LA COORDINACIÓN DE LAS POLICIAS LOCALES POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

 

Es la Constitución Española, en su artículo 148.1.22ª, la que atribuye a las Comunidades Autónomas competencias sobre coordinación y demás facultades en relación con las Policías Locales en los términos que establezca la Ley Orgánica.

La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 39, establece la competencia de las Comunidades Autónomas en el establecimiento de las normas marco sobre Policías Locales, la homogeneización de los medios técnicos para aumentar la eficacia, fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de los Policías Locales, así como la coordinación de la formación profesional de los agentes de las Policías Locales.

Después de 25 años de la aprobación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la asunción de estas funciones atribuidas a las CC.AA. ha sido desigual. Mientras unas Comunidades Autónomas, como la de Madrid, Murcia e Islas Baleares, han ido más allá del estricto concepto de coordinación, llevando a cabo políticas decididas de mejora de la seguridad ciudadana a través de los servicios Públicos de Policía Local, otras Administraciones Regionales tan sólo se han dedicado a la regulación estatutaria de estos servicios públicos.

La Formación de los Servicios de Policía Local aún son una asignatura pendiente en algunas CC.AA., que ni tan siquiera poseen un Centro de Formación y Capacitación para estos servicios policiales. Buena muestra de ello son las Comunidades de Aragón y Murcia.

Las Comunidades Autónomas que optaron por la creación de Cuerpos de Policía dependientes de las mismas, la competencia constitucional de coordinación de las Policías Locales es abandonada a favor de las Policías Autónomas, llegando incluso a tratar de suplantar el papel de los cuerpos de policía local.

La problemática de la seguridad ciudadana y de la lucha contra la delincuencia no debe ser ajena a ninguna de las administraciones públicas. En este sentido, las CC.AA. deben adoptar un papel más activo en materia de seguridad ciudadana, desarrollando decididas políticas de prevención y seguridad, con el objetivo esencial de mejorar las condiciones de seguridad de cada uno de los territorios del Estado Español.

Todas las CC.AA., tanto las históricas, que han desarrollado un modelo autonómico a partir del despliegue de las correspondientes Policías Autónomas, como el resto de Comunidades, poseen competencias en materia de Coordinación de las Policías Locales, capacidad legislativa para regular y desarrollar políticas de organización, prevención, protección y lucha activa contra los fenómenos antisociales, siendo preciso que se potencie el compromiso de esta Administración en el mantenimiento de la calidad de vida de los ciudadanos de su territorio a través de decididas políticas de seguridad ciudadana.

Desde las experiencias recogidas en los municipios de cada Comunidad Autónoma, se recoge en este documento la visión que se posee del papel que deben asumir la CC.AA. para contribuir a la mejora de los niveles de seguridad y la correcta Coordinación de los Servicios de Policía Local en cada uno de los territorios que configuran el Estado Español.

La Seguridad ciudadana no es sólo una competencia exclusiva del Estado. El Estado lo componen cada una de las distintas administraciones que lo vertebra, debiendo contribuir éstas, con el claro compromiso de corresponsabilidad, al mantenimiento y mejora de la seguridad ciudadana.

La Comunidades Autónomas del territorio español deberían tomar decisiones estratégicas y desarrollar políticas decididas, con el objetivo de implicar y corresponsabilizar al conjunto de las Administraciones Públicas, para mejorar la seguridad ciudadana de cada una de nuestras regiones y territorios.

Con agrado, hemos conocido algunas propuestas que desde algunos partidos políticos se vienen realizado para impulsar políticas de seguridad en cada una de las CC.AA. y de incrementar los niveles competenciales en esta materia que traten de coadyuvar a la mejora de la seguridad ciudadana.

Consideramos necesario impulsar Planes de Seguridad Ciudadana en cada una de las Comunidades Autónomas que estructuren estrategias para la mejora de la seguridad ciudadana en cada Región, dando un papel relevante a los Servicios de Policía Local.

Se debe dar forma a lo que consideramos deben ser competencias de las CC.AA. en materia de seguridad ciudadana, todo ello a través de iniciativas estratégicas, coordinadoras e integrales de políticas de Prevención y de Seguridad.

Acción Político-Administrativo de las CC.AA.

Para otorgar la credibilidad necesaria a la decisión política de desarrollar Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana en el ámbito autonómico, consideramos imprescindible que los Gobiernos de las Comunidades Autónomas se dote de los instrumentos político-administrativos necesarios para que se pueda llevar razonablemente a efecto. En este sentido, se propone:

• La constitución de Consejerías de Interior o Protección Ciudadana, como órganos administrativos del más alto nivel en cada uno de los equipos de gobiernos en las Comunidades Autónomas, especializadas en la elaboración y dirección de las políticas de seguridad en cada una de las CC.AA., bajo cuya dirección y coordinación se gestionarían los siguientes Servicios:
• Coordinación de Policías Locales. Competencias recogidas en la Constitución Española y en cada uno de los respectivos Estatutos de Autonomía.
• Los organismos para la formación de los servicios de Policía (Academias de Autonómicas de Policías, Institutos de Estudios de Seguridad, etc.).
• Servicios de Protección Civil.
• Teléfono 112.
• Elaboración y desarrollo de políticas públicas y programas para la mejora de la seguridad ciudadana.

Acción Normativa y Reglamentaria.

Otro aspecto fundamental para que la puesta en marcha de un Plan Estratégico Regional de Seguridad y de las políticas públicas en esta materia pueda ofrecer verdaderas soluciones, se deberá desarrollar las siguientes iniciativas legislativas:

• Promover los cambios legales oportunos, para posibilitar una mayor participación de la Comunidad Autónoma en la toma de decisiones, dirección y gestión de la seguridad pública.
• Promulgar Leyes de Seguridad de la Comunidad Autónoma, incluso reformas de los Estatutos de Autonomía, con el objetivo de articular un sistema integrado de seguridad pública en cada una de las  Regiones.
• Promulgar nuevas Leyes de Coordinación de las Policías Locales en cada Comunidad Autónoma y su desarrollo reglamentario, con carácter complementario a la Ley de Seguridad, para dar un decidido impulso a la coordinación de las Policías Locales y mejorar el servicio que prestan a los ciudadanos.

Políticas y Programas de Prevención de la delincuencia.

Una de las diferencias más claras entre las políticas de seguridad avanzadas y las continuistas es que las últimas se centran en los efectos, ofreciendo muy poca importancia a las causas que generan los problemas. Así, se  propone:

• La constitución de Observatorios de la Delincuencia y la Victimización de la Comunidad Autónoma, para lograr un adecuado conocimiento del fenómeno de la delincuencia en cada una de nuestras Regiones, en sus diferentes zonas y en cada una de las Ciudades y Pueblos, para así poder desarrollar las estrategias públicas más oportunas.
• Impulsar, a través de la firma de Convenios de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos, el desarrollo de Programas de Prevención de conflictos interétnicos e interculturales; de la violencia de género y otras formas de violencia doméstica; de la violencia urbana; de la violencia escolar; de integración del urbanismo en la prevención de lugares inseguros; de la drogadicción;  y un largo etcétera de acciones preventivas.

Políticas de Solidaridad.

Tenemos el firme convencimiento de que la reinserción de los delincuentes y la atención a las víctimas no son políticas autónomas, sino que están ligadas por la gran interacción de sus efectos. Favoreciendo la reinserción y rehabilitación de los delincuentes se evita la reincidencia y la nueva victimización y, ayudando y favoreciendo a las víctimas de delitos, se facilita la adhesión de los ciudadanos a una política criminal que rehabilite e integre al delincuente en la sociedad. Por ello se propone:

• Crear Redes de Servicios de Atención a las Víctimas en las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Ayuntamientos, garantizando la prestación de servicios de apoyo y asistencia a las víctimas de delitos y de conductas asociales.
• Impulsar decididas políticas de rehabilitación, especialmente dirigidas a los jóvenes delincuentes primarios o en riesgo social, en el marco de la Ley del Menor, del que las Comunidades Autónomas son competentes.
• Desarrollar, a través de las Redes de Servicios de Atención a la Víctima, Programas de Mediación entre víctimas y pequeños infractores, impulsando la resolución extrajudicial de este tipo de conflictos.

La coordinación entre Administraciones Públicas.

La Coordinación debería ser un elemento estructural en el sistema de seguridad que se construya en las Comunidades Autónomas. Para ello, proponemos el desarrollo de determinadas acciones que favorezcan la coordinación como instrumento esencial de la lucha contra la delincuencia. Éstas son:

• Impulsar la constitución y funcionamiento efectivo del Consejo de Política de Seguridad en las Comunidades Autónomas, con la participación de la Comunidad correspondiente, las Delegaciones del Gobierno y las Federaciones  de Municipios, para establecer las grandes líneas estratégicas de la seguridad pública en la Región.

• Impulsar la constitución de la Comisiones de Coordinación Policial de la Comunidad autónoma (Mesas de Coordinación), para que se ocupe de los aspectos tácticos en el desarrollo de los planes de lucha contra la delincuencia en la Comunidad Autónoma. En función de los diferentes problemas, dicha Comisión podría trabajar a través de Subcomisiones, como ámbito urbano y rural, las diferentes zonas de las coronas metropolitanas, etc. En dicha Mesa deberían integrarse los máximos responsables de cada uno de los Cuerpos Policiales que actúan en el ámbito territorial de la Comunidad.

La Participación Ciudadana.

En nuestra opinión, un aspecto fundamental en las políticas y programas debe ser la garantía del derecho a la participación ciudadana en la definición de las políticas de seguridad y en el control de la gestión de los Cuerpos Policiales. Por eso se propone:

• Constituir Consejos de Seguridad de la Comunidad Autónoma e impulsar la constitución de los Consejos Locales de Seguridad en cada uno de los Ayuntamientos, garantizando la participación del tejido social representativo en los diferentes ámbitos territoriales. Éste debería constituir una de las partes importantes de la Ley de Seguridad de cada una de las Comunidades.

La proximidad en los problemas de Seguridad Ciudadana.

El tratamiento eficaz de muchos problemas relacionados con la pequeña delincuencia, las conductas asociales y la mejora de la convivencia, que configuran uno de los núcleos de problemas que inciden de manera muy importante en la percepción ciudadana de inseguridad, está en directa relación con el desarrollo de políticas de proximidad a través de las Policías Locales. En consecuencia, se propone:

• Considerar la coordinación efectiva de las Policías Locales como una de las políticas prioritarias de las Comunidades Autónomas, con la definición de estándares de calidad y un apoyo decidido a la modernización y profesionalización de los Cuerpos de Policía Local que se impliquen en este objetivo.
• Desarrollar acuerdos de colaboración entre las Comunidades Autónoma y los Municipios, para que las Policías Locales se impliquen efectivamente en el control del cumplimiento de las normas administrativas dictadas por la Comunidad.
• Impulsar, en estrecha colaboración con los Ayuntamientos, el desarrollo de programas de Policía de Proximidad en las Policías Locales, bajo el criterio de asumir funciones integrales, lo que definimos como  Servicio Policial Básico (que atiende problemas de seguridad y convivencia, tráfico y seguridad vial, cumplimiento de normas administrativas, policía judicial) en relación a los problemas enmarcados en el ámbito local, que no tienen trascendencia para la seguridad del Estado.
• Favorecer la creación de Mancomunidades de Servicios de Policía Local en los pequeños municipios que no deben quedar al margen de los planes y estrategias de seguridad de las CC.AA.

La calidad en los Servicios de Policía Local.

Los ciudadanos, cada vez con más insistencia, exigen de la Administración que los servicios públicos funcionen y que funcionen bien. En definitiva, los ciudadanos demandan  un mínimo nivel de caLidad de los sarvicios, quedar satisfechos de su utilización y no ver frustradas las expectativas que tenéan depositadas en los mismos. La seguridad pública no debe ser ajena a esta tejdencia de mejora continua de un servicio tan necesario como esencial para la comunidad. Por todo ello se propone:

• Una clara implicación de las CC.AA. en la financiación de los Servicios Públicos de Policía Local.
• Realización de un Plan Anual de Inversiones en cada Comunidad Autónoma, destinado específicamente a la mejora de los Servicios de Policía Local.
• Impulsar, en colaboración con los Ayuntamientos, el desarrollo de Planes de Calidad y Mejora de los Servicios de Policía Local de cada Comunidad Autónoma, prestando especial atención a la mejora y modernización de las dependencias y el equipamiento policial, la elaboración de Cartas de Servicio, estandarización de procedimientos y la orientación hacia el ciudadano de estos Servicios.
• Impulsar la creación de Oficinas de Atención al Ciudadano en las Policías Locales y  establecer procedimientos de Atención a Reclamaciones Ciudadanas, con el objeto de garantizar la prestación de un servicio de calidad a los ciudadanos.

Mejora de la Formación Policial.

Una de las más importantes y trascendentes competencias de las Comunidades Autónomas en materia de coordinación de las Policías Locales reside en el ámbito de la formación policial. Y, precisamente, este es uno de los ámbitos donde de manera más rotunda se ha manifestado la falta de atención de la Administración Autonómica. Si se pretende garantizar la prestación de un servicio de calidad a los ciudadanos y una mayor responsabilización de los Servicios de Policía Local, entendemos que esta situación debe sufrir un cambio sustancial, con el desarrollo de las siguientes propuestas:

• Redefinir las actuales Academias e Institutos de Formación de Policía Locales de cada una de las Comunidades Autónomas, que deberán tener su gestión directa de la Administración Autonómica y potenciar su organización y presupuesto.
• Creación, de una vez por todas, de las Academias de Formación de Policías Locales en aquellas CC.AA. que aún no las poseen.
• Desarrollar Planes de Formación Integral de las Policías Locales, que preste especial atención a los problemas y forma de delincuencia que despiertan mayor sensibilidad social y que ofrezca respuestas más eficientes a las nuevas formas de delincuencia y a las nuevas demandas de la sociedad en materia de seguridad y prevención, todo ello con la participación de los Servicios de Policía Local.
• Potenciar, en el marco de las Academias Regionales e Institutos de Formación Policial, los trabajos de investigación y el debate público y profesional sobre los problemas de seguridad de la Región.
• Desarrollo de la Carrera Profesional en el seno de las organizaciones de Policía Local.
   
  Fuente: usecnetwork.com