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Archive for 23 diciembre 2015

La Policía Local de Valencia no identificará a inmigrantes para comprobar si tienen «papeles»

 

 

 

La Policía Local de Valencia no identificará a ninguna persona por su «perfil racial» para saber si se encuentra en el país de forma regular o irregular. Y es que para el gobierno tripartito de la ciudad que una persona tenga o no sus papeles en regla es una «falta administrativa» que en ningún caso debe ir ligada a su detención ni a la privación de libertad.

Así lo firman los tres portavoces del Gobierno „Jordi Peris, de València en Comú; Joan Calabuig, del PSPV y el alcalde Joan Ribó por Compromís„ en una propuesta de acuerdo que aprobará el próximo pleno con el firme compromiso de «garantizar que ninguna persona sea identificada y detenida por cuestiones raciales y privada de libertad por el simple hecho de encontrarse en una situación administrativa irregular». Es más, el texto especifica que se «comunicará a los diferentes cuerpos policiales que actúen en la ciudad, de forma escrita y mediante los organismos de coordinación existentes, la oposición de este ayuntamiento a la identificación basada en el perfil racial, la detención y traslado al CIE de ningún vecino de la ciudad».

Pero ahí no queda la cosa. La propuesta incluye que las empresas adjudicatarias del transporte tampoco colaboren en las identificaciones raciales. Y es que numerosas redadas se organizan en las salidas o llegadas de autobuses públicos a determinados lugares estratégicos como el aeropuerto o las estaciones de tren, según afirmaron ayer fuentes municipales.

Por ello, la propuesta de acuerdo insta al personal contratado para el desarrollo de los servicios de transporte público a que «no colabore en la realización de identificaciones basadas en el perfil racial» y que en el caso de que haya una persona que no tenga la documentación acreditativa «de una situación administrativa regular no se dé aviso a los cuerpos de policía». Además, el documento incluye la adhesión del ayuntamiento a los acuerdos sobre el cierre del CIE Zapadores, así como instar al Gobierno español a que inicie su clausura «en el término más breve posible» y «en un máximo de seis meses».

De esta forma, el Ayuntamiento de Valencia inicia un «camino firme» hacia «un cambio de paradigma en las políticas de migración, extranjería y asilo» para concebir la inmigración como un derecho además de «como lo que es: un fenómeno social y complejo, consustancial a cualquier época histórica».

Así, el Ayuntamiento de Valencia «rechaza los controles policiales basados en perfiles étnicos por ilegítimos, discriminatorios, racistas e injustos» porque «vulneran los derechos fundamentales, atentan contra la dignidad, contra el derecho a la libre circulación de las personas e incumplen los criterios fijos en la legalidad vigente, socavando los principios del Estado de Derecho». Y es que para el gobierno tripartito los controles de «segregación social levantan fronteras internas y potencian la diferenciación social entre la población autóctona y la extranjera».

Siempre bajo sospecha
Como consecuencia, «generan un imaginario estigmatizador que relaciona inmigración con delincuencia, presentando a la población migrada como enemiga, siempre bajo sospecha, lo que origina xenofobia y racismo social». Por ello, el gobierno defiende que la «alta frecuencia de los controles «refuerza la sensación de inseguridad y provoca una alarma social fabricada artificialmente, degradando la convivencia y la cohesión social en los barrios».

Fuente: levante.com

Seguridad amplía a las policías locales el control de la Ertzaintza

 

 

 

 

El segundo borrador de la propuesta del Departamento de Seguridad para la modificación de la Ley de Policía de 1992, tras el período de alegaciones, ha ampliado el ámbito de actuación de la nueva comisión ideada para controlar las negligencias policiales y que surge al calor de lo ocurrido en 2012 con la muerte en una carga policial de Íñigo Cabacas. La nueva propuesta subraya que no sólo la Ertzaintza se verá sujeta a los dictámenes de este organismo «con autonomía funcional respecto a la institución policial», sino que también lo estarán todas las policías locales vascas.

Otro cambio llamativo es que en la nueva redacción se eliminan todas las referencias a las palabras «control» e «investigar». De hecho, el órgano deja de llamarse Comisión de control de la Ertzaintza para denominarse Comisión de buenas prácticas de la Policía del País Vasco, mención que engloba al cuerpo autonómico, a los municipales y presumiblemente también a los forales adscritos a la Ertzaintza, como los Miñones, aunque no se precisa.

Sus funciones -se lee en el nuevo borrador- consisten en «estudiar» las conductas o actuaciones policiales «sobre las que se hayan recibido quejas» o «aquellos incidentes en los que en el contexto de una intervención u operativo policial (o durante la custodia policial) se hubiera producido el fallecimiento o lesiones graves» de una persona. Antes se aludía a «investigar» las actuaciones de los uniformados.

Asimismo, desaparece de la nueva redacción un apartado en el que se autorizaba a este organismo para formular «recomendaciones» sobre «la apertura de expedientes disciplinarios a resultas de las investigaciones realizadas». Ahora se limita el margen de la comisión a «recomendar buenas prácticas» y a proponer «medidas correctoras o preventivas», pero no «disciplinarias». Esta función se reserva por un lado a los tribunales de justicia y, por otro, a la unidad de Asuntos Internos, a la que no suplanta esta nueva oficina.

Se mantiene como antes la intención de que la comisión la compongan seis miembros, un presidente y cinco vocales, personas «de reconocido prestigio» en el ámbito de la seguridad, la psicología o la ética. Tres de ellos, en todo caso, serán mandos policiales con 15 años de trayectoria. Estarán en el cargo cinco años, sin remuneración excepto dietas.

Con la ampliación a las policías locales, se faculta también a la comisión de control, ahora de «buenas prácticas», a acceder a instalaciones policiales ya no sólo del Gobierno vasco, sino también de los ayuntamientos. Igualmente, los municipios y sus funcionarios deberán colaborar con los trabajos de este organismo aportando toda la documentación requerida. Sólo las personas que al mismo tiempo estén siendo investigadas por un juzgado podrán negarse a colaborar, ya que los procesados penalmente tienen derecho a no declarar e incluso a mentir en el ejercicio de su defensa.

Sea como fuere, la nueva Ley de Policía dista mucho todavía de ser una realidad. La redacción definitiva aún no ha sido cerrada por el Departamento de Seguridad. Una vez aprobado por el Gobierno, el texto pasará al Parlamento para su tramitación ordinaria. La legislatura autonómica se agotará en octubre y es probable que la Cámara se disuelva con las vacaciones de verano. Este margen es muy limitado para que esta ley vea la luz. Ya con el Gobierno socialista la actualización de esta ley de 1992 quedó en el cajón por falta de tiempo.

Fuente: elmundo.es

La Generalitat pide que la Policía Local use chalecos antibalas por la amenaza yihadista

13 diciembre 2015 1 comentario

Dos policías locales de Gandia muestran sus chalecos antibalas. ::

 

 

La preocupación de los policías locales ante la falta de chalecos antibalas ha calado en la Generalitat. El propio director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, firmó ayer una recomendación dirigida a todas las policías locales de la Comunitat en la que aconseja que los agentes que realizan servicios en la calle empleen las prendas de protección.

Argumenta la recomendación «a la vista de los últimos y desgraciados acontecimientos que todos conocemos», en referencia a los atentados de París con 129 muertos y más de 350 heridos. Pero también «en el nivel 4 de alerta antiterrorista en el que nos encontramos», como resalta el responsable autonómico en la misiva que en los próximos días se trasladará a todos los consistorios de la región que cuentan con policías locales. El problema radica en que, hoy por hoy, los ayuntamientos deciden si dotan a sus agentes de chalecos antibalas así como el número de unidades que adquieren. Son prendas relativamente caras que rondan los 600 euros y no forman parte de la dotación obligatoria de uniformidad que deben entregar a los agentes. La compra y suministro a los policías queda a merced de cada ayuntamiento y la solvencia de sus arcas.

Pagados de su bolsillo

Los presupuestos municipales no dan para más y, por tanto, la extensión del sistema protector es todavía «ínfima», como denuncian los principales sindicatos policiales. Suelen viajar en los coches patrulla por si se necesitan en una emergencia concreta pero ni mucho menos hay disponibles para todos los agentes que trabajan en la calle o realizan controles preventivos. Tal y como publicó ayer LAS PROVINCIAS, son muchos los policías y guardias civiles que optan por pagarse de su bolsillo la protección especial.

Ante esta realidad, Ángel insta a los ayuntamientos «para que realicen un esfuerzo y, en la medida de sus posibilidades, estudien fórmulas encaminadas a su incorporación progresiva como una pieza más en la dotación personal de las plantillas». El objetivo es obvio: «contribuir a una mayor seguridad de nuestros policías».

La recomendación de la Generalitat se produce tras celebrarse, ayer, la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Comunitat. Uno de los puntos del orden del día fue debatir las propuestas del Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) para modificar dos cuestiones clave de los decretos autonómicos que rigen el funcionamiento y dotación de los agentes.

Por un lado, el sindicato pretende que la dotación de chalecos antibalas para todos los agentes que trabajan en la calle sea obligada por ley y no quede a voluntad de los ayuntamientos. Al mismo tiempo, pretende que los agentes municipales puedan portar armas largas, una posibilidad que actualmente está vetada por la legislación autonómica.

Al término del encuentro, el responsable de SPPLB en Valencia, Manuel Sánchez, agradeció la recomendación de la Generalitat sobre los chalecos. Pero teme que la aspiración a una protección por agente «no se hará realidad hasta que no sea una obligación legal». Según dijo, «la Generalitat se ha comprometido a trasladar a su gabinete técnico la posibilidad del cambio normativo para imponer esa obligación a los consistorios, al igual que la posibilidad de disponer de armas largas en los cuerpos municipales».

A diferencia de los chalecos antibalas, la pretensión de los policías no es que todos los agentes municipales porten armas largas o que escopetas y fusiles sustituyan a sus pistolas reglamentarias. «Lo que estamos pidiendo es que existan cuatro o cinco escopetas como las usadas por la Policía Nacional en los controles para montar dispositivos con la misma seguridad», argumenta el responsable de SPPLB. Asegura que la incorporación de estas armas en cuerpos municipales es ya una realidad «en Madrid, Baleares, Melilla y Gran Canaria». Considera que «incrementan la capacidad de respuesta en caso de un ataque con armas de guerra como las que emplearon los terroristas en París».

Según Sánchez, la dotación de chalecos antibalas para policías locales en la ciudad de Valencia ronda el centenar. «Pero es que hay alrededor de un millar de policías trabajando a la calle y nunca se puede prever una situación de riesgo». Además, insiste, «la prenda especial no sólo supone una defensa ante disparos. Es vital para frenar golpes o ataques con arma blanca».

La Comisión de Coordinación de Policías Locales somete a información la Ley de Policía del País Vasco

La oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública, Ekinbide, la Comisión de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco, la actuación extraterritorial, la aplicación de la Ley de Igualdad de mujeres y hombres en convocatorias de procesos selectivos, el servicio activo modulado por razón de edad, las categorías profesionales en función volumen de plantilla y efectivos son algunos de los nuevos artículos incorporados al proyecto de ley de Policía del País Vasco que han sido analizados hoy en la Comisión de Coordinación de Policías Locales.

Además, en la misma comisión se ha efectuado un balance de las comisiones de coordinación policial de ámbito local, así como de los grupos de trabajo y de los convenios de colaboración suscritos con los municipios. En la actualidad, hay suscritos un total de 159 convenios con 66 municipios de Euskadi.

Un total de 45 ayuntamientos han firmado el convenio de colaboración que da derecho a la contratación de recursos a través de bolsas de trabajo de agentes interinos para las Policías Locales habiéndose realizado 177 contrataciones desde su puesta en marcha (105 en Bizkaia, 71 en Gipuzkoa y 1 en Araba).

Esta iniciativa se suma a otras medidas de coordinación que el Departamento de Seguridad está llevando a cabo con los ayuntamientos como, por ejemplo, los 38 convenios de colaboración para el análisis de muestras salivares en los laboratorios de la Ertzaintza para confirmar la presencia de drogas en la conducción, los 54 convenios Tetra para la estandarización de los sistemas de comunicación, los 17 firmados para tratamiento de muestras salivales y 5 para los protocolos de acceso a reseñas y bancos de datos policiales.

En la reunión se ha dado cuenta de las adaptación de las últimas reformas legales en Estadísticas, boletines de denuncia y diligencias de atestados.

La Comisión de Coordinación de PPLL se ha celebrado despúes de la reunión de Jefes de Policía Local de Euskadi celebrada ayer en Erandio a la que asistieron un total de 60 jefes y jefas de Policía Local, con la presencia del viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga y el Jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa.

Fuente: ertzaintza.net

La Policía Local pide armas largas ante las nuevas amenazas terroristas

9 diciembre 2015 1 comentario

Así, desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) han solicitado la compra de «armas largas» para, en caso de necesidad, poder combatir esa amenaza. Actualmente, los policías locales cuentan con pistolas y revólveres pero no tienen armamento mayor, como el utilizado por los terroristas en los últimos atentados.

Tanto Policía Nacional como Guardia Civil sí cuentan con este tipo de armamento por su vinculación más directa con las tareas de seguridad ciudadana.

Pero en el día a día, Policía Nacional y Policía Local actúan conjuntamente y la primera intervención puede ser indistintamente realizada por cualquiera de los dos cuerpos.

La autorización para el uso de este armamento por cuerpos locales conlleva necesariamente un cambio legislativo autonómico.

Algunos cuerpos policiales de otros municipios ya cuentan con ello y es una reivindicación común a otras ciudades tan importantes como Madrid.

Además, desde la SPPLB piden que se reconozca el chaleco antibalas como dotación personal.

Fuente: larazon.es