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EL NUEVO CÓDIGO PENAL / LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Los extranjeros condenados a más de un año serán expulsados

El Ejecutivo pretende, entre otros objetivos, dar un paso más para luchar contra la delincuencia, el crimen organizado, etc; y en ese marco hay que situar también la nueva redacción del artículo 88, que regula la posibilidad de sustituir la pena por otras medidas cuando la sentencia no sea superior a un año de cárcel o «excepcionalmente, a dos». Hasta ahora se prevé que se pueda llevar a cabo esa  sustitución que permita al reo realizar trabajos en beneficios de la comunidad, localización permanente, etc, medidas que no frustren sus «fines de prevención y reinserción social».
Sin embargo, en el anteproyecto de reforma del Código Penal, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado jueves  elaborado  por el Ministerio de Justicia, del que es titular Alberto Ruiz-Gallardón, se modifica completamente ese precepto, que pasa a tener una redacción más relacionada con el artículo 89, en el que se prevé la posibilidad de sustituir una pena inferior a seis años de cárcel por la expulsión del territorio nacional cuando el condenado sea un ciudadano extranjero «no residente legalmente». El nuevo precepto abre las vías para que puedan ser expulsados los inmigrantes con independencia de su situación,  cuando se les imponga una pena superior al año de cárcel, aunque también se establecen excepciones a esa previsión.
En concreto, el nuevo Código Penal especifica al respecto: «Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas, previa audiencia del penado, por su expulsión del territorio nacional». La redacción es bastante taxativa como para no existan dudas de interpretación.
En el segundo apartado del mismo precepto se alude al hecho de que cuando la condena supera los tres años de cárcel, bien por un delito o por varias penas que excedan de esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de la misma, bien total o parcial. Si es parcial, una vez cumplida la parte que se hubiese determinado, «se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español».
Sin embargo, esa expulsión no será automática por el hecho de que la condena supere el año de prisión, ya que se establecen medidas que frenan tal posibilidad y cuando se considere que es desorbitada. Así, los jueces no acordarán esa sustitución de ejecución de pena por abandono forzado de España cuando, «a la vista de las circunstancias del hecho y las circunstancias del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada». Sin embargo, según distintas fuentes, los inmigrantes con arraigo en España no suelen delinquir.
En todo caso, los condenados por delitos de trata de seres humanos, tráfico ilegal de mano de obra, engaño a inmigrantes para que vengan a España «simulando» un contrato o los que promuevan el tráfico ilegal de personas deberán cumplir en prisión las penas que se les impongan en sentencia, ya que quedan excluidos de los supuestos de sustitución de penas.
Si, en todo caso, se acuerda la expulsión y el extranjero no está privado de libertad en ese momento, el juez o tribunal podrá acordar  su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros hasta que se ejecute.
«Descargar las cárceles»
Sobre estos aspectos de la reforma del Código Penal, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón señaló, en declaraciones a LA RAZÓN que uno de los objetivos principales establecer la expulsión de esos extranjeros que delinquen es «descargar el sistema penitenciario español de presos extranjeros, cumpliendo el objetivo de seguridad».
El titular de Justicia está convencido de  que esta medida tendrá un resultado más que positivo, ya que «es mucho más efectivo expulsar que encarcelar». En esos supuestos y con las limitaciones que se establecen al respecto.

TODO LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL DECOMISO DEL VEHÍCULO

Fuente: AyT, Accidente y Tráfico.
 

Desde distintos medios se están lanzando informaciones incorrectas acerca de las razones que se valorarán para que un vehículo sea decomisado por las autoridades. Titulares como “Llevar inhibidores de radar acarreará el decomiso del vehículo” o “Un exceso de velocidad supondrá la pérdida de la propiedad de nuestro vehículo”, no son del todo ciertos y contribuyen a que se extienda el miedo entre los conductores.

Por ello, es nuestro deber matizar estas informaciones, haciendo una explicación exhaustiva de las distintas circunstancias que van a ser tenidas en cuenta por las autoridades para decretar el comiso o decomiso de nuestro vehículo.

Hasta la reciente reforma del artículo 385 del Código penal, el comiso del vehículo sólo estaba permitido en caso de conductores Kamikazes o que conducían como manifiesto desprecio por la vida. Con la reforma se ha extendido a supuestos como un grave exceso de velocidad, una alta tasa de alcohol en sangre o la conducción sin permiso, pero sumado a otras circunstancias, pues por sí solas, en principio, no serán motivo suficiente para decretarlo.

Para que pueda ser adoptada habrá que hacer un “juicio de peligrosidad” por parte de las autoridades. En estos juicios o valoraciones se tendrán en cuenta criterios:

  • De orden objetivo
  • De orden subjetivo

 

Los de orden objetivo son:

  1. La gravedad de la pena prevista para el delito que se haya cometido y la naturaleza de lo que se haya dañado o puesto en peligro con la infracción (es decir, la vida de las personas, el orden público, etc).
  2. Las circunstancias concurrentes que pudieran hacer que el hecho fuera más grave (ej. Cualquier agravante penal como la clara intención de delinquir y de provocar un daño real).
  3. Las manipulaciones realizadas en el vehículo que alteren las condiciones legalmente prescritas para la circulación (inhibidores de radar, tacógrafos manipulados, toda sustancia utilizada para que la matrícula no pueda ser reconocida, etc).
  4. La posible reincidencia del conductor con el vehículo que demuestren esa “relación criminógena” entre el vehículo y su conductor (ej. Cundo se utiliza el vehículo “como un arma” o como afirmación de poder o competitividad).
  5. El valor económico del vehículo. Si bien este punto no ha sido aclarado por el Fiscal de Seguridad Vial, podemos entender que este extremo se tendrá en cuenta en el sentido de poder pagar las sanciones económicas derivadas del delito con la pública subasta del vehículo.

Los criterios de orden subjetivo son:

  1. La situación económica y personal del penado. Se tendrá en cuenta el momento de crisis actual. Es decir, será más difícil que se aplique en casos en los que la persona esté pasando por apuros económicos. Se investigará la situación económica en cada caso.
  2. La importancia que el vehículo tenga para desempeñar su trabajo o para poder obtenerlo. Es decir, por ejemplo, en caso de ser transportista o mensajero, será más difícil que sea aplicado el decomiso.
  3. Las consecuencias que su aplicación pudiera tener para el penado o para su familia. Entendemos que éste criterio está estrechamente relacionado con el anterior, con la salvedad de que también se tendrá en cuenta la situación económica familiar.

Según el Fiscal de Seguridad Vial, “No se confiscará de manera indiscriminada, se hará una valoración conjunta de todos los criterios, se estudiará caso por caso”. El comiso buscará evitar la reincidencia y “tendrá un valor educativo”.

Serán asimismo factibles los comisos temporales o la imposición de garantías para el correcto uso del vehículo, tales como los limitadores de velocidad o el sistema alcohol-lock, que no nos permitirá arrancar el vehículo si superamos la tasa de alcohol permitida.

También se podrán aplicar decomisos de vehículos cuyo propietario sea distinto del conductor infractor, siempre y cuando el propietario “sea consciente del riesgo”, como por ejemplo la empresa que sabe que sus camiones circulan con tacógrafos manipulados.

En algunos casos, esta medida podrá ser considerada como “sustitutiva de la pena de prisión”, pues se pretende evitar con ello el desbordamiento de presos por delitos contra la seguridad vial.