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Archive for the ‘SeNTeNCiaS De iNTeReS PoLiCiaL’ Category

El clan de las bosnias, voraces carteristas, puede volver al Metro de Madrid

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el auto que impedía, como medida cautelar, el acceso a la red de Metro del conocido como «Clan de las Bosnias», las más voraces carteristas.

El recurso fue interpuesto por el abogado de las cinco delincuentes y fue impugnado por el fiscal. Pero el tribunal considera lo siguiente, para dar la razón a las carteristas. Por un lado tacha de «precaria y superficial la motivación del auto» con la medida cautelar, redactado por el juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. el pasado 15 de febrero.

Critica también el atestado policial: «Hay datos fácticos desiguales en relación con cada una de las cinco imputadas, con un tratamiento cautelar indiscriminado y no justificado».

Además, la Sección Cuarta hace énfasis en que «tampoco consta la identidad de las víctimas cuya protección se persigue con las medidas». «Lo que sí es patente es que a las recurrentes se les impide, cautelarmente además, el acceso a un servicio público de transporte esencial para gran número de ciudadanos».

En definitivas, los magistrados firmantes del auto (Juan José López Ortega, Mario Pestaña Pérez y José Joaquín Hervás Ortiz) consideran que «las medidas cautelares adoptadas son desproporcionadas».

Es decir, que el Clan de las Bonias ya está de nuevo en el Metro. ¡Mucho ojo!

Fuente: abc.es

La Audiencia califica el alijo de una viuda de consumo propio para varios días

La Audiencia Provincial de Palma acaba de hacer pública una sentencia que podría marcar un importante precedente en las intervenciones contra el tráfico de drogas realizadas en la isla durante esta temporada.

Una mujer que viajaba en su coche camino de la discoteca Space ha conseguido que la mercancía intervenida por la Guardia Civil: 6,2 gramos de cannabis, 3,5 de MDMA y 5,3 de cocaína, pasen como consumo propio para una estancia de varios días en la isla.

La Fiscalía solicitaba para ella tres años y medio de cárcel al considerarla responsable de un delito contra la salud pública. Sin embargo, la Justicia ha dado por válida la alegación de que su pretensión no era precisamente destinar la droga al tráfico, sino para su consumo propio a lo largo de cuatro o cinco días.

Sin embargo en su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal de la Sección Primera desglosa, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo, las circunstancias por las que se deduce cuándo una sustancia está destinada al tráfico, como la existencia de instrumentos para ese fin, la capacidad adquisitiva del acusado o las modalidades de la posesión, que en el caso de la inculpada llevaban a descartar que pretendiera venderla.

En este sentido, la propia acusada, Soraya D.K., manifestó que cuando fue parada por un control de la Guardia Civil en Ibiza, portaba las sustancias para su consumo durante cuatro o cinco días a raíz de los problemas psicológicos causados por la muerte de sumarido. Así, al señalar que en ese momento se dirigía a la discoteca Space de Platja d’en Bossa, negó que la droga estuviera destinada a ser repartida entre sus amigos.

“Lo que pretendía era coger un poco para mí durante el tiempo en que estuviera en la discoteca”, aseveró la acusada, defendida por el letrado Jaime Roig, durante el juicio celebrado por estos hechos el pasado mes de diciembre. Es más, Soraya D.K. justificó tener propiedades en Francia y disponer de ingresos regulares por los alquileres que percibe, con cuatro hijos a su cargo, y “sin ninguna necesidad de obtener dinero mediante la venta de estupefacientes”.

En esta línea, un testigo aportado por la defensa relató que había tratado a la mujer por ser consumidora de sustancias como una “automedicación pero no por ser toxicómana”, y que cuando ella se marchó a París le puso en contacto con unos terapeutas por ser de familia “muy acomodada”.

En sus fundamentos jurídicos, la resolución judicial alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para aseverar que, en el caso de los consumidores, cuando las cantidades intervenidas sobrepasan el acopio considerado razonable para varios días -dependiendo de cada sustancia-“puede inferirse que el exceso está destinado al tráfico” puesto que se pretende financiar la adicción traficando con lo que no va a poder consumirse en ese lapso de tiempo.

Así, las cifras orientativas en este sentido sitúan la dosis diaria habitual de un consumidor entre 50 y 130 miligramos, mientras que con todas sus impurezas puede ubicarse entre los 20 y los 150, a lo que se suma “un normal avituallamiento” para entre tres y cinco días.

Así las cosas, puesto que no se constató ninguna transacción en la actuación de la acusada y no le fue incautado ningún útil, al tiempo que la cantidad intervenida entraba dentro de los parámetros aceptables de acopio de cualquier consumidor medio y atendiendo a sus suficientes ingresos, todo ello “suscita a la Sala la duda racional acerca del destino que pensaba dar la acusada a la sustancia, no descartando que pudiera ser para su consumo propio”.

Fuente: elmundo.es

RESISTENCIA COMO DELITO Y NO FALTA PENAL

 

Sentencia de la SALA de lo PENAL del TRIBUNAL SUPREMO , SENTENCIA Nº838/2008 de 12 de DICIEMBRE de 2008, en la que se declara que el hecho de golpear a los agentes, aunque sea en un forcejeo, excluye la falta y se encuadra en DELITO de resistencia.

 

Los hechos sucedieron cuando el acusado, en la madrugada del día de los hechos, intentó violar a una chica lo que no consiguió debido a que ésta comenzó a gritar pidiendo auxilio y únicamente le produjo unos tocamientos. Al ver que la chica gritaba, el acusado huyó y se encontró con otra chica a la que persiguió y cuando la dió alcance, la tapó la boca con su mano y comenzó a realizarla tocamientos y le introdujo uno o dos de sus dedos en la vagina, manteniendo dichos tocamientos hasta que pasó un vehículo, lo que hizo que dejase a la citada joven. Una vez que el acusado se marchó, esta joven avisó a la Guardia Civil que se presentó en el lugarde los hechos para recoger a la mujer y llevarla al Centro de Salud. En el momento en el que se hallaban en el interior del vehículo policial, pasó por ese lugar el acusado a bordo de su vehículo. Este, al ver el vehículo de la Guardia Civil realizó un brusco giro, cambiando de dirección e introduciéndose en una calle perpendicular. Al ver dicha maniobra los agentes procedieron a seguirle al tiempo que pedían ayuda a otras patrullas, llegando al final de la calle por la que circulaban el acusado y el vehículo policial que le perseguía, otra dotación de la Guardia Civilque cerró el final de la calle impidiendo la salida del vehículo del acusado. Al verse en tal situación, el acusado se bajó del vehículo y trató de huir corriendo, lo que no pudo hacer al ser detenido por los guardias civiles con los que, para tratar de evadirse, mantuvo un forcejeo que le produjo a uno de ellos una contusión y erosiones.

 

Como consecuencia de esto, se dictó sentencia en la que se condenaba al acusado como autor de un delito de agresión sexual, otro de violación y otro de resistencia a agentes de la autoridad. Frente a dicha sentencia el acusado recurre alegando distintos motivos.
El primero de ellos es que se habría procedido a una diligencia policial de reconocimiento sin sujetarse a los preceptos legales. La Sala dice que este motivo es incierto ya que la víctima procedió a una diligencia de reconocimiento de un detenido policial sin cumplir los preceptos pero es la detención la que se produce como consecuencia de un reconocimiento del agresor por su víctima. Y de un reconocimiento en que la víctima, por propia iniciativa y ante un encuentro absolutamente casual con el agresor, cuando en las proximidades del escenario del delito, era acompañada por los agentes policiales a un centro de salud para ser asistida, divisa al agresor y con la urgencia del caso, alerta a los agentes para que puedan cumplir su función y detener al agresor.

 

La ley establece que la diligencia de reconocimiento sólo habrá depracticarse cuando el Juez lo considere preciso y desde luego, no lo es cuando la persona que dirige el cargo contra otra ya la ha identificadoo por cualquier razón ya la conoce, porque en estos casos, no existe duda que la persona que indica es aquella a la que se refiere en su imputación.
Otro motivo de recurso es que alega indefensión por haberse inadmitido la prueba testifical de la esposa del condenado. La Sala dice a este respecto que para que se considere vulnerado el derecho de defensa por denegación de prueba se tienen que dar dos circunstancias:
  • que la denegación e inejecución sea imputable al órgano judicial
  • que la prueba impracticada sea decisiva en términos de defensa

Las pruebas a las que hace referencia el acusado de ninguna manera serían decisivas para su defensa. Respecto a la declaración de su esposa, debido al vínculo, poca credibilidad iba a merecer y además la declaración de otro testigo (primo del condenado) no era incompatible con la versión de hechos probados. Tal testigo daría cuenta de que la citada esposa abandona la compañía del acusado a las 2:15 h, siendo ese el momento en que se fija el encuentro con la primera víctima. Por lo tanto, no constando que sea lejana la distancia entre los puntos de separación y el de los hechos enjuiciados, bastaría una ligera variación por error en la indicación del minuto al que se hace referencia, para que las dos versiones puedan conciliarse.

El último de los motivos que vamos a analizar es la alegación del acusado de la indebida aplicación del art. 556 Código Penal en relación al delito de RESISTENCIA. En cuanto a este delito, el acusado se limitar a calificar como leve lo que se describe en los hechos probados como forcejeo en el curso del cual propinó una contusión al Guardia Civil en un codo y le ocasionó unas erosiones en la rodilla. Es decir, que intenta hacer ver que su conducta no tiene la importancia de un DELITO de resistencia, y sí por el contrario de una FALTA. La Sala hace una distinción entre, lo que podría ser delito de ATENTADO, el cual debería existir un acometimiento contra los agentes, y la FALTA del art. 634 del Código Penal, el cual excluye en el acusado de toda manifestación de violencia contra los agentes, incluso, dice la Sala, si es pasiva. Por lo tanto, si no es delito de atentado, ni falta del 634, el acto del condenado es una RESITENCIA efectuada con un ejercicio de fuerza eminentemente física, que supone el resultado exteriorizado de una oposición al cumplimiento de aquello que la autoridad y sus agentes conceptúan necesario para el buen desempeño de sus funciones.

Sentencia favorable a PL por quitar cámara de fotos a ciudadano

15 septiembre 2008 2 comentarios

 

 
 SENTENCIA DE LA SECCIÓN 1ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BURGOS en la que se absuelve a un policía por quitar la cámara a un particular que estaba haciendo fotos de los agentes que desempeñaban  sus funciones.


   Los hechos suceden en el transcurso de los incidentes que estaban sucediendo en una plaza pública con motivo de la decisión del Ayuntamiento de construir un parking y los agentes d e policía se encontraban de servicio vigilando dicha concentración en la citada plaza. 
   Uno de los agentes se percata de que un cuidadano está haciendo fotografías de los policías que trataban de restablecer el orden público. Comprobado que dicho ciudadano no pertenece a ningún medio informativo, uno de los policias le requirió la entrega de la cámara a lo que el ciudadano se negó, y debido a esta negativa, el agente se la quitó por la fuerza con ayuda de otros agentes, a fin de impedirle que hiciera más fotografías.
   El agente que retiró la cámara, procedió a su devolución al día siguiente tras haberla guardado en su propio domicilio. No se acreditó que la cámara tuviera daño material alguno.
   La primera sentencia CONDENA AL AGENTE como autor de FALTA DE COACCIONES.
   Dicho agente recurrió la sentencia.
   La Audiencia alega que ‘la obtención de fotografícas de los agentes para un uso posterior ignorado NO ES UN  ACTO LEGÍTIMO AL NO MEDIAR CONSENTIMIENTO de los afectados..’ Es más, el art. 197 del Código Penal califica como delictiva la conducta de quién para vulnerar la intimidad de otro utilice grabación de imágenes.
     En este mismo sentido, en muchas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en casos similares (entre otras, STS 2-2-2000, 11-7-01, 18-7-2002) afirman que NO EXISTE NINGÚN DERECHO de captar imágenes de personas, no mediando su expreso consentimiento.
   Ello está avalado también por el art. 18.1 de la Constitución que garantiza el derecho a la intimidad personal así como por el Tribunal Constitucional, que  en su doctrina también sigue esta línea.
   La actuación del ciudadano de fotografiar a los agentes que por razón de su cargo trataban de reprimir los disturbios NO ESTABA AMPARADA LEGALMENTE.
   La orden dada de que entregase la cámara de fotos era legítima, toda vez que se desconoce el uso que de esas imágenes de los agentes pudiera hacer el ciudadano y el obvio, que por elementales medidas de seguridad trataran de preservar su imagen, por lo que EL REQUERIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA CÁMARA ES AJUSTADO A DERECHO.

   Ante la negativa del ciudadano a hacer entrega de la cámara y el que el agente se la quitara a la fuerza, TAMPOCO ES constitutiva de INFRACCION PENAL, ya que siguiendo doctrina consolidada del Tribunal Supremo:
– los agentes actuaban desempeñando las labores propias de su cargo
– la fuerza fue racionalmente necesaria y proporcionada
– había resistencia por parte del ciudadano
     La única IRREGULARIDAD cometida por el agente fue el llevarse la cámara de fotos a su casa en lugar de depositarla en las dependencias de la Policía.
     Por lo anteriormente dicho, la Audiencia Provincial REVOCA LA SENTENCIA dictada y ABSUELVE AL POLICIA DE LA FALTA DE COACCIONES.
 
 
+ Para acceder al texto íntegro de la sentencia, pincha aquí
 

 

Falta de imprudencia por uso de armas

 

Recurren en casación la acusacion particular y el Abogado del Estado, adhiriéndose a éste el procesado -Guardia civil-, frente a sentencia que le condenó como autor de una falta de imprudencia simple, absolviéndole de un delito de imprudencia temeraria.
El Tribunal confirma la resolución impugnada señalando, respecto del recurso del Abogado del Estado, que no puede considerarse riesgo permitido el disparar a las ruedas de un coche desde un vehículo en marcha, máxime cuando no existía ningún supuesto habilitante para su uso, ya que no había riesgo ni para su vida ni para la de terceros.
Asimismo se rechaza que deba condenarse al acusado por un delito de imprudencia, ya que el comportamiento de la víctima, huyendo a gran velocidad, incidió en la gravedad de la culpa al entender el procesado que su eventual detención generaría peligros para sus propios bienes jurídicos personales.

 


 

FUNDAMENTOS DE DERECHO


A.- Recurso del Abogado del Estado y de Pedro Antonio.

PRIMERO.- Sostienen en primer lugar ambos recurrentes que la sentencia recurrida ha infringido el art. 586 bis en relación al art. 8,11, 1973 o el art. 621,3 en relación al 20,7 del Código vigente, para el caso de que se lo considere aplicable. Entienden los recurrentes que “no hay atisbo alguno que permita deducir que el condenado se haya apartado lo más mínimo de lo que impone el estricto cumplimiento del deber, sin que sea razonable hablar de imprudencia por su parte”. El Mº Fiscal apoyó el motivo, afirmando que “la tipicidad del ilícito culposo de comisión requiere básicamente dos elementos: la infracción del deber de cuidado y la imputación objetiva del resultado a la acción”. Por un lado estima el Fiscal que el acusado no infringió ningún deber de cuidado, dado que éste disparó a una distancia de 5 ó 6 metros cuando los vehículos entraron en una vía regular y que “tenía y estaba autorizado a tener confianza en sí mismo en cuanto a lo certero de su puntería”. Asimismo el Fiscal sostiene que “en la doctrina se ha establecido a este respecto que ha de excluirse la imputación del resultado cuando éste es consecuencia de la conducta o de la situación creada por la víctima”. A ello agrega el Fiscal en su cuidadoso estudio de las cuestiones planteadas que “la acción de creación del riesgo -intentar la detención del vehículo disparando a sus neumáticos- no solamente se mantiene dentro del riesgo permitido, sino que es una forma de realización -parece que la única- de un mandato normativo”.

El motivo debe ser desestimado.

1. Básicamente sostiene el Fiscal en primer término que el disparar a las ruedas de un coche que circulaba con matrícula española de Barcelona por la jurisdicción de Albacete, que no se ha detenido ante las indicaciones de un servicio de vigilancia de la Guardia Civil constituye un riesgo permitido.

No ofrece dudas que quien desde un coche en movimiento dispara sobre otro que también se mueve genera un riesgo específico no obstante su calidad y entrenamiento como tirador. No es lo mismo disparar a pie firme sobre un objeto quieto que hacerlo desde un punto de apoyo en movimiento sobre un objeto móvil. En tales condiciones se aumenta considerablemente el riesgo de desvíos de los disparos y el peligro de las personas que se encuentran en el coche que es objeto de los mismos.

Se debe preguntar, por lo tanto, si en la situación concreta en la que el acusado efectuó los disparos, la creación de este peligro para las personas estaba permitido o, incluso, impuesto por el orden jurídico. A este respecto es preciso tener presente lo dispuesto en la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre la actuación de los miembros de los mismos, dado que el legislador ha tenido en cuenta que tales actuaciones de agentes armados pueden generar peligros para los bienes jurídicos de los ciudadanos y ha querido limitar y definir los mismos de una manera razonable. En tal sentido el art. 5,2 c) y d) de dicha ley establece respectivamente que los agentes de tales fuerzas se regirán, entre otros, por el “principio de proporcionalidad” y que “solamente deberán utilizar armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior”.

2. En el presente caso es evidente que no se da ninguna de las condiciones que permiten la creación de un riesgo proveniente del uso de armas en público. En efecto, no existía ningún riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física del acusado ni de terceras personas derivado de los hechos en los que el acusado actuó. Téngase presente que el objeto del servicio de vigilancia “era controlar los vehículos que por allí circulaban e identificar a sus ocupantes debido a que, al parecer, en fechas próximas anteriores se habían cometido varios robos y atracos en la citada localidad y alrededores”. Por lo tanto, no cabía esperar de las personas buscadas agresiones a las personas, dado que supuestamente se buscaban delincuentes contra la propiedad. Si bien es cierto que el comportamiento observado por los ocupantes del coche B-…-GH pudo afectar al menos la integridad corporal de los agentes (al respecto se abrió otra causa), no lo es menos que cuando comenzaron los disparos no existía ningún peligro para la vida de aquéllos.

En consecuencia, era suficiente con comunicarse con otros servicios motorizados de la Guardia Civil -como efectivamente se hizo- para instar la detención del coche, sobre el que no pesaba ninguna sospecha específica, fuera del hecho -por otra parte nada anormal- de que la matrícula pertenecía a un municipio distinto del de Albacete. En consecuencia, la acción del acusado no puede ser considerada un riesgo permitido.

3. Tampoco es posible sostener que el riesgo no se concretó en el resultado por causa de la autopuesta en peligro de la víctima. En este sentido se debe señalar que no es la víctima la que se introduce voluntariamente, asumiendo el riesgo existente, en el peligro ya creado por el autor previamente y no dirigido a la víctima, sino todo lo contrario. Es el propio acusado el que ha reaccionado creando un peligro sobre la víctima hasta ese momento inexistente. Por otra parte la conducta de la víctima -como vimos supra 2- no tenía porqué generar el uso de armas dado que no reunía las condiciones para ello.

SEGUNDO.- El segundo motivo del Abogado del Estado se funda en la inaplicabilidad al caso del art. 121 CP, que, de acuerdo con lo previsto en la disp. trans. 9ª b), no correspondía aplicar. El art. 121 CP, argumenta el Abogado del Estado “señala que el Estado responde subsidiariamente de los daños causados (…), siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados” (a los funcionarios, agentes, etc.). En el presente caso, afirma el recurrente, el lesionado “estaba jurídicamente obligado a soportar el daño”, al parecer porque el acusado sólo ha sido condenado por una falta.

El motivo debe ser desestimado.

El hecho que motivó la presente causa tuvo lugar en 1992. La aplicación del art. 121 CP, por lo tanto, no es posible, dado que la retroactividad más favorable prevista en el art. 2,2 CP sólo rige para “las leyes penales que favorezcan al reo”. Es claro que el art. 121 CP no es una ley penal, sino civil, y además que no favorece (ni perjudica) al acusado. Consecuentemente respecto del art. 121 CP es de aplicación el art. 3 CC, que determina que “las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieran lo contrario”.

B.- Recurso de Constantino.

TERCERO.- El primero de los motivos del recurso del acusador particular se basa en el art. 849,1 LECr. y se fundamenta en la infracción del art. 565 CP en relación a los arts. 420 y 421,1 CP. Sostiene este recurrente, en suma, que “el disparo a las ruedas de un vehículo, en un terreno irregular y según parece a gran velocidad, hace previsible que, de acertar el vehículo, por efecto del reventado de la rueda, sufra un accidente de consecuencias graves y no una simple detención de su movimiento” y que la circunstancias de que el acusado sea un tirador de 1ª categoría, “lejos de disminuir su grado de imprudencia, lo acentúa”.

El motivo debe ser desestimado.

La gravedad de la culpa o imprudencia depende, en principio, de la jerarquía del bien jurídico afectado por el comportamiento descuidado y facilidad con la que el agente pudo llegar a conocer el peligro que su acción generaba. Estos elementos permitirían afirmar la gravedad de la culpa del acusado en el presente caso, dado que la acción generaba peligro para bienes jurídicos importantes y ello era fácilmente perceptible por el acusado en las circunstancias en las que obró. Sin embargo, en el juicio sobre la gravedad de la imprudencia se deben considerar también todas las circunstancias que aparezcan como relevantes en el caso concreto. En un supuesto como el que aquí se considera es claro que el comportamiento previo de la víctima -aunque como se vio no elimine la imputación objetiva del resultado al autor de los disparos- incide en la gravedad de la culpa, dado que el autor tuvo que obrar pudiendo suponer, a partir de la conducta anterior de la víctima, que su eventual detención generaría a su vez peligros para sus propios bienes jurídicos personales.

CUARTO.- El segundo motivo del recurso se fundamenta en la vulneración de los arts. 19, 101, 103 y 104 CP de 1973, que sería consecuencia de haber tomado en consideración la Audiencia “la pretendida (…) imprudencia” del recurrente para la determinación de la responsabilidad civil.

El motivo debe ser desestimado.

Las mismas razones que hemos expuesto en relación al significado de la conducta del recurrente en el fundamento jurídico anterior son de aplicación a la vertiente de la responsabilidad civil. Consecuentemente aquí no cabe sino una remisión a lo ya dicho en el f. j. 3º.

QUINTO.- En el tercero de los motivos del recurso de la acusación particular se denuncia la infracción de los arts. 24,2 y 9,3 CE, “por cuanto la sentencia recurrida, al no apreciar la existencia de las secuelas psíquicas del lesionado, a pesar de la prueba pericial psiquiátrica practicada y ratificada en el acto del juicio oral (…) se apartó infundadamente de los conocimientos científicos, ponderando dicha prueba con razonamientos que chocan con la experiencia y vulneran las reglas de la sana crítica”.

El motivo debe ser desestimado.

La Audiencia razonó en el f. j. 6º de la sentencia recurrida que la opinión del perito postulante de las secuelas psicológicas no le merecía crédito por el método utilizado. A ello se refiere cuando explica que este perito se basó para sus conclusiones en manifestaciones de los afectados y no en una observación directa de las mismas apoyada en técnicas adecuadas de diagnóstico. Tales razonamientos científicos, son un fundamento adecuado de la decisión y, por tal motivo, no cabe considerar que la Audiencia debió dar crédito a una peritación médica que sólo se basaba en las manifestaciones de los posibles pacientes.

FALLO


Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Abogado del Estado, al que se adhirió el procesado Pedro Antonio, y por la acusación particular, Constantino, contra SAP Albacete 18 octubre 1996 dictada en causa seguida contra el procesado por una falta de imprudencia simple, absolviéndole del delito de imprudencia temeraria del que venía siendo acusado.

Condenamos al procesado y a la acusación particular, al pago por terceras partes de las costas ocasionadas en este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Luis-Román Puerta Luis.- Enrique Bacigalupo Zapater.- José Antonio Marañón Chávarri.

ABSOLUCION CONDUCCION TEMERARIA

Un juez de Barcelona absuelve a un conductor temerario basándose en la ambigüedad de la reforma del Código Penal

Un juez de Barcelona ha absuelto a un conductor temerario que circuló a gran velocidad por encima de la acera, basándose en la ambigüedad de la reforma del Código Penal. Aunque el artículo 380 castiga la circulación “con temeridad manifiesta”, interpreta que el código está redactado de manera que la conducción temeraria equivale a circular sobrepasando la tasa de alcohol y, además, la velocidad máxima permitidas.

Disparos contra dos agentes constituyen un único delido de atentado

Tribunal Supremo – Sala Segunda

En la Villa de Madrid, a veintiuno de enero de dos mil dos.

En el recurso de casación por Infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por la representación de Osmon, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décima, por delito de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la Vista y Fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Mota Torres.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Gavá, instruyó Sumario núm. 3/97, contra Osmon, por delito de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décima, que con fecha 12 de julio de 1999 dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:

“Se declara probado que el procesado Osman, mayor de edad y sin antecedentes penales en España, de nacionalidad Bosnia, sobre las 5.30 has de la madrugada del día 15 de febrero de 1997 se encontraba en la “Discoteca P.”, sita en el Paseo G., de la localidad de Castelldefels. En un momento determinado, cuando se encontraba en las proximidades de la puerta de acceso, entre gritos e imprecaciones, sacó de entre sus ropas una pistola de marca R., modelo …, con número de serie …7, en perfecto estado de conservación y funcionamiento, y esgrimiéndola siguió con sus gritos y genéricas amenazas de matar a todo el mundo. El encargado de la discoteca, Vicenzo se acercó para tranquilizarlo, momento en que el acusado le dirigió el arma hacia él, haciendo instantes después la operación de montarla, momento en que Vicenzo salió huyendo al exterior del establecimiento.- El acusado también salió y allí se encontró cuatro agentes de Policía Nacional, con números identificativos …89, …92, …08 y …10, que en aquellos tiempos se encontraban en prácticas, que vistiendo con ropas civiles se identificaron verbalmente y exhibiendo sus respectivos carnets profesionales. El acusado hizo caso omiso y huyó caminando, haciendo antes varios disparos al aire y adentrándose en las calles adyacentes.- Los cuatro agentes, acompañados por el empleado de la discoteca, iniciaron su persecución dando continuas voces de “alto policía”. El acusado corría, se paraba y apuntaba al grupo, llegando a realizar dos disparos en la dirección de los agentes …08 y …92, obligando a que todos ellos se lanzaran al suelo y protegieran tras unos automóviles. Siguiendo la persecución, el grupo se dividió para tratar de interceptar al acusado, y en esa circunstancia, el agente núm. …89 se aproximó hasta unos 10 m de distancia, diciendo que era policía y que dejara el arma, sin que el acusado atendiera la orden y sí, por contra, efectuara un disparo en dirección hacia él. Finalmente, el agente núm. …10, logró acercarse sin ser visto y abalanzándose inició un fuerte forcejeo, en cuyo transcurso el acusado disparó su arma, sin que conste que lo realizara de manera voluntaria. Ya reducido, pudo comprobarse que el acusado, además del arma señalada, portaba otro cargados con seis cartuchos tipo Lugen 9 mm, apto para utilizar en ella y disparar”. (sic)

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

“Fallamos: Que debemos absolver y absolvemos a Osmon, de los cuatro delitos de homicidio intentado de los que era acusado, así como de uno de los delitos de atentado del que también se le acusaba.- Y debemos condenar y condenamos a Osmon como autor criminalmente responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, precedentemente definido, sin la concurrencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de dieciocho meses de prisión; y como autor criminalmente responsable de dos delitos de atentado, precedentemente definido, concurriendo la atenuante señalada, a la pena de dos años de prisión por cada uno de ellos, imponiendo igualmente tres octavos de las costas del juicio.- Se decreta igualmente el comiso del arma y proyectiles intervenidos, a los que se dará destino legal.- Para el cumplimiento de la pena declaramos de abono todo el tiempo que haya estado privado de libertad por esta causa, siempre que no se hubiere computado en otra”. (sic)

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por la representación de Osmon, que se tuvo por anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación del recurrente, formalizó el recurso, alegando los siguientes motivos de casación:

Primero: Se instrumenta por la vía del art. 849.1 de la LECriminal, invocándose la indebida aplicación de los arts. 550 y 551 del Código Penal.

Segundo: Por la misma vía se invoca infracción del art. 556 del Código Penal, por inaplicación, al haberse cometido a lo sumo por el acusado un delito de resistencia.

Tercero: Por la vía del art. 849.2 de la LECriminal, se invoca error en la apreciación de la prueba, invocándose como referencia documental los informes médico-forenses de los folios 16, 31, 191 y 192 en el que se describe una situación de drogadicción con dependencia a la heroína, así como hallarse el acusado en tratamiento de deshabituación a opiáceos con metadona.

QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, lo impugnó; la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera.

SEXTO.- Hecho el señalamiento para Vista, se celebró la votación el día 17 de enero de 2002.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Osmon, como autor de un delito de tenencia ilícita de armas y de dos delitos de atentado a agente de la autoridad a las penas y demás pronunciamientos contenidos en el fallo.

Contra dicha sentencia se ha formalizado recurso de casación a través de tres motivos, por el condenado.

El primer motivo, por la Infracción de Ley del núm. 1 del art. 849 denuncia como de indebida aplicación los artículos 550 y 551 del C.P.

Se sostiene por el recurrente que no existen los dos delitos de atentado porque el recurrente se limitó a disparar al aire la pistola que portaba, sin intentar agredir ni disparar contra los policías en prácticas que le perseguían.

El motivo no respeta los hechos probados que constituyen el presupuesto del motivo, no obstante el motivo prosperará parcialmente por otras razones. En dichos hechos se narra que el recurrente, a consecuencia del altercado que provocó en la discoteca con exhibición de una pistola, salió de allí, encontrándose con cuatro agente de policía en prácticas, de paisano, que se identificaron verbalmente y con exhibición de sus carnets y sin detenerse, huyó, siendo perseguido por los agentes. En esta situación efectuó diversos disparos al aire, y tras dividirse los agentes en dos grupos en un momento dado el recurrente efectuó dos disparos en dirección a los agentes …08 y …92 obligando a que se lanzaran al suelo y se protegieran tras unos automóviles.

Es en concreto en esta acción donde la sentencia encuentra los dos delitos de atentado por los que condenaron al recurrente. Es evidente que tal acción constituye a no dudarlo no ya una grave intimidación, sino un acometimiento a dos agentes públicos, por concurrir todos los elementos que integran el delito.

a) La acción del sujeto activo en cualquiera de las manifestaciones descritas en el art. 550.

b) La condición de autoridad o agentes de la misma.

c) El elemento subjetivo del injusto constituido por el deseo de menospreciar y vulnerar la función pública que el agente encarna y representa; en el presente caso los agentes tenían la obligación de intervenir aunque estuviesen francos de servicio, e incluso fueran funcionarios en prácticas porque conforme al art. 5.4 de la L.O. 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se consideran en servicio permanente y en cualquier momento pueden y deben actuar en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana -SSTS de 30 de mayo de 1983 y 2 de julio de 1984-.

Precisamente, el núcleo del delito de atentado está constituido por el ataque a esa función pública que encarna el sujeto pasivo y cuyo respeto es necesario para la convivencia en una sociedad democrática, por eso el delito de atentado responde a la naturaleza de los delitos de pura actividad, que se perfeccionan con el simple ataque en cualquiera de las cuatro formas previstas en el tipo, aunque este no llegue a consumarse en la persona de los agentes atacados -SSTS de 11 de octubre de 1984, 30 de abril de 1987 y 16 de noviembre de 1987-. En concreto, existe consolidada doctrina de esta Sala, que estima consumado el delito en el hecho de apuntar a un agente con un arma cargada, obligándole a tirarse al suelo ante la eventualidad del disparo -SSTS de 29 de noviembre de 1989 y 10 de julio de 1995-. En el presente caso, se produjeron dos disparos dirigidos a los dos agentes por lo que puede afirmarse fundadamente que el ataque revistió la forma de acometimiento.

Consecuencia de la naturaleza del bien jurídico protegido, es que la realidad de una actividad agresiva frente a varios agentes o funcionarios públicos, no da vida a tantos atentados cuantos agentes existan, sino sólo a una sola infracción, porque el bien jurídico es uno y único, aunque sean varios los agentes; cuestión distinta es que la realidad de múltiples agresiones den vida a otro delito -contra la integridad física-, en concurso ideal con el delito de atentado, y en esta situación en virtud de la propia substantividad del ataque causado, puedan existir y existan tantos delitos de lesiones u homicidios como víctimas, unidos, como ya se ha dicho, en concurso ideal con un único delito de atentado -SSTS 650/93 de 22 de marzo, 1437/2000 de 25 de septiembre-.

Una aplicación de la doctrina expuesta a los hechos probados, lleva a declarar que la acción del recurrente de disparar con su pistola a los dos agentes que le seguían, a una distancia de cinco metros -dato fáctico incluido en la fundamentación pero que debe integrarse en el “factum”-, agentes que previamente se habían identificado verbal y por exhibición de la documentación correspondiente por lo que su condición de tal era obvia para el recurrente y que estaban legitimados para intervenir ante las circunstancias del caso constituye un ejemplo de acometimiento de una indudable peligrosidad que da vida a un sólo delito de atentado y no dos, y es en este aspecto que debe ser revocada la sentencia y admitido parcialmente el motivo.

Procede la estimación parcial del motivo.

SEGUNDO.- El segundo motivo, por igual cauce constituye la lógica consecuencia de la tesis del recurrente. Los hechos, según su planteamiento, constituirían un delito de resistencia del art. 556 del Código Penal, que debía haber sido aplicado.

El Código Penal define el delito de resistencia de una manera excluyente en relación al delito de atentado y por tanto dotándole de una naturaleza residual, de suerte que en el delito de resistencia se sancionan comportamientos más leves y que no tienen cabida en el delito de atentado, por lo que la diferenciación de una y otra figura delictiva, debiera efectuarse a la vista de las concretas circunstancias de los casos a examinar porque como se reconoce en la sentencia de esta Sala de 23 de marzo de 1995, existen entre ambas infracciones zonas de confluencia y de divergencia.

Entre las primeras podemos citar que el sujeto pasivo sea autoridad o agente de la misma, que se encuentra en el ejercicio de sus funciones, que ello sea conocido por el sujeto activo y un especial animus tendencial de menospreciar el principio de autoridad.

Entre las divergencias, el elemento nuclear es la forma en la que se realiza la acción en el que está excluida la nota del acometimiento que es sustituida por la de una desobediencia grave o una resistencia pasiva, es decir no de oposición sino de simple obstaculización aunque lo relevante es el análisis de cada supuesto, porque pueden existir situaciones fronterizas entre la resistencia activa, constitutiva de atentado y la pasiva de resistencia.

En el presente caso, el hecho de disparar un arma de fuego, a corta distancia contra dos agentes, integra, a no dudarlo, uno de las materializaciones más acabadas del acometimiento a que se refiere el art. 550.

Procede la desestimación del motivo.

TERCERO.- El tercer motivo, por la vía del error en la valoración de la prueba fundado en prueba documental, tiene por finalidad solicitar la eximente completa o incompleta en base a la antigua e intensa drogadicción del recurrente.

Se citan unos informes médicos, obrantes a los folios 16, de fecha 17 de febrero, dos días de la ocurrencia de los hechos enjuiciados, así como el parte médico-forense del folio 31 y finalmente un nuevo informe médico-forense obrante a los folios 191 y 192 efectuado cuando estaba en prisión. A la vista de ellos la Sala sentenciadora, en el Fundamento Jurídico quinto acepta una ingesta alcohólica, mezclada probablemente con algún consumo de drogas que le disminuía sus facultades intelecto-volitivas, pero estima que no de forma intensa, a la vista de las aptitudes físicas demostradas en la persecución y forcejeo posterior, por lo que le da el valor de una atenuante ordinaria de conformidad con el núm. 2 del art. 20.

En este control casacional, a la vista del contenido de los informes médicos citados, se constata que no existe ese error denunciado, en efecto, se reconoce su condición de toxicómano, pero también se afirma que tiene plena conciencia de sus actos, y por otra parte su experiencia por el estado de guerra que vivió en su país -Bosnia-Hercegovina- sin duda negativa, no tiene, o al menos no se ofrecen datos clínicos que acrediten una situación más intensa en clave de enfermedad mental, antes bien se afirma en el último de los informes que tiene una personalidad tipo nemótica pero dentro de los límites de la personalidad.

Los documentos citados, no acreditan el error que se denuncia, siendo consecuencia de ello la desestimación del motivo.

CUARTO.- La admisión parcial del primero de los motivos, tiene por consecuencia la declaración de oficio de las costas del recurso.

FALLO

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación formalizado por la representación legal de Osmon contra la sentencia dictada el día 12 de julio de 1999 por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, la que anulamos y casamos siendo sustituida por la que seguida y separadamente vamos a pronunciar.

Se declaran de oficio las costas del recurso.

Notifíquese esta resolución y la que seguidamente se va a dictar a las partes y póngase en conocimiento de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décima, con envío de las actuaciones e interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Joaquín Giménez García.- Juan Saavedra Ruiz.- Eduardo Moner Muñoz.

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiuno de enero de dos mil dos.

En la causa instruida por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Gavá, Sumario núm. 3/97, seguida por delito de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, contra el acusado Osmon, de 27 años de edad, hijo de Jahil y de Sofía, natural de Cajnice (Bosnia), vecino de Tarragona, sin antecedentes penales, de solvencia ignorada, en libertad provisional por la presente causa, por la que permaneció en prisión de 19-2-97 a 26-6-98; se ha dictado sentencia que ha sido casada y anulada parcialmente por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. anotados al margen y bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, se hace constar lo siguiente:

ANTECEDENTES

UNICO.- Se aceptan los de la sentencia recurrida, incluidos los hechos probados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Por los razonamientos contenidos en el Fundamento Jurídico primero de la sentencia casacional, debemos condenar a Osmon como autor de un sólo delito de atentado de los artículos 550 y 551 del Código Penal, tipo básico, que sancionamos con la imposición de dos años de prisión, la misma extensión que utiliza la sentencia casada.

PARTE DISPOSITIVA

Que debemos condenar y condenamos a Osmon como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica sexta del art. 21 en relación con el núm. 2 del art. 21, a la pena de dos años de prisión.

Se mantienen íntegramente el resto de los pronunciamientos de la sentencia casada no afectados por la presente.

Notifíquese esta sentencia en los mismos términos que la anterior.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Joaquín Giménez García.- Juan Saavedra Ruiz.- Eduardo Moner Muñoz.

Publicación.- Leídas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

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