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Silva Sande ofreció ayuda hace meses para resolver crímenes de los GRAPO

Fernando Silva Sande, histórico dirigente de la banda terrorista GRAPO y principal acusado del secuestro en 1995 del empresario Publio Cordón, se ofreció hace cuatro meses a colaborar con la Justicia para esclarecer los crímenes sin resolver de la organización terrorista, entre los que se encuentra el de Cordón, cuyo cuerpo buscan ahora las fuerzas de seguridad en el sureste de Francia.
Según fuentes de la defensa, envió a los juzgados de la Audiencia Nacional una carta en la que se ofrecía a participar en las causas contra los GRAPO. Sande también trasladó su propuesta a Instituciones Penitenciarias y a su propio abogado.
La misiva no especificaba en cuáles de esos casos sin resolver podría Sande ser de más ayuda. Pese a que no daba más detalles, fuentes penitenciarias han señalado que a raíz de recibirse esta misiva, Silva Sande ha sido requerido en varias ocasiones por juzgados de la Audiencia Nacional para tomarle declaración.
Perdón y arrepentimiento
En esa carta, según su abogado, Silva Sande se limitaba a pedir perdón a todas las personas a las que podía haber causado daño durante su militancia, de la que en cierto modo se arrepentía porque a sus 50 años lo veía como un error de juventud y aseguraba sentirse defraudado por muchos miembros de los GRAPO.
En opinión del abogado, Silva Sande “tiene que saber algo” de lo ocurrido con Cordón, aunque desconoce lo que ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que ha reabierto la investigación sobre el paradero del empresario, a raíz de que una confesión prestada por el ex dirigente de los GRAPO.
El letrado ha asegurado que no ha acompañado a declarar a Sande ante Grande-Marlaska. “Conmigo no ha contado para nada”, ha señalado al recordar que a él siempre le dijo que nunca conoció a Cordón “personalmente”.
Por ello, el abogado plantea si lo que conoce Silva Sande de lo sucedido con Publio Cordón es porque alguien se lo ha contado o porque él participó en los hechos.
Preguntado por la salud mental de su defendido, el letrado ha insistido en que Silva Sande no es ningún psicópata y ha negado que los años que lleva en prisión, desde su detención en Francia en 2000 después de fugarse en 1992 de la cárcel de Granada, le hayan podido afectar psicológicamente porque tiene “una mentalidad de militar”.
La Audiencia Nacional condenó en 2007 a Silva Sande a 28 años de cárcel como autor de este secuestro basándose en el reconocimiento “espontáneo y reflejo” que hizo de él en el juicio el yerno de Cordón, identificándole como uno de los secuestradores a los que pagó el rescate.
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Absuelto el grapo que llamó “delincuente nazi” a la juez

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto por falta de pruebas al miembro de los GRAPO Israel Torralba Blanco del delito de estragos terroristas en grado de tentativa del que le acusaba el fiscal por tratar de atentar contra la empresa de trabajo temporal ‘Laborman’ de Madrid en el año 2000. El representante del Ministerio Público solicitaba para él diez años de cárcel.
El juicio contra este terrorista, celebrado el pasado 6 de octubre, estuvo marcado por los insultos que Torralba dedicó al tribunal que le juzgaba al que calificó como “fascista” y en concreto a su presidenta, la magistrada Ángela Murillo, a la que gritó en varias ocasiones “¡delincuente nazi!”. La juez terminó por expulsarle de la sala.
Ahora, la redacción de esta sentencia absolutoria ha recaído en la propia Ángela Murillo, quien como ponente de la resolución recuerda “los deleznables insultos”, pero admite que “el único material probatorio que sobre Torralba pesa lo constituye sus propias declaraciones que adolecen de gran ambigüedad”.
“De dicho delito -estragos terroristas en grado de tentativa- no podemos considerar responsable al acusado Israel Torralba Blanco por falta de pruebas de entidad suficiente como para fundamentar en las mismas el dictado de una sentencia condenatoria con la certeza y seguridad jurídica que requiere un pronunciamiento de tal naturaleza”, dice la sentencia hecha pública hoy.
El tribunal insiste en que las declaraciones inculpatorias del propio Torralba ante la policía y ante el juez “son vagas e imprecisas y para poder considerarlas como prueba de cargo capaz de destruir el principio de presunción de inocencia precisarían de datos corroboradores externos de los que carece la Sala”. “Dudas y confusiones y ausencia de datos corroboradores de las declaraciones de Israel Torralba que nos conducen a su absolución”, sentencia el tribunal.
Segundo enfrentamiento
Pese a esta absolución, Torralba Blanco ya fue condenado a siete años de cárcel -cuatro menos de lo que pedía el fiscal- el pasado 20 de febrero por la misma Sección Cuarta presidida por Murillo. En este caso, se le acusaba de un robo con violencia e intimidación y uso de armas con fines terroristas por haber participado en el atraco a unos vigilantes de Prosegur. Entonces, la Sala sí optó por condenarle en función de las propias declaraciones autoinculpatorios del acusado, quien, una vez detenido, reconoció ante el juez de Instrucción haber tomado parte en los hechos.
Además, la sentencia recordaba que Torralba se negó a declarar durante la celebración del juicio -el 14 de febrero-, algo que, según la Sala, “permite afirmar que tomó parte en la ejecución del acto relatado”.
Ya aquel juicio comenzó con un leve enfrentamiento entre Israel Torralba y la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, cuando la magistrada le ordenó levantarse para preguntarle su disposición a declarar. El terrorista desoyó las órdenes de Murillo haciendo gestos despectivos hacia su persona y se negó a levantarse. “No tengo nada que declarar a este tribunal”, contestó Torralba -ya de pie- a la magistrada. “Bien, ahora ya sí se pueden sentar”, concluyó la juez.
FUENTE: http://www.adn.es/
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El Supremo revisará la condena impuesta al GRAPO Silva Sande por el secuestro de Cordón

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisará el próximo día 11 a puerta cerrada la condena a 28 años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional en diciembre de 2007 al miembro de los GRAPO Fernando Silva Sande, por un delito de detención ilegal relacionado con el secuestro del industrial Publio Cordón.
Sande se conformó con la condena y desistió de interponer recurso de casación ante el Supremo, aunque sí lo hizo la mujer de Cordón, Pilar Muro. El ponente de la resolución será el magistrado Enrique Bacigalupo, informaron fuentes del alto tribunal.
La sentencia de la Audiencia Nacional absolvió a los otros integrantes de la organización terrorista acusados por estos hechos, Manuel Pérez Martínez, alias ‘Camarada Arenas’, e Isabel Llaquet al considerar que no existen indicios válidos que señalen que ordenaron el secuestro, cometido en 1995.
También se absolvió a Silva Sande del delito de estafa por el que la acusación particular que representa a la esposa y las hijas del empresario zaragozano pedía una pena de 6 años de prisión.
No obstante, se le condenó al abono a los hijos del secuestrado de una indemnización de 300.506 euros (50 millones de pesetas) en caso de que se acredite que su padre sigue con vida, mientras que en caso de que se certifique la muerte del empresario, la cantidad deberá pagar en concepto de indemnización casi dos millones y medio de euros (400 millones de pesetas).
La Fiscalía pedía para cada uno de los procesados 27 años de cárcel al considerarles inductores directos de un delito de detención ilegal. La acusación particular solicitaba por este mismo delito 30 años de prisión en cada uno de los casos.
Según el relato de hechos probados por la Audiencia Nacional, entre los meses de mayo y junio de 1995, los tres procesados mantuvieron en París una reunión junto al también terrorista, ya condenado por estos hechos, Enrique Cuadra Echeandía, quien recibió la orden de llevar a cabo el secuestro de una persona adinerada para recaudar fondos para la banda. Fue en aquella reunión en la que se seleccionó como víctima al empresario afincado en Zaragoza Publio Cordón.
El propio Enrique Cuadra fue el encargado de realizar las tareas de vigilancia de la víctima, así como la posterior negociación con su familia junto a otros dos miembros de la banda también condenados, José Ortín y Concepción González. Los tres vigilaron a Publio Cordón durante más de 20 días, tanto en su domicilio como en su empresa, para conocer sus costumbres, según indica el escrito de acusación provisional del fiscal.
Fue el día 27 de junio de 1995 cuando Silva Sande –armado con una pistola– acompañado de Ortín y Cuadra abordaron al empresario cuando practicaba ‘footing’ en compañía de sus tres perros. Dos días después, los terroristas se pusieron en contacto con la familia de Publio Cordón a la que solicitaron 500 millones de pesetas a cambió de la liberación del secuestrado. Esta cantidad fue finalmente rebajada a 400 millones y fijaron la ciudad de París como lugar de entrega de esta cantidad.
Hasta la capital francesa se desplazó la hija de Publio Cordón acompañada de su marido y allí se reunieron con Silva Sande y Cuadra Echeandía a los que entregaron el dinero en metálico repartido en tres bolsas de deporte.
No obstante, después de que los GRAPO recibiesen el dinero y pese a que anunciaron a la familia la fecha, la hora y el lugar en el que sería liberada la víctima, hasta la fecha no se conoce el lugar en el que fue retenido, ni su paradero, ni si fue puesto en libertad, ni si está vivo o no.
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La desidia judicial obliga a absolver a un grapo de la muerte de un policía

  • La Policía no localizó a la mujer que presenció los hechos pese a ser testigo protegida
  • El Supremo cree que no hay pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia
  • Interrogar a los testigos de cargo es uno de los ‘derechos mínimos’ de todo acusado


MADRID .- El Tribunal Supremo ha tenido que anular la condena a 30 años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a un terrorista de los Grapo por el asesinato de un policía nacional debido a un cúmulo de negligencias policiales y judiciales que el Alto Tribunal reprueba duramente en su sentencia, conocida por EL MUNDO.

Una testigo directa de los hechos , cuya comparecencia en el juicio era esencial porque en su día identificó fotográficamente “sin ningún género de dudas” al acusado como la persona que disparó por la espalda al agente, no fue localizada por la Policía Judicial pese a tener el estatus de testigo protegido. La Policía se limitó a buscarla en el colegio donde trabajaba, pero, al ser el mes de julio, el centro estaba cerrado.

Por su parte, tanto el fiscal como la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional “abdicaron de cualquier gestión encaminada a garantizar la presencia” de la mujer en la vista, censura el Supremo.

El resultado fue que la principal testigo de cargo nunca pudo ser interrogada por la defensa ni su reconocimiento fotográfico fue sometido a contradicción, “contraviniendo así elementales exigencias del derecho de defensa y del derecho a un proceso con todas las garantías” y vulnerando la presunción de inocencia que tiene todo acusado.

El terrorista ahora absuelto es Marcos Martín Ponce . Fue juzgado por la Audiencia Nacional el 25 de julio de 2007 acusado de asesinar en Madrid, el 17 de noviembre de 2000, al agente de Seguridad Ciudadana Francisco Javier Sanz Morales, de 28 años de edad.

El Alto Tribunal alega que se vulneró su presunción de inocencia al no comparecer en el juicio la testigo protegida que lo identificó ‘sin ningún género de duda’

El fallo se basaba, principalmente, en la identificación fotográfica de Marcos Martín realizada ante la Policía por la testigo protegida y en la ratificación de ese reconocimiento durante el juicio contra Israel Torralba, otro grapo anteriormente condenado como coautor del atentado. El Tribunal Supremo ha considerado que esos elementos probatorios son insuficientes para destruir la presunción de inocencia “que ampara a cualquier imputado”.

En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, el Alto Tribunal explica que “es indudable que el reconocimiento (ante la Policía) efectuado por la testigo protegida permitió la más que justificada imputación del procesado”.

Sin embargo, esa identificación, realizada sólo ante la Policía, sin asistencia letrada y muchos años antes del enjuiciamiento del acusado, requería “ser sometida a contradicción en el juicio oral, permitiendo a la defensa interrogar acerca de los elementos de identificación que fueron aportados, en su día, por la testigo”.

El Supremo “no puede admitir” que la ratificación del reconocimiento fotográfico realizada por la testigo protegida número 11 en el juicio a Torralba sea una prueba de cargo suficiente , lisa y llanamente porque “Marcos Martín no estaba siendo enjuiciado (en esa vista) y, en consecuencia, carecía de cualquier capacidad de contradicción y defensa”.

Según la sentencia, la Policía se limitó a tratar de localizar en pleno julio a la testigo en el colegio donde daba clases, sin ni siquiera acudir a su domicilio

“La Sala no puede considerar desplazada la presunción de inocencia que ampara a cualquier imputado cuando la condena se basa en la declaración de una testigo presencial de los hechos que nunca ha visto al acusado y que, además, nunca ha podido ser interrogada por el letrado de la defensa”, indica el Supremo. “Y lo más grave”, añade, “es que la ausencia de esa testigo no era, ni mucho menos, inevitable”.

“El examen de las actuaciones de la Audiencia Nacional pone de manifiesto que la incomparecencia de la testigo protegida número 11 no fue seguida de una diligente labor de indagación de las razones que hacían imposible su presencia en el juicio oral”. Y ello pese a que esa testigo era ‘clave’ a la hora de convencer a la Audiencia de la participación de Martín Ponce en el asesinato del policía .

“La testigo no estaba sometida al régimen general”, subraya el Supremo. “Antes al contrario, gozaba del estatuto de testigo protegido. La lógica de las cosas indica que un verdadero y eficaz sistema de protección de testigos obliga, cuando menos, a conocer su localización , entre otras cosas para preservar su integridad física de los riesgos que han podido conducir al otorgamiento de tan singular esquema protector. A ello habría que añadir que la testigo que no compareció en el primero de los llamamientos para enjuiciar a Marcos Martín había estado presente, sin problema ni obstáculo alguno, en el anterior enjuiciamiento del condenado Israel Torralba Blanco nueve meses antes”.

El Supremo menciona una consolidada jurisprudencia en el sentido de que interrogar a los testigos de cargo se encuentra entre los “derechos mínimos” de todo acusado.

Fuente: elMundo.es España

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