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TODO LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL DECOMISO DEL VEHÍCULO

Fuente: AyT, Accidente y Tráfico.
 

Desde distintos medios se están lanzando informaciones incorrectas acerca de las razones que se valorarán para que un vehículo sea decomisado por las autoridades. Titulares como “Llevar inhibidores de radar acarreará el decomiso del vehículo” o “Un exceso de velocidad supondrá la pérdida de la propiedad de nuestro vehículo”, no son del todo ciertos y contribuyen a que se extienda el miedo entre los conductores.

Por ello, es nuestro deber matizar estas informaciones, haciendo una explicación exhaustiva de las distintas circunstancias que van a ser tenidas en cuenta por las autoridades para decretar el comiso o decomiso de nuestro vehículo.

Hasta la reciente reforma del artículo 385 del Código penal, el comiso del vehículo sólo estaba permitido en caso de conductores Kamikazes o que conducían como manifiesto desprecio por la vida. Con la reforma se ha extendido a supuestos como un grave exceso de velocidad, una alta tasa de alcohol en sangre o la conducción sin permiso, pero sumado a otras circunstancias, pues por sí solas, en principio, no serán motivo suficiente para decretarlo.

Para que pueda ser adoptada habrá que hacer un “juicio de peligrosidad” por parte de las autoridades. En estos juicios o valoraciones se tendrán en cuenta criterios:

  • De orden objetivo
  • De orden subjetivo

 

Los de orden objetivo son:

  1. La gravedad de la pena prevista para el delito que se haya cometido y la naturaleza de lo que se haya dañado o puesto en peligro con la infracción (es decir, la vida de las personas, el orden público, etc).
  2. Las circunstancias concurrentes que pudieran hacer que el hecho fuera más grave (ej. Cualquier agravante penal como la clara intención de delinquir y de provocar un daño real).
  3. Las manipulaciones realizadas en el vehículo que alteren las condiciones legalmente prescritas para la circulación (inhibidores de radar, tacógrafos manipulados, toda sustancia utilizada para que la matrícula no pueda ser reconocida, etc).
  4. La posible reincidencia del conductor con el vehículo que demuestren esa “relación criminógena” entre el vehículo y su conductor (ej. Cundo se utiliza el vehículo “como un arma” o como afirmación de poder o competitividad).
  5. El valor económico del vehículo. Si bien este punto no ha sido aclarado por el Fiscal de Seguridad Vial, podemos entender que este extremo se tendrá en cuenta en el sentido de poder pagar las sanciones económicas derivadas del delito con la pública subasta del vehículo.

Los criterios de orden subjetivo son:

  1. La situación económica y personal del penado. Se tendrá en cuenta el momento de crisis actual. Es decir, será más difícil que se aplique en casos en los que la persona esté pasando por apuros económicos. Se investigará la situación económica en cada caso.
  2. La importancia que el vehículo tenga para desempeñar su trabajo o para poder obtenerlo. Es decir, por ejemplo, en caso de ser transportista o mensajero, será más difícil que sea aplicado el decomiso.
  3. Las consecuencias que su aplicación pudiera tener para el penado o para su familia. Entendemos que éste criterio está estrechamente relacionado con el anterior, con la salvedad de que también se tendrá en cuenta la situación económica familiar.

Según el Fiscal de Seguridad Vial, “No se confiscará de manera indiscriminada, se hará una valoración conjunta de todos los criterios, se estudiará caso por caso”. El comiso buscará evitar la reincidencia y “tendrá un valor educativo”.

Serán asimismo factibles los comisos temporales o la imposición de garantías para el correcto uso del vehículo, tales como los limitadores de velocidad o el sistema alcohol-lock, que no nos permitirá arrancar el vehículo si superamos la tasa de alcohol permitida.

También se podrán aplicar decomisos de vehículos cuyo propietario sea distinto del conductor infractor, siempre y cuando el propietario “sea consciente del riesgo”, como por ejemplo la empresa que sabe que sus camiones circulan con tacógrafos manipulados.

En algunos casos, esta medida podrá ser considerada como “sustitutiva de la pena de prisión”, pues se pretende evitar con ello el desbordamiento de presos por delitos contra la seguridad vial.

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