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Archive for 30 noviembre 2015

Los nuevos coches de la Policía Municipal serán blancos y amarillos

El Ayuntamiento de Madrid planea cambiar el color de los coches de la Policía Municipal: la idea es que sean blancos y amarillos. Así lo ha anunciado en la reunión con los sindicatos de la Comisión de Vestuario.

En el encuentro, los responsables del ramo han especificado que será el 15 de diciembre cuando lleguen a Madrid los 115 vehículos de cuatro ruedas del nuevo «renting»: 75 Renault Scenic, 15 Koleo, 15 Traffic, 1 pick-up, 8 Kangoo sin rotular y otro Traffic también sin distintivo.

La polémica ha llegado cuando se ha sabido que el Consistorio quiere que sean amarillos y blancos, y no azules y blancos, como ahora.

Tanto CSIT como APMU han manifestado su oposición a ello, pues consideran que tienen que ser oscuros, por razones de operatividad.

Tambiénhan reclamado que el volumen de las sirenas sea más alto, pero el Ayuntamiento de Ahora Madrid, como el anterior del PP, cree que eso vulneraría la ordenanza de Medio Ambiente, en lo relativo a la contaminación acústica.

Los coches patrulla se desinfectarán cada seis meses.

Fuente: abc.es

Motín en la Policía Municipal por el cierre de la unidad de apoyo

La supresión del Grupo de Apoyo Zonal de la Policía Municipal (GAZ), adelantada esta semana por ABC, ha desembocado en un enfrentamiento entre mandos que ya se ha saldado con un expediente disciplinario. La cúpula del Cuerpo ha decidido sancionar al subinspector al que daba servicio esta unidad, después de que se negara a disolverla. El asunto puede terminar con la suspensión, como mínimo, de tres meses de empleo y sueldo del mando, que podría extenderse a dos o tres años si se considera que la falta es muy grave. No solo el subinspector considera un gran error acabar con este servicio, también los vecinos y comerciantes de los barrios afectados, que consideran que va a suponer una merma en su seguridad.

La espita saltó el pasado 4 de noviembre, cuando el director general de la Policía Municipal, el oficial Andrés Serrano (afiliado a Podemos), anunció que acababa con el GAZ, que fue creado en septiembre de 2014 por el anterior equipo de Gobierno (PP). Lo conformaban 25 agentes de paisano y daba servicio en las Unidades Integrales de los Distritos (UID) de Arganzuela, Villaverde, Usera, Latina y Carabanchel. Entre sus atribuciones estaban la lucha contra la venta ambulante, el botellón, el control de animales peligrosos en zonas verdes y la incautación de drogas y de armas.

«Policía menos represiva»

 La decisión del Gobierno de Manuela Carmena y su concejal de Seguridad, Javier Barbero, está siendo muy discutida en medios policiales, que achacan tanto vaivén en la Policía Municipal en los cinco meses que llevan en el poder a su total desconocimiento de la materia. Y a que el director general Serrano «no es más que un comisario político» de la alcaldesa. De hecho, a los responsables municipales no les ha preocupado manifestar públicamente que su intención es que la Policía Municipal «cumpla el programa de Ahora Madrid».

En el caso del GAZ, el argumento de los de Carmena es que «se busca una Policía menos represiva y más de proximidad». Respecto a los agentes que formaban parte de ese grupo de paisano, lo harán ahora con uniforme (y, por lo tanto, más visible ante los delincuentes), a cargo de cinco las UID mencionadas.

Todo este quilombo ha colmado la paciencia del subinspector de la zona suroeste, Emilio Rodríguez del Corral, quien se plantó ante el inspector jefe, Francisco Caletrio, cuando recibió la orden de suprimir el GAZ, lo que le ha repercutido en un expediente que, sin pasar por Asuntos Internos, que sería lo normal, ha llegado directamente a Gestión Disciplinaria.

La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) considera que «todo se debe a una guerra interna entre la Dirección General y la Escala de Mando y que crea perjuicio en los ciudadanos». «El Consistorio debe aplicar ya una reestructuración coherente y explicar el modelo policial que quiere, pues se crea una desmoralización en el Cuerpo, que, por cierto, no ejerce represión, sino que aplica las leyes».

 

Fuente: abc.es

La Policía Local se formará contra la violencia de género

 

La concejala de Protección ciudadana, Sandra Gómez, ha anunciado hoy durante los actos de celebración del Día de la Policía Local, que todos los integrantes de este cuerpo policial dependiente del Ayuntamiento de Valencia van a realizar un curso sobre violencia de género.

“Va a ser una formación obligatoria, porque es muy importante que cada policía esté implicado en la lucha contra la violencia de género, no sólo el Grupo GAMA. La formación va a constar de cinco sesiones que van a estar impartidas por profesionales, del poder judicial, psicólogos, trabajadores sociales?, que nos den las herramientas de cómo detectar esas señales, de cómo actuar con las víctimas de violencia de género y ,sobre todo, de cómo ponerlo inmediatamente en conocimiento del grupo especializado de la Policía Local”, ha afirmado Sandra Gómez.

La concejala ha añadido que “con más de 800 muertes en menos de diez años es un problema que nos debe preocupar a todos, que no podemos sectorizar en una unidad, sino que se debe implicar toda la Policía Local de valencia para combatir esta lacra”.

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que ha presidido los actos del Día de la Policía Local en los que no se han incluido celebraciones religiosas, ha señalado que Valencia “necesita una policía que actúe desde principios éticos, mantenga una relación fluida con los vecinos para resolver sus problemas” y lleve a cabo la tarea que los ciudadanos le han encomendado “desde unos supuestos en los que prevalezca la labor asistencial y solidaria”

“Vuestra tarea es necesaria para que en la convivencia ciudadana prevalezcan el respeto y la solidaridad, para que los valencianos puedan relacionarse, participar y compartir libre y democráticamente, ha afirmado Joan Ribó en este acto celebrado en la sede central que el cuerpo policial tiene en la Avenida del Cid. Trassu intervención se han entregado las medallas al mérito profesional y se ha condecorado a los agentes más veteranos, y también a personas y entidades que han destacado por su colaboración con la Policía Local, como la fiscal Jefe Teresa Gisbert o la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Por parte del movimiento vecinal han sido distinguidas María José Broseta y Carmen Berlanga. También se galardonado al capitán de la Guardia civil, José Manuel Oliver; a los inspectores de cuerpo Nacional de Policía, Félix Santón y Rubén Sánchez, así como al mando de la unidad Adscrita a la Generalitat, Vicente Oliver. Especial mención hay que hacer de la Medalla al Mérito Policía con Distintivo Rojo que ha recibido el agente Jorge Martínez Calatayud, por un servicio en el que , con grave riesgo para su integridad física, evitó un atraco

Fuente: levante.com

La Policía Local prueba las multas con móviles tras el fracaso de las PDA


La Policía Local abandonará próximamente las multas con libreta y bolígrafo si resultan satisfactorias las pruebas que se están llevando a cabo con un nuevo sistema en el que se utilizan teléfonos móviles inteligentes. Por el momento se trata tan solo de un experimente que se ha iniciado tres años después del fracaso de la implantación de las PDA (asistente personal digital en su traducción al español), diez aparatos que han sido devueltos a la Diputación de Cáceres.

Según explica el Ayuntamiento, las PDA nunca llegaron a funcionar correctamente debido a una «incompatibilidad informática» que no permitía una comunicación correcta de las sanciones con el sistema del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación. Eran por lo tanto inservibles, ya que su razón de ser era precisamente automatizar el proceso desde que el agente pone la sanción hasta que el Organismo de Recaudación la recibe y la pasa al cobro al infractor. El policía introducía su número de usuario, escogía la sanción, rellenaba los datos y la enviaba.

Las PDA llegaron a estar en la calle y se tramitaron multas con ellas, pero el sistema fallaba por la mencionada incompatibilidad informática y se acabó desistiendo y regresando al bolígrafo y el papel. Sin embargo el Ayuntamiento no desiste en su intención de implantar un sistema automatizado tanto para las sanciones como para que los agentes comuniquen otras incidencias en la vía pública.

Regresar a las PDA no tendría sentido porque, si ya se trataba de una tecnología obsoleta cuando trató de utilizarse en 2012, lo es aún más ahora por el desarrollo y abaratamiento que han tenido los teléfonos inteligentes, que pueden cumplir la misma función por medio de aplicaciones específicas y además muchas otras, puesto que llevan la cámara de fotos incorporada.

Las pruebas que está llevando a cabo la Policía Local se están haciendo con teléfonos que funcionan sobre el sistema operativo Android, si bien se trata por el momento de una fase inicial y aún no se sabe qué características tendrán los terminales definitivos que se entregarían a los agentes en el caso de que el sistema se acabe implantando.

Más avanzada va en este sentido la Policía Local de Cáceres. En la capital de la provincia también fracasaron las PDA, que se pusieron en su día en funcionamiento dentro de mismo programa de la Diputación por el que llegaron a Plasencia. Cáceres va a utilizar el contrato de comunicaciones municipales adjudicado a Vodafone en el mes de julio para dotar a los agentes de teléfonos móviles que servirán tanto para sus propias comunicaciones como para digitalizar el procedimiento sancionador. Ya se sabe que serán unos 140 aparatos de gama media con cámara de al menos cinco megapíxeles y sistema Android.

Los mandos de la Policía Local de Plasencia ya cuentan con teléfonos móviles oficiales para sus comunicaciones y para estar localizables las 24 horas, y en la Jefatura hay algunos aparatos más que usan los agentes que se encuentran de servicio. Sin embargo, la implantación del nuevo sistema implicaría la compra de dispositivos nuevos con las aplicaciones necesarias para llevar a cabo todo el proceso sancionador.

Según el Ayuntamiento, no hay todavía un plazo establecido para el fin de las pruebas ni consignación presupuestaria para comprar los teléfonos necesarios.

Fuente: hoy.es

La Policía Local de Valencia no identificará a inmigrantes para comprobar si tienen «papeles»

La Policía Local de Valencia no identificará a ninguna persona por su «perfil racial» para saber si se encuentra en el país de forma regular o irregular. Y es que para el gobierno tripartito de la ciudad que una persona tenga o no sus papeles en regla es una «falta administrativa» que en ningún caso debe ir ligada a su detención ni a la privación de libertad.

Así lo firman los tres portavoces del Gobierno „Jordi Peris, de València en Comú; Joan Calabuig, del PSPV y el alcalde Joan Ribó por Compromís„ en una propuesta de acuerdo que aprobará el próximo pleno con el firme compromiso de «garantizar que ninguna persona sea identificada y detenida por cuestiones raciales y privada de libertad por el simple hecho de encontrarse en una situación administrativa irregular». Es más, el texto especifica que se «comunicará a los diferentes cuerpos policiales que actúen en la ciudad, de forma escrita y mediante los organismos de coordinación existentes, la oposición de este ayuntamiento a la identificación basada en el perfil racial, la detención y traslado al CIE de ningún vecino de la ciudad».

Pero ahí no queda la cosa. La propuesta incluye que las empresas adjudicatarias del transporte tampoco colaboren en las identificaciones raciales. Y es que numerosas redadas se organizan en las salidas o llegadas de autobuses públicos a determinados lugares estratégicos como el aeropuerto o las estaciones de tren, según afirmaron ayer fuentes municipales.

Por ello, la propuesta de acuerdo insta al personal contratado para el desarrollo de los servicios de transporte público a que «no colabore en la realización de identificaciones basadas en el perfil racial» y que en el caso de que haya una persona que no tenga la documentación acreditativa «de una situación administrativa regular no se dé aviso a los cuerpos de policía». Además, el documento incluye la adhesión del ayuntamiento a los acuerdos sobre el cierre del CIE Zapadores, así como instar al Gobierno español a que inicie su clausura «en el término más breve posible» y «en un máximo de seis meses».

De esta forma, el Ayuntamiento de Valencia inicia un «camino firme» hacia «un cambio de paradigma en las políticas de migración, extranjería y asilo» para concebir la inmigración como un derecho además de «como lo que es: un fenómeno social y complejo, consustancial a cualquier época histórica».

Así, el Ayuntamiento de Valencia «rechaza los controles policiales basados en perfiles étnicos por ilegítimos, discriminatorios, racistas e injustos» porque «vulneran los derechos fundamentales, atentan contra la dignidad, contra el derecho a la libre circulación de las personas e incumplen los criterios fijos en la legalidad vigente, socavando los principios del Estado de Derecho». Y es que para el gobierno tripartito los controles de «segregación social levantan fronteras internas y potencian la diferenciación social entre la población autóctona y la extranjera».

Siempre bajo sospecha
Como consecuencia, «generan un imaginario estigmatizador que relaciona inmigración con delincuencia, presentando a la población migrada como enemiga, siempre bajo sospecha, lo que origina xenofobia y racismo social». Por ello, el gobierno defiende que la «alta frecuencia de los controles «refuerza la sensación de inseguridad y provoca una alarma social fabricada artificialmente, degradando la convivencia y la cohesión social en los barrios».

Fuente: levante.com

Carmena rehúsa multar con la ‘ley mordaza’ y envía las actas al Gobierno

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El departamento de Concepción Dancausa ha devuelto todos los expedientes y recuerda que las competencias son del Ayuntamiento

La Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencias ha remitido a la Delegación del Gobierno en Madrid todas las multas que ha impuesto la Policía Municipal desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza. Los responsables de este departamento, pese a que puede suponer altos ingresos para las arcas municipales, creen que no tienen competencias para tramitar estas sanciones por lo que remitieron todos los casos. Por su parte, la delegación se los ha devuelto esta semana con un escrito en el que les recuerda que el Ayuntamiento es el competente para imponer las denuncias y cobrar las sanciones tanto de la ley mordaza como por practicar botellón en la calle.

La secretaria general técnica de la Concejalía de Salud remitió un escrito el pasado 5 de octubre un escrito a la Delegación del Gobierno en Madrid en el que afirmaba que existían “dudas interpretativas” de a quién le correspondía imponer las cuantías y cobrar las sanciones de las multas recogidas en la ley mordaza. La funcionaria reconoce en su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que existen dificultades para determinar esa potestad sancionadora “sin caer en discrecionalidades”.

Las sanciones podrían prescribir a los seis meses

El hecho de que el Ayuntamiento de Madrid haya remitido las denuncias por la ley mordaza a la Delegación del Gobierno ha sorprendido tanto en la Policía Municipal como en el propio departamento que dirige Concepción Dancausa. Esta nueva norma impone sanciones muy altas en algunos procedimientos, que ingresa el departamento que las tramita.

En el caso de las faltas leves, la cuantía oscila entre los 100 y los 600 euros. Las graves van de los 601 a los 30.000 euros. Las muy graves (de 30.001 a 600.000 euros) sí son competencia directa del Ministerio del Interior o de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del anterior.

El problema que puede haber con este envío y devolución entre ambas Administraciones es que parte de esas multas se queden al final sin cobrar. Ni siquiera en vía ejecutiva. Las faltas leves tienen un plazo de prescripción de seis meses, mientras que las graves llegan hasta el año. Si el Ayuntamiento se retrasa en las primeras, quizás no las cobre.

El documento afirma que son las delegaciones del Gobierno las que tienen la potestad para sancionar las infracciones graves y leves (las más frecuentes), por lo que les pasó un listado con distintas infracciones. En concreto, les mandaron las actas levantadas por los policías municipales por consumo o tenencia de droga en la vía pública; por portar objetos peligrosos para la vida y la integridad física de las personas (todo tipo de armas) y el consumo de bebidas alcohólicas en la calle o en transportes públicos. Estos últimos hechos también se pueden denunciar por la llamada ley antidroga de la Comunidad de Madrid, como ha venido haciendo hasta ahora la Policía Municipal.

La respuesta de la Delegación ha sido rápida. Justo tres semanas después de recepcionar todas las infracciones, el departamento que dirige Concepción Dancausa devolvió con un oficio del secretario general todas las actas con una premisa clara: “Este departamento considera, en relación con la aplicación del artículo 32.1.c) de la ley, que no puede interpretarse del mismo que la iniciación y tramitación de los procedimientos sancionadores le corresponda competencialmente”. A renglón seguido, explica que los Ayuntamientos son los que deben sancionar en materias como seguridad, sanidad e higiene y de defensa del consumidor y el usuario.

El secretario de la delegación hace un compendio de todas las leyes que están vigente y que hasta la fecha han sido utilizados por los distintos Ayuntamientos para sancionar todos y cada uno de los procedimientos relacionados. Recuerda, incluso, que Madrid tiene un cuerpo de Policía Municipal propio. Es más, califica como “nítidamente definida” toda la regulación previa y critica incluso la postura de la Concejalía de Salud: “No cabe ampararse en la Ley Orgánica para hacer una interpretación de cesación competencial de aquellas que fueron inicialmente asumidas”.

El escrito del secretario general de la Delegación del Gobierno pone fin a la controversia. Cierra el documento con la devolución de todas las actas “a los efectos procedentes”, por lo que el Ayuntamiento será el que tenga que tramitarlos. O, al menos, si prescriben por el paso del tiempo será por su única y exclusiva causa.

Fuentes municipales explicaron que existía “una duda legal” por lo que remitieron las actas a la Delegación. Tras ser devueltas, se están tramitando y remitiendo a los sancionados. Estas fuentes también destacaron que hay “tiempo suficiente” para cobrarlas porque algunas prescriben en un año.

 

fuente : el pais

Dos agentes de la PLV atienden un parto en plena calle

 

Los agentes patrullaban hoy lunes a las 02:40 horas por la calle Islas Canarias, y al llegar al cruce con Pintor Maella vieron a un hombre que pedía ayuda de manera desesperada. Bajaron del coche y vieron como una mujer de unos 25 años estaba dando a luz en un banco. Cuando se acercaron a la joven el alumbramiento había comenzado, el bebé tenía medio cuerpo fuera y los agentes colaboraron en sacar al pequeño, que salió sin complicaciones y respirando con normalidad. “Fueron dos minutos muy intensos”, señalaron los agentes que les atendieron.
En esos momentos una temperatura de tan solo cinco grados, por lo que se centraron en tapar con mantas a la mujer y a su hijo, y llamar a los servicios médicos. Varios vecinos bajaron con mantas y chaquetas al darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. En un primer momento se plantearon trasladar a la familia al hospital, pero el SAMU llegó al lugar en unos minutos y se hicieron cargo de la situación. Los médicos le cortaron el cordón umbilical en el mismo banco y trasladaron a toda la familia al Hospital Clínico.
Al parecer la mujer se puso de parto en su casa, y bajaron a la calle para tomar un taxi para ir al hospital, pero el parto se aceleró y no tuvieron más remedio que comenzar el parto en un banco de madera.

 

fuente: http://www.policialocalvalencia.es