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Los ertzainas en servicio tendrán que pagar las multas de tráfico que no puedan justificar

La dirección de la Ertzaintza ha emitido una circular interna que va a levantar ampollas en el seno de la Policía vasca. Se trata de un “nuevo procedimiento” que establece los pasos a seguir cuando la administración recibe una multa de tráfico por una infracción cometida por alguno de sus vehículos oficiales sin distintivos. La norma pretende reforzar los protocolos de control y agilizar las comunicaciones internas a la hora de gestionar este tipo de sanciones. Traducido a una escala más práctica, estos cambios supondrán que los ertzainas deberán empezar a pagar de su propio bolsillo las multas que no puedan “justificar” de forma clara y precisa por razones de servicio.

El documento suscrito por el jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, pretende atajar una serie de malas prácticas que vienen de lejos, según se interpreta en diversos círculos policiales, pero que también puede llegar a comprometer la operatividad policial. Los coches oficiales sin distintivos del Gobierno vasco -entre los que se incluyen los policiales- han acumulado durante años cientos -quizás miles- de multas de tráfico impuestas por otras instituciones, tal y como ya desveló EL CORREO en 2007. El núcleo del problema reside en que las sanciones de tráfico son personales en la medida en que el infractor es siempre el conductor del vehículo. Pero, en el caso del Gobierno vasco, las multas las acababa asumiendo en su mayoría el propio Ejecutivo por diversas razones.

Los ejemplos son numerosos: cuando un ayuntamiento ponía una multa por exceso de velocidad a un coche camuflado de la Ertzaintza, el Consistorio se ponía en contacto con el titular del vehículo -el Gobierno vasco- con el fin de que le proporcionase la identidad del infractor para notificarle la sanción. Durante años, la Administración no identificó a los infractores, lo que provocaba que el propio Gobierno vasco fuese penalizado después con recargo por no desvelar el nombre del conductor, que se libraba del castigo económico y también de la pena administrativa que puede suponer la retirada de puntos del carné de conducir. Así, una multa de 68 euros dirigida al infractor acababa transformada en una sanción de 318 euros al Ejecutivo.

En el caso de la Ertzaintza, sin embargo, concurren una serie de circunstancias que añaden aristas al problema. Los coches sin distintivos se utilizan también para tareas policiales, lo que provoca que los agentes se vean obligados a saltarse las normas de tráfico en el desarrollo de una investigación, siguiendo a algún sospechoso o para atender una emergencia, entre otros supuestos. No obstante, también se dan casos en los que la violación de los reglamentos de seguridad vial no está justificada en razones de servicio. Por ejemplo, se han dado situaciones en las que algunos mandos sin funciones operativas evitaron hace años hacer frente a las sanciones al justificar la infracción amparándose en unas supuestas “actividades policiales”.

El anterior director de la Policía vasca, José Antonio Varela, ya reconoció la existencia de este problema en una circular de diciembre de 2010 relativa también a las infracciones de tráfico. En el escrito se llamaba la atención sobre el hecho de que, sólo durante ese año, la dirección había tramitado “más de 750″ alegaciones para tratar de dejar sin efecto las multas que diversas instituciones habían puesto a los coches oficiales sin distintivos. Varela admitía que la labor policial obliga en ocasiones a cometer infracciones de la seguridad vial, pero insistía en que también se dan “casos y situaciones” en los que no era necesario saltarse las reglas. Por todo ello, pedía a los jefes de división que “incidan en la necesidad” de “ceñirse a la normativa vigente”.

El nuevo protocolo redactado por la cúpula policial introduce cambios significativos. Según el texto, uno de los objetivos es acortar los tiempos de comunicación entre la Secretaría General y las distintas unidades con la idea de que se pueda poner en conocimiento de los infractores y estos puedan abonar la multa con los “descuentos que corresponden por pronto pago” o presentar un recurso. Después de recibir una notificación de estas características, el ciudadano tiene 20 días para pagar -con un 50% de descuento pero perdiendo la posibilidad de recurrir- o para presentar una alegación. Según diversas fuentes, en el día a día de la Ertzaintza “apenas se identificaba” a los conductores por varios motivos. En ocasiones, cuando la multa llegaba a la unidad ya había transcurrido el plazo de 20 días, con lo que la multa pasaba al Gobierno. Otras veces, el Departamento remitía un recurso al Ayuntamiento alegando de forma genérica que el coche infractor estaba realizando “labores policiales”.

Radares y OTA

La nueva circular endurece los requisitos para justificar una infracción de la seguridad vial. De hecho, las alegaciones internas que proporcionen las jefaturas deberán venir acompañadas de la identidad del conductor y de una referencia clara de la actuación que se estaba realizando cuando, por ejemplo, un conductor se saltó un radar o no se puso el tique de la OTA. El texto también detalla que serán el jefe de la Ertzaintza o el director los que en último término decidirán si las alegaciones son suficientes para remitirlas al ayuntamiento de turno. Portavoces del Departamento de Seguridad insistieron en que la idea, tal y como establece el protocolo, es “mejorar” y “agilizar” los procedimientos para que se pueda “facilitar” el pronto pago de las multas a los infractores.

Dentro de la Ertzaintza se teme que se eleven los requisitos de tal manera que se obligue a los agentes a pagar por actuaciones necesarias durante el servicio. Las mismas fuentes insisten en que, a falta de ver cómo se traduce en el día a día, esta normativa podría hacer “pagar a justos por pecadores”. “Incluso cuando haya que atender una emergencia, alguno se va a pensar dos veces pisar el acelerador”, advierte un agente.

Fuente: elcorreo.com

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