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La Policía Local rastrea las redes sociales para frenar el auge de fiestas ilegales y botellones

Tienen perfiles en cada una de las redes sociales para husmear lo que se cuece en ellas. El anonimato de Internet les permite patrullar por la web como policías de paisano. Cuando detectan alguna convocatoria, se infiltran en los grupos de amigos para conocer todos los detalles y anticiparse al evento.

Los agentes saben que los macrobotellones y las fiestas ilegales, que suelen celebrarse en recintos que no están acondicionados y con aforos muy superiores a los permitidos, empiezan a gestarse mucho antes en Internet. Por eso, la estrategia policial pasa ahora por rastrear Tuenti, Facebook o Twitter como una rutina más de trabajo.

El Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga ha destinado un equipo de agentes que, en horario de mañana y de tarde, se dedica a indagar en las redes sociales. «Hacen búsquedas periódicas, dos o tres veces por semana», explica el inspector Juan Ortiz, que es el jefe de la unidad.

El GIP ha intensificado esa labor de vigilancia siguiendo instrucciones de la Fiscalía de Menores, que el pasado verano envió un oficio a los ayuntamientos de la provincia solicitando que identificaran a todos adolescentes que fuesen sorprendidos bebiendo alcohol. Desde entonces, se han logrado frustrar cuatro convocatorias y se han cerrado dos locales por permitir el consumo de licores a menores de edad.

Botellón de menores

La última intervención se produjo el pasado día 21. Los agentes del GIP evitaron un botellón que tres menores estaban organizando a las puertas de una discoteca del centro donde se iba a celebrar una fiesta. En el mensaje que hicieron circular por la red, advertían de que en el establecimiento sólo se iban a servir refrescos, e invitaban a los interesados a llevar botellas de alcohol «con cuidado y a escondidas».

Tras contactar con el local en cuestión, que anuló la reserva y canceló el contrato, los policías identificaron a las tres chicas, todas de 15 años. Inmediatamente después, informaron a sus padres de la responsabilidad que tendrían si el evento llegaba a celebrarse. «La denuncia sólo llega a materializarse si hay consecuencias», subraya el inspector. Es lo que ocurrió en la última fiesta de la primavera, donde se multó con 2.000 euros a la joven que inició la convocatoria con un mensaje colgado en Facebook.

No en vano, las redes sociales han pasado de ser una herramienta de investigación para identificar a los autores a convertirse también en una fuente de información previa. El jefe del GIP lanza un aviso a navegantes: «Ya estamos rastreando la web para vigilar quién convoca la próxima fiesta de la primavera».

Fuente: diariosur.es

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