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Interior suaviza la Ley de Seguridad Ciudadana

El Gobierno dará luz verde este viernes al nuevo proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, la nueva normativa que actualizará la que está vigente desde 1992 y que era conocida como ley Corcuera. Tras atender criterios de jueces, fiscales y el Consejo de Estado, el Ministerio del Interior remitirá una normativa claramente suavizada de la que se apuntaba en el anteproyecto de ley y que recibió duras críticas no sólo desde la oposición, sino también desde ámbitos judiciales.

Con esta nueva ley, el Ejecutivo trata de actualizar y blindar las actuaciones policiales en la calle, dando más garantías no sólo al ciudadano, sino también al policía.

Los informes preceptivos de los organismos de los jueces y de los fiscales apuntaban, incluso, que algunos de los artículos podían rozar la inconstitucionalidad. Desde la oposición se hablaba de ley mordaza, de ley de recortes de libertades.

Desde el principio, el Ministerio del Interior dejó claro que atendería los criterios que se fijaran en los informes del Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Aunque los informes no eran vinculantes, el Departamento de Jorge Fernández entendió que la materia era delicada y que convenía atender a los criterios jurídicos.

El Consejo de Estado avaló una de las figuras más conflictivas, ya existente: la retención policial, que supone un punto intermedio entre la libertad del individuo y la detención. Una figura que actualmente no tiene un límite temporal. Se trata de una inmovilización de carácter provisional (el menor tiempo posible) que la Policía puede llevar a cabo en tres supuestos: en el cacheo, en las pruebas de alcoholemia y en la identificación policial.

Para impedir arbitrariedades, el Consejo propuso que esa retención tuviera un acote temporal, no pudiendo sobrepasar las seis horas. El dictamen del Consejo reconoce que la «única dificultad» que puede plantear esa retención es que vaya acompañada de un traslado a comisaría, pues la retención en estos casos no está sujeta a las garantías propias de la detención (derecho a un abogado, a no declarar contra uno mismo, etcétera). En estos casos, el Consejo sugiere que para evitar «aplicaciones arbitrarias» se establezca un plazo máximo en el que esa inmovilización es posible y que fija en seis horas.

El Ministerio del Interior, en el proyecto de ley que aprobará el viernes, contempla esta limitación temporal, además de atender todos los puntos señalados por jueces y fiscales con el fin de evitar que alguno de sus artículos pueda ser calificado como inconstitucional.

La identificación sólo será posible para prevenir la comisión de delitos o para sancionar infracciones ya cometidas (no para prevenir la comisión de infracciones). Además, la identificación debe respetar los principios de no discriminación y proporcionalidad. Incluye, además, a aquellas personas cuyo rostro no sea visible porque lo lleven cubierto.

Entre algunos de los puntos suavizados está también la sanción por fotografiar a policías. El uso de imágenes o datos de agentes será infracción si pueden poner en peligro su seguridad personal o familiar, las instalaciones protegidas o el éxito de una operación.

En cuanto a las concentraciones ante el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos -uno de los aspectos más criticados del anteproyecto-, se considerarán como faltas graves solamente cuando ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana.

Sobre la prostitución, en el borrador anterior se sancionaba a quienes la ejercieran cerca de colegios o lugares frecuentados por menores, así como a sus clientes. Ahora sólo se sancionará a los clientes.

Se mantiene el registro central de infractores contra la seguridad, para controlar a los multirreincidentes. Y en cuanto a la publicidad de las sanciones, no se dará a las impuestas a reincidentes, como solicitó el CGPJ.

Fuente: elmundo.es

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La Ley de Seguridad obligará a identificarse con el DNI para usar locutorios y cibercafés

La nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que promueve el Ministerio del Interior para sustituir a la aprobada por el PSOE en 1992 introducirá importantes cambios en el control de los servicios de telefonía e internet. El más relevante de los que contempla el borrador del Anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre impone el registro documental a todos los establecimientos que ofrezcan al público llamadas telefónicas o conexiones a Internet. Es decir, que si la norma acaba siendo aprobada en los mismos términos que propone la cartera de Jorge Fernández Díaz, todos los usuarios de locutorios y cibercafés estarán obligados a identificarse previamente con su DNI para poder acceder a esos servicios.

Así consta en el artículo 24 del borrador del Anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, dentro de su capítulo IV, dedicado a las “Potestades especiales de policía administrativa de la seguridad”. El punto primero de ese punto establece que “las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana, tales como hospedaje, servicios de telecomunicaciones por medio del acceso a servicios telefónicos o telemáticos de uso público, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte, así como otras que reglamentariamente se determinen en atención a su importancia para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, deberán cumplir las obligaciones de registro documental”.

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Las actividades económicas enumeradas en ese punto del borrador ya están obligadas en la actualidad a disponer de algún tipo de registro de sus transacciones y de las personas que han recurrido a sus servicios. La única excepción en ese sentido de todos los negocios a los que se refiere el artículo 24 eran los locutorios y los cibercafés, que no estaban regulados por ninguna norma de seguridad, ni a nivel estatal ni a nivel a autonómico. Con la nueva ley, los propietarios de este tipo de comercios deberán fotocopiar o escanear el DNI de sus clientes o un documento equivalente y almacenar esa información para que pueda ser consultada en cualquier momento por las autoridades administrativas competentes, es decir, Ministerio del Interior, delegaciones del Gobierno, comunidades autónomas con las competencias de seguridad transferidas y servicios de inteligencia.

Infracción administrativa grave

El borrador de la Ley de Seguridad no se olvida de las multas a las que se exponen los negocios que no atiendan a esta obligación. Según el régimen sancionador del anteproyecto, los establecimientos que nieguen u obstruyan el acceso de las autoridades a los datos de registro de sus usuarios incurrirán en una infracción administrativa grave sancionada con multas de 1.001 a 30.000 euros, dependiendo de la trascendencia que aprecie la autoridad competente. La carencia de los registros será considerada del mismo modo una infracción grave castigada con la misma horquilla de cantidades. Los usuarios de estos servicios no son mencionados directamente por la ley pero se entiende que los comercios prohibirán el acceso a sus conexiones de internet a todos aquellos clientes que no hayan mostrado antes su DNI, a no ser que quieran exponerse a una sanción.

La norma introduce en este campo un destacado control del poder público. La Ley de Seguridad Ciudadana en vigor fue aprobada por el Gobierno de Felipe González en 1992, mucho antes de que internet se usara masivamente. Los legisladores no sólo no exigieron ningún control a los proveedores de conexiones, sino que ni siquiera se plantearon su existencia. Tampoco se ha aprobado nunca un texto legal de inferior rango normativo para imponer el archivo de los datos personales de los ciudadanos que llamen por teléfono o se conecten a internet en un local comercial, aunque el control de esos datos siempre ha sido una aspiración de las Fuerzas de Seguridad. Entre otros motivos, porque las organizaciones terroristas han aprovechado en más de una ocasión el anonimato que proporcionan los locutorios y cibercafés para comunicarse y hacer proselitismo radical sin abandonar la clandestinidad. El nuevo texto satisfará esos deseos.

Corrección del registro por uso de wifi

El borrador del anteproyecto presentado por Interior también imponía en una de sus primeras versiones la obligación de identificarse con el DNI a todos los usuarios que pretendieran acceder a una red wifi de carácter público, pero esa imposición desapareció finalmente del artículo 24 por recomendación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz lo remitió al Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos para que lo analizaran y emitieran un dictamen. Los del Consejo Fiscal, la Agencia de Protección de Datos y el CGPJ ya han sido enviados a Interior y cuestionan duramente algunos de sus artículos al considerar que colisionan con otras legislaciones en vigor o, directamente, podrían ser inconstitucionales. Interior ya ha anunciado que revisará las partes del texto que han suscitado más dudas, pero la imposición de anotar el DNI de los usuarios de locutorios y cibercafés no se encuentra entre los puntos sometidos a estudio.

Fuente: elconfidencial.com

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EL PP CAMBIARÁ EL MANDO ÚNICO EN LA POLICIA Y LA GUARDIA CIVIL, PORQUE HA FRACASADO

Los ‘populares’ proponen también una Ley de Policía Local “para poner un poco de orden en la excesiva heterogeneidad actual”

Europa Press

 

Madrid.- El PP no mantendrá el modelo de Mando Único en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en caso de ganar las elecciones generales de 2012. Para los ‘populares’ es una fórmula que “ha fracasado” y por tanto “será revisada con toda seguridad” en el marco de sus planes para el Departamento de Interior en el que proponen una Secretaría de Estado que centralice los datos de todos los cuerpos que operan en España en materia de terrorismo y crimen organizado. También proponen una Ley de Policía Local. En una entrevista concedida a Europa Press, el portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Ignacio Cosidó, cree que es una “evidencia” que la Dirección General Única “no ha funcionado, ha sido un fracaso y por tanto, a falta de concretarlo en un programa electoral, es más eficaz tener dos direcciones generales con un secretario de Estado que realmente ejerza un mando operativo”. “Puedo afirmar que el modelo de unificación ficticia del PSOE no ha funcionado y, por tanto, es un modelo que con toda seguridad vamos a revisar”, ha asegurado al ser preguntado acerca de si el PP introducirá estos cambios en su programa electoral para las elecciones de 2012. En ese modelo de Seguridad que pretenden los ‘populares’ también se contempla una revisión del papel de la Secretaría de Estado de Seguridad que, además de ejercer como el “mando operativo de la Policía y la Guardia Civil”, debe convertirse en “un elemento vertebrador de todo el sistema de seguridad pública”. Cosidó hace especial hincapié en esta modificación al referirse al fenómeno del crimen organizado o el terrorismo ante los que “es muy difícil establecer demarcaciones territoriales”.

INFORMACIÓN CENTRALIZADA

Por ello considera como algo “evidente” que la información de esos fenómenos “tiene que estar necesariamente centralizada” porque “es crítico que entre los distintos cuerpos de seguridad se pueda compartir esa información”, pero “el centro en el que debe confluir es la secretaría de Estado de Seguridad”. Asegura que el PP es “favorable” a “integrar al máximo toda la información que puedan tener todos los cuerpos policiales sobre terrorismo”, pero advierte de que esta información “en ocasiones es muy sensible y lo que hay que hacer es jerarquizar los niveles de acceso”. “No somos partidarios en absoluto de fraccionar esas bases de datos, pero es evidente que en materia de lucha contra el terrorismo, la responsabilidad esencial está depositada en la Policía y la Guardia Civil y, por tanto, deben tener una preeminencia en la lucha contra este tipo de fenómenos”, matiza Cosidó. El dirigente ‘popular’ hace esta apreciación al ser preguntado por el compromiso hecho público ante CiU por el ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en la última Comisión de Interior del Congreso de los Diputados anunció que su Departamento trabaja para que los Mossos d’Esquadra puedan acceder a la base de datos SICOA (Sistema de Coordinación de Operaciones Antiterroristas). Otra de las novedades planteada por Cosidó es la creación de una Ley de Policía Local para “poner un poco de orden en la excesiva heterogeneidad que existe ahora mismo en las policías locales en las que te puedes encontrar una Policía como la de Madrid con más de 6.000 efectivos y una policía local con cinco efectivos en algunos municipios”.

60.000 POLICÍAS LOCALES

A su juicio, esta Ley sería “el mejor instrumento para integrar más en el sistema y mejorar la coordinación de los más de 60.000 policías locales con la Policía y la Guardia Civil”. “Creemos que es necesaria una cierta ordenación del la excesiva disparidad en todos los órdenes que ahora observamos en la organización de las policías locales”, explica. Esta propuesta también tiene por objeto “adecuar la realidad de lo que hacen hoy las policías locales, especialmente en las grandes ciudades, con el marco legal que regula sus funciones”. “A través de esta Ley de Policía Local, somos partidarios de un mayor respaldo legal de competencias que vienen ejerciendo de facto pero que no tienen un reconocimiento de derecho”, añade Cosidó. En relación a la equiparación salarial entre los miembros de la Policía y la Guardia Civil y los cuerpos autonómicos, el diputado ‘popular’ recuerda que ha sido el Gobierno socialista el que ha permitido que “en unos años de bonanza económica las diferencias retributivas de las policías autonómica y las Fuerzas de Seguridad no sólo no se han reducido sino que se han triplicado habiendo prometido en su programa electoral que las iba equiparar”. En ese sentido, asegura que el PP mantiene “un compromiso político para que esas diferencias no se alarguen y para que en la primera legislatura, si no equiparación total, al menos se logre que haya una convergencia clara entre todas las fuerzas se seguridad que operan en España”.

“DESIGNACIONES A DEDO, UN SISTEMA PERVERSO”

Preguntado acerca de si la posible llegada al poder del PP conllevará numerosos cambios en los puestos de máxima responsabilidad de la Policía, Cosidó defiende que son los “criterios de mérito y capacidad” los que deben regir la asignación de puestos “y por tanto también ahí ha asumido el PP el compromiso político de reducir los nombramientos a dedo”. “Hay datos objetivos que permiten afirmar que Rubalcaba ha usado a la Policía no en favor de los ciudadanos, sino en favor de sus intereses de partido”, critica Cosidó, según el cual “hay reiteradas sentencias judiciales que denuncian que el Ministerio del Interior está abusando como nunca de los nombramientos a dedo y de confianza política”. “Hoy no hay un sólo mando policial que no haya sido nombrado a dedo por el señor Rubalcaba y ese es un sistema perverso”.