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TODO LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL DECOMISO DEL VEHÍCULO

Fuente: AyT, Accidente y Tráfico.
 

Desde distintos medios se están lanzando informaciones incorrectas acerca de las razones que se valorarán para que un vehículo sea decomisado por las autoridades. Titulares como “Llevar inhibidores de radar acarreará el decomiso del vehículo” o “Un exceso de velocidad supondrá la pérdida de la propiedad de nuestro vehículo”, no son del todo ciertos y contribuyen a que se extienda el miedo entre los conductores.

Por ello, es nuestro deber matizar estas informaciones, haciendo una explicación exhaustiva de las distintas circunstancias que van a ser tenidas en cuenta por las autoridades para decretar el comiso o decomiso de nuestro vehículo.

Hasta la reciente reforma del artículo 385 del Código penal, el comiso del vehículo sólo estaba permitido en caso de conductores Kamikazes o que conducían como manifiesto desprecio por la vida. Con la reforma se ha extendido a supuestos como un grave exceso de velocidad, una alta tasa de alcohol en sangre o la conducción sin permiso, pero sumado a otras circunstancias, pues por sí solas, en principio, no serán motivo suficiente para decretarlo.

Para que pueda ser adoptada habrá que hacer un “juicio de peligrosidad” por parte de las autoridades. En estos juicios o valoraciones se tendrán en cuenta criterios:

  • De orden objetivo
  • De orden subjetivo

 

Los de orden objetivo son:

  1. La gravedad de la pena prevista para el delito que se haya cometido y la naturaleza de lo que se haya dañado o puesto en peligro con la infracción (es decir, la vida de las personas, el orden público, etc).
  2. Las circunstancias concurrentes que pudieran hacer que el hecho fuera más grave (ej. Cualquier agravante penal como la clara intención de delinquir y de provocar un daño real).
  3. Las manipulaciones realizadas en el vehículo que alteren las condiciones legalmente prescritas para la circulación (inhibidores de radar, tacógrafos manipulados, toda sustancia utilizada para que la matrícula no pueda ser reconocida, etc).
  4. La posible reincidencia del conductor con el vehículo que demuestren esa “relación criminógena” entre el vehículo y su conductor (ej. Cundo se utiliza el vehículo “como un arma” o como afirmación de poder o competitividad).
  5. El valor económico del vehículo. Si bien este punto no ha sido aclarado por el Fiscal de Seguridad Vial, podemos entender que este extremo se tendrá en cuenta en el sentido de poder pagar las sanciones económicas derivadas del delito con la pública subasta del vehículo.

Los criterios de orden subjetivo son:

  1. La situación económica y personal del penado. Se tendrá en cuenta el momento de crisis actual. Es decir, será más difícil que se aplique en casos en los que la persona esté pasando por apuros económicos. Se investigará la situación económica en cada caso.
  2. La importancia que el vehículo tenga para desempeñar su trabajo o para poder obtenerlo. Es decir, por ejemplo, en caso de ser transportista o mensajero, será más difícil que sea aplicado el decomiso.
  3. Las consecuencias que su aplicación pudiera tener para el penado o para su familia. Entendemos que éste criterio está estrechamente relacionado con el anterior, con la salvedad de que también se tendrá en cuenta la situación económica familiar.

Según el Fiscal de Seguridad Vial, “No se confiscará de manera indiscriminada, se hará una valoración conjunta de todos los criterios, se estudiará caso por caso”. El comiso buscará evitar la reincidencia y “tendrá un valor educativo”.

Serán asimismo factibles los comisos temporales o la imposición de garantías para el correcto uso del vehículo, tales como los limitadores de velocidad o el sistema alcohol-lock, que no nos permitirá arrancar el vehículo si superamos la tasa de alcohol permitida.

También se podrán aplicar decomisos de vehículos cuyo propietario sea distinto del conductor infractor, siempre y cuando el propietario “sea consciente del riesgo”, como por ejemplo la empresa que sabe que sus camiones circulan con tacógrafos manipulados.

En algunos casos, esta medida podrá ser considerada como “sustitutiva de la pena de prisión”, pues se pretende evitar con ello el desbordamiento de presos por delitos contra la seguridad vial.

LA POLICIA LOCAL SE LIMITA A CUMPLIR LA LEY

Manuel Solanas, intendente de Tráfico, ve preventiva la medida de incautar.Hasta la fecha se han decomisado más de veinte coches en la capital aragonesa.

 

 

Zaragoza ha sido la primera ciudad española que ha puesto en marcha la reforma del Código Penal en lo referente a los delitos de tráfico. La normativa empezó a aplicarse a las 0 horas del pasado 23 de diciembre, y desde entonces la Policía Local ya se ha incautado de una veintena de vehículos, de los que alrededor de una tercera parte han sido devueltos a sus propietarios, tras el correspondiente juicio rápido, por decisión adoptada por los responsables judiciales. La Guardia Civil no ha decomisado ninguno todavía en Aragón.

“La Policía Local no está actuando ni con poca ni con mucha rigidez, sino que se limita a cumplir lo que establece la ley”, opina Manuel Solanas, intendente principal de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza.

MÁS CASTIGOS La modificación legal implica un mayor castigo para los delitos cometidos contra la seguridad vial, en supuestos como la conducción bajo los efectos de las drogas y el alcohol a partir de determinados porcentajes, el exceso de velocidad, la conducción temeraria y las reincidencias en conductas graves, entre otras conductas punibles.

“De lo que se trata es de que, en adelante, el vehículo pasa a considerarse instrumento del delito y, tal y como señala la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Policía Judicial tiene la obligación de poner a disposición del juez todas las pruebas de que disponga”, explica Solanas.

Una vez en poder del juez, el vehículo decomisado puede seguir varios caminos. El magistrado puede optar por devolverlo a su propietario (que puede ser una persona distinta del conductor), en un plazo más o menos corto, en función de la fecha de celebración del juicio rápido, pero siempre en un plazo que ronda los dos o tres días.

POSIBLE VENTA Asimismo, el magistrado tiene la potestad de ordenar la venta del automóvil, ante la posible responsabilidad civil del conductor, e incluso su destrucción física. Finalmente, el vehículo puede pasar a engrosar el parque móvil de los cuerpos y fuerzas de seguridad, para dedicarse a la lucha contra la delincuencia.

Para Solanas, la nueva herramienta legal de que dispone la Policía Local aumentará la eficacia de las labores de control del tráfico rodado, “ya que influirá en la prevención”.

En Zaragoza, los coches decomisados son trasladados por la grúa al Depósito Municipal, en la salida hacia Castellón (A-68), una instalación de grandes dimensiones y con capacidad para unos 800 vehículos. “Pensamos que hay espacio suficiente para albergar los automóviles incautados, teniendo en cuenta que habrá una rotación rápida”, señala el responsable de Tráfico.

“Solo si los coches, camiones, furgonetas y motos se quedaran estacionados largas temporadas, de dos o tres años, podría haber problemas de espacio”, añade. En este depósito también se custodian otro tipo de vehículos, como los que traslada la grúa o los que se encuentran en la vía pública sin propietario conocido o los que se recuperan tras un robo.

Hasta ahora, la forma de proceder de la Policía Nacional era diferente. Solo se retiraban los vehículos “de forma excepcional”, según Solanas, en los casos de reincidencia y de gran alarma social. En otras situaciones, cualquier conductor habilitado que acompañara al que acababa de cometer supuestamente el delito, o autorizado por él, podía hacerse cargo del automóvil, si no daba positivo en la alcoholemia.

CADENA DE GASTOS El decomiso del vehículo es, además, el comienzo de una cadena de gastos, pues el conductor debe hacerse cargo del precio del arrastre y del pago de la estancia en el depósito. Con todo, el intendente de Tráfico, subraya que la incautación no puede verse como “una forma de negocio” por parte del ayuntamiento. “Lo que está en juego con esta medida es la seguridad vial, nada más”, asegura este responsable de la seguridad en la capital aragonesa.

EN LAS OTRAS CAPITALES A esta cifra de vehículos que se han incautado en las calles de Zaragoza, hay que añadirle alrededor de otra decena que se han incautado en las ciudades de Huesca y de Teruel. La entrada en vigor de esta medida ha generado dudas sobre su supuesta constitucionalidad.