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De investigar a traficantes y ladrones a patrullar

No pasa nada, nos pondremos de nuevo el uniforme, pero después de tantos años ganándonos el puesto con trabajo nos jode marchar por la puerta de atrás». Las prestigiosas unidades especiales de la Policía Municipal de Bilbao –investigación de drogas, delitos contra la propiedad y Policía Científica– peligran. El nuevo plan de reestructuración y la consiguiente reasignación de puestos van a suponer la expulsión de los agentes más experimentados, la mayoría de los que conforman actualmente esos grupos, lo que ha provocado un gran malestar en la plantilla. «De ser una Policía referente a nivel nacional, en tres años no va a quedar nada», advierten los sindicatos.

Las unidades especiales se crearon en los años 90 por pura necesidad, para combatir la creciente delincuencia, cuando aún no se había desplegado la Ertzaintza en la capital vizcaína y el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil se enfrentaban con la banda terrorista ETA.

Operación tras operación se fueron ganando la admiración de otros cuerpos, la confianza de los jueces y el prestigio social. En estos años han obtenido 20 felicitaciones por méritos policiales, la última de ellas concedida el año pasado por el Cuerpo Nacional de Policía y entregada el día de los Ángeles Custodios en el cuartel de Basauri. También recibieron el premio Integra, conocido como los ‘Óscar’ de la seguridad, en 2007 en Zaragoza.

Hace tres años, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, Tomás del Hierro, que se licenció como ertzaina y fue director del cuerpo durante 16 años, anunció un plan para reestructurar la Policía Municipal y con ella las unidades especiales que él mismo contribuyó a crear. El final del terrorismo requería también un nuevo modelo policial y «los agentes superespecialistas de hace 21 años tendrán que trabajar de otra forma», anunció en una contundente declaración de intenciones en una entrevista publicada por EL CORREO en octubre de 2011. Se comprometió entonces a que estos famosos grupos se mantuvieran, aunque con menos efectivos, otro nombre y con límites de «máxima permanencia». Su prioridad pasaba por sacar uniformes a la calle y acercar a los policías al ciudadano.

La Unidad de Drogas, conocida en el argot como los ‘Dogos’, se reducirá de 16 integrantes a 10 y se llamará Inspección Antidroga, mientras que las de Policía Científica –’Héctor’– y de investigación de delitos –los ‘Limas’– desaparecen y se refunden en una nueva unidad de Policía Judicial. Hasta ahí, la plantilla había asumido los cambios con resignación, aunque no les gustaran. Sin embargo, la nueva reubicación de todos los efectivos a la que obliga el plan amenaza con provocar una rebelión en Miribilla.

El pasado 10 de enero, los agentes de las unidades especiales recibieron una carta en la que se les anunciaba su cese y que pasaban a integrar la Inspección Vecinal, donde se englobarán a partir de ahora todos los patrulleros de base. A finales de febrero, se asignarán las jefaturas de las unidades y a lo largo del primer semestre de este año se completarán los grupos. Eso significa que policías que se han dedicado en los últimos 20 años a investigar y detener, entre otros, a los clanes de traficantes de San Francisco, a los responsables de bares donde se consume droga de forma descarada y a las asociaciones cannábicas que se lucran con la venta de sustancias ilegales, o a capturar a los ‘Alcántara’, los famosos delincuentes juveniles que asaltaban estancos, tiendas de electrónica y hasta en cuatro ocasiones una óptica del barrio de Santutxu, al atracador de las farmacias y otros, dejarán este trabajo para pasar a poner multas y regular el tráfico en los cruces, entre otras funciones. «La experiencia y la profesionalidad se ignora completamente en aras ¿de qué?», protestan. «Ya no somos policías, ahora somos todos inspectores vecinales, y el más privilegiado, inspector comunitario. La palabra policía ha desaparecido», se queja un agente.

Paganos

Según explica Alberto Ferrer, delegado de UGT en la guardia urbana bilbaína, «se ha buscado una fórmula que penaliza a los agentes más veteranos». Los responsables de Recursos Humanos han tomado como punto de partida la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Policía Municipal de Bilbao, en 1995 y los primeros destinos, pero los más veteranos por entonces ya estaban en las unidades especiales y en otros puestos. De esta forma, agentes con más de 20 años de experiencia seguían hasta ahora «en comisión de servicios» mientras otros que apenas han estado tres meses tienen un puesto fijo. «Entonces, el funcionamiento del Ayuntamiento era deficiente y se les hace paganos a ellos», afirma Ferrer. «No me digan que los que acaban de llegar tienen más derecho que tú».

El límite máximo de permanencia de 10 años, renovable por períodos de dos en dos, en estos grupos especiales provocará, a juicio de Pedro Ruesgas, de ELA, situaciones injustas. «Puedes ser un profesional como la copa de un pino y a los diez años te echan. Es incomprensible».

En el caso de la Unidad de Drogas y de Atención Comunitaria, la antigua UTB, de control de horarios de bares, existe además un agravante. Los agentes más experimentados, la mayoría de los que conforman ahora el grupo y le han dado su fama –ha sido durante años la Policía que más heroína ha decomisado en las calles del País Vasco– tendrán que irse sin posibilidad de volver a presentarse a la oposición porque han establecido unos límites de edad. Para entrar, los agentes no podrán tener más de 42 años y los cabos, más de 45. La salida obligatoria se sitúa en los 52 para los agentes y 55 para los agentes primeros. Según les han explicado, el Ayuntamiento cuenta con un informe interno sobre la edad del número de detenidos por drogas, que se sitúa entre los 30 y los 42 años, por lo que, en su opinión, las personas mayores de esa edad no podrían investigarles sin pasar desapercibidos. Este argumento «peregrino» ha sublevado a los policías. Primero, porque aseguran que no es cierto. Sostienen que han contado con la estadística global de toda la Policía Local, no sólo con sus detenidos. «Para investigar no me infiltro. Vigilo y no me ven, de eso se trata. En 20 años nunca ha habido ningún problema, hemos trabajado de forma limpia. Puedo investigar mucho mejor a uno de 18 años sentado leyendo el periódico que uno de su edad», se justifican los especialistas, con una sobrada y demostrada eficacia en desmantelar bandas de traficantes. Para los agentes, esto demuestra que sus responsables «no conocen en absoluto cómo se trabaja» en estos grupos. Con este mismo argumento «tendrían que expulsar a las pocas mujeres que hay en la Policía Municipal porque la mayoría de los detenidos son hombres», comparan.

Además, «¿un hombre de 50 años no es válido para investigar a traficantes, pero sí para correr detrás de los delincuentes por las calles? Es absurdo», comparan. «Han querido democratizar todo el sistema y para eso son injustos con la gente que se ha ganado su puesto trabajando». El sindicalista de ELA defiende que si un agente sale con 43 años de la unidad de Tráfico «tenga los mismos derechos que el resto de trabajadores de entrar en Drogas si eso es lo que quiere». Además, para esta central, habría que observar cada caso por separado porque aunque piden la segunda actividad a los 55 años, hay policías que pese a lo penoso del trabajo a turnos, se encuentran en un estado psicofísico aceptable a esa edad y motivados para seguir investigando; «y eso hay que respetarlo».

Animicamente destrozados, los investigadores veteranos se sienten «vapuleados, menospreciados, ninguneados», señala Gorka Monedero, portavoz del Sindicato Vasco de Policía y Emergencias (SVPE). «Pertenecer a una unidad especial te otorga un caché en cualquier cuerpo policial del mundo y aquí te dan una palmada y a interactuar con el ciudadano, como le gusta decir al concejal». «Es una puñalada trapera a los compañeros que han estado desempeñando una buena labor. Si fuera por razones operativas, lo entendería, pero es todo lo contrario, son efectivos al 100%». A su juicio, las unidades deberían estar compuestas por agentes con experiencia y por jóvenes que vayan aprendiendo de los primeros. Pero «el señor concejal no atiende a razones, le importa un pimiento la operatividad». Ambos sindicatos, UGT y SVPE, van a recurrir «la inconstitucionalidad» de esta medida y ELA está estudiando si impugnar la nueva RPT, aprobada el pasado 3 de enero, como hizo con la anterior. «Nadie puede ser discriminado por razón de edad», defienden.

Además de la parte operativa, las unidades especiales representan el trabajo «más delicado, el de campo», explica Monedero. «El ordenamiento jurídico en drogas es muy legalista, la investigación hay que plasmarla en unas diligencias y llevarlas ante la Audiencia, donde hay tres jueces que las examinan. Se aprende a hacerlo bien y a no fallar con los años». Hay agentes ‘jóvenes’ en estos grupos que nunca han presentado una diligencia de entrada y registro, ni han completado un atestado. También «es cuestión de años conseguir buenos confidentes, que se arriesguen para dar información, y la confianza de los jueces».

Para Alberto Ferrer, de UGT, esta política va a afectar negativamente a la Policía en dos sentidos: «Se perjudica la eficacia del servicio y la experiencia es un valor. Van a poner en la calle a agentes con una motivación muy escasa. Les quedan muchos años de trabajo por delante y sienten que se les ha apartado de malas maneras y con trampas; ni siquiera un gracias por lo servicios prestados».

Pero «no tiene vuelta atrás», creen. Resignados, los agentes afectados se ven ya con el uniforme. «Me adapto a cualquier cosa, pero llevo desde los 90 sin desarrollar esa labor, tendría que volver a aprender». «Los patrulleros dan la cara ante los ciudadanos más que nosotros, pero después de toda la vida aquí nos hubiera gustado una salida digna, no por la puerta de atrás, avergonzados y de malas maneras».

«Si destinan a los 800 efectivos de la Policía Municipal a regular el tráfico y a ayudar a los señores a tender la ropa, uniformes se van a ver en la calle, pero ¿de qué sirve? ¿Quién va a perseguir los delitos? ¿Quién va a investigar?», se preguntan.

Fuente: elcorreo.com

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