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LA UNIDAD CANINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE BILBAO ENCUENTRA UNA CHICA QUE SUFRIO UN SECUESTRO EXPRES

Descalza, las manos atadas a la espalda con el cordón de una de sus zapatillas, tiritando de frío porque le habían quitado el jersey y sólo llevaba una blusa, y en pleno monte en una gélida noche. Así encontró el pasado 7 de enero un agente de la Unidad Canina de la Policía Municipal de Bilbao a la víctima del primer ‘secuestro exprés’, de 26 años, cuando se dirigía hacia la base en el alto de Kobetas. La joven estaba «presa del pánico», según la descripción del policía.
Los asaltantes la habían abandonado allí después de abordarla en la calle Tellagorri, en un parking debajo de la autopista en el barrio de Basurto, cuando descargaba maletas. La advirtieron de que no les mirara a la cara y se colocara con la cabeza entre las piernas y las manos extendidas en el asiento trasero del coche. Después, la llevaron a Zorroza, desvalijaron su cuenta, subieron por Siete Campas y la dejaron tirada en Kobetas. Todo, en menos de una hora.
La Policía Municipal tuvo claro desde el principio que los autores del ‘secuestro exprés’ conocían bien el laberinto de caminos y calles que les condujo hasta la zona alta de Bilbao, por lo que sospechaban que debían residir por la zona, y no se equivocaban.
La Unidad de Investigación de Delitos ha detenido a los tres implicados en el ‘secuestro exprés’ y en su intento de réplica con otra mujer una semana después en la calle Jardín Txikerra, dentro del triángulo Basurto-Rekalde-Amezola, donde actuaban. Con estos tres arrestos se consideran resueltos dos estremecedores asaltos que han generado una gran alarma social en Bilbao, ciudad poco acostumbrada a este tipo de delincuencia. Según las pesquisas, el primer caso y más grave fue cometido presuntamente por D.A.S.C., colombiano de 24 años, y soldado profesional que servía en el cuartel de Loyola, y H.J.G.L., de misma edad y nacido en Guayaquil (Ecuador), tercer y último detenido ayer a mediodía en su domicilio, ubicado en las inmediaciones de las calles Pablo Alzola y Autonomía.
Este mismo joven participó presuntamente también en la segunda intentona, con un hermano mayor del militar, D.S.C., de 31 años con domicilio en Balmaseda y repartidor de muebles en la zona de Encartaciones. Esta vez, aunque emplearon el mismo ‘modus operandi’ y amenazaron a la víctima con una navaja, no lograron retener a la chica, que huyó después de que le sustrajeran 150 euros y un anillo. El hecho de que los captores utilizaran frases intimidatorias como «somos sicarios, venimos de Madrid, y sólo queremos utilizar el vehículo», marcó claras coincidencias entre los autores de ambos delitos.
Registro de la taquilla
El primer detenido, cuyas huellas aparecieron en el coche de la víctima, ingresó en prisión provisional la noche del miércoles por orden judicial acusado de secuestro y robo con violencia e intimidación. Su hermano contactó con la comisaría de Garellano a comienzos de semana para preguntar por el paradero de su familiar. Para entonces, los investigadores ya sospechaban de él y le habían sometido a seguimientos. Finalmente, D.S.C. terminó delatándose, confesó su participación en el segundo intento de secuestro -dijo que había conducido el coche- e implicó al tercer cómplice. Ayer a mediodía fue trasladado al juzgado de guardia.
La Policía local descubrió que este nuevo personaje era el chico que había logrado huir a la carrera cuando detuvieron a D.A.S.C. el pasado domingo alrededor de las diez de la noche en la Avenida del Ferrocarril con Pérez Galdos. Ambos seguían a una mujer que paseaba un perro y fueron sorprendidos por agentes de paisano que participaban en un dispositivo policial al efecto. Él, por tanto, era el elemento común en ambos casos, en los que acompañó a cada uno de los dos hermanos.
Agentes camuflados y de uniforme vigilaron su domicilio durante toda la mañana de ayer hasta que, a mediodía, salió del portal y fue detenido. Continúan las pesquisas para encontrar nuevas evidencias, como el anillo sustraído a la segunda víctima, por ejemplo. Entre otros, los agentes tienen previsto registrar la taquilla del soldado en Loyola, y su petate. Una pregunta queda en el aire: ¿Por qué un militar profesional, que puede cobrar 1.200 euros al mes, se arriesga a cometer un delito tan grave, y sin tomar excesivas precauciones?
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