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Archive for 8 mayo 2013

Arrollan a un Policia Local cuando ivan a ser denunciados.

Un agente municipal multó al conductor de un coche por dejarlo en un “carga y descarga”, pero este lo arrolló con el vehículo y el acompañante lo “remató” con un puñetazo.

Policia Local de La LagunaMiembros de la Policía Local de La Laguna detuvieron a un hombre de 51 años, identificado como F.E.B.R., como supuesto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad.

Los hechos comenzaron a las 16:30 horas en la calle 6 de diciembre, cuando un motorista decidió multar al conductor de un vehículo que estaba aparcado en zona de carga y descarga.

Cuando el agente esperaba por la grúa, llegó el conductor, de 64 años, y, a pesar de las advertencias del funcionario, se subió en el turismo, arrancó y atropello al policía local. La víctima cayó sobre el capó y la luna delantera del automóvil.

El conductor quedó imputado por desobediencia. Minutos después, hasta el lugar del incidente acudió el arrestado, que manifestó: “Soy teniente de la Guardia Civil; yo mando sobre ustedes”.

Este último hombre, que tiene problemas de salud mental, se acercó al agente lesionado y le propinó un puñetazo en la cara.

El hombre arrestado tuvo que ser reducido por varios agentes municipales, debido a su corpulencia, unos 120 kilos aproximadamente, así como a su gran agresividad.

De hecho, dos de los funcionarios que procedieron a la colocación de los grilletes sufrieron lesiones de carácter leve.

El arrestado fue trasladado en primer lugar hasta dependencias de la Jefatura de la Policía Local, donde se le instruyeron las primeras diligencias.

Posteriormente, F.E.B.R. fue trasladado hasta los calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de La Laguna.

Además, el agente arrollado en el accidente sufrió lesiones leves en una rodilla, así como erosiones y magulladuras.

Respecto al individuo arrestado que vociferó que era “guardia civil” se trata de un vecino de La Verdellada que, con cierta frecuencia y debido a su trastorno psíquico, asegura que forma parte de dicho cuerpo de seguridad, pero en realidad, no tiene nada que ver con el mismo, según señalaron fuentes policiales.

Publicado en: El Día, Diario de Avisos

Fugarse de la cárcel, cada día más fácil

No les hizo falta orquestar una trama compleja, cavar un túnel subterráneo ni compincharse con media prisión. El evasor del siglo XXI lo tiene bastante más fácil que Steve McQueen en «La Gran Evasión». Solo debe esperar el momento y aprovechar la oportunidad. Así lo hizo el interno de origen pakistaní que se fugó de la Modelo de Barcelona. Un gran parecido con su hermano le sirvió para intercambiar papeles. La saturación del centro penitenciario hizo el resto. Para cuando los Mossos se dieron cuenta él ya estaba lejos.

Los dos hombres que se marcharon de la cárcel de Tarragona aprovecharon el caos generalizado tras el suicidio de Ángel Ventura Jiménez para descolgarse sigilosamente con una sábana más allá de la valla.

Tres fugas en solo una semana que ponen en duda la capacidad de las prisiones catalanas para mantener a los presos tras los barrotes. ¿Qué está pasando?

Masificación y recortes

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), advertía ayer de que Tarragona no cuenta con las infraestructuras que requiere una «prisión moderna». Pero sí las tienen.

Mas d’Enric, la prisión construída en el Catllar está lista para estrenar y sustituir a la actual desde 2011. Pero según la Generailtat no puede inaugurarse ya que carece de los servicios básicos (como una depuradora). La realidad es otra.

El responsable de prisiones de UGT Cataluña, Xavier Martínez, explica que la Generalitat «paga 2 millones de euros al mes en derechos de superficie» a la empresa propietaria de este centro. El problema es que «le compensa dejarlo cerrado porque le costaría más dinero mantenerlo abierto», explica Martínez.

Es más, en estos momentos «no existe ninguna dotación presupuestaria para paliar las grandes deficiencias de los centros de más antigüedad», añade Martínez.

La oleada de recortes llevada a cabo por la Generalitat en los últimos años no excluye a los centros penitenciarios y las consecuencias comienzan a notarse. «Las condiciones de los centros penitenciarios no se mantienen y además empeoran», explica Martínez.

La Modelo inaugurada en el año 1904 acoge a 1.700 reclusos. Los presos tienen derecho a recibir la visita de un máximo de cuatro familiares que deberán identificarse previamente antes de meterse en la prisión. Luego serán dirigidos a una sala privada en la que podrán verse con el preso sin la presencia de funcionarios de prisiones.

Para acceder a esta sala el interno debe estampar su huella en una hoja y volverá a hacerlo a la salida para que el funcionario compruebe que las dos huellas coinciden y que se trata de la misma persona.

Pero la cantidad de visitas de familiares que se reciben a diario (en la Modelo unas 2.000 mensuales), junto al hecho de que el registro de la huella se hace con tinta al no estar digitalizado, dificulta el control, según ha criticado en declaraciones del portavoz del sindicato Csi-f, Juan Luis Escudero.

Darse a la fuga, más fácil

La «sobremasificación» de la Modelo a la que se refirió ayer el alcalde de Tarragona no es un caso aislado. «No se cubren jubilaciones ni vacantes en todas las cárceles de Cataluña», explica el representante de UGT. En estas condiciones la fuga de un recluso ha pasado de ser un hecho anecdótico que «se producía en contadas ocasiones» a algo «casi habitual», a juicio de Martínez. Desde que comenzó el año se han fugado seis personas de prisiones catalanas, tres solo en la última semana.

«Intentos de fuga han ocurrido desde siempre», explica Martínez, el problema es que ahora, por la escasez de recursos humanos todo lo que deben hacer los reclusos es «esperar la oportunidad».

Fuente: abc.es

La lentitud de la Justicia deja libre a la banda de atracadores más peligrosa de España

Manuel Amancio Álvarez, alias ‘Josu’; Juan Francisco Rodríguez, alias ‘Johnny’; Roberto Carlos Méndez, alias ‘Robert’; José Luis Basterrechea, alias ‘Loren’ y Miguel Ángel Correa, alias ‘Correas’, fueron presentados el 29 de marzo de 2011 como «la banda de atracadores españoles más importante y activa». Las autoridades les calificaron como «peligrosos delincuentes» tras arrestarlos en un espectacular operativo desarrollado en Bilbao, Portugalete y Castro Urdiales, donde residían. Se les acusaba de 49 atracos a entidades financieras entre 2005 y 2010. El último, el 26 de octubre de ese año en una sucursal del Santander en la localidad tarraconense de Cambrils, donde mataron a Estela Calduch, una cajera que recibió un tiro en el cuello.

El grupo cesó en su actividad tras el homicidio porque se convirtió en la banda más buscada del país. Se inició una operación policial sin precedentes denominada ‘Cornisa’ por el área geográfica donde principalmente perpetraban sus golpes: Euskadi, Cantabria y Asturias, aunque también actuaron en Cataluña. 150 miembros de la Ertzaintza, Mossos d’Escuadra, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía trabajaron conjuntamente durante cinco meses hasta que, finalmente, se produjeron los arrestos.

Pieza separada

Ahora, poco más de dos años después, los cinco acusados están en la calle. No ha habido sentencias ni condenas porque los procesos judiciales aún están en fase de instrucción, según el fiscal jefe de Tarragona, Javier Jou. Tras haber transcurrido sin avances el tope de dos años de prisión provisional han quedado en libertad. «Se trata de una disfunción que no es deseable… Esto no tendría que haberse producido», lamentaba ayer a este periódico.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Reus es el que lleva el asunto porque es el que le corresponde a Cambrils, donde se produjo el delito más grave. De hecho, el proceso por el homicidio de la cajera «se desgajó en pieza separada para acelerar la instrucción», dice el máximo representante del ministerio público en Tarragona.

La cuestión es que, a medida que pasaban los meses, los acusados iban siendo puestos en libertad porque el juez de instrucción no entendía que procediese alargar más la prisión provisional. El pasado marzo, al cumplirse los dos años del arresto, «solo dos personas seguían en la cárcel». Se trataba de ‘Loren’, al que se le imputan delitos de asociación ilícita y varios robos violentos, y ‘Josu’, sospechoso de haber disparado accidentalmente la bala que segó la vida de Estela Calduch cuando metía la mano por la ventanilla.

‘Loren’ quedó en libertad el mismo marzo, cuando transcurrió el tope de dos años de prisión provisional. ‘Johnny’, ‘Robert’ y ‘Correas’ habían salido antes porque «el juez puede tomar esa decisión en cualquier momento en función de las circunstancias: se valora la posibilidad de reincidencia, de fuga, de destrucción de pruebas…». Sin embargo, el titular del juzgado decidió prorrogar el periodo de encarcelamiento para ‘Josu’, acusado del delito más grave, ya que la ley permite dilatar la prisión provisional durante dos años más si hay causa justificada.

La defensa de ‘Josu’, también apodado ‘El Bravo’, presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona pidiendo la libertad de su representado. La Fiscalía se opuso pero, finalmente, los magistrados, en una resolución del 30 de abril, estimaron las pretensiones del abogado. En su auto recriminan al juez instructor que se hayan producido «retrasos no justificados» en el proceso, en el que sigue pendiente la práctica de diligencias de investigación como la declaración de testigos.

El porqué de los retrasos

De ese modo, ‘Josu’, baracaldés de 44 años que en el momento de ser detenido regentaba un bar en Bilbao, regresó el pasado viernes a su domicilio en Castro Urdiales. Eso sí, debe presentarse a diario en el juzgado de su lugar de residencia, le ha sido retirado el pasaporte y tiene la prohibición expresa de salir del país. En definitiva, ya están en la calle todos los miembros de la que fue la banda de atracadores más buscada de España, esa que durante un lustro daba sus golpes valiéndose de disfraces, pelucas, gorras y barbas postizas para evitar que sus miembros fuesen identificados. Portaban armas de fuego que nunca dispararon hasta que llegaron a Cambrils.

¿Cómo es posible que en dos años la Justicia no haya podido avanzar más en el proceso y que sus retrasos acaben dejando en libertad a presuntos delincuentes peligrosos? Según el fiscal jefe de Tarragona hay dos explicaciones. En primer lugar, el juzgado de Reus se encontró con un proceso en el que debía investigar medio centenar de atracos, lo que implica practicar un número ingente de diligencias como testificales, peritaciones, reconocimientos en rueda… Y parece ser que la Justicia no está preparada para semejante actividad. Por otra parte, Javier Jou apunta a que «en estos juzgados hay mucha movilidad de funcionarios y jueces», lo que también acaba por provocar retrasos.

Fuente: elcorreo.com

La Policía Local interviene 1.200 cajetillas de tabaco de contrabando

 

CÓRDOBA, 7 May. (EUROPA PRESS) –

   Agentes de la Policía Local de Córdoba, en colaboración con la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido 1.200 cajetillas de tabaco de contrabando, de diferentes marcas, en el marco de una operación desarrollada en la ciudad.

   Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba, la actuación se produjo este lunes, sobre las 14,40 horas, en un establecimiento de alimentación de la capital cordobesa, donde se encontró dicha cantidad de tabaco sin los precintos reglamentarios.

Los hechos son constitutivos de un delito de contrabando de tabaco, cuyo valor en el mercado ilícito hubiera alcanzado los 4.500 euros. Los expedientes correspondientes se han remitido al Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, para su tramitación por presuntas infracciones a la Ley Orgánica 12/95.

Condenan a responsables del bar Maquiavello por no obedecer a la policía local

 

En marzo se cumplió un año desde que cuatro bares de la Madrila están cerrados por orden judicial, en respuesta a la denuncia de la asociación Cácereños Contra el Ruido. Uno de ellos es el Maquiavello, que ahora vuelve a ser noticia al ser condenado uno de sus propietarios y el encargado por desobedecer a la policía local. Los otros tres bares que siguen cerrados son La Cuerda, LaBele y el Submarino.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 condena a Juan Luis S. B. y a Vicente M. S., el primero socio de la empresa que explotaba el bar y el segundo el encargado. Los dos son condenados por cometer un delito continuado de desobediencia a la autoridad, el primero de ellos a nueve meses de prisión y el segundo a seis.

Según recoge la sentencia, la policía local precintó los equipos de música del local al superar los límites legales de emisión de ruidos, pero los dos responsables no hicieron caso y continuaron usando los aparatos de música.

También incumplieron el horario de cierre, manteniendo el bar abierto más allá del límite permitido (a las tres de la madrugada de acuerdo a su categoría de bar especial durante los meses de invierno).  Así lo hicieron en diciembre de 2010 y en febrero del año siguiente.

Opositores a Policía Local reclaman que la edad límite para presentarse aumente al menos a 35 años

 

  • EUROPA PRESS. 08.05.2013

La Plataforma de de Afectados/as por no poder acceder a las oposiciones a Policía Local en Asturias, dado que el límite de edad está en 30 años, en lugar de al menos a 35, ha demandado al Gobierno autonómico medidas para solucionar esta situación.

A través de una nota de prensa, se han referido a las 12 plazas que acaban de convocarse para el Ayuntamiento de Oviedo, Consistorio que “ha desestimado los recursos contra las bases presentados por algunos opositores y por UGT y todos han decidido ayer llevarlo al Contencioso”.

La Plataforma critica que algunos Ayuntamientos “se amparan en que el Convenio para cambiar las normas Marco en la región y ampliar este límite está en 30 años, ya que está pendiente de firma esta ampliación a 35 desde hace varios años, por la impasividad del Sipla (Sindicato Independiente de Policías Locales de Asturias) y de los continuos cambios de Gobierno”.

El colectivo reclaga al Gobierno autonómico del PSOE que “agilice la firma de la Ley de Coordinación de Policías Locales del Principado de Asturias, y por ello hemos enviado una circular a todos los Ayuntamientos de Asturias”.

El Gobierno Canario Impone una cambio de uniformidad a las Policías Locales

La medida es criticada con rotundidad por CC.OO. y la Asociación de Jefes de la provincia, ya que hay otras prioridades, además, se les presentó un presupuesto con el nombre de una empresa concreta.

CC.OO. Policia Local Canaria 04El Gobierno de Canarias implantará nuevos uniformes en las Policías Locales del Archipiélago con nuevos colores y que incluyen la denominación “Policía Local Canaria”, que afectará a casi 3.500 agentes locales.

Fuentes de Comisiones Obreras (CC.OO.) y de la Asociación de Jefes de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife aseguran que dicho proyecto supondrá un gasto de como mínimo 1.500.000 euros, una cantidad que resulta excesiva para ambos colectivos, tanto si lo deben asumir los ayuntamientos como si lo afronta el Ejecutivo autónomo.

Además el stock de vestuario que tienen tanto las corporaciones locales como las tiendas especializadas dejaran de ser del todo útiles, ya que la implantación de este proyecto obliga a cambiar la vestimenta de los agentes de servicio ordinario, con un tiempo máximo para su total homogeneización.

Fuentes de la Agrupación Sindical de las Policías Locales de CC.OO. muestran su rotundo rechazo a tal medida, por su excesivo coste en un contexto de crisis económica preocupante.

Recuerdan que, en principio, quien debería asumir ese gasto son los ayuntamientos, pero en estos momentos hay consistorios que, incluso, tienen serios problemas para pagar las nóminas de los trabajadores. Desde esa perspectiva, CC.OO. y los jefes señalan que esta iniciativa de cambio de vestimenta demuestra desconocimiento de la realidad que padecen las administraciones municipales.

Desde Comisiones Obreras señalan que la Dirección General de Seguridad y Emergencias les ha remitido una propuesta de presupuesto para la nueva indumentaria. En dicho borrador, el uniforme mínimo para cada policía cuesta unos 200 euros e incluye una camisa (60 euros aproximadamente), un pantalón (70 euros aproximadamente) y las insignias (galones y escudos).

En dicha cantidad total (200 euros) no figuran ni los zapatos, ni las gorras ni los anoraks, respecto a esta última prenda, cada ejemplar puede llegar a costar unos 350 euros.

Si se tiene en cuenta que cada funcionario policial debería tener, al menos, dos ropas por higiene y operatividad, el precio por cada agente asciende a 400 euros para el equipamiento mínimo y, si se multiplica por los 3.500 policías locales, la cantidad asciende a cerca de 1.500.000 euros.

Otra modificación es unificar para todas las islas los trajes de intervención, compuestos por mono negro y un casco amarillo.

Tanto la asociación de Jefes como representantes de Comisiones Obreras critican otro detalle respecto al mismo asunto, como es que les hayan enviado una propuesta económica oficial del Gobierno Canario que incluye el nombre y la dirección de una empresa concreta, cuya sede social está en el Barrio de El Cardonal, en el municipio de La Laguna, ya saben “zapatero a tus zapatos…”.

CC.OO. y los jefes señalan que este tipo de acciones, aunque no haya ilegalidad alguna, desde el punto de vista ético no contribuyen a que los administrados piensen que existe un proceso transparente y ajustado a la normativa de los concursos públicos.

Por último y si fuera poco, surge la idea de homogeneizar los galones y divisas policiales que hay en Canarias y por ello el Ejecutivo Autónomo pretende imponer las divisas que lleva el Cuerpo General de la Policía Canaria.

Ya saben, por que es más fácil cambiarle los galones a más de 3.500 Policías Locales que modificárselos a tan solo 100 Agentes Autónomos.23

Fuentes: CC.OO. y PoliciaLocal.Wordpress