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«Cocachip», el primer dispositivo español de detección rápida de drogas por saliva

26 noviembre 2012 Deja un comentario

Es capaz de detectar cocaína, cannabis, anfetaminas, metanfetaminas, polvo de ángel, opiáceos y benzodiacepinas.
Tras cuatro años de investigación, desarrollo e innovación, este viernes se ha presentado «Cocachip» en Madrid, el primer dispositivo español capaz de realizar un test de detección rápida de estupefacientes en el punto de atención al paciente. Esta innovación española, homologada por la Unión Europea, ha sido desarrollada por AlphaSIP, una pyme de origen aragonés, y desarrollada desde su inicio en colaboración con la Subinspección Central de la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid.
La tecnología de última generación empleada se basa en un chip de diagnóstico médico creado a partir de nanotecnología. Se trata de un test no invasivo, con una fiabilidad del 97% y muy rápido y fácil de utilizar. Se recolecta la muestra de saliva a través de un hisopo, se inserta en la tarjeta desechable y se incorpora al dispositivo, que en una franja de tiempo entre 5 y 7 minutos aporta el resultado en la pantalla LCD a través de un ticket impreso de forma instantánea. El kit recolector incluye un hisopo para la recogida de otra muestra de saliva, en caso de que el conductor haya dado positivo y sea necesario un contraanálisis. «Cocachip» incluye además todo lo necesario para la Cadena de Custodia.
«Somos un magnífico ejemplo de colaboración tecnológica entre España y otros países, en este caso Estados Unidos, y la prueba de que una pyme española puede construirse a partir de I+D de última generación y en un sector de grandes oportunidades como la biomedicina, asegura el cofundador y CEO de AlphaSIP, Miguel Roncalés.
El espectro de estupefacientes detectados por «Cocachip» es muy amplio y abarca los más consumidos: anfetaminas, benzodiacepinas,cannabis, metanfetaminas, polvo de ángel, opiáceos, cocaína, feniticitina, metadona, morfina y éxtasis. Según el informe europeo DRUID de 2011, el cannabis y la cocaína son las dos sustancias con más presencia entre los conductores controlados.
Los resultados del dispositivo han sido validados a través de un muestreo de campo realizado con pacientes del Proyecto Hombre, contrastados mediante contraanálisis a través de un laboratorio certificado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). Además CocaCHIP está homologado por el ITA, Instituto Tecnológico de Aragón y dispone de la Certificación de Calidad del Marcado CE. Se emplea ya en municipios españoles y se prevé su comercialización en Europa y EE.UU. en 2013.
Orientado a la seguridad vial
Aunque las aplicaciones son múltiples, su ensayo y comercialización actual se orientan hacia la seguridad vial mediante controles de tráfico en carreteras y ciudad en prevención de accidentes. Por tanto, Dirección General de Tráfico, Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Policía Judicial y Policía Municipal tienen la capacidad con esta tecnología de controlar de forma rigurosa en la red viaria el consumo de drogas.
La versatilidad y fácil manejo del dispositivo es un paso hacia la prevención médica personalizada y permite otros usos sociales para control de consumo de drogas: A nivel laboral, con enfoque hacia mutuas, aseguradoras y ETTs, con objeto de saber si un trabajador o mutualista consume este tipo de sustancias; en el sector de las empresas del transporte, para evitar accidentes; en hospitales, centros de rehabilitación y clínicas psiquiátricas, para detección de consumo en pacientes; y, por último, en farmacias y distribuidoras farmacéuticas, para ofrecer la prueba con un justificante homologado.
Fuente: www.abc.es
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La Policía Municipal localiza un laboratorio ilegal en Villa de Vallecas

26 noviembre 2012 2 comentarios

La Policía Municipal de Madrid ha localizado y precintado un laboratorio ilegal dedicado a la preparación y almacenamiento de productos químicos en un inmueble del distrito de Villa de Vallecas.

Según ha informado hoy el Ayuntamiento de la capital en una nota, fue un vecino del edificio, situado en la calle de Torre de Don Miguel, quien alertó de un fuerte olor a productos químicos.
Cuando los agentes de la Unidad Integral de Distrito de Villa de Vallecas llegaron al lugar también observaron varios botes con el símbolo característico de riesgo biológico.
Por ello, y en colaboración con la Unidad de Medio Ambiente de Policía Municipal de Madrid, técnicos del laboratorio municipal y de consumo comprobaron que aunque el inmueble estaba dividido en dos zonas de trabajo -preparación de productos y almacenamiento- se utilizaban indistintamente para una u otra función.
Así, productos en fase de elaboración, residuos y preparados caducados estaban mezclados en los mismos espacios, mientras que en los pasillos, zonas de aseo y despacho también había material de laboratorio apilado y productos preparados para su comercialización.
Durante la inspección de las instalaciones, el responsable de la empresa explicó que la firma estaba registrada como sociedad limitada y que se dedicaba a elaborar medios de cultivo microbiológico y preparados que luego comercializaban a otras empresas, muchas de ellas dedicadas a la preparación de productos alimenticios.
Entre las numerosas infracciones detectadas, el Ayuntamiento de Madrid ha informado de que no disponía de licencia de funcionamiento ni de cualquier otra que le habilitara a ejercer la actividad de laboratorio.
Además, la empresa no figuraba en el registro de productores de residuos peligrosos de la Comunidad de Madrid, y la gestión en el almacenamiento como en la posterior eliminación de estos residuos no era la adecuada.
También carecía de un protocolo de trabajo y de medidas de seguridad (guantes, mascarillas…) e higiene (envases sin esterilizar, reutilización de jeringuillas…) respecto de la manipulación de productos químicos.
El Ayuntamiento de Madrid ha destacado que gracias a la colaboración ciudadana se puso en marcha un operativo policial que ha supuesto el precinto cautelar de estas instalaciones que funcionaban como laboratorio ilegal. EFE
Fuente: diariosur.es

El negocio de la esclavitud sexual, impune

26 noviembre 2012 Deja un comentario

Erik Montalbán

«Tú no te vas a ningún lado». Estas palabras fueron las primeras que escuchó Isela, de 26 años, nada más llegar a España procedente de Rumanía. Estaba en un prostíbulo, en lugar del trabajo como empleada doméstica interna que le habían prometido. Trató de marcharse, pero no se lo permitieron. Sin darse cuenta, acababa de caer en las redes de la trata de seres humanos. Como ella, millones de mujeres, hombres y niños de todo el mundo son víctimas de la explotación sexual, aunque sólo unos pocos casos son conocidos por la opinión pública. El último se destapó este mismo fin de semana, cuando la Policía detuvo a 12 personas en Castellón, Valencia, Murcia y Albacete, gerentes y trabajadores de locales nocturnos, que captaban a mujeres en Brasil y otros países. Tras facilitarles la entrada en España, las obligaban a prostituirse para pagar el viaje. Una vez liberadas, muchas de ellas no se atreven a denunciar, y ninguna llega a cobrar indemnización alguna.

Apoyo especializado No se conoce su número con exactitud, pero se cree que sólo 1 de cada 20 personas en esta situación están identificadas, y únicamente unos pocos logran escapar. Para conseguirlo, además de la lucha de las autoridades contra estas mafias, es imprescindible contar con apoyos especializados, como el que Proyecto Esperanza lleva brindando a estas mujeres en desde 1999. Gracias a ellos, más de 630 personas han recibido ayuda para cambiar de vida. Gila, Faizah, Marie, Aadab o Ruth pasaron por situaciones parecidas a la de Isela. Aunque sus nombres son ficticios por motivos de seguridad, sus historias, verdaderos relatos de esclavitud en el siglo XXI, sí son reales.

Aunque muchas veces no saben realmente a lo que vienen a nuestro país, algunas son conscientes de que vienen a ejercer la prostitución. Lo que no pueden imaginar son las condiciones. «No pueden decidir sobre su propia vida o sobre el dinero que obtienen», explica Marta González, coordinadora de Proyecto Esperanza, a cargo de la Congregación de Religiosas Adoratrices. «En el club tenían cámaras y rejas en las ventanas. Un portero vigilaba permanentemente para que no saliéramos y trabajábamos sin cobrar ningún dinero», cuenta Carolina, colombiana. Aunque la explotación afecta también al ámbito laboral –agricultura, venta ambulante, servicio doméstico o mendicidad–, el 96,6 por ciento de los casos son de trata sexual. Yoana, de Rumanía, tenía que prostituirse en la calle llevando sólo un sujetador y un tanga a pesar del frío. «Me exigían que ganara 600 euros al día. Si no, me pegaban golpes en la cabeza y me amenazaban con un cuchillo», dice.

Pero la coacción física no es la única forma con la que las mafias consiguen que las mujeres que denuncian o piden ayuda sigan siendo minoría. «Tú sabes muy bien que yo sé dónde está tu hijo. Tú sabes que yo sé dónde está toda tu familia, dónde trabajan, dónde está tu casa». Esta fue la frase que le dijeron a Isela el primer día que se negó a prostituirse tras dos horas de paliza. «Me ponían a mi hija al teléfono llorando mientras me decían que si no aceptaba lo que me pedían le harían daño», asegura Ruth, nigeriana de 28 años. A pesar de todo, algunas de ellas sacan fuerzas de flaqueza y denuncian a sus esclavizadores, aún a riesgo de su vida. «Me amenazan con quemar la casa de mi familia y secuestrar a mi hermana pequeña si no retiro la denuncia», dice con miedo Alexandra, también de Rumanía. Pero la Justicia es lenta y el resultado descorazonador. Sólo la mitad de las que denunciaron saben que en su caso ha habido sentencia. Y aunque esta sea condenatoria, ninguna ha cobrado indemnización alguna. A pesar de lo sumamente lucrativo que resulta este negocio, los explotadores logran ocultar sus ganancias y evadir sus bienes, declarándose luego insolventes, por lo que al menos, económicamente hablando, la trata queda impune. Incluso cuando se decomisan bienes a los tratantes, éstos se destinan al Estado, y no a hacer efectivo el cobro de las indemnizaciones a las víctimas.

Las trabas para salir de este mundo no acaban ahí. Aunque la obligación de proteger a las víctimas –8 de cada 10 son mujeres– no depende del hecho de que decidan denunciar, esto sólo es la teoría. En la práctica, muchas piensan que existe una relación directa entre su colaboración con la Policía y el acceso a la ayuda para escapar de la trata. El problema se agrava porque muchas están en España en situación irregular y temen que su denuncia vaya aparejada a la deportación. «Es como si una persona se estuviese ahogando y percibiese al socorrista como a un tiburón, en lugar de como una ayuda», afirman desde Proyecto Esperanza.

Eso fue lo que le sucedió a Gilma, paraguaya de 22 años, cuando la Policía fue al club donde estaba siendo explotada. «No tuve el valor de contar todo lo que me estaba pasando, tenía miedo». A Ruth no la creyeron cuando denunció. «Les dije que no tenía más información porque esa gente no permitía que supiéramos mucho sobre ellos, pero se negaron a asistirme». Aunque parezca casi un milagro dados los obstáculos que encuentran, algunas tienen suerte y consiguen salir de ese agujero negro que es la trata. Se abre para ellas entonces un mundo nuevo de sueños y esperanzas. «Quiero ser la chica de antes otra vez», asegura Gilma. Para la camerunesa Marie, de 37 años, Proyecto Esperanza ha sido vital en su transformación. Los hombres de la mafia que la trajo a nuestro país la violaban todos los días. Tardó dos años en llegar a España. Viajó en un camión con otras cien personas en el que apenas podía respirar. Sólo 22 llegaron con vida. Los demás murieron en el mar. «Cuando llegue aquí estaba como una persona muerta. Si hoy sonrío, es gracias al proyecto. Lo que quiero es… ser feliz. Por una vez en mi vida. Por una vez, de verdad».

3.526 posibles víctimas atendidas Según consta en el III Informe de Seguimiento del Plan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, correspondiente a 2011, de las 1.082 víctimas identificadas el pasado año en España, en torno al 95 por ciento eran extranjeras. Asimismo, más de un 90 por ciento eran mujeres, cuatro de cada diez estaban en situación irregular en nuestro país y 15 de ellas eran menores de edad. Gracias a las organizaciones sin ánimo de lucro –46 proyectos de 42 instituciones recibieron subvenciones gubernamentales–, se contactó con 14.600 mujeres y se atendió a 3.526 posibles víctimas de explotación sexual. Además, Policía y Guardia Civil ejecutaron 2.375 inspecciones en lugares en los que se sospecharon casos de trata, intensificando así los mecanismos de detección temprana.

Fuente. larazon.es

Anulan la sanción impuesta a un policía local por perder el transmisor durante una operación

26 noviembre 2012 Deja un comentario

Los hechos tuvieron lugar mientras el agente desarrollaba una intervención en el mercadillo de Santa María de Gracia. Fue suspendido dos días de empleo y sueldo
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no ha admitido el recurso que el ayuntamiento de Murcia presentó contra la sentencia de un juzgado que anuló la sanción impuesta a un policía local que perdió el transmisor que tenía asignado durante una intervención en el mercadillo de Santa María de Gracia.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso indica que el consistorio impuso a este agente una sanción disciplinaria de dos días de suspensión de empleo y de pérdida de remuneración.
El juzgado de lo contencioso de Murcia, en su resolución de marzo pasado, anuló el acuerdo municipal porque había sido adoptado en aplicación del reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios públicos, cuando debió hacerse según lo previsto en la legislación reguladora de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Ahora, el TSJ no ha admitido el recurso presentado por el ayuntamiento porque la cuantía del pleito no alcanza los 30.000 euros mínimos exigidos por la legislación para que un asunto pueda llegar al mismo.

Un total de 146 mujeres de León tiene su móvil conectado con la Policía Local para evitar casos de violencia de género

26 noviembre 2012 Deja un comentario

Los agentes realizaron 168 intervenciones este año, seis por incumplimiento de órdenes de alejamiento, 65 por incidentes con la pareja y 49 por demandas de protección

El Grupo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Policía Local de León (Gamu) presta ayuda directa a un total de 146 mujeres a través del teléfono móvil. Pulsando un botón de su terminal, estas mujeres saben que una patrulla estará junto a ellas en menos de tres minutos. De estos casos, 34 teléfonos pertenecen al Ayuntamiento y el resto son propiedad de la mujer, aunque están conectados con la Policía.
Dentro del Programa de Protección de Mujeres Víctimas de Violencia, la Policía Local ha realizado en lo que va de año 168 intervenciones, 49 demandas de protección, seis actuaciones por incumplimiento de órdenes de alejamiento y 65 por incidentes con la pareja. Además, 315 mujeres cuentan en este momento con una orden de alejamiento de sus ex parejas y la Policía Local ha llevado a cabo en lo que va de año 2.089 intervenciones de protección directa a mujeres con ocasión de asistir a los juzgados, intercambio de hijos, recogida de enseres de sus domicilios o protecciones individuales en situaciones críticas.
Los inicios de estos sistemas de ayuda se remontan al mes de junio de 1999, cuando la Policía Local de León ponía en marcha el primer Programa de Protección de Mujeres Víctimas de Violencia con la intención de dotar a este colectivo de apoyo y de una respuesta policial rápida y cercana. En 1998 se realizaron 150 intervenciones por maltrato, incluso antes de que la agresión se hubiera producido. Con una previsión inicial para dar protección a 15 mujeres, al finalizar en ese ejercicio ya se encontraban dentro del programa 36 víctimas de violencia de género.
Este programa ha sido cedido por el Ayuntamiento de León a distintos ayuntamientos e instituciones y ha servicio de modelo a otras iniciativas más ambiciosas de ámbito nacional. El programa consta de dos áreas, la ‘Comisión de Seguimiento’, -en la que participan todos las instituciones y asociaciones ubicadas en la ciudad, así como los cuerpos de Policía Local y Nacional bajo la presidencia de la concejala de Mujer- y la gestión y explotación del programa informático y la protección directa de las mujeres.
En el año 2005, debido a la expansión del Programa de Protección, el Ayuntamiento creó el Grupo Especial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (Gamu), que desarrolla funciones de asesoramiento policial y protección.
Para ingresar en este programa, la Comisión de Seguimiento debe revisar el expediente y realizar una valoración de la víctima. Entonces, la Policía Local le asigna un terminal de teléfono móvil con diferentes opciones de localización y que, pulsando una sola tecla, pone en contacto directo a la víctima con la centralita.
Con la víctima en tres minutos
Además, a los agentes se les proporcionan datos sobre la víctima, sobre el agresor, sobre su ubicación, sobre su situación legal (si tiene orden de protección o alejamiento, etc.). Una información que permite la mayor celeridad a la hora de acudir a la llamada, así como una mayor eficacia para adoptar medidas de protección. La Policía Local se compromete a poner una patrulla junto a la víctima en un tiempo máximo de tres minutos. En la actualidad, el programa incluye a todas las mujeres que tengan una medida judicial de protección y permite su inclusión usando su propio terminal telefónico.

Unos 7.900 policías velarán por la seguridad durante la jornada electoral en Cataluña

26 noviembre 2012 Deja un comentario

Mossos d'Esquadra

Mossos d’Esquadra, en una fotografía de archivo. (AGENCIAS)

 

La seguridad durante la jornada de las elecciones catalanas de este domingo será llevada a cabo por 7.881 efectivos policiales, ha informado la Generalitat.

En concreto, durante la jornada electoral del 25-N se movilizarán un total de 6.146 agentes de los Mossos d’Esquadra, de los que 3.083 forman parte del dispositivo específico para las elecciones, a los que se sumarán 1.735 efectivos, entre policías locales y vigilantes.

Un total de 5,4 millones de catalanes están citados a las urnas este domingo, en una jornada en la que abrirán 2.718 colegios y se constituirán 8.130 mesas electorales.

Precisamente, los agentes que integren el dispositivo de seguridad específico de las elecciones se centrarán, sobre todo, en garantizar la apertura y normal funcionamiento de los colegios electorales.

La Junta forma a 3.300 policías locales en violencia de género para actuar con mayor eficacia en estos casos

26 noviembre 2012 Deja un comentario

Según informan en un comunicado, desde que la Consejería impulsó esta actividad formativa especializada en 1996, ha impartido un total de 83 cursos desarrollados tanto en la sede de la ESPA, en el municipio sevillano de Aznalcázar, como en otros centros comarcales de la Junta de Andalucía donde los alumnos han profundizado en las características y dimensiones de este fenómeno.

La Consejería de Justicia e Interior, a través de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (EPSA), ha formado a un total de 3.319 policías locales de toda Andalucía en violencia de género con el objetivo de mejorar sus conocimientos y preparación a la hora de intervenir en delitos relacionados con los malos tratos y las agresiones sexuales a mujeres.

Según informan en un comunicado, desde que la Consejería impulsó esta actividad formativa especializada en 1996, ha impartido un total de 83 cursos desarrollados tanto en la sede de la ESPA, en el municipio sevillano de Aznalcázar, como en otros centros comarcales de la Junta de Andalucía donde los alumnos han profundizado en las características y dimensiones de este fenómeno.

  La sensibilización de los profesionales de los cuerpos de policía andaluces es una de las prioridades de esta formación que incluye, además, amplios contenidos sobre el marco legal e institucional de actuación ante casos de violencia contra las mujeres. En estos cursos se incide en la importancia de potenciar los procedimientos de coordinación y profundizar en las instrucciones y pautas de intervención policial ante casos de malos tratos.

  La Consejería de Justicia e Interior considera fundamental el papel que juegan los agentes de la Policía Local en la lucha contra la violencia de género por su proximidad a las víctimas y su conocimiento de la realidad y de su entorno, “por lo que su actuación puede contribuir a fomentar la detección temprana de este tipo de casos”.

De esta manera, la formación va destinada a potenciar las habilidades de los agentes para el descubrimiento de estados incipientes de los conflictos de género que desencadenan la violencia. En este sentido, se incide en la preparación desde un punto de vista técnico-policial para observar la realidad, el entorno de la víctima y las actitudes del denunciado, elementos de gran valor para la alerta temprana de estos casos. Además, los cursos van dirigidos a instruir a los agentes en la obtención de fuentes de prueba que contribuyen a la constatación de los hechos en el proceso judicial y evitar de este modo que no recaiga exclusivamente la denuncia en la declaración incriminatoria de la víctima.

  Con esta formación especializada, la Consejería ofrece además una permanente actualización de la capacitación y preparación de estos profesionales para actuar con eficacia ante las nuevas realidades y exigencias en una materia de gran complejidad y que exige una importante sensibilidad y cualificación.

Violencia psicológica y abusos sexuales

En esta actividad formativa son importantes también los contenidos referidos a los aspectos psisociales de los supuestos de violencia de género, subrayando temas fundamentales como las agresiones sexuales a mujeres, con  sus connotaciones forenses, y los abusos sexuales a menores, unidos a sus características psicológicas.

En cuanto a los aspectos legales de la violencia contra la mujer, destacan también las clases dedicadas a la protección legal a las víctimas, las distintas formas de violencia, los quebrantamientos de condena, la detención de presuntos delincuentes y las órdenes de protección de las víctimas.

  Los cursos de la ESPA tienen como objetivo fundamental potenciar la formación específica y continua de los profesionales que desarrollan actividades en materia de seguridad pública y emergencias, proporcionando herramientas y técnicas de intervención que den respuesta a las nuevas demandas y a las nuevas realidades y fomenten al mismo tiempo su especialización en áreas de gran relevancia y sensibilidad social, como es el caso de la violencia de género.

  En sus 25 años de trayectoria, la ESPA “ha avanzado de forma constante en el volumen y en la calidad de sus actividades, desarrollando en este tiempo 4.600 cursos y formando a cerca de 140.000 profesionales de la seguridad y las emergencias”. Esta escuela ha mejorado además sus instalaciones en los municipios sevillanos de Aznalcázar y Huévar, donde ofrece el soporte técnico y didáctico necesario para una formación práctica y teórica de calidad.

  La Consejería de Justicia e Interior ha puesto en marcha recientemente nuevas experiencias que fomentan la teleformación, la especialización en las nuevas demandas ciudadanas en materia de seguridad y emergencias y el incremento del número de horas prácticas en los cursos impartidos.