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El clan de las bosnias, voraces carteristas, puede volver al Metro de Madrid

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el auto que impedía, como medida cautelar, el acceso a la red de Metro del conocido como «Clan de las Bosnias», las más voraces carteristas.

El recurso fue interpuesto por el abogado de las cinco delincuentes y fue impugnado por el fiscal. Pero el tribunal considera lo siguiente, para dar la razón a las carteristas. Por un lado tacha de «precaria y superficial la motivación del auto» con la medida cautelar, redactado por el juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. el pasado 15 de febrero.

Critica también el atestado policial: «Hay datos fácticos desiguales en relación con cada una de las cinco imputadas, con un tratamiento cautelar indiscriminado y no justificado».

Además, la Sección Cuarta hace énfasis en que «tampoco consta la identidad de las víctimas cuya protección se persigue con las medidas». «Lo que sí es patente es que a las recurrentes se les impide, cautelarmente además, el acceso a un servicio público de transporte esencial para gran número de ciudadanos».

En definitivas, los magistrados firmantes del auto (Juan José López Ortega, Mario Pestaña Pérez y José Joaquín Hervás Ortiz) consideran que «las medidas cautelares adoptadas son desproporcionadas».

Es decir, que el Clan de las Bonias ya está de nuevo en el Metro. ¡Mucho ojo!

Fuente: abc.es

La Audiencia califica el alijo de una viuda de consumo propio para varios días

La Audiencia Provincial de Palma acaba de hacer pública una sentencia que podría marcar un importante precedente en las intervenciones contra el tráfico de drogas realizadas en la isla durante esta temporada.

Una mujer que viajaba en su coche camino de la discoteca Space ha conseguido que la mercancía intervenida por la Guardia Civil: 6,2 gramos de cannabis, 3,5 de MDMA y 5,3 de cocaína, pasen como consumo propio para una estancia de varios días en la isla.

La Fiscalía solicitaba para ella tres años y medio de cárcel al considerarla responsable de un delito contra la salud pública. Sin embargo, la Justicia ha dado por válida la alegación de que su pretensión no era precisamente destinar la droga al tráfico, sino para su consumo propio a lo largo de cuatro o cinco días.

Sin embargo en su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal de la Sección Primera desglosa, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo, las circunstancias por las que se deduce cuándo una sustancia está destinada al tráfico, como la existencia de instrumentos para ese fin, la capacidad adquisitiva del acusado o las modalidades de la posesión, que en el caso de la inculpada llevaban a descartar que pretendiera venderla.

En este sentido, la propia acusada, Soraya D.K., manifestó que cuando fue parada por un control de la Guardia Civil en Ibiza, portaba las sustancias para su consumo durante cuatro o cinco días a raíz de los problemas psicológicos causados por la muerte de sumarido. Así, al señalar que en ese momento se dirigía a la discoteca Space de Platja d’en Bossa, negó que la droga estuviera destinada a ser repartida entre sus amigos.

“Lo que pretendía era coger un poco para mí durante el tiempo en que estuviera en la discoteca”, aseveró la acusada, defendida por el letrado Jaime Roig, durante el juicio celebrado por estos hechos el pasado mes de diciembre. Es más, Soraya D.K. justificó tener propiedades en Francia y disponer de ingresos regulares por los alquileres que percibe, con cuatro hijos a su cargo, y “sin ninguna necesidad de obtener dinero mediante la venta de estupefacientes”.

En esta línea, un testigo aportado por la defensa relató que había tratado a la mujer por ser consumidora de sustancias como una “automedicación pero no por ser toxicómana”, y que cuando ella se marchó a París le puso en contacto con unos terapeutas por ser de familia “muy acomodada”.

En sus fundamentos jurídicos, la resolución judicial alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para aseverar que, en el caso de los consumidores, cuando las cantidades intervenidas sobrepasan el acopio considerado razonable para varios días -dependiendo de cada sustancia-“puede inferirse que el exceso está destinado al tráfico” puesto que se pretende financiar la adicción traficando con lo que no va a poder consumirse en ese lapso de tiempo.

Así, las cifras orientativas en este sentido sitúan la dosis diaria habitual de un consumidor entre 50 y 130 miligramos, mientras que con todas sus impurezas puede ubicarse entre los 20 y los 150, a lo que se suma “un normal avituallamiento” para entre tres y cinco días.

Así las cosas, puesto que no se constató ninguna transacción en la actuación de la acusada y no le fue incautado ningún útil, al tiempo que la cantidad intervenida entraba dentro de los parámetros aceptables de acopio de cualquier consumidor medio y atendiendo a sus suficientes ingresos, todo ello “suscita a la Sala la duda racional acerca del destino que pensaba dar la acusada a la sustancia, no descartando que pudiera ser para su consumo propio”.

Fuente: elmundo.es

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RESISTENCIA COMO DELITO Y NO FALTA PENAL

 

Sentencia de la SALA de lo PENAL del TRIBUNAL SUPREMO , SENTENCIA Nº838/2008 de 12 de DICIEMBRE de 2008, en la que se declara que el hecho de golpear a los agentes, aunque sea en un forcejeo, excluye la falta y se encuadra en DELITO de resistencia.

 

Los hechos sucedieron cuando el acusado, en la madrugada del día de los hechos, intentó violar a una chica lo que no consiguió debido a que ésta comenzó a gritar pidiendo auxilio y únicamente le produjo unos tocamientos. Al ver que la chica gritaba, el acusado huyó y se encontró con otra chica a la que persiguió y cuando la dió alcance, la tapó la boca con su mano y comenzó a realizarla tocamientos y le introdujo uno o dos de sus dedos en la vagina, manteniendo dichos tocamientos hasta que pasó un vehículo, lo que hizo que dejase a la citada joven. Una vez que el acusado se marchó, esta joven avisó a la Guardia Civil que se presentó en el lugarde los hechos para recoger a la mujer y llevarla al Centro de Salud. En el momento en el que se hallaban en el interior del vehículo policial, pasó por ese lugar el acusado a bordo de su vehículo. Este, al ver el vehículo de la Guardia Civil realizó un brusco giro, cambiando de dirección e introduciéndose en una calle perpendicular. Al ver dicha maniobra los agentes procedieron a seguirle al tiempo que pedían ayuda a otras patrullas, llegando al final de la calle por la que circulaban el acusado y el vehículo policial que le perseguía, otra dotación de la Guardia Civilque cerró el final de la calle impidiendo la salida del vehículo del acusado. Al verse en tal situación, el acusado se bajó del vehículo y trató de huir corriendo, lo que no pudo hacer al ser detenido por los guardias civiles con los que, para tratar de evadirse, mantuvo un forcejeo que le produjo a uno de ellos una contusión y erosiones.

 

Como consecuencia de esto, se dictó sentencia en la que se condenaba al acusado como autor de un delito de agresión sexual, otro de violación y otro de resistencia a agentes de la autoridad. Frente a dicha sentencia el acusado recurre alegando distintos motivos.
El primero de ellos es que se habría procedido a una diligencia policial de reconocimiento sin sujetarse a los preceptos legales. La Sala dice que este motivo es incierto ya que la víctima procedió a una diligencia de reconocimiento de un detenido policial sin cumplir los preceptos pero es la detención la que se produce como consecuencia de un reconocimiento del agresor por su víctima. Y de un reconocimiento en que la víctima, por propia iniciativa y ante un encuentro absolutamente casual con el agresor, cuando en las proximidades del escenario del delito, era acompañada por los agentes policiales a un centro de salud para ser asistida, divisa al agresor y con la urgencia del caso, alerta a los agentes para que puedan cumplir su función y detener al agresor.

 

La ley establece que la diligencia de reconocimiento sólo habrá depracticarse cuando el Juez lo considere preciso y desde luego, no lo es cuando la persona que dirige el cargo contra otra ya la ha identificadoo por cualquier razón ya la conoce, porque en estos casos, no existe duda que la persona que indica es aquella a la que se refiere en su imputación.
Otro motivo de recurso es que alega indefensión por haberse inadmitido la prueba testifical de la esposa del condenado. La Sala dice a este respecto que para que se considere vulnerado el derecho de defensa por denegación de prueba se tienen que dar dos circunstancias:
  • que la denegación e inejecución sea imputable al órgano judicial
  • que la prueba impracticada sea decisiva en términos de defensa

Las pruebas a las que hace referencia el acusado de ninguna manera serían decisivas para su defensa. Respecto a la declaración de su esposa, debido al vínculo, poca credibilidad iba a merecer y además la declaración de otro testigo (primo del condenado) no era incompatible con la versión de hechos probados. Tal testigo daría cuenta de que la citada esposa abandona la compañía del acusado a las 2:15 h, siendo ese el momento en que se fija el encuentro con la primera víctima. Por lo tanto, no constando que sea lejana la distancia entre los puntos de separación y el de los hechos enjuiciados, bastaría una ligera variación por error en la indicación del minuto al que se hace referencia, para que las dos versiones puedan conciliarse.

El último de los motivos que vamos a analizar es la alegación del acusado de la indebida aplicación del art. 556 Código Penal en relación al delito de RESISTENCIA. En cuanto a este delito, el acusado se limitar a calificar como leve lo que se describe en los hechos probados como forcejeo en el curso del cual propinó una contusión al Guardia Civil en un codo y le ocasionó unas erosiones en la rodilla. Es decir, que intenta hacer ver que su conducta no tiene la importancia de un DELITO de resistencia, y sí por el contrario de una FALTA. La Sala hace una distinción entre, lo que podría ser delito de ATENTADO, el cual debería existir un acometimiento contra los agentes, y la FALTA del art. 634 del Código Penal, el cual excluye en el acusado de toda manifestación de violencia contra los agentes, incluso, dice la Sala, si es pasiva. Por lo tanto, si no es delito de atentado, ni falta del 634, el acto del condenado es una RESITENCIA efectuada con un ejercicio de fuerza eminentemente física, que supone el resultado exteriorizado de una oposición al cumplimiento de aquello que la autoridad y sus agentes conceptúan necesario para el buen desempeño de sus funciones.

Sentencia favorable a PL por quitar cámara de fotos a ciudadano

15 septiembre 2008 2 comentarios

 

 
 SENTENCIA DE LA SECCIÓN 1ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BURGOS en la que se absuelve a un policía por quitar la cámara a un particular que estaba haciendo fotos de los agentes que desempeñaban  sus funciones.


   Los hechos suceden en el transcurso de los incidentes que estaban sucediendo en una plaza pública con motivo de la decisión del Ayuntamiento de construir un parking y los agentes d e policía se encontraban de servicio vigilando dicha concentración en la citada plaza. 
   Uno de los agentes se percata de que un cuidadano está haciendo fotografías de los policías que trataban de restablecer el orden público. Comprobado que dicho ciudadano no pertenece a ningún medio informativo, uno de los policias le requirió la entrega de la cámara a lo que el ciudadano se negó, y debido a esta negativa, el agente se la quitó por la fuerza con ayuda de otros agentes, a fin de impedirle que hiciera más fotografías.
   El agente que retiró la cámara, procedió a su devolución al día siguiente tras haberla guardado en su propio domicilio. No se acreditó que la cámara tuviera daño material alguno.
   La primera sentencia CONDENA AL AGENTE como autor de FALTA DE COACCIONES.
   Dicho agente recurrió la sentencia.
   La Audiencia alega que ‘la obtención de fotografícas de los agentes para un uso posterior ignorado NO ES UN  ACTO LEGÍTIMO AL NO MEDIAR CONSENTIMIENTO de los afectados..’ Es más, el art. 197 del Código Penal califica como delictiva la conducta de quién para vulnerar la intimidad de otro utilice grabación de imágenes.
     En este mismo sentido, en muchas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en casos similares (entre otras, STS 2-2-2000, 11-7-01, 18-7-2002) afirman que NO EXISTE NINGÚN DERECHO de captar imágenes de personas, no mediando su expreso consentimiento.
   Ello está avalado también por el art. 18.1 de la Constitución que garantiza el derecho a la intimidad personal así como por el Tribunal Constitucional, que  en su doctrina también sigue esta línea.
   La actuación del ciudadano de fotografiar a los agentes que por razón de su cargo trataban de reprimir los disturbios NO ESTABA AMPARADA LEGALMENTE.
   La orden dada de que entregase la cámara de fotos era legítima, toda vez que se desconoce el uso que de esas imágenes de los agentes pudiera hacer el ciudadano y el obvio, que por elementales medidas de seguridad trataran de preservar su imagen, por lo que EL REQUERIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA CÁMARA ES AJUSTADO A DERECHO.

   Ante la negativa del ciudadano a hacer entrega de la cámara y el que el agente se la quitara a la fuerza, TAMPOCO ES constitutiva de INFRACCION PENAL, ya que siguiendo doctrina consolidada del Tribunal Supremo:
- los agentes actuaban desempeñando las labores propias de su cargo
- la fuerza fue racionalmente necesaria y proporcionada
- había resistencia por parte del ciudadano
     La única IRREGULARIDAD cometida por el agente fue el llevarse la cámara de fotos a su casa en lugar de depositarla en las dependencias de la Policía.
     Por lo anteriormente dicho, la Audiencia Provincial REVOCA LA SENTENCIA dictada y ABSUELVE AL POLICIA DE LA FALTA DE COACCIONES.
 
 
+ Para acceder al texto íntegro de la sentencia, pincha aquí
 

 

Falta de imprudencia por uso de armas

 

Recurren en casación la acusacion particular y el Abogado del Estado, adhiriéndose a éste el procesado -Guardia civil-, frente a sentencia que le condenó como autor de una falta de imprudencia simple, absolviéndole de un delito de imprudencia temeraria.
El Tribunal confirma la resolución impugnada señalando, respecto del recurso del Abogado del Estado, que no puede considerarse riesgo permitido el disparar a las ruedas de un coche desde un vehículo en marcha, máxime cuando no existía ningún supuesto habilitante para su uso, ya que no había riesgo ni para su vida ni para la de terceros.
Asimismo se rechaza que deba condenarse al acusado por un delito de imprudencia, ya que el comportamiento de la víctima, huyendo a gran velocidad, incidió en la gravedad de la culpa al entender el procesado que su eventual detención generaría peligros para sus propios bienes jurídicos personales.

 


 

FUNDAMENTOS DE DERECHO


A.- Recurso del Abogado del Estado y de Pedro Antonio.

PRIMERO.- Sostienen en primer lugar ambos recurrentes que la sentencia recurrida ha infringido el art. 586 bis en relación al art. 8,11, 1973 o el art. 621,3 en relación al 20,7 del Código vigente, para el caso de que se lo considere aplicable. Entienden los recurrentes que “no hay atisbo alguno que permita deducir que el condenado se haya apartado lo más mínimo de lo que impone el estricto cumplimiento del deber, sin que sea razonable hablar de imprudencia por su parte”. El Mº Fiscal apoyó el motivo, afirmando que “la tipicidad del ilícito culposo de comisión requiere básicamente dos elementos: la infracción del deber de cuidado y la imputación objetiva del resultado a la acción”. Por un lado estima el Fiscal que el acusado no infringió ningún deber de cuidado, dado que éste disparó a una distancia de 5 ó 6 metros cuando los vehículos entraron en una vía regular y que “tenía y estaba autorizado a tener confianza en sí mismo en cuanto a lo certero de su puntería”. Asimismo el Fiscal sostiene que “en la doctrina se ha establecido a este respecto que ha de excluirse la imputación del resultado cuando éste es consecuencia de la conducta o de la situación creada por la víctima”. A ello agrega el Fiscal en su cuidadoso estudio de las cuestiones planteadas que “la acción de creación del riesgo -intentar la detención del vehículo disparando a sus neumáticos- no solamente se mantiene dentro del riesgo permitido, sino que es una forma de realización -parece que la única- de un mandato normativo”.

El motivo debe ser desestimado.

1. Básicamente sostiene el Fiscal en primer término que el disparar a las ruedas de un coche que circulaba con matrícula española de Barcelona por la jurisdicción de Albacete, que no se ha detenido ante las indicaciones de un servicio de vigilancia de la Guardia Civil constituye un riesgo permitido.

No ofrece dudas que quien desde un coche en movimiento dispara sobre otro que también se mueve genera un riesgo específico no obstante su calidad y entrenamiento como tirador. No es lo mismo disparar a pie firme sobre un objeto quieto que hacerlo desde un punto de apoyo en movimiento sobre un objeto móvil. En tales condiciones se aumenta considerablemente el riesgo de desvíos de los disparos y el peligro de las personas que se encuentran en el coche que es objeto de los mismos.

Se debe preguntar, por lo tanto, si en la situación concreta en la que el acusado efectuó los disparos, la creación de este peligro para las personas estaba permitido o, incluso, impuesto por el orden jurídico. A este respecto es preciso tener presente lo dispuesto en la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre la actuación de los miembros de los mismos, dado que el legislador ha tenido en cuenta que tales actuaciones de agentes armados pueden generar peligros para los bienes jurídicos de los ciudadanos y ha querido limitar y definir los mismos de una manera razonable. En tal sentido el art. 5,2 c) y d) de dicha ley establece respectivamente que los agentes de tales fuerzas se regirán, entre otros, por el “principio de proporcionalidad” y que “solamente deberán utilizar armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior”.

2. En el presente caso es evidente que no se da ninguna de las condiciones que permiten la creación de un riesgo proveniente del uso de armas en público. En efecto, no existía ningún riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física del acusado ni de terceras personas derivado de los hechos en los que el acusado actuó. Téngase presente que el objeto del servicio de vigilancia “era controlar los vehículos que por allí circulaban e identificar a sus ocupantes debido a que, al parecer, en fechas próximas anteriores se habían cometido varios robos y atracos en la citada localidad y alrededores”. Por lo tanto, no cabía esperar de las personas buscadas agresiones a las personas, dado que supuestamente se buscaban delincuentes contra la propiedad. Si bien es cierto que el comportamiento observado por los ocupantes del coche B-…-GH pudo afectar al menos la integridad corporal de los agentes (al respecto se abrió otra causa), no lo es menos que cuando comenzaron los disparos no existía ningún peligro para la vida de aquéllos.

En consecuencia, era suficiente con comunicarse con otros servicios motorizados de la Guardia Civil -como efectivamente se hizo- para instar la detención del coche, sobre el que no pesaba ninguna sospecha específica, fuera del hecho -por otra parte nada anormal- de que la matrícula pertenecía a un municipio distinto del de Albacete. En consecuencia, la acción del acusado no puede ser considerada un riesgo permitido.

3. Tampoco es posible sostener que el riesgo no se concretó en el resultado por causa de la autopuesta en peligro de la víctima. En este sentido se debe señalar que no es la víctima la que se introduce voluntariamente, asumiendo el riesgo existente, en el peligro ya creado por el autor previamente y no dirigido a la víctima, sino todo lo contrario. Es el propio acusado el que ha reaccionado creando un peligro sobre la víctima hasta ese momento inexistente. Por otra parte la conducta de la víctima -como vimos supra 2- no tenía porqué generar el uso de armas dado que no reunía las condiciones para ello.

SEGUNDO.- El segundo motivo del Abogado del Estado se funda en la inaplicabilidad al caso del art. 121 CP, que, de acuerdo con lo previsto en la disp. trans. 9ª b), no correspondía aplicar. El art. 121 CP, argumenta el Abogado del Estado “señala que el Estado responde subsidiariamente de los daños causados (…), siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados” (a los funcionarios, agentes, etc.). En el presente caso, afirma el recurrente, el lesionado “estaba jurídicamente obligado a soportar el daño”, al parecer porque el acusado sólo ha sido condenado por una falta.

El motivo debe ser desestimado.

El hecho que motivó la presente causa tuvo lugar en 1992. La aplicación del art. 121 CP, por lo tanto, no es posible, dado que la retroactividad más favorable prevista en el art. 2,2 CP sólo rige para “las leyes penales que favorezcan al reo”. Es claro que el art. 121 CP no es una ley penal, sino civil, y además que no favorece (ni perjudica) al acusado. Consecuentemente respecto del art. 121 CP es de aplicación el art. 3 CC, que determina que “las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieran lo contrario”.

B.- Recurso de Constantino.

TERCERO.- El primero de los motivos del recurso del acusador particular se basa en el art. 849,1 LECr. y se fundamenta en la infracción del art. 565 CP en relación a los arts. 420 y 421,1 CP. Sostiene este recurrente, en suma, que “el disparo a las ruedas de un vehículo, en un terreno irregular y según parece a gran velocidad, hace previsible que, de acertar el vehículo, por efecto del reventado de la rueda, sufra un accidente de consecuencias graves y no una simple detención de su movimiento” y que la circunstancias de que el acusado sea un tirador de 1ª categoría, “lejos de disminuir su grado de imprudencia, lo acentúa”.

El motivo debe ser desestimado.

La gravedad de la culpa o imprudencia depende, en principio, de la jerarquía del bien jurídico afectado por el comportamiento descuidado y facilidad con la que el agente pudo llegar a conocer el peligro que su acción generaba. Estos elementos permitirían afirmar la gravedad de la culpa del acusado en el presente caso, dado que la acción generaba peligro para bienes jurídicos importantes y ello era fácilmente perceptible por el acusado en las circunstancias en las que obró. Sin embargo, en el juicio sobre la gravedad de la imprudencia se deben considerar también todas las circunstancias que aparezcan como relevantes en el caso concreto. En un supuesto como el que aquí se considera es claro que el comportamiento previo de la víctima -aunque como se vio no elimine la imputación objetiva del resultado al autor de los disparos- incide en la gravedad de la culpa, dado que el autor tuvo que obrar pudiendo suponer, a partir de la conducta anterior de la víctima, que su eventual detención generaría a su vez peligros para sus propios bienes jurídicos personales.

CUARTO.- El segundo motivo del recurso se fundamenta en la vulneración de los arts. 19, 101, 103 y 104 CP de 1973, que sería consecuencia de haber tomado en consideración la Audiencia “la pretendida (…) imprudencia” del recurrente para la determinación de la responsabilidad civil.

El motivo debe ser desestimado.

Las mismas razones que hemos expuesto en relación al significado de la conducta del recurrente en el fundamento jurídico anterior son de aplicación a la vertiente de la responsabilidad civil. Consecuentemente aquí no cabe sino una remisión a lo ya dicho en el f. j. 3º.

QUINTO.- En el tercero de los motivos del recurso de la acusación particular se denuncia la infracción de los arts. 24,2 y 9,3 CE, “por cuanto la sentencia recurrida, al no apreciar la existencia de las secuelas psíquicas del lesionado, a pesar de la prueba pericial psiquiátrica practicada y ratificada en el acto del juicio oral (…) se apartó infundadamente de los conocimientos científicos, ponderando dicha prueba con razonamientos que chocan con la experiencia y vulneran las reglas de la sana crítica”.

El motivo debe ser desestimado.

La Audiencia razonó en el f. j. 6º de la sentencia recurrida que la opinión del perito postulante de las secuelas psicológicas no le merecía crédito por el método utilizado. A ello se refiere cuando explica que este perito se basó para sus conclusiones en manifestaciones de los afectados y no en una observación directa de las mismas apoyada en técnicas adecuadas de diagnóstico. Tales razonamientos científicos, son un fundamento adecuado de la decisión y, por tal motivo, no cabe considerar que la Audiencia debió dar crédito a una peritación médica que sólo se basaba en las manifestaciones de los posibles pacientes.

FALLO


Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Abogado del Estado, al que se adhirió el procesado Pedro Antonio, y por la acusación particular, Constantino, contra SAP Albacete 18 octubre 1996 dictada en causa seguida contra el procesado por una falta de imprudencia simple, absolviéndole del delito de imprudencia temeraria del que venía siendo acusado.

Condenamos al procesado y a la acusación particular, al pago por terceras partes de las costas ocasionadas en este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Luis-Román Puerta Luis.- Enrique Bacigalupo Zapater.- José Antonio Marañón Chávarri.

ABSOLUCION CONDUCCION TEMERARIA

Un juez de Barcelona absuelve a un conductor temerario basándose en la ambigüedad de la reforma del Código Penal

Un juez de Barcelona ha absuelto a un conductor temerario que circuló a gran velocidad por encima de la acera, basándose en la ambigüedad de la reforma del Código Penal. Aunque el artículo 380 castiga la circulación “con temeridad manifiesta”, interpreta que el código está redactado de manera que la conducción temeraria equivale a circular sobrepasando la tasa de alcohol y, además, la velocidad máxima permitidas.

Disparos contra dos agentes constituyen un único delido de atentado

Tribunal Supremo – Sala Segunda

En la Villa de Madrid, a veintiuno de enero de dos mil dos.

En el recurso de casación por Infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por la representación de Osmon, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décima, por delito de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la Vista y Fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Mota Torres.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Gavá, instruyó Sumario núm. 3/97, contra Osmon, por delito de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décima, que con fecha 12 de julio de 1999 dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:

“Se declara probado que el procesado Osman, mayor de edad y sin antecedentes penales en España, de nacionalidad Bosnia, sobre las 5.30 has de la madrugada del día 15 de febrero de 1997 se encontraba en la “Discoteca P.”, sita en el Paseo G., de la localidad de Castelldefels. En un momento determinado, cuando se encontraba en las proximidades de la puerta de acceso, entre gritos e imprecaciones, sacó de entre sus ropas una pistola de marca R., modelo …, con número de serie …7, en perfecto estado de conservación y funcionamiento, y esgrimiéndola siguió con sus gritos y genéricas amenazas de matar a todo el mundo. El encargado de la discoteca, Vicenzo se acercó para tranquilizarlo, momento en que el acusado le dirigió el arma hacia él, haciendo instantes después la operación de montarla, momento en que Vicenzo salió huyendo al exterior del establecimiento.- El acusado también salió y allí se encontró cuatro agentes de Policía Nacional, con números identificativos …89, …92, …08 y …10, que en aquellos tiempos se encontraban en prácticas, que vistiendo con ropas civiles se identificaron verbalmente y exhibiendo sus respectivos carnets profesionales. El acusado hizo caso omiso y huyó caminando, haciendo antes varios disparos al aire y adentrándose en las calles adyacentes.- Los cuatro agentes, acompañados por el empleado de la discoteca, iniciaron su persecución dando continuas voces de “alto policía”. El acusado corría, se paraba y apuntaba al grupo, llegando a realizar dos disparos en la dirección de los agentes …08 y …92, obligando a que todos ellos se lanzaran al suelo y protegieran tras unos automóviles. Siguiendo la persecución, el grupo se dividió para tratar de interceptar al acusado, y en esa circunstancia, el agente núm. …89 se aproximó hasta unos 10 m de distancia, diciendo que era policía y que dejara el arma, sin que el acusado atendiera la orden y sí, por contra, efectuara un disparo en dirección hacia él. Finalmente, el agente núm. …10, logró acercarse sin ser visto y abalanzándose inició un fuerte forcejeo, en cuyo transcurso el acusado disparó su arma, sin que conste que lo realizara de manera voluntaria. Ya reducido, pudo comprobarse que el acusado, además del arma señalada, portaba otro cargados con seis cartuchos tipo Lugen 9 mm, apto para utilizar en ella y disparar”. (sic)

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

“Fallamos: Que debemos absolver y absolvemos a Osmon, de los cuatro delitos de homicidio intentado de los que era acusado, así como de uno de los delitos de atentado del que también se le acusaba.- Y debemos condenar y condenamos a Osmon como autor criminalmente responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, precedentemente definido, sin la concurrencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de dieciocho meses de prisión; y como autor criminalmente responsable de dos delitos de atentado, precedentemente definido, concurriendo la atenuante señalada, a la pena de dos años de prisión por cada uno de ellos, imponiendo igualmente tres octavos de las costas del juicio.- Se decreta igualmente el comiso del arma y proyectiles intervenidos, a los que se dará destino legal.- Para el cumplimiento de la pena declaramos de abono todo el tiempo que haya estado privado de libertad por esta causa, siempre que no se hubiere computado en otra”. (sic)

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por la representación de Osmon, que se tuvo por anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación del recurrente, formalizó el recurso, alegando los siguientes motivos de casación:

Primero: Se instrumenta por la vía del art. 849.1 de la LECriminal, invocándose la indebida aplicación de los arts. 550 y 551 del Código Penal.

Segundo: Por la misma vía se invoca infracción del art. 556 del Código Penal, por inaplicación, al haberse cometido a lo sumo por el acusado un delito de resistencia.

Tercero: Por la vía del art. 849.2 de la LECriminal, se invoca error en la apreciación de la prueba, invocándose como referencia documental los informes médico-forenses de los folios 16, 31, 191 y 192 en el que se describe una situación de drogadicción con dependencia a la heroína, así como hallarse el acusado en tratamiento de deshabituación a opiáceos con metadona.

QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, lo impugnó; la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera.

SEXTO.- Hecho el señalamiento para Vista, se celebró la votación el día 17 de enero de 2002.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Osmon, como autor de un delito de tenencia ilícita de armas y de dos delitos de atentado a agente de la autoridad a las penas y demás pronunciamientos contenidos en el fallo.

Contra dicha sentencia se ha formalizado recurso de casación a través de tres motivos, por el condenado.

El primer motivo, por la Infracción de Ley del núm. 1 del art. 849 denuncia como de indebida aplicación los artículos 550 y 551 del C.P.

Se sostiene por el recurrente que no existen los dos delitos de atentado porque el recurrente se limitó a disparar al aire la pistola que portaba, sin intentar agredir ni disparar contra los policías en prácticas que le perseguían.

El motivo no respeta los hechos probados que constituyen el presupuesto del motivo, no obstante el motivo prosperará parcialmente por otras razones. En dichos hechos se narra que el recurrente, a consecuencia del altercado que provocó en la discoteca con exhibición de una pistola, salió de allí, encontrándose con cuatro agente de policía en prácticas, de paisano, que se identificaron verbalmente y con exhibición de sus carnets y sin detenerse, huyó, siendo perseguido por los agentes. En esta situación efectuó diversos disparos al aire, y tras dividirse los agentes en dos grupos en un momento dado el recurrente efectuó dos disparos en dirección a los agentes …08 y …92 obligando a que se lanzaran al suelo y se protegieran tras unos automóviles.

Es en concreto en esta acción donde la sentencia encuentra los dos delitos de atentado por los que condenaron al recurrente. Es evidente que tal acción constituye a no dudarlo no ya una grave intimidación, sino un acometimiento a dos agentes públicos, por concurrir todos los elementos que integran el delito.

a) La acción del sujeto activo en cualquiera de las manifestaciones descritas en el art. 550.

b) La condición de autoridad o agentes de la misma.

c) El elemento subjetivo del injusto constituido por el deseo de menospreciar y vulnerar la función pública que el agente encarna y representa; en el presente caso los agentes tenían la obligación de intervenir aunque estuviesen francos de servicio, e incluso fueran funcionarios en prácticas porque conforme al art. 5.4 de la L.O. 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se consideran en servicio permanente y en cualquier momento pueden y deben actuar en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana -SSTS de 30 de mayo de 1983 y 2 de julio de 1984-.

Precisamente, el núcleo del delito de atentado está constituido por el ataque a esa función pública que encarna el sujeto pasivo y cuyo respeto es necesario para la convivencia en una sociedad democrática, por eso el delito de atentado responde a la naturaleza de los delitos de pura actividad, que se perfeccionan con el simple ataque en cualquiera de las cuatro formas previstas en el tipo, aunque este no llegue a consumarse en la persona de los agentes atacados -SSTS de 11 de octubre de 1984, 30 de abril de 1987 y 16 de noviembre de 1987-. En concreto, existe consolidada doctrina de esta Sala, que estima consumado el delito en el hecho de apuntar a un agente con un arma cargada, obligándole a tirarse al suelo ante la eventualidad del disparo -SSTS de 29 de noviembre de 1989 y 10 de julio de 1995-. En el presente caso, se produjeron dos disparos dirigidos a los dos agentes por lo que puede afirmarse fundadamente que el ataque revistió la forma de acometimiento.

Consecuencia de la naturaleza del bien jurídico protegido, es que la realidad de una actividad agresiva frente a varios agentes o funcionarios públicos, no da vida a tantos atentados cuantos agentes existan, sino sólo a una sola infracción, porque el bien jurídico es uno y único, aunque sean varios los agentes; cuestión distinta es que la realidad de múltiples agresiones den vida a otro delito -contra la integridad física-, en concurso ideal con el delito de atentado, y en esta situación en virtud de la propia substantividad del ataque causado, puedan existir y existan tantos delitos de lesiones u homicidios como víctimas, unidos, como ya se ha dicho, en concurso ideal con un único delito de atentado -SSTS 650/93 de 22 de marzo, 1437/2000 de 25 de septiembre-.

Una aplicación de la doctrina expuesta a los hechos probados, lleva a declarar que la acción del recurrente de disparar con su pistola a los dos agentes que le seguían, a una distancia de cinco metros -dato fáctico incluido en la fundamentación pero que debe integrarse en el “factum”-, agentes que previamente se habían identificado verbal y por exhibición de la documentación correspondiente por lo que su condición de tal era obvia para el recurrente y que estaban legitimados para intervenir ante las circunstancias del caso constituye un ejemplo de acometimiento de una indudable peligrosidad que da vida a un sólo delito de atentado y no dos, y es en este aspecto que debe ser revocada la sentencia y admitido parcialmente el motivo.

Procede la estimación parcial del motivo.

SEGUNDO.- El segundo motivo, por igual cauce constituye la lógica consecuencia de la tesis del recurrente. Los hechos, según su planteamiento, constituirían un delito de resistencia del art. 556 del Código Penal, que debía haber sido aplicado.

El Código Penal define el delito de resistencia de una manera excluyente en relación al delito de atentado y por tanto dotándole de una naturaleza residual, de suerte que en el delito de resistencia se sancionan comportamientos más leves y que no tienen cabida en el delito de atentado, por lo que la diferenciación de una y otra figura delictiva, debiera efectuarse a la vista de las concretas circunstancias de los casos a examinar porque como se reconoce en la sentencia de esta Sala de 23 de marzo de 1995, existen entre ambas infracciones zonas de confluencia y de divergencia.

Entre las primeras podemos citar que el sujeto pasivo sea autoridad o agente de la misma, que se encuentra en el ejercicio de sus funciones, que ello sea conocido por el sujeto activo y un especial animus tendencial de menospreciar el principio de autoridad.

Entre las divergencias, el elemento nuclear es la forma en la que se realiza la acción en el que está excluida la nota del acometimiento que es sustituida por la de una desobediencia grave o una resistencia pasiva, es decir no de oposición sino de simple obstaculización aunque lo relevante es el análisis de cada supuesto, porque pueden existir situaciones fronterizas entre la resistencia activa, constitutiva de atentado y la pasiva de resistencia.

En el presente caso, el hecho de disparar un arma de fuego, a corta distancia contra dos agentes, integra, a no dudarlo, uno de las materializaciones más acabadas del acometimiento a que se refiere el art. 550.

Procede la desestimación del motivo.

TERCERO.- El tercer motivo, por la vía del error en la valoración de la prueba fundado en prueba documental, tiene por finalidad solicitar la eximente completa o incompleta en base a la antigua e intensa drogadicción del recurrente.

Se citan unos informes médicos, obrantes a los folios 16, de fecha 17 de febrero, dos días de la ocurrencia de los hechos enjuiciados, así como el parte médico-forense del folio 31 y finalmente un nuevo informe médico-forense obrante a los folios 191 y 192 efectuado cuando estaba en prisión. A la vista de ellos la Sala sentenciadora, en el Fundamento Jurídico quinto acepta una ingesta alcohólica, mezclada probablemente con algún consumo de drogas que le disminuía sus facultades intelecto-volitivas, pero estima que no de forma intensa, a la vista de las aptitudes físicas demostradas en la persecución y forcejeo posterior, por lo que le da el valor de una atenuante ordinaria de conformidad con el núm. 2 del art. 20.

En este control casacional, a la vista del contenido de los informes médicos citados, se constata que no existe ese error denunciado, en efecto, se reconoce su condición de toxicómano, pero también se afirma que tiene plena conciencia de sus actos, y por otra parte su experiencia por el estado de guerra que vivió en su país -Bosnia-Hercegovina- sin duda negativa, no tiene, o al menos no se ofrecen datos clínicos que acrediten una situación más intensa en clave de enfermedad mental, antes bien se afirma en el último de los informes que tiene una personalidad tipo nemótica pero dentro de los límites de la personalidad.

Los documentos citados, no acreditan el error que se denuncia, siendo consecuencia de ello la desestimación del motivo.

CUARTO.- La admisión parcial del primero de los motivos, tiene por consecuencia la declaración de oficio de las costas del recurso.

FALLO

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación formalizado por la representación legal de Osmon contra la sentencia dictada el día 12 de julio de 1999 por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, la que anulamos y casamos siendo sustituida por la que seguida y separadamente vamos a pronunciar.

Se declaran de oficio las costas del recurso.

Notifíquese esta resolución y la que seguidamente se va a dictar a las partes y póngase en conocimiento de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décima, con envío de las actuaciones e interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Joaquín Giménez García.- Juan Saavedra Ruiz.- Eduardo Moner Muñoz.

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiuno de enero de dos mil dos.

En la causa instruida por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Gavá, Sumario núm. 3/97, seguida por delito de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, contra el acusado Osmon, de 27 años de edad, hijo de Jahil y de Sofía, natural de Cajnice (Bosnia), vecino de Tarragona, sin antecedentes penales, de solvencia ignorada, en libertad provisional por la presente causa, por la que permaneció en prisión de 19-2-97 a 26-6-98; se ha dictado sentencia que ha sido casada y anulada parcialmente por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. anotados al margen y bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, se hace constar lo siguiente:

ANTECEDENTES

UNICO.- Se aceptan los de la sentencia recurrida, incluidos los hechos probados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Por los razonamientos contenidos en el Fundamento Jurídico primero de la sentencia casacional, debemos condenar a Osmon como autor de un sólo delito de atentado de los artículos 550 y 551 del Código Penal, tipo básico, que sancionamos con la imposición de dos años de prisión, la misma extensión que utiliza la sentencia casada.

PARTE DISPOSITIVA

Que debemos condenar y condenamos a Osmon como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica sexta del art. 21 en relación con el núm. 2 del art. 21, a la pena de dos años de prisión.

Se mantienen íntegramente el resto de los pronunciamientos de la sentencia casada no afectados por la presente.

Notifíquese esta sentencia en los mismos términos que la anterior.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Joaquín Giménez García.- Juan Saavedra Ruiz.- Eduardo Moner Muñoz.

Publicación.- Leídas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

Delito contra la Seguridad del Tráfico. Desobediencia en la practica de alcoholemia.

T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
SENTENCIA
Sentencia Nº: 2.173/2002
RECURSO DE CASACIÓN Nº: 2808/2001
Señalamiento: 17/12/2002
Fecha Sentencia: 19/12/2002
Ponente Excmo. Sr. D.: Eduardo Móner Muñoz
Secretaría de Sala: Sr. Rico Fernández
Escrito por: CALONSO
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO. DESOBEDIENCIA A
LA PRACTICA DE LA PRUEBA ALCOHOLOMÉTRICA.
Parado por la Policía Local, un conductor se niega a que le practiquen la
prueba de detección alcohólica. Se le absuelve del delito contra la
seguridad del tráfico pero se le condena por desobediencia.
No es necesario para la comisión del delito de desobediencia del art.380 CP,
que concurra el delito del art.379. Para plantear la prueba alcoholométrica,
bastan síntomas de conducción bajo los efectos del alcohol, pero no es
necesario que concurra el delito, cuestión a apreciar en sentencia.
Artículo 380 CP: desobediencia por negativa al requerimiento a la
prueba de detección de alcohol. Doctrina.
RECURSO DE CASACIÓN Nº: 2808/2001
Ponente Excmo. Sr. D. : Eduardo Móner Muñoz
Fallo: 17/12/2002
Secretaría de Sala: Sr. Rico Fernández
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
SENTENCIA Nº: 2173/2002
Excmos. Sres.:
D. Luis-Román Puerta Luis
D. J. Antonio Martín Pallín
D. Eduardo Móner Muñoz
En nombre del Rey
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por
los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha
dictado la siguiente
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Diciembre de dos mil dos.
En el recurso de casación por infracción de ley, que ante Nos
pende, interpuesto por J.A., contra la sentencia dictada por la Audiencia
Provincial de La Coruña -Sección 1ª-, que le condenó por delito de
desobediencia, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
que al margen se expresan, se han constituído para la Votación y Fallo,
bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr.
D. Eduardo Móner Muñoz, siendo también parte el Ministerio Fiscal y
estando representado el recurrente por el Procurador Sr. Vazquez Guillén;
y como parte recurrida J.A. y V.N., representados por el Procurador Sr.
Torres Alvárez.
I. ANTECEDENTES
1.- El Juzgado Instrucción nº 1 de Carballo, incoó el Procedimiento
Abreviado 67/97 contra, entre otros, J.A. y, una vez terminado, lo elevó a
la Audiencia Provincial de La Coruña -Sección 1ª- que, con fecha cuatro de
mayo de dos mil uno, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS
PROBADOS:
“Probado y así lo declaramos en forma expresa que con antelación
no determinada a las 5 horas del día 24 de Octubre de 1996, J.A. mayor de
edad y sin antecedentes penales, conducía el vehículo de su propiedad XX
por la localidad de Carballo, observando los agentes de la Policía Local
de esa ciudad V.N. Cerdán y J.A., con números X y X respectivamente y de
análogas circunstancias, que lo hacía por dirección prohibida, dándole
éstos el alto y explicándoles aquél que se había confundido de dirección.
En esa operación los agentes del orden advirtieron en el conductor
muestras de nerviosismo que imputaron a la situación personal que les
dijo atravesar, permitiendo que condujera su vehículo una vez sosegados
los ánimos, comunicando lo sucedido a una dotación de la Guardia Civil.
En torno a las 6 de la madrugada, los agentes de la Policía Local
mencionados fueron advertidos por los de la Guardia Civil de que el
vehículo en cuestión circulaba a gran velocidad por la Avda. de Finisterre,
dirigiéndose en su busca los primeros, quienes detuvieron al vehículo en la
calle Rio Allones. En ese momento los agentes advirtieron que el aliento
del conductor olía a alcohol, sus ojos eran brillantes, confundía cosas y
repetía otras, hablaba con dudas y cabeceaba pero, al mismo tiempo,
comprobaron que su comportamiento era pacífico, controlaba el
equilibrio, deambulaba normalmente y no denotaba alteración en su
capacidad de reflejos, haciendo constar, además, parte de todos esos
síntomas de forma escrita en el atestado. A fin de determinar su verdadero
estado indicaron al conductor que debía someterse a una diligencia de
determinación del alcohol mediante la expiración de aire, utilizando para
ello un etilómetro, informándole de las consecuencias de la negativa, lo
que fue rehusado por el reseñado conductor, quien tampoco accedió a
someterse a una extracción sanguínea que le fue ofrecida”.
2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
“FALLAMOS.- Que absolviendo a V.N. Y J.A. del delito que les
venía siendo imputado y a J. A. de un delito CONTRA LA SEGURIDAD
DEL TRAFICO, debemos condenar y condenamos a éste último como
autor de otro de éstos por DESOBEDIENCIA a la pena de SEIS MESES
DE PRISION, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio
durante ese periodo y al pago de una cuarta parte de las costas procesales
con declaración de oficio del resto de las mismas”.
3.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de
casación por el acusado J.A., que se tuvo por anunciado, remitiéndose a
esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para
su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y
formalizándose el recurso.
4.- El recurso se basó en el siguiente MOTIVO DE CASACION:
UNICO.- Por infracción de ley al amparo del nº 1º del artículo 849
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo
380 del Código Penal.
5.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, interesó la
inadmisión del mismo. Dado traslado a la parte recurrida se dió por
instruída. La Sala admitió el recurso quedando conclusos los autos para
señalamiento de fallo, cuando por turno correspondiera.
6.- Hecho el señalamiento para el Fallo, se celebró la Votación
prevista para el día 17 de diciembre de 2002.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El motivo único del recurso, se formula por infracción de
ley, al amparo del nº 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, alegándose aplicación indebida del artículo 380 del Código
Penal.
El recurrente tomando como base la doctrina contenida en la
sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 1999, trata de argumentar que
el requerimiento para someterse a las pruebas de detección de alcohol en
sangre se llevó a cabo sin existir previamente ni una infracción de tráfico ni
síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, lo que
significaría la irrelevancia penal de la conducta sin perjuicio del posible
reproche desde la perspectiva del Derecho Administrativo sancionador, a la
vista de los criterios que se plasmaron en la citada sentencia.
El recurrente examina extensamente tanto la citada sentencia de
esta Sala, como la previa dictada por el Tribunal Constitucional 161/1997,
de 2 de octubre, que analizaba desde la vertiente constitucional, el artículo
380 del Código Penal de 1995, ratificando su compatibilidad con la
Constitución, en pronunciamiento que ratificó igualmente el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos -decisión de 22 de junio de 1999 recaída
en el asunto Tirado Ortiz y Lozano Martín-.
Pese a la extensa argumentación, el motivo no puede prosperar pues
carece de fundamentación suficiente.
En efecto, contrariamente a lo que se aduce en el recurso, a tenor de
los hechos declarados probados, resulta claro que el requerimiento para ser
sometido a las pruebas de detección alcohólica tenía perfecta incardinación
en el supuesto previsto en el artículo 21.2 del Reglamento General de
Circulación aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero. Los
Policías Locales acuden ante la presunta comisión de una infracción de
tráfico -conducción a velocidad excesiva-, y comprueban signos de
intoxicación etílica en el acusado, -olor a alcohol en el aliento, ojos
brillantes, estado confuso, habla repetitiva-, suficientes para presumir
razonablemente que podría estar “bajo la influencia de bebidas
alcohólicas”. Lo que exige el artículo 21.2 del Reglamento General de
Circulación a fín de que sea legítimo el requerimiento para someterse a
esas pruebas, no es, como dice acertadamente el Ministerio Fiscal, el
acreditamiento pleno de hallarse bajo el influjo de tales bebidas, lo que es
solo exigible para una sentencia condenatoria; sino, tan solo, la
concurrencia de algunas manifestaciones que permitan presumir esa
posibilidad. La sentencia de instancia, afirma que los Agentes aprecieron
esos síntomas, lo que es tanto como afirmar que concurrían los mismos, lo
cual es suficiente para incardinar los hechos en el artículo 21.2 citado,
aunque de esas apreciaciones no pueda deducirse, de manera concluyente,
por la presencia de otros datos de signo contrario -fundamento de derecho
segundo- la merma en niveles relevantes penalmente de la capacidad de
reflejos y atención.
No puede, pues, acogerse la argumentación del recurrente que
parece conducir inequívocamente a la conclusión de que el delito del
artículo 380 solo sería apreciable cuando a la vez concurra el delito del
artículo 379, salvo los supuestos del artículos 21.1, conclusión que es
inadmisible.
Tampoco es aceptable, como igualmente expresa el Ministerio
Fiscal, el rechazo que se hace en el recurso del presupuesto fáctico
habilitado por el artículo 21.3. Ese precepto no exige la prueba inequívoca
e indiscutible de una infracción de tráfico, sino solamente la fundada
apreciación de que ha podido darse. Por eso, que la sentencia no declare
probado ese exceso de velocidad que motivó la actuación policial o que no
se acredite posteriormente, no permite desechar la aplicación del artículo
21.3 del Reglamento lo que, unido a la apreciación de síntomas de haber
ingerido bebida alcohólicas, significaría igualmente la legitimidad de la
condena del artículo 380 del Código Penal, también en la interpretación
restrictiva que del mismo ha efectuado esta Sala.
SEGUNDO.- Procede, pues, la desestimación del motivo y del
recurso.
III. FALLO
Que debemos DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR al
recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por J.A., contra la
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña -Sección 1ª-,
de fecha cuatro de mayo de dos mil uno, en causa seguida contra el
recurrente por delito de desobediencia, con expresa condena, al
mencionado, de las costas ocasionadas.
Notifíquese esta resolución al recurrente, Ministerio Fiscal, a los
recurridos, y a la mencionada Audiencia Provincial, a los efectos legales
oportunos, con devolución de la causa que remitió en su día e interesando
acuse de recibo.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección
Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia
por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Eduardo Móner Muñoz, estando
celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico

Homicidio imprudente por disparo sobre automóvil que huía de un control de alcoholemia

Tribunal Supremo

En la Villa de Madrid, a doce de marzo de dos mil dos.

Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado en representación de la Administración General del Estado contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2000 de la Audiencia Provincial de Sevilla. Han intervenido el Ministerio Fiscal, y como parte recurrida, Pedro, representado por el procurador Sr. Amado Alcántara y Antonio y Matilde, representados por la Procuradora Sra. Torres Ruiz.

Ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla instruyó procedimiento abreviado número 129/99, a instancia de la acusación pública, ejercida por el Fiscal y de la particular, ejercida por Antonio y Matilde por delitos de homicidio por imprudencia, contra Pedro. Concluso el sumario, lo remitió a la Audiencia Provincial que, con fecha 30 de noviembre de 2000 dictó sentencia con los siguientes hechos probados:

Primero. A las tres horas del día 10 de abril de 1999 miembros del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Dos Hermanas a las órdenes de su jefe el brigada Pedro, acusado en la presente causa, establecieron un control preventivo de alcoholemia a la altura del kilómetro … de la carretera N-IV Madrid-Cádiz, término municipal de aquella ciudad y tramo de autovía, junto a la calzada correspondiente a los vehículos que circulaban en dirección hacia Madrid.-

Segundo. Siendo aproximadamente las 4’30 horas se acercó al control el automóvil Renault-9 SE-…-Y conducido por su propietario Beltrán, a quien acompañaba sentada en el asiento delantero Mirian. El guardia civil Javier hizo señales a Beltrán para que se detuviera, a fin de someterse a pruebas de detección de alcohol en aire espirado. Beltrán advirtió esas señales, pero no las atendió para evitar que la Guardia Civil comprobara que, como así ocurría, no era titular de permiso de conducir vehículos de motor y que su automóvil carecía de seguro obligatorio de responsabilidad civil. Así después de aminorar un instante la velocidad, aceleró obligando al guardia civil Javier a apartarse para no ser atropellado.

Tercero. El Renault-9 fue inmediatamente perseguido por el turismo oficial Ford Mondeo PGC-…-D, conducido por el guardia civil Felipe y ocupado por el brigada Pedro, sentado en el asiento delantero derecho. Instantes después los siguió desde el mismo control el guardia civil Javier, conduciendo otro automóvil oficial de la misma marca y modelo que podía comunicarse por radio con el del acusado, al que no pudo alcanzar. Beltrán advirtió inmediatamente la persecución de que era objeto desde el primero de dichos automóviles, y las señales luminosas y acústicas que desde el mismo se le hacían para que se detuviera. No atendió tales señales, por las mismas razones por las que no se detuvo en el control; y para no ser alcanzado, aceleró llegando el Renault-9 a alcanzar una velocidad de 160 km/h, y le hizo describir zigzags adelantando a algunos vehículos por la derecha, diciéndole entonces Mirian ¿qué haces, qué haces?.

Cuarto. Felipe consiguió pese a ello alcanzar al Renault-9 a la altura del kilómetro …, y el brigada Pedro mediante movimientos de brazo indicó a Beltrán que se detuviera. Éste no le hizo caso, y de manera brusca frenó, salió de la autovía por la derecha y continuó circulando por una vía de servicio de la misma paralela a sus calzadas y desde la cual se accede a las calles de la Barriada B., de Sevilla. Felipe lo siguió entonces por la autovía para interceptarlo en su próxima salida; y durante ese trayecto en el que ambos vehículos circularon en paralelo, el acusado con una mano volvió a indicar a Beltrán que se detuviera mientras que con la otra mano empuñaba y le exhibía su arma reglamentaria, una pistola de la marca Star modelo BM núm. … de calibre nueve milímetros.

Quinto. Dándose cuenta de todo ello, Beltrán frenó bruscamente su automóvil y lo hizo circular hacia atrás. Felipe entonces cumpliendo la orden que le dio el acusado, detuvo inmediatamente el automóvil que conducía y asimismo realizó una maniobra de marcha atrás. El Renault-9 circulando de esa manera, chocó con una isleta situada a la altura de la salida de la autovía a la que ya nos hemos referido existente a la altura del kilómetro …, quedando empotrada su parte trasera unos instantes en esa isleta y maniobrando entonces Beltrán para que el Renault-9 quedara libre de nuevo y poder así escapar por calles de la Barriada B.

Sexto.- No lo había conseguido aún, cuando llegó por la autovía hasta donde estaba el Ford Mondeo conducido por Felipe, circulando hacia atrás a una velocidad comprendida entre los 50 y los 60 km/h; y entonces, estando así en marcha dicho vehículo y a una distancia del Renault-9 no superior a veinte metros, desde su interior el acusado Pedro hizo un disparo apuntando a la rueda trasera izquierda del Renault-9 para inmovilizarlo, cuando su conductor continuaba realizando maniobras bruscas para conseguir salir de la isleta y poder fugarse.

Séptimo. El proyectil disparado por el acusado impactó directamente y perforó la parte superior de la puerta trasera izquierda del Renault-9 por encima de su tirador, alcanzando luego en su mitad superior la parte trasera del asiento del conductor. Allí chocó con un tubo metálico de la estructura de ese asiento, lo que fue causa de que quedara deformado el proyectil y de que se desprendieran dos fragmentos de su blindaje. Estos dos fragmentos junto con el proyectil ya deformado, salieron acto seguido proyectados y entraron por la cara externa del tercio superior del brazo izquierdo de Mirian. En ese brazo quedaron alojados dos fragmentos, mientras que el proyectil deformado salió por la cara interna del mismo brazo y entró por el hemitórax izquierdo de Mirian a la altura del 4º-5º espacio intercostal, causándole gravísimas lesiones en el pulmón izquierdo y en el corazón. Como consecuencia Mirian falleció transcurridos escasos minutos.

Octavo. Instantes después de que Pedro hiciera ese único disparo, Beltrán consiguió reanudar la marcha, que prosiguió a gran velocidad por la Barriada B., siendo finalmente alcanzado por el vehículo del acusado en un garaje de la calle A., y T.

Noveno. A la altura del km. … de la autovía a que nos hemos referido, existen bloques de viviendas a su derecha según la dirección que llevaban los automóviles que también hemos citado. Décimo. Mirian había nacido el día 12 de octubre de 1977, era de estado soltera, y convivía al tiempo de ocurrir los hechos con sus padres los acusadores particulares Antonio y Matilde.

Undécimo. Pedro ingresó en la Guardia Civil en el año 1972, y como miembro de dicho Instituto:

a) No se le han impuesto sanciones disciplinarias.

b) En el año 1981 obtuvo diploma de adiestramientos especiales, y en el año 1988 el de instructor de tiro.

c) Posee las siguientes condecoraciones: Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco de cuarta y tercera clase, y Caballero de la orden de San Hermenegildo.

d) En el año 1992 fue felicitado por su esfuerzo, profesionalidad, dedicación y sacrificio, participando activa y eficazmente en la seguridad de la Expo-92.

e) Posee también el distintivo de permanencia en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y el de permanencia en la Delegación Especial del Gobierno para la seguridad de las provincias vascas

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: Condenamos al acusado Pedro como autor de un delito de homicidio por imprudencia del artículo 142.1.2 del Código Penal, a las penas de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y de privación durante un año del derecho a la tenencia y porte de armas.- Imponemos también al acusado el pago de las costas con inclusión de las originadas por la intervención de la acusación particular, y de una indemnización de quince millones de pesetas a cada uno de los dos acusadores particulares Antonio y Matilde.- Imponemos el pago de esas dos indemnizaciones a la Administración General del Estado como responsable civil subsidiaria.- En ejecución de sentencia, téngase en cuenta el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.- Reclámese del Juzgado la pieza de responsabilidad pecuniaria del acusado.- En ejecución de sentencia óigase a las partes antes de resolver sobre el destino de las piezas de convicción.- A los efectos procedentes, remítase copia de esta resolución al Ilmo. Sr. Coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, con fotocopia del folio 169 de la causa.

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por el Abogado del Estado, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO.- El Abogado del Estado, en representación de la Administración General del Estado, basa su recurso en los siguientes motivos de casación:

Primero a cuarto: Al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), alegando la existencia de error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos no contradichos por otros elementos probatorios.

Quinto: Al amparo del artículo 849.1º Lecrim por infracción del artículo 5 en relación con el 10 del Código penal (Cpenal).

Sexto: Al amparo del artículo 849.1º Lecrim, por vulneración del artículo 142.1,2 y 138 Cpenal.

Séptimo: Al amparo del artículo 849.1º Lecrim por infracción del artículo 20.7, en relación con el artículo 142.1 y 2 Cpenal.

QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal y parte recurrida del recurso interpuesto la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

SEXTO.- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la vista el día 28 de febrero de 2002.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por razón de su identidad temática, se tratarán conjuntamente los motivos primero, segundo, tercero y cuarto del recurso.

En ellos el recurrente reprocha al tribunal de instancia que no haya incorporado a los hechos probados el contenido de los siguientes documentos:

a) Sentencia 90/2000 del Juzgado de la penal 6 de Sevilla y sentencia 210/2000 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial, también de Sevilla, desestimatoria de la apelación contra la anterior.

b) Datos del informe del Instituto Nacional de Toxicología que forma parte del testimonio de actuaciones del Juzgado de instrucción núm. 6 de Sevilla, unido a la causa.

c) Datos del informe del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno de Andalucía, que figura en el mismo testimonio.

Los datos que forman parte del contenido de esos documentos y que el recurrente echa de menos en la sentencia son:

a) Que Beltrán tenía antecedentes penales y fue condenado por desobediencia, conducción temeraria y falta contra el orden público, por haber obrado como consta en los hechos de la sentencia recurrida.

b) Que antes de realizarlos había consumido hachís y cocaína, y lo mismo la fallecida.

c) Que en el vehículo que conducía aquél se halló cierta cantidad de hachís.

Es cierto que en la sentencia ahora cuestionada no se recogen esos datos, pero sí, en cambio, toda la información probatoria relativa a la conducta de Beltrán y verdaderamente relevante a los efectos del juicio en esta causa. Es decir, todo lo que se refiere a la actuación de aquél como conductor, a partir del momento en que desatendió la indicación de detener la marcha que le hizo la Guardia Civil y a lo largo de su aparatoso intento de fuga, curso de acción que constituye lo esencial del contexto en el que debía enjuiciarse el modo de obrar del acusado.

En efecto, en la resolución recurrida todas esas vicisitudes aparecen descritas con verdadera plasticidad y con la necesaria riqueza de detalles, lo que hace evidente que el tribunal tuvo una clara percepción de lo realmente sucedido y también que cualquier lector de aquélla podría formar un juicio suficientemente informado al respecto.

Es verdad que en los hechos no hay referencia a la valoración jurídica que mereció después la conducta de Beltrán, ni constancia de que pudo haberse debido en alguna medida a la ingestión de estupefacientes. Pero se trata de circunstancias irrelevantes en este proceso, pues lo que realmente cuenta es lo que de aquel comportamiento fue realmente percibido por el agente de la Guardia Civil cuya manera de actuar se ha enjuiciado bajo la acusación de no ser ajustada a derecho.

En definitiva, la sentencia recurrida no tenía como primer objeto la acción de Beltrán, sino la de Pedro en relación con la de aquél. A estos efectos lo que realmente cuenta es si, en vista del modo de comportarse el primero -cualquiera que hubiese sido la causa-, el segundo adecuó o no su respuesta a las previsiones legales y reglamentarias que le vinculaban.

Por tanto, y a tenor de lo razonado, los cuatro motivos reseñados deben desestimarse.

SEGUNDO.- Como quinto motivo del recurso, al amparo de lo que dispone el del art. 849.1 Lecrim, se denuncia infracción del art. 5 en relación con el art. 10 Cpenal. Y bajo el ordinal sexto, por el mismo cauce legal, se objeta vulneración del art. 142.1 y 2 y 138 Cpenal. Ambos motivos se examinarán conjuntamente, dada su estrecha relación.

El argumento de apoyo es que la acción del acusado no es penalmente reprochable por ausencia de culpabilidad; y que de los preceptos citados en primer lugar se deriva que nadie responde de las consecuencias fortuitas de su obrar. Por eso, es la conclusión, aquél no tendría que haber sido condenado por homicidio imprudente.

La afirmación central de este aspecto de la impugnación es que la forma de actuar de Pedro no puede ser calificada de imprudente, puesto que él, al obrar como consta, no creó un peligro jurídicamente desaprobado.

Como es sabido, en el delito imprudente el sujeto no quiere realizar el hecho previsto en un tipo doloso, pero lo comete al desobedecer una norma objetiva de cuidado que le vinculaba y a la que debía haber ajustado su comportamiento. Así resulta que el delito imprudente aparece integrado, de una parte, en el plano objetivo, por la infracción de la norma de cuidado y por la realización de un hecho previsto en un tipo doloso; y, en el plano subjetivo, porque el sujeto realizó voluntariamente -quiso- la conducta descuidada, aunque no el resultado.

Según consta en los hechos de la sentencia de instancia. Pedro, en su calidad de brigada y jefe de la patrulla de la Guardia Civil que había montado un control de carretera, dirigió la persecución del Renault-9 conducido por Beltrán, ocupando el automóvil oficial que guiaba un agente de ese cuerpo, asumiendo un alto coeficiente de riesgo propio y para otros posibles vehículos, tanto por la velocidad desarrollada como porque hubo momentos de circulación en paralelo y de desplazamiento en marcha atrás. Y fue, precisamente, transitando de esta forma y a una distancia no superior a 20 metros como aquél disparó sobre el vehículo perseguido, apuntando a la rueda trasera izquierda en un momento en el que Beltrán realizaba maniobras bruscas. El proyectil perforó la parte superior de la puerta trasera izquierda del auto del que huía y acabó impactando en el 4º-5º espacio intercostal de Mirian, que falleció.

Pues bien, no cabe duda acerca de que Pedro quiso la conducta consistente en efectuar un disparo, de manera que éste fue realizado voluntariamente. Tampoco es discutible que a consecuencia del mismo se produjo como resultado un hecho objetivamente previsto en el tipo doloso del homicidio (art. 138 Cpenal). Y no se cuestiona que, al obrar como lo hizo, aquél, en modo alguno había querido este desenlace.

Así las cosas, se trata de comprobar si, además de concurrir los elementos del delito imprudente a que se ha pasado revista, concurrió o no la infracción de la norma de cuidado. Esta tiene como contenido la imposición de un deber de ajustar el propio comportamiento a determinadas pautas, generalmente adecuadas para evitar algunos riesgos que se quiere prevenir.

En el caso concreto, la acción consistente en disparar un arma de fuego desde un automóvil en marcha y sobre otro realizando movimientos bruscos y en cuyo interior había cuando menos una persona, revestía una altísima peligrosidad potencial. Tanta que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad limita rigurosamente el uso de las armas y lo somete al imperativo del principio de proporcionalidad [art. 5.2, apartados c) y d)]. Y la propia Guardia Civil lo ha disciplinado de forma bien precisa en referencia a situaciones como la aquí contemplada, mediante circulares que se recogen en la sentencia impugnada. Una de éstas, la núm. 1/1994, de 28 de febrero, refiriéndose al uso de aquéllas durante el servicio, dice que “tan solo pueden utilizarse para evitar un mal de igual o mayor gravedad que aquél que se puede producir”. Y señala como injustificable, en ausencia de esa premisa, precisamente, la conducta que aquí es objeto de análisis. La segunda circular, de núm. 3/1998, de 13 de mayo, dice que “cuando se pretenda dar alcance en vías públicas a presuntos delincuentes, no se realizará persecución alguna que ponga en peligro la seguridad de los demás usuarios”. Y lo que se prescribe para tales emergencias es la comunicación a la central para que se active el dispositivo correspondiente y el seguimiento del vehículo perseguido a una velocidad acorde con las normas de circulación.

Pues bien, difícilmente la norma de cuidado podía resultar más explícita, más específica y más pertinente al caso. Y es obvio que era conocida por el acusado, en su calidad de agente de la Guardia Civil, al que, en razón de su experiencia, tampoco pudo pasar desapercibido el riesgo generado por el disparo que realizó. Por lo demás, no puede ser más patente que de haberse atenido aquél a tales prescripciones, el resultado fatal no habría tenido lugar.

Así, es conclusión obligada de todo lo anterior que la muerte de Mirian no se produjo de manera fortuita, sino que tuvo como antecedente directo la acción gravemente imprudente de Pedro. Por tanto, ambos motivos deben ser desestimados.

Tercero. Al amparo de lo que dispone el art. 849.1 Lecrim, se denuncia como infringido el art. 20.7 en relación con los arts. 142.1 y 2 Cpenal.

El argumento de apoyo es que el tribunal no tuvo en cuenta indebidamente que la conducta del acusado se hallaba amparada por una causa de exención de la responsabilidad, la consistente en actuar en cumplimiento de un deber.

Pero ocurre que, como se infiere de lo expuesto al decidir sobre los dos motivos que acaban de examinarse, es claro que la acción incriminada no se ajustó a las exigencias que, de haberse dado, permitirían calificarla de debida. Ocurre, más bien, todo lo contrario, puesto que el disparo se produjo sin que hubiera riesgo para la vida de nadie que pudiera haberse evitado por ese medio, y contraviniendo las reglas a las que antes se ha hecho mención y que, según se dijo, estaban orientadas, de forma específica, a conjurar un peligro como el que se materializó en el fallecimiento de la ocupante del vehículo.

La jurisprudencia de esta sala ha condicionado la operatividad de la circunstancia que se invoca a que el funcionario habilitado para servirse de las armas hubiera hecho uso de éstas en una situación que lo hiciera realmente necesario para evitar un mal grave que no pudiera excluirse por otros medios; señalando que, en otro caso, la eximente del art. 20.7 Cpenal no podría operar ni siquiera como incompleta (por todas, sentencia de 30 de septiembre de 1994 y de 19 de junio de 1998). Así, no cabe sino rechazar también este motivo del recurso.

CUARTO.- Como motivo octavo del recurso se aduce, con apoyo en el art. 849.1 Lecrim, vulneración del art. 114 Cpenal.

El argumento es que existen indicios de que la víctima conocía que Beltrán conducía sin permiso y después de haber ingerido sustancias estupefacientes, de manera que subir con él en el automóvil suponía un riesgo, que, así, resultó libremente asumido. De donde se infiere que, en todo caso, la sala debería, por ello, haber acudido al mecanismo de compensación que se contempla en el precepto supuestamente infringido.

Al tratarse de un motivo de infracción de ley, no puede dejar de señalarse que el recurrente parte de un presupuesto fáctico que no está en los hechos probados, lo que ya bastaría para que la impugnación no pueda considerarse.

Pero es que, además, el argumento no se sostiene, pues lo que se quiere decir con él es que, al estar en posesión de esos datos, Mirian debió haber considerado que una eventual intervención de la policía de tráfico sobre su acompañante podría inducirle -con un apreciable grado de probabilidad- a iniciar una fuga como la que realmente se produjo; supuesto en el que sería asimismo previsible la hipótesis de una persecución durante la que cabría el uso irreflexivo de un arma de fuego, con el consiguiente riesgo, que, en consecuencia, habría sido, en cierta medida, asumido. Pues bien, es un modo de razonar que, por su artificiosidad, no puede ser compartido, máxime cuando, incluso siguiendo al recurrente en el primer tramo de su discurso, la cierto es que, al fin, entre la supuesta imprevisión reprochable de la víctima y el resultado fatal, se interpuso la acción incriminable de un tercero, consciente y libremente realizada.

Es por lo que el motivo debe igualmente rechazarse.

FALLO

Desestimamos el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Abogado del Estado representación de la Administración General del Estado contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2000 de la Audiencia Provincial de Sevilla dictada en la causa seguida contra Pedro por delito de homicidio.

Condenamos al recurrente al pago de las costas causadas.

Comuníquese esta sentencia a la Audiencia Provincial con devolución de la causa, interesando el acuse de recibo de todo ello

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Carlos Granados Pérez.- Joaquín Giménez García.- Julián Sánchez Melgar.- Perfecto Andrés Ibáñez.- Enrique Abad Fernández.

Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Perfecto Andrés Ibáñez, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

Sentencia por la que establecen los requisitos para la falta de desobediencia frente a una orden dada por agentes de la autoridad

Esta sentencia trata sobre el tema de los “aparcacoches” y una situación que muchos de vosotros os podéis encontrar cualquier día de los que estáis trabajando.

Los hechos ocurrieron cuando un agente de policía local instó al aparcacoches a que dejara de ejercer su actividad en una calle de su localidad a lo que éste último se negó. Como consecuencia de lo anterior, se dictó sentencia en la que se absolvía al aparcacoches de la falta de desobediencia. El agente recurrió dicha sentencia ante la Audiencia Provincial.

La Audiencia relata que dicha actividad consiste en que determinadas personas se encargan de localizar espacios desocupados en zonas de aparcamiento en las ciudades donde existen ciertos problemas para aparcar dada la carencia de plazas , siendo así que tales personas, a pesar de que nadie les requiera para ello y que no están autorizados, buscan lugares de aparcamiento para vehículos que lo necesitan. El problema empieza cuando tales personas aceptan las cantidades que los conductores les entregan por tal “servicio”, si bien dicha entrega la mayoría de las veces viene determinada por el temor del conductor a las represalias que dichas personas puedan adoptar contra sus vehículos en su ausencia si se niegan a contribuir. El problema jurídico empieza cuando las corporaciones locales regulan la actividad de aparcacoches y conceden autorizaciones a personas o colectivos determinados (parados, minusválidos, etc…) prohibiendo la actividad realizada por personas que no sean las autorizadas.

Hay dos puntos a examinar, el primero es establecer si la orden que dan los agentes de policía debe ser considerada legítima y por tanto suscepti ble de provocar una falta de desobediencia y el segundo, saber en qué casos nos encontraremos con dicha falta.

Sobre la legitimidad de la orden dada por los agentes, la Audiencia dice que la actividad de aparcacoches se encuentra regulada por los Bandos de Alcaldía. Además, nos encontramos también con la Ordenanza de Policía la cual está dentro de las competencia otorgadas a los Ayuntamientos por la Ley de Bases del Régimen Local. En ella se atribuye a los Municipios las competencias en la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas así como su vigilancia por medio de agentes propios y la regulación de los usos de las vías urbanas. Con esto se quiere decir que LA ORDEN DADA POR LOS AGENTES ES LEGÍTIMA Y DEBE SER ACATADA POR EL DESTINATARIO.

Por otra parte, hay que establecer cuando nos encontramos an te una falta de desobediencia.

El art. 634 del Código Penal exige dos requisitos par la figura de desobediencia:

- la orden tiene que emanar de una autoridad competente y debe ser de inexorable cumplimiento.

- comporta la negativa voluntaria, real y demostrada a cumplir aquella orden con el dolo específico y manifiesto de desprestigio y menosprecio hacia el principio de autoridad.

En el caso de hoy, los agentes le dan la orden de manera directa y personal al denunciado a fin de que cese en su actividad de aparcacoches. Ante tal orden, clara y legítima, el denunciado no hace caso y sigue con su actividad, en cuyo caso SÍ HAY falta de desobediencia clara, ya que es evidente que el denunciado menoscaba el principio de autoridad.

Sin embargo, el problema surge cuando el denunciado en un primer momento hace caso a la orden y deja de aparcar en ese momento pero vuelve al poco rato o al día siguiente. En ese caso, se considera que el denunciado sí ha hecho caso a los agentes y cuando vuelve no está burlando la orden de los agentes sino que está burlando el Bando Municipal, por lo que en este caso NO se puede hablar de falta de desobediencia alguna, sino de una falta que debería corregirse por vía administrativa.

Aplicando esto al caso de autos, la Audiencia Provincial dictó nueva sentencia revocando la anterior y condenando al aparcacoches como autor de la falta de desobediencia.

Todo lo anterior lo podemos resumir de manera sencilla:

- si le dan la orden de que deje de aparcar y no hace caso de ella, SÍ HAY FALTA DE DESOBEDIENCIA.

- si le dan la orden y deja de aparcar en ese momento pero después vuelve y sigue aparcando, HAY FALTA EN VÍA ADMINISTRATIVA pero no de desobediencia.

Al menos, ese es el criterio de la Audiencia Provincial de Cádiz.

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