Archivo

Posts Tagged ‘Policia Judicial’

Insultar a un policía podrá sancionarse con 30.000 euros

19 noviembre 2013 Deja un comentario

Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa “grave” sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa.

Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros y que tiene en la protección de los policías frente a los ataques uno de sus pilares fundamentales, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

En el redactado también se contempla como infracción “muy grave”, sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.

Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales quedando los agentes señalados y siendo objeto de insultos y vejaciones. En algunos casos, incluso se ofrecieron datos personales de los policías.

En total hay 21 infracciones consideradas “muy graves” y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.

La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará “muy grave”, así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear -objetivo muchas veces de movimientos ecologistas- o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas. Entre 30.001 y 600.000 euros se sancionará también como muy grave entorpecer con dispositivos luminosos como los clásicos punteros laser vehículos u otros medios de transporte como aviones.

En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios.

Prostitución cerca de menores

Este anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aporta otras novedades como la consideración como infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores (colegios, guarderías, parques…) o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial. El redactado del texto no entra a regular el acto de la prostitución, pero sí trata de impedir su práctica al menos en estos dos supuestos en los que serían sancionados tanto el cliente como la persona que ofrece los servicios sexuales.

El Ministerio lleva trabajando en este Anteproyecto desde el inicio de la legislatura para lo que ha mantenido reuniones con miembros de las Fuerzas de Seguridad, asociaciones de padres y plataformas vecinales, entre otras instituciones. Según fuentes de Interior, este asunto de la prostitución era el que más demandas producía por parte de los ciudadanos consultados.

En el apartado de las infracciones graves se mantienen aspectos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas tóxicas aunque no estuvieran destinadas al tráfico, así como el abandono en la vía pública de utensilios necesarios para su consumo o fabricación, pero se introduce como grave la plantación o el cultivo de drogas siempre y cuando las cantidades no sean consideradas como delito.

Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como ‘Ley Corcuera’ de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Desperfectos causados por los hijos

Otra de las principales novedades es que los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública y la Policía tendrá potestad para establecer “zonas de seguridad”. El hecho de que los progenitores tengan que pagar los daños ocasionados por sus hijos es una medida que ya se puso en marcha hace años en el País Vasco para combatir los episodios de ‘kale borroka’ y que ofreció buenos resultados, según admiten en el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. En función del grado de daño que produzcan al mobiliario urbano, también podría considerarse una infracción grave.

En cuanto a las “zonas de seguridad” para evitar los escraches es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó ese perímetro en 300 metros. Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de Interior otorgan especial importancia al hecho de que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente.

El consumo de alcohol en la vía pública sin estar autorizado administrativamente será considerado una infracción grave siempre que se perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Este anteproyecto regula como infracciones graves otras conductas como la de establecer barricadas en la calle, maltratar animales en espectáculos no autorizados, el escalamiento a monumentos o edificios emblemáticos o la denominadas “cundas”, es decir, la acción de trasladar a los toxicómanos a los lugares donde se vende y se consume droga.

Mismas sanciones, nuevas prohibiciones

Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. La cuantía de las infracciones graves y las muy graves también es la misma que en la actual ley de Seguridad Ciudadana, lo que se ha modificado o se ha incluido son conductas que no estaban recogidas y tras más de 20 años era necesario regular, según Interior.

Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad, que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. Ahora los agentes podrán hacer esa gestión en el mismo lugar de forma telefónica o telemática.

Este articulado regula que los agentes puedan requisar el documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Fuentes de Interior llaman la atención sobre el hecho de que en algunas manifestaciones había quien alegaba que el documento es personal e intransferible para no entregarlo a las autoridades. Por su parte, a los ciudadanos extranjeros no se les podrá desposeer de sus documentos de origen salvo mandato judicial.

Fuente: elmundo.es

LA POLICIA MUNICIPAL DE BILBAO RECONOCIDA POR SU LABOR PIONERA EN LOS CUERPOS LOCALES COMO POLICIA JUDICIAL

Los ‘Oscar’ de la seguridad pública en España reconocen su labor pionera en los cuerpos locales como policía judicial El galardón Integra+Seguridad se entrega  en Zaragoza
Los premios Integra, los ‘Oscar’ de la seguridad pública y las emergencias, han reconocido la labor de las unidades especiales de la Policía Municipal de Bilbao como policía judicial en la lucha contra las drogas y la investigación criminal. La entrega del galardón se realizará el próximo jueves, a partir de las nueve de la noche, en la Feria de Zaragoza, donde se celebrará el VI Encuentro Global de Emergencias Integra+Seguridad, a la que anualmente asisten representantes de Policías locales y empresas de seguridad.
El premio a las buenas prácticas en la seguridad pública destaca el trabajo de tres unidades: la de drogas, la Policía Científica y la de investigación de delitos contra el patrimonio, creadas en 1990 por el entonces director, Adolfo Fernández Alustiza. La guardia urbana bilbaína fue pionera en contar, además de con patrulleros y agentes de tráfico, con especialistas en investigación. Su modelo sigue siendo un referente para el resto de policías locales, que cuentan con unos 50.000 agentes en España, una cifra similar a la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil.
«Con buen criterio, estas unidades se han mantenido hasta hoy. En el futuro, además del patrullaje, el tráfico y las ordenanzas, habrá que potenciar la investigación pura. Recogemos denuncias, detenemos, realizamos atestados y ponemos a disposición judicial o en libertad, en definitiva somos una policía cuasi integral (salvo por las competencias sobre terrorismo, orden público o explosivos, por ejemplo)», apunta Tomás del Hierro, quien recogerá el diploma como director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao y responsable de la Policía Municipal desde 1991.
Los grupos especiales nacieron hace casi dos décadas, aunque antes hubo algunos precedentes, como los llamados ‘askatus’ (liberados), agentes a los que se encargaba un caso concreto hasta su resolución. Posteriormente, la guardia urbana empezó a recoger denuncias, lo que obligó también a desarrollar investigaciones sobre esos delitos. En 1983 se configuró el primer grupo estable. «En los 80 Bilbao vivía una situación explosiva por el auge de la heroína, y la situación policial era bastante precaria. Los vecinos pedían al alcalde una solución a sus problemas de inseguridad», explica Del Hierro en su ponencia para el congreso.
El Cuerpo Nacional de Policía, azotado por el terrorismo, no daba a basto. En los cinco primeros años de vida, hasta 1995 -año en que la Ertzaintza se desplegó en Bilbao-, se resolvieron 13 de los 14 homicidios investigados y se detuvo a 25 personas, de las que 20 fueron condenadas. Esta misma unidad, la Policía Científica, también se encarga de reseñar a los detenidos.
El componente local
En la actualidad los tres grupos premiados están formados por 50 agentes, siete cabos y 3 suboficiales. El sargento (antigua denominación del suboficial) de la unidad conocida como los ‘Héctor’, Marcel Fernández, es el miembro más veterano. «Hay delitos que tienen un marcado componente local y la Policía Municipal dispone de más conocimiento del terreno, no en extensión pero sí en profundidad. Por ejemplo, en el tráfico de estupefacientes a pequeña escala o en el asesinato de una mujer por su marido podemos tener mucha información; no así en las bandas organizadas», explica el mando.
Los ‘Héctor’ desentrañaron el homicidio de Basurto, un caso inicialmente llevado por la Ertzaintza, que posteriormente fue encargado por un juez a la Policía Municipal. Los agentes locales descubrieron que se trató de un crimen pasional, en el que un joven envió a otro para que diera un escarmiento al nuevo acompañante de su ex novia, pero a éste se le fue la mano, le mató y arrojó el cadáver a las vías del tren.
La Unidad de Drogas -los ‘dogos’- también goza de prestigio en los ámbitos judiciales. Entre 1997 y 2006, han decomisado 83 toneladas de heroína, probablemente una de las mayores cifras de incautación de esta sustancia en la calle, 75 toneladas de cocaína, 410 de hachís y más de un millón de euros, además de detener a 1.700 presuntos traficantes.
Finalmente, los ‘limas’, la unidad de atracos, acaba de desarticular a una banda de supuestos ‘secuestradores exprés’ que retuvieron a una joven, desvalijaron su cuenta bancaria y la abandonaron descalza en el monte Kobetas en una gélida noche de diciembre. Después, intentaron repetir la acción con otra mujer. Una de las modalidades delictivas con las que se enfrentan son los robos con violencia e intimidación, que «generan gran alarma social y aumentan la percepción de inseguridad ciudadana», sostiene Tomás del Hierro.
Las nuevas formas de delincuencia y la creciente demanda de presencia policial por parte de la sociedad evidencian, a juicio del responsable, la necesidad de que los agentes locales trasciendan el mero papel de alguaciles. «Ahora ya no se cuestiona que la Policía local haga labores de investigación», opina Del Hierro. «Han sido años muy duros, en los que el policía local era de segunda división, pero este premio es una recompensa», afirma un suboficial.

El futuro grupo de investigación de la Urbana comienza un curso de policía judicial

30 marzo 2013 1 comentario

Image

Es un paso previo para que la policía barcelonesa pueda investigar directamente por los jueces – Sectores del cuerpo de Mossos d’Esquadra se oponen a que la Urbana asuma nuevas competencias

Una treintena de agentes que configurarán el grupo de investigación de la Guardia Urbana de Barcelona empezarán este lunes un curso especializado de Policía Judicial en la Universidad de Barcelona (UB), paso previo para la puesta en marcha de esta nueva unidad, informaron a Europa Press fuentes cercanas al grupo.

El objetivo es tenerlo todo a punto para cuando la Consejería de Interior y el Ayuntamiento cierren el acuerdo para impulsar esta unidad que se encargará en principio de investigar delitos menores en la ciudad, como los hurtos y la venta al por menor de drogas, directamente a las órdenes de los jueces de instrucción, explicaron varias fuentes cercanas al grupos consultadas por Europa Press.

La Guardia Urbana está ideando el grupo de Policía Judicial desde que se reestructuró el cuerpo tras la llegada al Ayuntamiento de Xavier Trias, y de hecho ya le han asignado un jefe, el intendente Juan Rodríguez, lo que era máximo responsable del distrito de Ciutat Vella.

El grupo preveía seguir esta formación para ser Policía Judicial en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) en Mollet del Vallés (Barcelona), aunque finalmente no se alcanzó un acuerdo para que pudieran seguir el mismo programa que tienen los Mossos de Escuadra en este ámbito.

El curso le seguirá esta treintena de alumnos – aunque se prevé que el grupo pueda llegar a los 60 agentes – en la Facultad de Derecho, con clases de profesores de esta facultad, jueces y fiscales, durante dos meses.

La ley 16/1991 de las Policías Locales prevé que puedan desempeñar funciones de Policía Judicial cuando sean requeridos por jueces y fiscales, practicando las primeras diligencias de prevención de custodia de detenidos y objetos relacionados con los delitos, unas funciones que deben cumplir de acuerdo con los principios de cooperación mutua con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

De hecho, los delitos previstos investigar este grupo, que estará ubicado en el complejo de la Urbana en la Zona Franca, son los recogidos en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no superan las penas de cinco años: lesiones, coacciones, amenazas, hurto, robo, hurto y robo de uso de vehículo, salud pública, daños y contra la seguridad del tráfico.

El consejero de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha mostrado dispuesto a negociar que pueda crearse este grupo y de hecho se han iniciado conversaciones con los responsables de Seguridad del consistorio, aunque preguntado sobre esta cuestión puntualizar que podría enmarcarse en la futura ley de la policía de Cataluña, que todavía se está preparando.

POSICIÓN DE MOSSOS

Varias fuentes de los Mossos consultadas por Europa Press se muestran reticentes a la creación de este grupo porque creen que las investigaciones de los dos cuerpos se pueden solapar y porque son reticentes que la Urbana pueda practicar diligencias hasta ahora reservadas a la policía catalana.

Por esta razón, creen necesario que se defina muy bien como colaborarán los dos cuerpos y cuáles serán los límites de la policía barcelonesa, y ponen como ejemplo la investigación en tráfico de drogas, que rara vez se circunscribe sólo a un barrio oa la ciudad, sino que tiene más ramificaciones.

La antesala de este grupo que actuará en todos los distritos de Barcelona ha sido el Grupo de Delincuencia Urbana del distrito de Ciutat Vella, que funciona desde hace un año y se centra en investigar los hurtos y el tráfico de drogas a pequeña escala , y que en 2012 alcanzó una media de cinco detenciones e imputaciones diarias.

 

FUENTE : WEBPOLICIAL

EL ALCALDE DE SEVILLA PEDIRÁ QUE LA POLICIA LOCAL ASUMA LABORES DE POLICIA JUDICIAL


<!–

publiMJX(“boton4_150x100”,1);

–>

Pretende firmar un convenio con el Ministerio del Interiorque permita a la Policía Local ejercer competencias

abcabcdesevilla / sevilla

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha pedido a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, una reunión para mejorar la coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local, al que pretende convertir en policía judicial en determinados aspectos.

En la presentación de nuevos vehículos de limpieza, Zoido hizo este anuncio al ser preguntado por la segunda reyerta mortal ocurrida en once días en la zona de Su Eminencia.

Tras condenar los apuñalamientos y afirmar que “no se pueden resolver las diferencias de esta manera”, Zoido ha dicho que este “repunte” de ataques mortales es “ocasional”.

Zoido ha señalado que la competencia en seguridad ciudadana corresponde al Cuerpo Nacional de Policía, aunque ha asegurado que el Ayuntamiento se quiere comprometer en mejorarla, para lo que pretende firmar un convenio con el Ministerio del Interior que permita a la Policía Local ejercer competencias en policía judicial.

Las declaraciones de Zoido se producen un día después de que un joven de 22 años muriera en Sevilla presuntamente apuñalado varias veces por otro de 17 años con el que ya había tenido discusiones anteriores.

El suceso ocurrió poco antes de las 13.00 horas de ayer en la barriada de Su Eminencia, cuando los dos jóvenes protagonizaron una discusión y a continuación el menor de 17 años apuñaló a su oponente, identificado como Francisco Javier M.A., de 22 años.

DESTACADA COLABORACIÓN DE LA POLICIA LOCAL DE VALDEMORILLO CON POLICIA JUDICIAL

27 noviembre 2011 Deja un comentario

 

(MADRID)

Los agentes de la Policía Local mantienen un estrecho grado de colaboración con la Policía Judicial, una labor a destacar que se traduce en estos días en su participación en dos importantes actuaciones. En concreto, efectivos de la plantilla policial de Valdemorillo intervinieron esta semana en la operación que ha culminado con la detención de cinco personas acusadas de estafa y apropiación indebida.
Además de colaborar especialmente en la custodia de la vivienda de uno de los detenidos, donde se halló parte del material informático que los supuestos delincuentes sustrajeron a una empresa madrileña y que tenían planificado vender en los próximos días, los policías prestaron también su apoyo en el momento de la detención.

Por otra parte, la Policía Local de Valdemorillo intervino en la detención, hace dos semanas, de una banda dedicada supuestamente a cometer asaltos a domicilios y robos menores, delitos registrados tanto en este municipio como en otras localidades cercanas. Las labores policiales realizadas en el domicilio de los detenidos, todos ellos de nacionalidad rumana, permitieron igualmente la localización e incautación de diversos materiales robados.

EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA REFORZARÁ A LA POLICIA LOCAL CON UNA UNIDAD JUDICIAL

22 junio 2011 1 comentario

El gobierno ampliará las competencias de los agentes municipales para que se dediquen a investigar delitos menores y faltas · Zoido lamenta los fallos encontrados en la futura Jefatura de la Ranilla

Fernando Pérez Ávila | Actualizado 21.06.2011 – 19:50

zoom

El Ayuntamiento de Sevilla dotará a la Policía Local de una unidad judicial. Con esta decisión, el nuevo gobierno municipal ampliará considerablemente las competencias de los policías locales, que podrán investigar a partir de ahora delitos menores y faltas. Así lo comunicó ayer el nuevo delegado de Seguridad y Movilidad, Demetrio Cabello, a los responsables de la Policía Local. Cabello se presentó ante los jefes de este cuerpo y mantuvo dos reuniones con ellos a lo largo de la mañana de ayer, una con los miembros de la escala técnica (superintendente, intendentes mayores e intendentes) y otra con los de la escala ejecutiva (inspectores y subinspectores), según indicaron ayer a este periódico fuentes policiales.

En el curso de ambos encuentros, Cabello expuso brevemente sus intenciones y les explicó a los policías las carencias que ha encontrado en la futura Jefatura de la Ranilla, que visitó en compañía del alcalde, Juan Ignacio Zoido. La comisaría todavía no tiene fecha para su inauguración pese a que el gobierno anterior había intentado abrirla al público antes del fin del mandato. Para los nuevos gestores, el edificio presenta varios fallos de concepto antes de que se hayan terminado las obras.

El primero es que la sala de transmisiones ocupa unas dependencias distintas a las de las cámaras del centro de control de tráfico, algo que los responsables de la delegación consideran poco operativo. De ahí que haya que reformar ya estas salas antes de que la Jefatura esté en funcionamiento. La segunda deficiencia importantes es la falta de un gimnasio en el que los agentes puedan entrenarse.

La creación de una unidad de Policía Judicial supone un giro brusco a la política de seguridad desarrollada por Alfredo Sánchez Monteseirín. El anterior alcalde ordenó a los policías locales que se centraran exclusivamente en sus competencias, con especial atención al tráfico y al cumplimiento de las ordenanzas municipales. La Policía Local incluso dejó de recibir los avisos relacionados con la seguridad ciudadana, que el servicio de emergencias 112 derivaba únicamente a la Policía Nacional como cuerpo competente en esta materia.

La puesta en marcha de este nuevo servicio no supone una invasión de las competencias de la Policía Nacional. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio del Interior firmaron un convenio en el año 2008 para permitir a las policías locales que se hicieran cargo de delitos menos graves y faltas y colaboraran así con las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra la delincuencia.

Este acuerdo otorga competencias a los agentes municipales de toda España para investigar, entre otras cuestiones, infracciones relacionadas con la violencia de género, quebrantamientos de condena, órdenes de alejamiento, retiradas del permiso de conducir, hurtos, delitos contra la seguridad del tráfico y amenazas y coacciones. Una de las ciudades pioneras en contar con una unidad judicial dentro de la Policía Local fue Madrid, que tiene hasta grupos de operaciones especiales dentro de la plantilla municipal.

Para que el convenio entre la FEMP y el Ministerio del Interior tenga validez, las funciones de Policía Judicial debe aprobarlas la junta local de seguridad de cada municipio. Precisamente ayer se celebró la primera reunión de este órgano presidida por Juan Ignacio Zoido como alcalde de Sevilla. Al término de este encuentro, el regidor quiso poner de manifiesto las múltiples deficiencias que presenta la futura Jefatura de la Ranilla.

“Queremos saber cuánto falta, cuánto cuesta y cuándo podrá estar operativa. Me decían que aquello estaba terminado, pero no hay mobiliario ni está equipado. No hay mecanismos técnicos para controlar el tráfico, ni las pantallas de la famosa sala de control”, expuso Zoido, quien también atacó al anterior delegado de Movilidad por la herencia que le ha dejado. “Hay que ver lo que nos ha dejado Movilidad”, se lamentó el alcalde.

Además, Zoido expresó sus intenciones de formar en el futuro una unidad verde de la Policía Local que se dedique a patrullar los parques y jardines a caballo y también se comprometió a impulsar el proyecto de la unidad ciclista. “Siempre he dicho que la Policía tiene que patrullar la ciudad con el mayor número de equipamientos posible. Las unidades ciclistas las he visto en otras ciudades, en las zonas turísticas, y me parecen que permiten la facilidad de movimientos de la Policía”. Por último, el alcalde avanzó que irá aumentando el número de agentes paulatinamente en los próximos años, puesto que en el último lustro no ha habido ni una sola incorporación hasta las 103 plazas creadas al final del último mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín.

EL ALCALDE DE BARCELONA JORDI HEREU PIDE QUE LA GUARDIA URBANA HAGA DE POLICIA JUDICIAL Y UNA LEY CATALANA DE CIVISMO

Hereu pide Guardia Urbana haga de policia judicial y una ley catalana civismo

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu (PSC), pedirá al Ministerio del Interior que la Guardia Urbana pueda ejercer de policía judicial y tramitar las diligencias de las detenciones que practica sin pasar a los detenidos a los Mossos d’Esquadra para ganar en eficacia y exigirá al Parlament que elabore una ley que refuerce las ordenanzas de convivencia municipales.

El candidato socialista a la reelección ha presentado hoy ante la comisaria de la Guardia Urbana de Gracia sus propuestas en materia de seguridad, que incluyen el compromiso de incorporar 600 nuevos agentes de la Guardia Urbana en el próximo mandato, con convocatorias anuales de 150 agentes cada una.

Otra de las propuestas de Hereu es la elaboración de un Pacto por la Seguridad en Cataluña y la exigencia de que paulatinamente Barcelona gane otros 1.000 agentes de los Mossos d’Esquadra para cumplir la ratio de 2,5 mossos d’esquadra por cada mil habitantes que aprobó el Parlament en el año 2000.

Hereu ha asegurado que el conseller de Interior, Felip Puig, está de acuerdo en elaborar una ley catalana que refuerce las ordenanzas de civismo que aprueban los ayuntamientos para luchar contra fenómenos como la prostitución o el top manta, pero ha reconocido que no sabe su opinión sobre la petición de que la Guardia Urbana haga de policia judicial.

El alcalde ha señalado que la Guardia Urbana, que acaba de cumplir 167 años de historia, tiene un primer nivel de intervención en que detiene a muchas personas por delitos menores -hurtos, tirones etc…- y luego los tiene que pasar a disposición de los Mossos d’Esquadra, que es la policía judicial, “y esto no es un circuito del todo eficiente”.

Hereu ha recordado que un 60% de las detenciones en el distrito de Ciutat Vella las practica la Guardia Urbana, que ya ejerce como policia judicial en accidentes de tráfico y delitos relacionados con la seguridad viaria, y que si tramitara todas las diligencias directamente “se ganaría en eficiencia”.

El candidato socialista ha destacado que “la convivencia es uno de los bienes más preciados de una ciudad” y que en el último mandato “hemos dado un salto adelante en cuanto a políticas públicas de seguridad”.

Tras recordar que en su mandato se han incrementado el número de agentes de la Guardia Urbana en 1.000 efectivos, ha instado al Departamento de Interior a aumentar en los próximos años las promociones de Mossos d’Esquadra -la última se ha reducido a 600 agentes para toda Cataluña- para que la asignación de agentes a Barcelona no se vea disminuida.

“La crisis no será la excusa para recortar: la convivencia y el espacio público son políticas prioritarias”, ha afirmado.

Hereu también exigirá al Parlament la elaboración de una ley catalana “sobre el espacio público y la convivencia” que refuerce la eficacia de las ordenanzas municipales de civismo “y dé respuesta global y general a fenómenos que los ayuntamientos han tenido que afrontar con ordenanzas locales”.

Barcelona fue pionera en la elaboración de una ordenanza de convivencia que muchos otros ayuntamientos han incorporado para luchar contra fenómenos de incivismo.

El Pacto por la Seguridad en Cataluña que propone Hereu incluye una acción integrada de todas las administraciones, el reforzamiento del papel de la Junta de Local de Seguridad y reforzar la colaboración entre Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana.