El jefe de la Policía Local de Sabadell niega haber perdonado multas al alcalde

El artículo 68.2 LSV -inserto en su Título V, «De las infracciones y sanciones, de las medidas cautelares y de la responsabilidad»- establece:»La sanción por infracciones a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los respectivos Alcaldes.

«No tengo que negar lo que no he hecho», ha asegurado tras declarar como imputado en el juicio por la trama «Mercurio»

El jefe de la Policía Local de Sabadell, Josep Miquel Duran,ha negado este domingo ante el juez haber perdonado multas de tráfico a la familia del alcalde, Manuel Bustos, también imputado en la supuesta trama de corrupción con epicentro en la ciudad.

«No tengo que negar lo que no he hecho», ha dicho a los medios de comunicación después de declarar como imputado hora y media ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y el fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo.

Duran ha asegurado salir «muy tranquilo» tras comparecer, y se ha escudado en que el caso está bajo secreto de sumario para no dar más explicaciones, ni siquiera para aclarar los delitos que se le imputan ni si ha tenido que dar explicaciones por más asuntos que el de las multas.

El mando policial también ha explicado que el juez y el fiscal no le han requerido ninguna documentación: «No puedo presentar documentación de cosas que no existen». Mientras hablaba ante los medios, varias personas congregadas ante el juzgado le han gritado ‘Mentiroso’, tras lo cual ha asegurado a los periodistas sentirse dolido con estos improperios. También ha asegurado que en cuanto se levante el secreto de sumario convocará una rueda de prensa para explicar su «versión».

El viernes, el alcalde Bustos hizo públicos los justificantes del pago de 27 multas interpuestas a su familia desde mediados de 2006, para demostrar que «nunca» ha pedido al jefe de la Policía Local que las eliminara. Precisamente, Bustos está convocado a declarar este domingo a las 17 horas, por su supuesta implicación en la presunta trama en la que, según las primeras investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, un entramado obligaba a pagar hasta 120.000 euros para optar con ventajas a los concursos de adjudicaciones, y un porcentaje una vez concedida la obra pública.