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Archive for 28 abril 2014

La Policía Local de Bilbao inicia campañas para el uso del cinturón

La Policía Municipal de Bilbao realizará desde el próximo lunes, 28 de abril, hasta el domingo, día 4 de mayo, una nueva campaña de seguridad dirigida a controlar el uso del cinturón y los dispositivos de retención infantil en los vehículos.

La campaña, enmarcada en el Plan Estratégico de Seguridad Vial del País Vasco, permitirá reforzará los controles habituales para comprobar que tanto los conductores como los acompañantes de la parte delantera y trasera del vehículo hacen un adecuado uso de los dispositivos de seguridad, “cuya utilización es obligatoria y está expresamente regulada en la ley”, han explicado desde el Ayuntamiento bilbaíno.

Durante la anterior campaña, llevada a cabo en marzo de este año, la Policía Municipal de Bilbao realizó 15 controles con este objetivo, en los que fueron inspeccionados 20.173 vehículos. En esa ocasión, se tramitaron 54 denuncias, un 0,27% del total.

De ellas, diez corresponden a infracciones por no usar el cinturón por parte del conductor, una por no utilizar el cinturón el pasajero delantero, y 43 por otras infracciones.

Fuente: europapress.es

Más de 30 policías locales catalanas tienen ya la polémica pistola eléctrica

“POLEMIA ES UN ADJETIVO CALIFICATIVO PROPIO DE LOS PERIODISTAS, ADMINISTRACIONES U ORGANIZACIONES IGNORANTES Y POCO INFORMADAS SOBRE ESTA HERRAMIENTA”

Los agentes municipales que disponen de Taser defienden su uso y sostienen que evita muertes

La Conselleria d’Interior no la acepta para los mossos e insiste en que su uso «no es inocuo»


Un agente de la Policía Local de Sant Andreu de Llavaneras muestra una pistola eléctrica.

Aunque sigue vetada para los Mossos, la pistola eléctrica tipo Taser se está expandiendo en Catalunya y son cada vez más los ayuntamientos que la compran para sus policías locales. Según Andreu Soler, propietario de la empresa que las importa, actualmente ya hay entre 30 y 50 localidades catalanas con esa arma, que la legislación española considera legal pero que restringe a miembros de los cuerpos policiales. En total, las policías locales catalanas cuentan con unas 150 Taser. Entre otras, la tienen las de Badalona, Girona, Sils, Argentona, Llavaneres, Blanes, Sant Vicenç de Montalt, Caldes de Malavella, Fogars de la Selva, Collbató, Dosrius, Riells, Cardona, Hostalric, Vilanova del Vallès y Sant Pol de Mar. En España hay unas 500 armas, sobre todo en Canarias y Valencia.

La Taser emite, por contacto o por el lanzamiento de dos dardos, una descarga eléctrica de 1,2 miliamperios que provoca temporalmente una parálisis muscular, lo que hace caer al detenido y permite esposarlo. En teoría, no deja lesiones. Su uso está indicado para personas en estados de excitación extrema que van armados y que no obedecen a los agentes. Pero hay controversia sobre si pueden causar la muerte. Mientras que Amnistía Internacional asegura que en EEUU y Canadá han causado más de 71 muertos, los partidarios de la herramienta sostienen que no puede causar un infarto.

Soler explica que «la Taser suele ser adquirida por municipios de costa que ven multiplicarse su población por el turismo y donde los agentes han de reducir a personas muy excitadas por el consumo de alcohol o drogas». «Si das a la policía armas no letales, evitas que tengan que usar las letales», dice. Josep Marigó, alcalde de Blanes, la primera en introducirla, explica que «la policía ha de tener diferentes herramientas para reducir a una persona beligerante. La Taser supone la introducción de métodos menos graves que el disparo de una bala». «Son situaciones en que el policía podría tener que usar un arma de fuego», dice el alcalde, informa Ferran Cosculluela.

Xavi Muñoz, jefe de la policía local de Caldes de Malavella, califica de «10 sobre 10 las prestaciones de la Taser». «Decidimos adquirirla después de una reducción muy violenta de una persona con problemas mentales», comenta, y asegura que tiene «un efecto muy disuasorio». En Argentona, donde disponen de pistolas Stinger, un modelo similar, el subinspector Pere Anglada, jefe de la policía local, asegura que el arma «evita que haya que hacer reducciones mucho más duras y que pueden lesionar al detenido y a los agentes».

CASOS EXCEPCIONALES / El subinspector Joaquim Casals, de la Guardia Urbana de Badalona, explica que su cuerpo policial la adquirió como «herramienta para casos excepcionales y que normalmente se mantiene en la comisaría». «Pero es bueno saber que disponemos de ella -añade- y que nos puede evitar algunas reducciones donde el detenido, por su propia excitación, podría resultar lesionado o incluso sufrir un infarto».

Portavoces del Sindicat de Mossos d’Esquadra, el Sindicat de Policia de Catalunya y el Col·lectiu Autònom de Treballadors reclaman que «se dote con ese arma a los Mossos pues es lo mejor para reducir a personas muy excitadas». Los portavoces aseguran que, con la Taser, se habrían evitado las últimas tres muertes que se han producido durante reducciones policiales.

Fuentes de la Conselleria d’Interior explican que conocen «esa expansión de las Taser», pero avisan a los ayuntamientos de que «no hay ningún arma inocua». No obstante, insisten en que no se va a dotar de ese arma a los Mossos.

Quienes están en contra son las entidades de defensa de los derechos humanos. Así, Andrés García Berio, de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, alerta de que «al ser un arma que no deja huella es muy difícil poder identificar su uso incorrecto y abusivo». «Nuestra entidad se opone frontalmente a su uso», añade García Berio.

Los ertzainas en servicio tendrán que pagar las multas de tráfico que no puedan justificar

La dirección de la Ertzaintza ha emitido una circular interna que va a levantar ampollas en el seno de la Policía vasca. Se trata de un “nuevo procedimiento” que establece los pasos a seguir cuando la administración recibe una multa de tráfico por una infracción cometida por alguno de sus vehículos oficiales sin distintivos. La norma pretende reforzar los protocolos de control y agilizar las comunicaciones internas a la hora de gestionar este tipo de sanciones. Traducido a una escala más práctica, estos cambios supondrán que los ertzainas deberán empezar a pagar de su propio bolsillo las multas que no puedan “justificar” de forma clara y precisa por razones de servicio.

El documento suscrito por el jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, pretende atajar una serie de malas prácticas que vienen de lejos, según se interpreta en diversos círculos policiales, pero que también puede llegar a comprometer la operatividad policial. Los coches oficiales sin distintivos del Gobierno vasco -entre los que se incluyen los policiales- han acumulado durante años cientos -quizás miles- de multas de tráfico impuestas por otras instituciones, tal y como ya desveló EL CORREO en 2007. El núcleo del problema reside en que las sanciones de tráfico son personales en la medida en que el infractor es siempre el conductor del vehículo. Pero, en el caso del Gobierno vasco, las multas las acababa asumiendo en su mayoría el propio Ejecutivo por diversas razones.

Los ejemplos son numerosos: cuando un ayuntamiento ponía una multa por exceso de velocidad a un coche camuflado de la Ertzaintza, el Consistorio se ponía en contacto con el titular del vehículo -el Gobierno vasco- con el fin de que le proporcionase la identidad del infractor para notificarle la sanción. Durante años, la Administración no identificó a los infractores, lo que provocaba que el propio Gobierno vasco fuese penalizado después con recargo por no desvelar el nombre del conductor, que se libraba del castigo económico y también de la pena administrativa que puede suponer la retirada de puntos del carné de conducir. Así, una multa de 68 euros dirigida al infractor acababa transformada en una sanción de 318 euros al Ejecutivo.

En el caso de la Ertzaintza, sin embargo, concurren una serie de circunstancias que añaden aristas al problema. Los coches sin distintivos se utilizan también para tareas policiales, lo que provoca que los agentes se vean obligados a saltarse las normas de tráfico en el desarrollo de una investigación, siguiendo a algún sospechoso o para atender una emergencia, entre otros supuestos. No obstante, también se dan casos en los que la violación de los reglamentos de seguridad vial no está justificada en razones de servicio. Por ejemplo, se han dado situaciones en las que algunos mandos sin funciones operativas evitaron hace años hacer frente a las sanciones al justificar la infracción amparándose en unas supuestas “actividades policiales”.

El anterior director de la Policía vasca, José Antonio Varela, ya reconoció la existencia de este problema en una circular de diciembre de 2010 relativa también a las infracciones de tráfico. En el escrito se llamaba la atención sobre el hecho de que, sólo durante ese año, la dirección había tramitado “más de 750″ alegaciones para tratar de dejar sin efecto las multas que diversas instituciones habían puesto a los coches oficiales sin distintivos. Varela admitía que la labor policial obliga en ocasiones a cometer infracciones de la seguridad vial, pero insistía en que también se dan “casos y situaciones” en los que no era necesario saltarse las reglas. Por todo ello, pedía a los jefes de división que “incidan en la necesidad” de “ceñirse a la normativa vigente”.

El nuevo protocolo redactado por la cúpula policial introduce cambios significativos. Según el texto, uno de los objetivos es acortar los tiempos de comunicación entre la Secretaría General y las distintas unidades con la idea de que se pueda poner en conocimiento de los infractores y estos puedan abonar la multa con los “descuentos que corresponden por pronto pago” o presentar un recurso. Después de recibir una notificación de estas características, el ciudadano tiene 20 días para pagar -con un 50% de descuento pero perdiendo la posibilidad de recurrir- o para presentar una alegación. Según diversas fuentes, en el día a día de la Ertzaintza “apenas se identificaba” a los conductores por varios motivos. En ocasiones, cuando la multa llegaba a la unidad ya había transcurrido el plazo de 20 días, con lo que la multa pasaba al Gobierno. Otras veces, el Departamento remitía un recurso al Ayuntamiento alegando de forma genérica que el coche infractor estaba realizando “labores policiales”.

Radares y OTA

La nueva circular endurece los requisitos para justificar una infracción de la seguridad vial. De hecho, las alegaciones internas que proporcionen las jefaturas deberán venir acompañadas de la identidad del conductor y de una referencia clara de la actuación que se estaba realizando cuando, por ejemplo, un conductor se saltó un radar o no se puso el tique de la OTA. El texto también detalla que serán el jefe de la Ertzaintza o el director los que en último término decidirán si las alegaciones son suficientes para remitirlas al ayuntamiento de turno. Portavoces del Departamento de Seguridad insistieron en que la idea, tal y como establece el protocolo, es “mejorar” y “agilizar” los procedimientos para que se pueda “facilitar” el pronto pago de las multas a los infractores.

Dentro de la Ertzaintza se teme que se eleven los requisitos de tal manera que se obligue a los agentes a pagar por actuaciones necesarias durante el servicio. Las mismas fuentes insisten en que, a falta de ver cómo se traduce en el día a día, esta normativa podría hacer “pagar a justos por pecadores”. “Incluso cuando haya que atender una emergencia, alguno se va a pensar dos veces pisar el acelerador”, advierte un agente.

Fuente: elcorreo.com

Pirómano sorprendido “in fraganti”

La Policía Local de Málaga detiene a un individuo de 42 años como presunto autor de la quema intencionada de varios contenedores

Al parecer, el individuo incendió tres contenedores en la zona de Carretera de Cádiz, suponiendo el valorándose el montante total de los daños ocasionados en cerca de 1.240 euros

Los policías locales localizaron al individuo cuando intentaba incendiar un vehículo estacionado, provocando fuego bajo el mismo, procediendo a interceptarlo y ocupándole un mechero y un guante de látex parcialmente quemado

Efectivos pertenecientes a la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Carretera de Cádiz de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo, natural y vecino de Málaga y de 42 años de edad, como presunto autor de un delito de daños en bienes ajenos de uso público.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23:10 horas de la noche del martes 15 de abril en varias puntos del distrito Carretera de Cádiz, en los que, presuntamente, el individuo incendió de forma intencionada hasta tres contendores de basura, para lo que utilizaba un mechero y un guante de látex.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Local de Málaga y del Real Cuerpo de Bomberos de la ciudad acudieron con premura al lugar, sofocando estos últimos los fuegos.

Sorprendido intentando prender fuego a un turismo

Mientras, los policías locales comenzaron a realizar varias batidas por la zona, hasta terminar una de las unidades localizando al individuo junto a un vehículo estacionado de cuyos bajos se desprendían llamas. Al percatarse de la presencia policial, el individuo respondió intentando eludirles, siendo finalmente interceptado y cacheado por los policías locales, que le localizaron e intervinieron el mechero con el que supuestamente provocaba los incendios, así como un guante de látex parcialmente chamuscado, comprobando, igualmente, como sus ropas desprendían un fuerte olor a quemado.

Detenido y puesto a disposición judicial

Ante los hechos, los policías locales procedieron a la detención del individuo y a su traslado a dependencias policiales, siendo, posteriormente, puesto a disposición judicial.

Valor de los daños

Acto seguido los policías locales contactaron con responsables de LIMASA, comprobando que los daños producidos por la quema de cada uno de los contenedores ascendía a 412,33 euros, por lo que la suma de los daños era de 1.236, 39 euros, mano de obra de reposición incluida.

Antecedentes

Al individuo le constan cerca de cincuenta anotaciones y reseñas por variopintos hechos delictivos, entre ellos por delitos contra la seguridad del tráfico, malos tratos en el ámbito familiar (de hecho portaba una pulsera en el momento de la detención), usurpación de inmuebles, etcétera.

Investigación abierta

La investigación continúa abierta, a falta de determinar la responsabilidad del individuo en otros múltiples incendios provocados en contenedores.

Importante colaboración ciudadana

Una vez más, desde la Policía Local de Málaga se quiere resaltar y agradecer la colaboración ciudadana, de suma importancia a la hora de luchar contra hechos delictivos como los narrados

Diputación de Sevilla entrega detectores de drogas en conductores a 32 ayuntamientos de la provincia, entre ellos Marchena.

Diputación de Sevilla ha entregado equipos detectores de drogas en conductores a 32 ayuntamientos de la provincia. La Policía Local con formación especifica gestionará estos dispositivos tras firmarse el acuerdo entre Diputación y el fiscal delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León.

Debido a su complejidad y la gran diversidad de drogas que existen no había ningún equipo ni técnicas concretas para detectar el consumo de drogas, más allá de las analíticas y análisis en los hospitales. Sevilla se convierte en ciudad piloto en el control de drogas en España y Andalucía, sirviendo de referencia para extender el protocolo de actuación a toda la comunidad autónoma y al resto del país.

El control de drogas que realizará la Policía consistirá en la extracción de una primera muestra de saliva al conductor para detectar si ha habido consumo de drogas, en el caso de que sea positivo, se realizará una segunda muestra para enviarla al laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología para determinar el tipo de droga consumida y su cantidad.

La Diputación de Sevilla ha entregado un total de 16 equipos de detectores de drogas que tendrán que repartirse entre 32 municipios de la provincia que se sumarán a algunos municipios que ya tenían detector como Alcalá de Guadaira, Bormujos, Écija y Sevilla. El principal objetivo es evitar accidentes y proteger no sólo a los conductores sino también a los peatones y usuarios de la vía pública.

CODIGO DE TRAFICO ACTUALIZADO

La Policía Municipal debía evitar la instalación de acampadas el 22-M

La Delegación del Gobierno en Madrid había asignado a la Policía Municipal una única función durante las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo: evitar la instalación de acampadas urbanas. Pese lo aparentemente sencillo de su misión, 20 agentes resultaron heridos en el transcurso de los incidentes, dos de ellos de gravedad.

La oposición en el Ayuntamiento de la capital ha pedido este miércoles explicaciones sobre la coordinación del dispositivo de seguridad de aquel día, así como de la presencia de un camión de los Bomberos en medio de la refriega del paseo de Recoletos.

Sobre este último punto, el delegado de Emergencias y Seguridad, Enrique Núñez, ha señalado que acudieron para apagar “una barricada que estaba ardiendo” después de que a las 20.40 horas se recibiera una llamada alertando de este hecho.

En cuanto a la presencia de la Policía Municipal en medio del “campo de batalla”, tal y como lo ha definido la oposición, Núñez ha señalado que sólo estaban allí para evitar que se instalaran tiendas de campaña. Varios vehículos del cuerpo quedaron literalmente reventados por la acción de un grupo de violentos, aparte de los 20 agentes heridos.

El concejal de UPyD Jaime Berenguer llevará al Pleno del Ayuntamiento de Madrid la propuesta de que se abra una Comisión de Investigación sobre el dispositivo policial del 22-M, una iniciativa sobre la que el Partido Popular ya ha anunciado que votará en contra.

Por su parte, Ángel Lara, de IU, ha pedido explicaciones sobre la posibilidad de que la Policía Municipal hubiera “dificultado la actuación” de los antidisturbios en los incidentes tras las Marchas de la Dignidad.

Por último, el edil socialista Pablo García-Rojo ha pedido “más coordinación” y “evitar la duplicidad de competencias” en los despliegues de los cuerpos de seguridad.

En respuesta a las inquietudes de la oposición, el portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha destacado que tiene “muy claro” el papel de la Policía Municipal y que por ello no piensa dotarla de material antidisturbios. Asimismo, Enrique Núñez ha dicho que trabaja en “mejorar el día a día” de la respuesta ante emergencias.

Fuente: elmundo.es