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Una juez confirma dos sanciones al jefe de la Policía Municipal de Alcorcón

7 diciembre 2012 3 comentarios

 

La magistrada anula una tercera falta por no ser “conforme a derecho”.

 
 El subinspector jefe de la Policía Municipal de Alcorcón, Sergio Ruiz Platero. / LUIS SEVILLANO

La titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 16 de Madrid, Elisa Gómez Álvarez, ha confirmado dos de las tres sanciones impuesta por el Ayuntamiento de Alcorcón al jefe de la Policía Municipal, Sergio Ruiz Platero. Este fue suspendido de empleo y sueldo durante 21 meses al haber cometido, según el Consistorio, una falta muy grave y dos graves. La magistrada ha anulado la tercera sanción al considerar que no se ajusta a derecho, según se recoge en la sentencia firmada la semana pasada y contra la que cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La falta muy grave fue impuesta por “la falta de colaboración manifiesta con otros miembros de los cuerpos y fuerzas de Seguridad” y resultar gravemente perjudicado el interés público. La magistrada entiende que la Policía Municipal de Alcorcón no actuaba de forma coordinada con la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad. No se pasaba copia de los atestados por detenidos ni se remitían los atestados: “La carencia de medios informáticos de la Policía Local, como las bases de datos para realizar determinadas diligencias, podría frustrar la investigación de delitos y favorecer su impunidad”. La juez considera probado que los policías locales de Alcorcón no conducían a los detenidos a las dependencias de la Policía Nacional a los efectos de identificación y reseña (toma de fotos y huellas dactilares), según el fallo.

Uso de un arma propia

Las otras de carácter grave consistieron en la exhibición y uso de armas sin causa justificada y en acto de servicio sin seguir las normas que regulan su empleo. En concreto, se imputó a Ruiz Platero el uso de una escopeta de su propiedad durante unos disturbios ocurridos en las fiestas patronales el 3 de septiembre de 2011.

Según la juez, este ha quedado acreditado tanto por el propio jefe de la policía como por los testimonios que constan en el expediente sancionador. “Resulta obvio que el actor [Sergio Ruiz] no estaba autorizado para la exhibición o utilización de armas reglamentarias ni antirreglamentarias, ni siquiera como medida disuasoria para disolver una multitud de personas o asustar a los alborotadores, sin que se haya acreditado tampoco el peligro inminente que suponía para los agentes el número de personas o congregados”.

La tercera falta, de carácter grave, se debió a “la emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales” que lesionan a la Administración o a los ciudadanos. Ruiz Platero solicitó el suministro de dos lanzadores de pelotas para disolver disturbios y que eran cedidos por una empresa para que los probara la policía. La magistrada de lo Contencioso-administrativo mantiene que el jefe de la policía no tuvo responsabilidad alguna en el mismo: “Del pliego de cargos de la instructora no queda claro si la conducta imputada es por tratarse de armamento no utilizado, por no seguir los trámites legales de contratación, por haberlos utilizado en los disturbios de septiembre o por haber abonado dos lanzadores inexistentes”.

La juez mantiene parcialmente la suspensión de empleo y sueldo a Ruiz Platero. Eso sí, rebaja su duración. En lugar del año y nueve meses (21 meses en total) correspondiente a las tres faltas, las reduce a una muy grave y otra grave, lo que supone un año y tres meses de suspensión.

La defensa del jefe de la Policía Municipal había alegado en su demanda que el expediente sancionador había caducado y la incompetencia de la técnico de la Administración para juzgar las tres faltas. La magistrada ha resuelto en su sentencia que se han salvaguardado los derechos y garantías de Ruiz Platero: “No se acredita la falta de capacidad técnica de la instructora designada para la sustanciación del expediente y, además, cualquier error en que pudiera haber incurrido la instructora es susceptible de revisión jurisdiccional, lo que garantiza plenamente los derechos del recurrente”, añade el fallo.

La magistrada también ha rechazado la vulneración de la tutela judicial efectiva y del principio acusatorio, al no haberle informado al jefe policial de una nueva sanción ni haberle dado la opción de pronunciar la última palabra. Elisa Gómez Álvarez entiende que en todo momento “se han seguido los trámites legalmente previstos”.

Fuentes cercanas a Ruiz Platero han anunciado que recurrirán la sentencia en el TSJM porque la juez ha dado por válidos ciertos decretos que se encuentran impugnados ante otro juzgado y pendientes de sentencia.

La Comunidad reduce a la mitad el pago de la nómina de los policías de la Bescam

La medida supone desembolso de hasta 3,6 millones a algunos Ayuntamientos

 
 

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año próximo van a traer una desagradable sorpresa para los 111 Ayuntamientos de la región que disponen de agentes de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam). Estos 2.500 policías municipales pertenecen a los distintos Consistorios, pero su nómina y todos los gastos derivados de su trabajo son sufragados por el Gobierno regional. La sorpresa para el año próximo consiste en que la Consejería de Presidencia y Justicia ha reducido a la mitad lo que paga a cada administración local por agente. En lugar de los 36.000 euros de este año, la cantidad se quedará en los 18.000, según ha denunciado la Unión de Jefes de Policía Local (Unijepol).

Según este colectivo profesional, cuando se firmaron los convenios entre los Ayuntamientos y la Comunidad de Madrid se fijó que por cada agente los Consistorios recibirían 40.000 euros para nóminas y 6.000 por otros conceptos como armamento y uniformes, vehículos patrulla, combustible, informática y radiotransmisiones. Sin embargo, esas cantidades han bajado en los últimos ejercicios. En el actual, cada corporación local recibía tan solo 36.000 euros por agente.

Uno de los más perjudicados por esta medida será Móstoles, la segunda población de la región, que cuenta con 200 funcionarios de la Bescam. Las cuentas son claras. El Consistorio, como tiene la obligación de mantener las nóminas, tendrá que desembolsar 3,6 millones de euros de sus propios recursos.

En los municipios como Alcorcón, Fuenlabrada o Getafe (cada uno con 100 policías), el recorte presupuestario implicará 1,6 millones. Y todo ello, además en un momento en que las cuentas municipales no resultan especialmente boyantes.

“Esos presupuestos regionales van a suponer que muchos municipios no puedan afrontar el pago de las nóminas de los policías de la Bescam y que tengan que reducir otros servicios a vecinos o despedir a otros empleados que estén con contratos laborales”, criticó el presidente de Unijepol y jefe de la Policía Local de Fuenlabrada, José Francisco Cano. “Han creado una situación absolutamente perversa, que va a suponer, inevitablemente, una reducción espectacular de las inversiones municipales en vehículos y otro equipamiento policial. Todo ello se traducirá, en unos pocos años, de manera muy importante a la prestación del servicio de seguridad local”, añadió Cano.

Desde Unijepol se ha solicitado una reflexión urgente entre el Gobierno regional y la Federación Madrileña de Municipios, que fue el garante de los acuerdos suscritos entre la Administración regional y los Ayuntamientos, para alcanzar soluciones para el Proyecto Bescam, para el empleo público local y para las finanzas municipales.

Fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia reconocieron que el presupuesto para estos agentes se ha reducido para 2013 y se ha situado en 45 millones de euros. Además, la Comunidad tiene previsto endurecer el criterio del pago de subvenciones de los agentes de la Bescam. En caso de que no se dediquen exclusivamente a labores de seguridad ciudadana, no recibirán ni euro.

La policía identifica el arma que mató a Prieto Fandiño

Cuatro agentes de Getafe le dispararon tras una persecución de 14 kilómetros hace un año

 
Los especialistas de Policía Científica han identificado el arma y, por tanto, al agente que disparó hoy hace justo un año contra David Prieto Fandiño, de 28 años, al que persiguieron durante 14 kilómetros, desde Getafe hasta el distrito de Arganzuela. Los responsables del informe pericial consideran “altamente probable” que el proyectil saliera de la pistola que llevaba el policía municipal A. M. G. M., de 32 años. El caso se encuentra todavía en instrucción y no se espera una resolución rápida ya que el otro herido en el tiroteo, el supuesto compinche del fallecido, Roberto García Castillo, de 29 años, aún no tiene el alta médica.
 

Los hechos ocurrieron a las 11.15 del 21 de noviembre de 2011 cuando un policía local de Getafe fuera de servicio vio a dos hombres que intentaban supuestamente secuestrar a un tercero en la calle del Ruiseñor, en el barrio de La Alhóndiga. Llamó a la centralita de su cuerpo y dio la matrícula del Citroën Saxo (3950 FWD) de los supuestos captores. El turismo constaba como sustraído. Se inició una persecución de varios coches de la Policía Local por la autovía de Toledo (A-42) que terminó en Arganzuela.

Un patrulla consiguió adelantar al Citroën Saxo en la calle de Canarias, pero el conductor de los fugados, Roberto García, le golpeó en el lateral, echó marcha atrás y se metió en sentido prohibido por la calle de Vara del Rey. Allí le salió al encuentro otro coche policial.

En segundos le rodearon cuatro agentes. Uno gritó “arma” y tres de ellos abrieron fuego. Dos estaban en una posición trasera y otro en perpendicular al Saxo, que colisionó con un turismo estacionado. Al menos se produjeron 15 disparos y muchos de ellos entraron por el maletero y la luneta trasera. En caso de que hubiera habido un secuestrado, cosa que se demostró falsa, estos tiros lo habrían alcanzado.

 Una bala entró a Prieto Fandiño, que iba de copiloto, por la parte trasera de la cabeza, lo que le causó la muerte un día después. La autopsia permitió recuperar el proyectil y remitirlo a la Comisaría General de Policía Científica junto con los 13 casquillos recogidos en el lugar y otros 15 percutidos con las armas entregadas por los agentes para el cotejo pericial.

Los especialistas de Científica mantienen que la bala extraída del cadáver fue disparada por una pistola marca Heckler and Kock (HK) con número de serie 24-097641, que la llevaba el policía A. M. G. M. Este agente efectuó cinco disparos, según los casquillos recuperados en la calle de Vara del Rey.

Lo que la policía no ha podido determinar es qué arma —y por tanto qué policía— hirió de gravedad a Roberto García Castilla. Tan solo se recogió un fragmento de blindaje de la bala, con ligeras bandas de rozamiento “de muy escasa entidad”: “Su valor identificativo es prácticamente nulo. No ha sido posible establecer ningún tipo de relación de identidad”. Los tres agentes que dispararon continuaron en sus puestos de trabajo.

“Fue una muerte innecesaria. He pasado un año muy malo, porque no he parado de preguntarme el motivo por el que los policías le dispararon y por qué siguen trabajando”, afirmó María José Fandiño. “He salido porque tenía que salir y porque tengo que hacer mi vida, pero solo me daban ganas de quedarme en mi casa”.

La instrucción del caso recayó en el Juzgado número 41, de la plaza de Castilla. Aún no se ha podido concluir porque la otra víctima continúa de baja. Recibió un balazo en la zona temporal, que le hizo perder mucha sangre. El SAMUR lo trasladó al hospital Gregorio Marañón. Fuentes judiciales estiman que la conclusión del caso llevará varios meses y no descartan que dure hasta el próximo verano.

Un hombre acuchilla a su expareja en plena calle en Badalona

La agresión se produjo sobre las 20.00 horas del jueves en plena calle Miguel Servet

 
La Guardia Urbana de Badalona detuvo en la noche del pasado jueves a un hombre, de 44 años, que acababa de asestar, presuntamente, varias cuchilladas a su expareja en plena calle. La mujer resultó gravemente herida al recibir varias heridas profundas en el pecho y el estómago, pero no se teme por su vida.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde en la calle de Miquel Servet, en el barrio de Progrés. Agresor y víctima se enzarzaron en una discusión, según la versión ofrecida por el Ayuntamiento de Badalona, que acabó abruptamente con la brutal agresión. La víctima quedó tendida en el suelo, semiinconsciente, hasta que llegaron al lugar agentes la Guardia Urbana de Badalona, que fueron los primeros en socorrerla. Varios viandantes que presenciaron la escena también trataron de ayudar a la mujer herida. El agresor, de origen ecuatoriano, fue detenido por la policía local cuando intentaba huir del lugar de los hechos y fue entregado a los Mossos d’Esquadra, que lo han puesto a disposición judicial.

El cuchillo con el que la víctima, de nacionalidad hondureña, fue agredida fue encontrado en la zona. La mujer, que perdió mucha sangre, fue trasladada en estado muy grave al Hospital Germans Trias i Pujol, también en Badalona. Un portavoz del hospital ha explicado que se encuentra estable y su evolución es favorable. ICV ha emitido el viernes un comunicado, a través del colectivo Dones amb Iniciativa, en el que condenaron “firmemente” la agresión.

Desarticulan una banda de narcotraficantes que operaba en la Costa Brava

 
 
La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Sant Feliu de Guíxols (Girona), ha desarticulado una organización de narcotraficantes que distribuían cocaína y marihuana en diversas poblaciones de la Costa Brava.
La droga era almacenada y manufacturada en tres domicilios de Sant Antoni de Calonge y Palamós, uno de ellos equipado con un completo laboratorio de cocaína, según ha informado en una nota la Policía Nacional.
La policía ha detenido a nueve personas, todas de nacionalidad colombiana excepto un varón español. Los agentes han intervenido 4,3 kilos de cocaína, 50 plantas de marihuana y 500 gramos de cogollos, así como tres turismos, un ciclomotor, una pistola de fogueo, 11.000 euros en metálico, y utensilios para manipular la droga.
Las investigaciones se iniciaron tras una la operación policial, culminada el pasado verano, en la que se detuvo a 11 personas y se intervinieron 500 kilos de hachís a un grupo de narcotraficantes que operaba en Barcelona y Girona.
Los nueve arrestados serían una rama paralela a la desarticulada anteriormente dedicada a la distribución de cocaína y marihuana en la Costa Brava.
Un laboratorio completo
El grupo desarticulado estaba perfectamente organizado y disponían de tres domicilios, uno en Sant Antoni de Calonge y dos en Palamós. En el primero de ellos se había habilitado un laboratorio destinado al procesamiento, adulteración y manufactura de la droga.
En el registro del piso de Sant Antoni los agentes hallaron cinco kilos de sustancias para el corte y precursores diversos, así como utillaje variado, instrumental y la instalación eléctrica imprescindible para su funcionamiento, 800 gramos de cocaína y 500 gramos de cogollos de marihuana.
En uno de los dos domicilios de Palamós, se intervinieron ocultos en diferentes objetos 3,5 kilos de cocaína ya procesada y dispuesta para su distribución. En el otro domicilio de esta localidad, se localizaron 50 plantas de marihuana.
Estructura jerarquizada y distribución de funciones
Los nueve detenidos, siete hombres y una mujer, disponían de tres turismos y un ciclomotor que les otorgaba gran movilidad por diversas poblaciones de la Costa Brava.
Su estructura jerárquica establecía diversos escalones en el interior del grupo. Además del máximo responsable, se encontraban los miembros que transportaban las sustancias, los que la procesaban y los que finalmente la distribuían en lugares públicos o zonas de ocio.
Los detenidos, a quienes presuntamente se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de estupefacientes, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien decretó el ingreso en prisión provisional de todos ellos.