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Archive for 7 abril 2014

Malestar en el sindicato de la Policía Local por las críticas del Defensor del Ciudadano

Los policías locales de Sevilla han pedido al alcalde, Juan Ignacio Zoido, que inste al Defensor del Ciudadano, José Barranca, a “moderar su discurso” cuando hable de la Policía Local. Los agentes se refieren a las críticas vertidas por el Defensor acerca de los modales y la estética de determinados miembros de este cuerpo de seguridad. En su memoria de 2012, Barranca aseguraba que el trabajo y la actitud de los policías locales eran el motivo de numerosas quejas ciudadanas. En la del 2013, que está a la espera de que se resuelva la polémica con el delegado de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento, el Defensor ha pedido a los agentes que se dejen de “falso compañerismo” y denuncien a la minoría que se comporta de forma incorrecta o luce “abalorios” en el uniforme.

En una carta, el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, Manuel Bustelo, pide a Zoido que “haga algo más” para impedir estas críticas. “Al igual que nosotros, sabe que son injustas, y eso es lo que queremos pedirle, que con la autoridad que a usted se le presupone, inste al señor Barranca a moderar su discurso cuando se dirija a nuestro colectivo”, apunta el representante del sindicato mayoritario en la plantilla de Sevilla en su misiva, fechada el 31 de marzo.

Bustelo le recuerda al alcalde que ya el año pasado la Policía Local sufrió las críticas “injustificadas” de Barranca y que “curiosamente” los agentes de este cuerpo no habían sido protagonistas de ningún informe anterior de otros defensores de la ciudadanía. “Sabemos que nuestro trabajo no gusta y entendemos que podemos recibir críticas, pero el trabajo de la Policía Local de Sevilla no se queda sólo en poner multas. A diario se realizan muchos servicios que son aplaudidos por los sevillanos y usted lo sabe. El señor Barranca sólo se queda con lo negativo y saca punta de ello”.

El Sppme lamenta que la campaña publicitaria del Ayuntamiento para mejorar la imagen de la Policía Local, con los costes que ha conllevado, se vaya “al traste” por las declaraciones del Defensor del Ciudadano. “Como colectivo, agradecemos el esfuerzo y le apoyamos para que siga por ese camino, consideramos que es positivo para ambas partes, pero, claro, todo se va al traste cuando nuevamente este año el Defensor realiza unas declaraciones en prensa dejando a los policías locales a los pies de los caballos y tirando por tierra todo el trabajo que usted como gobierno había hecho anteriormente”, añade Bustelo, en referencia a la información publicada por este periódico en la que Barranca instaba a los policías a cuidar su estética.

Los representantes de la Policía Local explican al alcalde que están muy dolidos por “su silencio”, que no quieren entender como “cómplice”. “El año pasado, cuando recibimos las críticas injustas del informe, nos dirigimos a usted nos pidió tranquilidad y nos dijo que usted lo solucionaría. Visto lo visto este año, creemos que no ha solucionado nada”.

Por otro lado, el portavoz socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, reclamó ayer al alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), que sustituya al Defensor Barranca por “una persona independiente” porque los “juicios de valor y opiniones personales” del presidente de la Comisión de Quejas y Reclamaciones “alteran completamente la función y objetivos” de su cargo.

Fuente: diariodesevilla.es

Diferencias entre un policía municipal y un agente de Movilidad de Madrid

El incidente de tráfico protagonizado ayer por Esperanza Aguirre en la Gran Vía ha abierto el debate sobre las funciones de los agentes de Movilidad en la capital y sus diferencias con las de un Policía Municipal. Un portavoz del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid no han querido resolver a ABC dichas dudas y han remitido a este periódico «a los reglamentos municipales donde consta todo por escrito».

Según los mismos, la principal diferencia entre la Policía Municipal y este Cuerpo de agentes de Movilidad es que la Policía «es un instituto armado y está integrada dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». En este sentido, y según consta en dichos reglamentos, los policías municipales tienen reconocidas –además de las tareas de Movilidad– sus «funciones de participación con las otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de Policía Judicial y de seguridad ciudadana».

Sí son agentes de la autoridad

Los agentes de Movilidad, por su parte, no portan armas y se dedican exclusivamente a ayudar a la Policía Municipal en las tareas de «ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación». Estos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid no están integrados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pero, en el ejercicio de sus funciones, «tienen la consideración de agentes de la autoridad subordinados a los miembros del Cuerpo de Policía Municipal».

Según el Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad de Ayuntamiento de Madrid, estás son sus funciones básicas:

1. La regulación del tráfico en las vías públicas.

2. Velar por el cumplimiento de las normas de circulación y estacionamiento, así como denunciar todo tipo de infracciones de las mismas.

3. Ordenar la retirada de vehículos de la vía pública por los servicios de grúa.

4. Actuar coordinadamente con los controladores de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y del Servicio de Control de los Carriles-Bus (SACE).

Fuente: abc.es

Los antisistema difunden por la red datos de 300 policías de la UIP

«Los descerebrados de las UIP también son vulnerables». Así arranca el archivo colgado en las redes por ultras en el que vulneran datos sobre agentes de las Unidades de Intervención Policial, los conocidos como antidisturbios. Son casi 300, en concreto 277, las direcciones de correos y sus contraseñas, pertenecientes a agentes de estas unidades que han sido divulgadas por los radicales, en un intento de amedrentarlos.

Polémica por el uso de las imágenes
La oposición, fundamentalmente el PSOE e IU, han tachado de retroceso a las libertades el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Creen que en ese intento se enmarca también las medidas para evitar las grabaciones a los policías. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, explicó en el Congreso que el Gobierno «pretende impedir que se puedan utilizar imágenes para poner en peligro la seguridad y la vida de policías, guardias civiles y policías locales, que se haga un uso criminal, un uso pernicioso de esas imágenes, no un uso divulgativo». «Desde el Ministerio del Interior, sí queremos dar respuesta a esa situación de riesgo que nos cuentan muchos policías y guardias civiles, porque creemos que se lo merecen».
«La red está llena de información. Podréis golpearnos físicamente pero nosotros podemos exponer información sensible acerca de cada uno de vosotros y ya sabéis, la información a día de hoy puede hacer mucho daño, hasta el punto de enmarcar vuestro futuro para siempre». Así arrancó el mensaje colgado en la red por «Anonymous». Además de lanzar amenazas de que seguirán volcando datos personales sobre los agentes, incluyen el listado de las direcciones personales de correo y su clave de acceso, la gran mayoría de Yahoo o de Hotmail.

Los antisistema acusan a la Policía de realizar prácticas terroristas: «Hemos sido testigos durante mucho tiempo de cuál es el verdadero terrorismo y no nos cabe duda de que el verdadero terrorismo es el que ejercéis en cada una de las manifestaciones en las que hacéis un uso desmedido de la fuerza (…) Hoy vamos a exponer una pequeña parte de información sobre los descerebrados psicópatas que pueblan nuestras calle con la excusa de restablecer el orden; además podéis encontrarlos despotricando contra el Pueblo y recomendando disparar con armas de fuego».

Y finalizan el mensaje antes de incluir la lista de direcciones de correo: «Una sola metedura de pata más y actuaremos en consecuencia».

Expertos informáticos

Los datos se publicaron el 23 de marzo, al día siguiente de los graves incidentes en las calles de Madrid. Este hecho hace sospechar a los especialistas que el material estaba elaborado ya de antemano, que hay un seguimiento por parte de los radicales en las redes para localizar a los policías y que además cuentan con la colaboración de especialistas en informática, de hackers, capaces de acceder a datos informáticos precisos y de rastrear correos electrónicos.

Los servicios policiales cuentan con nuevas herramientas de control y vigilancia de las redes sociales, con una nueva unidad de inteligencia y colaboraciones exteriores que facilitan y detectan información sobre estas actividades ilegales. Estos analistas advierten de que la reiteración de comunicados por parte de quien se autodenomina «Anonymous» «denota una cada mayor implicación del hacktivismo en la estrategia de la movilización social y una tendencia de focalización de acciones contra los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente en las unidades de intervención».

Ley de Seguridad Ciudadana

No es esta la primera vez que la campaña contra los agentes salta a las redes. Desde hace tiempo, los movimientos radicales, los ultras que participan en todos los actos violentos, tratan de difundir imágenes y datos de los policías antidisturbios con la finalidad de presionarles.

Las denuncias de los sindicatos son constantes. Reclaman a la Administración más defensa sobre sus subordinados, sobre los policías. Porque también han detectado como desde cuentas de los que defienden a la llamada «Acampada Sol», se facilitan fotos de los rostros de la Policía con clara intención de favorecer las agresiones contra ellos.

La Ley de Seguridad Ciudadana contempla multar por la revelación de datos particulares e identidades de los policías. Prevé sancionar como infracción leve (entre 300 y 1.000 euros) «las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones que se realicen en una reunión o concentración cuando el destinatario sea un miembro de las Fuerzas de Seguridad». Asimismo, castiga «el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad que atente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes».

Fuente: elmundo.es

Así es el manual que incita a la violencia a la izquierda radical para defender la «rebelión»

1. La capucha, su «amiga».-La estética que guardan los radicales que actúan en Madrid con los abertzales es similar. El objetivo es no ser reconocidos, aunque en su «manual de los disturbios» se aconseja «no llevar demasiadas pintas, es decir, que por la estética se intente pasar por ciudadanos corrientes». Para evitar el avance policial, prosigue, se insta al lanzamiento de objetos «para aguantar la posición». Recomienda «piedras, adoquines o escombros». También «botellas» y «cócteles molotov».

2. Barricadas.- El bloqueo de calles es empleado para obstaculizar el paso a los furgones policiales. «Puede servir cualquier cosa, cubos de basura, papeleras, vallas de obras, etc. Pero tengamos en cuenta que un furgón policial puede abrirse paso ante una barricada compuesta por estos materiales», afirman en su panfleto. Aconsejan que entre varios manifestantes crucen coches en las vías, algo que en el País Vasco sí se ha hecho en repetidas ocasiones. «Da tiempo a los manifestantes para pensar y reorganizarse».

3. Ataque a sucursales bancarias0. Los ataques a sucursales bancarias comenzaron con la «kale borroka» como símbolo de rechazo al sistema económico, político y social. En el «Manual de los disturbios» se justifican los destrozos a bancos así:«Si los atacamos, no estamos haciendo desaparecer el capitalismo (eso es obvio), sin embargo estos espacios se ven afectados y retrasamos la actividad económica. Una hora o un día de retraso es dinero que las empresas pierden».

4. Vehículos Quemados.- El único episodio de vehículos quemados en Madrid se produjo el pasado mes de noviembre con la huelga salvaje de limpieza. Los Bukaneros prendieron varios contenedores con coches al lado. El fuego se extendió a tres automóviles en Vallecas. Según el manual de disturbios, «el objetivo es contrarrestar la represión policial». «No siempre es necesario utilizar un coche para este tipo de acción incendiaria; también se pueden buscar cubos de basura o materiales de un contenedor (muebles viejos, tablas, etc)».

5. Descentralizar la acción para despistar a la policía.- Otra de las claves del fallo policial del 22-M pudo estar la acción de los radicales desde diferentes puntos. Su manual recoge «descentralizar la acción». «Otra de nuestras bazas es crear diferentes focos autónomos de resistencia, desbordando el esquema represivo de los antidisturbios. Si nos movemos a menudo en grupos pequeños a los helicópteros policiales les cuesta más localizar los puntos calientes, lo que entorpece la comunicación y coordinación de los agentes a pie. Esto nos da un tiempo valioso para actuar».

Fuente: abc.es

La Ley de Seguridad obligará a identificarse con el DNI para usar locutorios y cibercafés

La nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que promueve el Ministerio del Interior para sustituir a la aprobada por el PSOE en 1992 introducirá importantes cambios en el control de los servicios de telefonía e internet. El más relevante de los que contempla el borrador del Anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre impone el registro documental a todos los establecimientos que ofrezcan al público llamadas telefónicas o conexiones a Internet. Es decir, que si la norma acaba siendo aprobada en los mismos términos que propone la cartera de Jorge Fernández Díaz, todos los usuarios de locutorios y cibercafés estarán obligados a identificarse previamente con su DNI para poder acceder a esos servicios.

Así consta en el artículo 24 del borrador del Anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, dentro de su capítulo IV, dedicado a las “Potestades especiales de policía administrativa de la seguridad”. El punto primero de ese punto establece que “las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana, tales como hospedaje, servicios de telecomunicaciones por medio del acceso a servicios telefónicos o telemáticos de uso público, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte, así como otras que reglamentariamente se determinen en atención a su importancia para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, deberán cumplir las obligaciones de registro documental”.

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Las actividades económicas enumeradas en ese punto del borrador ya están obligadas en la actualidad a disponer de algún tipo de registro de sus transacciones y de las personas que han recurrido a sus servicios. La única excepción en ese sentido de todos los negocios a los que se refiere el artículo 24 eran los locutorios y los cibercafés, que no estaban regulados por ninguna norma de seguridad, ni a nivel estatal ni a nivel a autonómico. Con la nueva ley, los propietarios de este tipo de comercios deberán fotocopiar o escanear el DNI de sus clientes o un documento equivalente y almacenar esa información para que pueda ser consultada en cualquier momento por las autoridades administrativas competentes, es decir, Ministerio del Interior, delegaciones del Gobierno, comunidades autónomas con las competencias de seguridad transferidas y servicios de inteligencia.

Infracción administrativa grave

El borrador de la Ley de Seguridad no se olvida de las multas a las que se exponen los negocios que no atiendan a esta obligación. Según el régimen sancionador del anteproyecto, los establecimientos que nieguen u obstruyan el acceso de las autoridades a los datos de registro de sus usuarios incurrirán en una infracción administrativa grave sancionada con multas de 1.001 a 30.000 euros, dependiendo de la trascendencia que aprecie la autoridad competente. La carencia de los registros será considerada del mismo modo una infracción grave castigada con la misma horquilla de cantidades. Los usuarios de estos servicios no son mencionados directamente por la ley pero se entiende que los comercios prohibirán el acceso a sus conexiones de internet a todos aquellos clientes que no hayan mostrado antes su DNI, a no ser que quieran exponerse a una sanción.

La norma introduce en este campo un destacado control del poder público. La Ley de Seguridad Ciudadana en vigor fue aprobada por el Gobierno de Felipe González en 1992, mucho antes de que internet se usara masivamente. Los legisladores no sólo no exigieron ningún control a los proveedores de conexiones, sino que ni siquiera se plantearon su existencia. Tampoco se ha aprobado nunca un texto legal de inferior rango normativo para imponer el archivo de los datos personales de los ciudadanos que llamen por teléfono o se conecten a internet en un local comercial, aunque el control de esos datos siempre ha sido una aspiración de las Fuerzas de Seguridad. Entre otros motivos, porque las organizaciones terroristas han aprovechado en más de una ocasión el anonimato que proporcionan los locutorios y cibercafés para comunicarse y hacer proselitismo radical sin abandonar la clandestinidad. El nuevo texto satisfará esos deseos.

Corrección del registro por uso de wifi

El borrador del anteproyecto presentado por Interior también imponía en una de sus primeras versiones la obligación de identificarse con el DNI a todos los usuarios que pretendieran acceder a una red wifi de carácter público, pero esa imposición desapareció finalmente del artículo 24 por recomendación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz lo remitió al Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos para que lo analizaran y emitieran un dictamen. Los del Consejo Fiscal, la Agencia de Protección de Datos y el CGPJ ya han sido enviados a Interior y cuestionan duramente algunos de sus artículos al considerar que colisionan con otras legislaciones en vigor o, directamente, podrían ser inconstitucionales. Interior ya ha anunciado que revisará las partes del texto que han suscitado más dudas, pero la imposición de anotar el DNI de los usuarios de locutorios y cibercafés no se encuentra entre los puntos sometidos a estudio.

Fuente: elconfidencial.com

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