic de Santander es el último recurso creado para asistir a las mujeres que sufren la violencia machista

V. S. | SANTANDER.

En la Oprovic, Oficina de Protección de Víctimas de la Policía Local de Santander, no se estrenaron con buen pie: la primera chica a la que empezaron a asesorar y proteger tras su creación en marzo se volvió atrás en la denuncia contra su agresor.
Dicen sus responsables directos que es habitual que las más jóvenes cambien de opinión en algún momento del proceso. Pero fue retirarle la orden de alejamiento a su pareja un viernes y volver la chica en cuestión el lunes a pedir ayuda a la sede de la Policía Local de la calle Castilla. Esta vez en serio. «Y hoy esta mujer ha rehecho su vida», afirma con satisfacción una de las agentes que presta servicio en la oficina.
Esta oficina es el último recurso puesto en marcha para las mujeres que sufren violencia machista. Tiene sólo ocho meses de recorrido y, a la vez, experiencia suficiente, desde el momento en que está fuertemente ligada a la Unidad de Policía Judicial.
Antes, cualquier atestado de la Policía de Santander sobre violencia de género se remitía a los servicios especializados de otros cuerpos (el Emume de la Guardia Civil o el SAF de la Policía Nacional). Pero el Ayuntamiento decidió dar un paso al frente y gestionar de forma integral un servicio de ayuda y protección a las víctimas. En la actualidad, el departamento controla 47 casos en la capital. Catorce de las mujeres que se benefician tienen orden de alejamiento en vigor y nueve están con vigilancia policial.
Ninguna de 24 horas
Ninguna de ellas está ahora mismo calificada como en riesgo extremo, que exige 24 horas de atención. Pero han llegado a tener hasta tres en esta categoría. Actualmente, dos casos están clasificados como de riesgo bajo, cinco en riesgo medio y otros dos en riesgo alto. Es un programa informático el que establece el grado de peligro. Cada una de las partes debe rellenar un cuestionario que pregunta por daños, amenazas explícitas, conductas desafiantes, violencia sexual, problemas laborales, consumo de sustancias tóxicas, posibles trastornos mentales…
A cada cual le corresponde un tipo de seguimiento, que se hace tanto sobre la víctima como sobre el agresor. A menor peligro para la mujer, menores medidas. Los factores de riesgo van variando, «hay rachas mejores y peores», pero tanto ella como él están bajo vigilancia: se les cita y se está al tanto de cómo evoluciona la relación de ambos. Se habla con los vecinos, con los compañeros de trabajo y se comprueba la veracidad de las versiones que dan una y otro.
Sensación de pánico
Una de las responsables de la Oprovic asegura que las mujeres se sienten muy seguras en cuanto entran en este programa. «A veces ellas tienen más sensación de pánico de lo que realmente deben». Pero el servicio también está para eso.: «Para acompañar y hacer que dejen de sentirse tan inseguras».
La mayoría de las personas a las que se está dando cobertura piden al sistema «ayudas económicas y la teleasistencia», con la que consiguen un terminal móvil dotado de GPS que las mantiene en contacto con la Policía con sólo darle a un botón. Es un sistema fundamental, porque la terminal tiene toda la información de las circunstancias de la mujer y se envía una patrulla de inmediato.
El perfil de las mujeres que han pasado por la Oficina de Protección de Víctimas de la Policía de Santander es muy variado. La mayor parte tiene menos de 30 años y también en su mayoría son nacionales. Son gente de toda clase social (de extracción baja y también de clase media-alta). «Algunas se han presentado con el primer episodio de maltrato y otras aparecen cuando llevan 15 ó 20 años aguantando. Las que vienen con más edad tienen las cosas más claras y son más firmes en la decisión.
Entre las jóvenes, las hay que se vuelven atrás a mitad del proceso. Una agente reflexiona, sin justificar: «te preguntas entonces por las dificultades de cortar ese arraigo emocional».
Por ahora, este servicio no ha visto ningún ingreso en prisión de los varones denunciados. Y tampoco han visto sus responsables directos «ni una sola denuncia realizada para lograr una separación más rápida o por algún interés espurio».
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