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UN JUEZ IMPUTA AL ALCALDE POR NO TRAMITAR LAS DENUNCIAS DE LA POLICIA LOCAL

El regidor alega que él no se encarga de hacer un seguimiento de las denuncias y achaca la demanda a un conflicto laboral.

El juez de Primera Instancia e Instrución número 2 de Lora del Río ha tomado declaración como imputado al alcalde de este municipio, Francisco Javier Reinoso (PSOE), como presunto autor de un delito de prevaricación al no tramitar las denuncias de la Policía Local. El alcalde fue denunciado por los agentes de la fuerza municipal, que le acusaron de archivar de manera deliberada la mayoría de las multas. En su declaración en el juzgado, a la que ha tenido acceso este periódico, el regidor negó esta acusación y achacó la denuncia al conflicto laboral que el Ayuntamiento de Lora mantiene con la Policía Local.

Reinoso explicó al juez que él “no se encarga de incoar los expedientes” ni puede hacer un “seguimiento exhaustivo de ellos, ya que hay muchas tareas que hacer en el Ayuntamiento”. El alcalde admitió que él se encarga de firmar cualquier resolución, pero el trámite lo hace la unidad administrativa. Por ello, “no llega a saber nada de las prescripciones ni de los retrasos, ya que sólo reparte las copias, una para la Jefatura y otra para el negociado de sanciones”.

El regidor añadió que, en mayo del año pasado, un agente de la Policía Local “quería revisar los expedientes”, y él entendió que había sido enviado por el jefe del cuerpo. Luego, se puso en contacto con éste, que le dijo que no había enviado a nadie, “si bien algunos agentes le preguntaron por estos expedientes”. Tras esto, el alcalde ordenó al encargado del negociado que no continuara dando la documentación a los policías, ya que no tenían ninguna autorización expresa para ello.

Según la declaración del alcalde, en febrero de 2014 comenzó un conflicto entre la Policía Local y la propia Alcaldía, “en cuanto a la reducción y eliminación de los servicios extraordinarios, y el servicio voluntario de Bomberos”. Reinoso detalló al juez que todo esto supuso un “recorte importante en el cuerpo de Policía”. Con respecto al servicio voluntario de Bomberos, por ejemplo, los dos agentes que estaban adscritos a él recibieron más de 90.000 euros en los diez años. “Por eso probablemente viene todo. No hay ningún motivo para la visita de estos agentes a solicitar la revisión de los expedientes sancionadores”, dijo el alcalde.

Reinoso sostuvo que en el negociado de multas existe un listado y un control de los expedientes, que han “seguido su ritmo normal, aunque él nunca los ha analizado de forma pormenorizada”. Manifestó además que “nunca dio instrucciones para que se haga una cosa u otra”, sino que es el propio negociado de sanciones el que “estudia y hace las investigaciones”. Entre los expedientes, según el alcalde, hay varios en los que se aplica una ley derogada y otros en los que el Ayuntamiento ha cerrado el local.

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