LA POLICIA DESALOJA UNA FIESTA RAVE

 

Los vecinos se habían quejado en numerosas ocasiones

 

 

Vilassar de Dalt. (Redacción).- La policía local de Vilassar de Dalt ha llevado a cabo una actuación policial de madrugada en una finca particular ubicada en el torrente de Daniel para desalojar una fiesta ilegal, de las denominadas rave, que ya se había repetido en muchas ocasiones y que había provocado reiteradas quejas de los vecinos de la zona ante el consistorio ya la Policía Local.

Cuando los agentes de la policía han llegado al lugar de los hechos han encontrado un grupo de unas 20 personas y 5 vehículos con equipos de sonido semiprofesionales celebrando una fiesta rave . Este hecho ya se había repetido anteriormente y comunicado al propietario de la finca, que no consta hubiera actuado.

La policía ha realizado los controles pertinentes así como las pruebas de alcoholemia. Los asistentes se han marchado de forma pacífica tras haberles informado de los aspectos legales. En esta actuación, la Policía Local ha contado con la colaboración de los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Premià de Dalt.

EL GOBIERNO PREPARA NUEVOS UNIFORMES PARA POLICIAS LOCALES POR 1,5MILLONES

 

 

El Ejecutivo trabaja en un cambio de indumentaria, que supondrá un gasto más para los ayuntamientos. La medida es criticada con rotundidad por CCOO Obreras y la asociación de jefes de la provincia, ya que hay otras prioridades. Además, se les presentó un presupuesto con el nombre de una empresa concreta.

 

El Gobierno de Canarias estudia implantar nuevos uniformes en las policías locales del Archipiélago con nuevos colores y que incluyan la denominación «Policía Local Canaria», que afectará a casi 3.500 agentes municipales. Fuentes de Comisiones Obreras (CCOO) y de la asociación de jefes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife aseguran que dicho proyecto supondrá un gasto de, como mínimo, 1.500.000 euros. Una cantidad que resulta excesiva para ambos colectivos, tanto si lo deben asumir los ayuntamientos como si lo afronta el Ejecutivo autónomo.

Fuentes de la Agrupación Sindical de las Policías Locales de CCOO muestran su rotundo rechazo a tal medida, por su excesivo coste en un contexto de crisis económica preocupante. Recuerdan que, en principio, quien debería asumir ese gasto son los ayuntamientos, pero en estos momentos hay consistorios que, incluso, tienen serios problemas para pagar las nóminas de los trabajadores. Desde esa perspectiva, CCOO y los jefes señalan que esta iniciativa de cambio de vestimenta demuestra desconocimiento de la realidad que padecen las administraciones municipales.

Desde Comisiones Obreras señalan que la Dirección General de Seguridad y Emergencias les ha remitido una propuesta de presupuesto para la nueva indumentaria. En dicho borrador, el uniforme mínimo para cada policía cuesta unos 200 euros e incluye una camisa (60 euros aproximadamente), un pantalón (70 euros aproximadamente) y las insignias (galones y escudos). En dicha cantidad total (200 euros) no figuran ni los zapatos, ni las gorras ni los anoraks. Respecto a esta última prenda, cada ejemplar puede llegar a costar unos 350 euros.

Si se tiene en cuenta que cada funcionario policial debería tener, al menos, dos ropas por higiene y operatividad, el precio por cada agente asciende a 400 euros para el equipamiento mínimo y, si se multiplica por los 3.500 policías locales, la cantidad asciende a cerca de 1.500.000 euros.

Otra propuesta incluye unificar para todas las islas los trajes de intervención, compuestos por mono negro y un casco amarillo.

Tanto la asociación de jefes como representantes de Comisiones Obreras critican otro detalle respecto al mismo asunto, como es que les hayan enviado una propuesta económica oficial del Gobierno canario que incluye el nombre y la dirección de una empresa concreta, cuya sede social está en el barrio de El Cardonal, en el municipio de La Laguna. CCOO y los jefes señalan que este tipo de acciones, aunque no haya ilegalidad alguna, desde el punto de vista ético no contribuyen a que los administrados piensen que existe un proceso transparente y ajustado a la normativa de los concursos públicos.