La Policía Local detiene a cuatro individuos por el robo de más de dos kilómetros de cable

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Santa Lucía procedieron a la detención de cuatro individuos, de edades comprendidas entre 28 y 40 años, por la supuesta sustracción de 2.140 metros de cable de cobre que posteriormente vendieron a una empresa recuperadora de chatarra.
La Policía Local de Santa Lucía inició una investigación tras la denuncia de una letrada municipal por el robo de cables con los que el Ayuntamiento abastecía de electricidad a los estanques de agua de abasto así como al depósito y perrera municipal, localizados en la zona de Las Carboneras, “lo que ocasionó un grave perjuicio al buen funcionamiento de los servicios públicos y daños valorados en más de 4.800 euros”, indican fuentes policiales.
Tras varias consultas con el grupo de investigación de la Guardia Civil de Vecindario y las pesquisas oportunas para localizar a los autores, incluida una inspección a la empresa recuperadora en la que los agentes y un ingeniero municipal reconocieron el material sustraído, se procedió por la Policía Local a la detención de los cuatro individuos, identificados como C.R.S., M.F.T., Y.S.L. y A.C P., todos ellos con antecedentes y que, al parecer durante varios, habían ido vendiendo el hilo de cobre que sustraían, hasta un montante de 81 kilos, por lo que percibieron un total en torno a los 367 euros.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, en unión de las diligencias practicadas.

Un policía local fuera de servicio detiene al presunto autor de un delito de violencia de género

Un agente de la Policía Local de Huelva que estaba fuera de servicio ha detenido a un joven de 29 años como presunto autor de un delito de violencia de género, después de observar cómo éste agredía a una mujer.

Los hechos ocurrieron este domingo, sobre las 06,30 horas, en la calle Mudéjares, cuando un agente que transitaba por esa zona se percató de una fuerte discusión e insultos en el interior de un vehículo estacionado, según ha informado el Consistorio en una nota.

Al detenerse para comprobar qué ocurría, observa que el individuo agarra violentamente a una joven, sacándola por la fuerza del vehículo y arrastrándola por el suelo. Aunque el policía le recriminó su actitud, el detenido continuó con su agresión a la mujer, por lo que el agente se identificó como agente de la autoridad para proceder a su detención. En ese momento apareció una pareja del Cuerpo Nacional de Policía, que apoyó la actuación del agente local.

La Policía observó cómo el detenido se acercó a la joven, que estaba llorando, y le dijo algo al oído, momento en el que ésta dejó de llorar y negó los hechos que acaban de ocurrir, según fuentes policiales. No obstante, al haber sido observada la agresión por el agente local se continuó con la detención del presunto autor de los hechos, que ha pasado a disposición judicial.

Policías que actuaron en Cabanyal reconocen uso de porras y dicen que «con besos» no se pueden quitar a gente

Marga Sanz (EUPV) ratifica ante el juez que recibió un «golpe seco» por parte de un agente, y éste lo niega

Policías nacionales que actuaron en los desalojos que tuvieron lugar en el barrio valenciano de El Cabanyal el 6 de abril de 2010 han reconocido ante el juez que sacaron y utilizaron sus porras, pero solo para defenderse. Uno de ellos también ha asegurado que «cuando lanzan patadas y puñetazos, a besos, por desgracia, no puedo quitarme a la gente», ha ironizado.

Estos agentes se han pronunciado así durante su intervención en el juicio de faltas, por desobediencia y atentado a la autoridad, que ha comenzado este lunes en el juzgado de Instrucción número 10 de Valencia. En total, en este procedimiento hay nueve denunciantes, ocho denunciados, y dos personas con la doble categoría, denunciante/denunciado.

Respecto a los denunciantes, se trata de cinco policías locales, dos policías nacionales, la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, y la militante Esther Sanz. Asimismo, como denunciados figuran la portavoz adjunta de Compromís en la cámara autonómica, Mònica Oltra; tres miembros de la Plataforma Salvem El Cabanyal —Faustino Villora, Ignacio Pascual y José Manuel Cuenca—; dos vecinos; y dos agentes de Policía Local. Con la doble condición de denunciante/denunciado hay dos policías locales.

En la sesión de este lunes han declarado dos agentes de Policía Nacional —denunciantes—, otro de Policía Local —denunciante/denunciado— y Marga Sanz. Mañana continuará la vista con la posibilidad de que se prolongue a horario de tarde. Antes de comenzar, los abogados de las partes han pedido que se dictara la prescripción, ya que habían transcurridos más de seis meses sin que se realizara ninguna diligencia durante la instrucción. Sin embargo, el juez ha rechazado esta petición en base a varias resoluciones de la Audiencia.

El primero en declarar este lunes ha sido un inspector de Policía Nacional, que dirigió el dispositivo del 6 de abril. Este agente ha indicado que el día de los hechos llegó sobre las 8.30 horas a El Cabanyal, tras ser requerido por la Sala del 091. Ha narrado que intervino en los desalojos que tuvieron lugar ese día, tanto en el de la calle San Pedro, como en el de la calle Vidal de Canyelles.

En el primer caso, ha indicado que unas 20 personas se «encadenaron de brazos» alrededor de la vivienda que se pretendía derribar. Tras ponerse de acuerdo con la Policía Local, ha señalado que les pedieron que se fueran, pero «no nos obedecían para nada», ha dicho. Así, se les fue retirando uno por uno y finalmente se procedió al derribo.

Seguidamente, ha afirmado que estas personas se trasladaron hasta la siguiente calle en la que iba a tener lugar el segundo derribo, y a la que también acudieron policías locales y nacionales. En este caso ya había unos 50 ó 60 congregados, que también rodearon la vivienda.

El agente, quien ha indicado que sufrió una lesión en el dedo como consecuencia de una patada, «pese a que sí se lanzaron patadas», ha narrado que en este segundo caso estuvieron esperando desde las 10 hasta las 13.00 horas a tener confirmación de que el juzgado no había dictado una orden cautelarísima de paralización de los derribos, a la que aludían los miembros de la plataforma.

Durante este tiempo, el agente ha explicado que vio llegar a «cargos públicos» que superaban el filtro policial —la barrera— y se adentraban junto con sus escoltas a la zona limitada. Una vez allí, se unían con vecinos y miembros de la plataforma. «A mí esto me dejó perplejo», ha declarado.

El policía ha dicho que tras recibir una llamada de Jefatura, en la que se les comunicaba que no existía esta orden del juzgado, procedieron al segundo derribo. Momentos antes, ha narrado que al final «hubo que sacar» a la gente que rodeaba la vivienda afectada, pero ha puntualizado que «no hubo ninguna carga». «Hubo un momento en que se lanzaron patadas y puñetazos, y yo ordené sacar la defensa armada. La usó quien la tuvo que utilizar», ha dicho. Este agente ha mantenido, al igual que el que le ha sucedido en el turno, que no recuerda ninguna lesión entre los vecinos o políticos: «nadie se quejó y nadie pidió una ambulancia», ha aseverado.

Agarrones y reducciones

El compañero de este agente, coordinador de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional, ha explicado que solo estuvo presente en el segundo derribo. Ha narrado que intervino directamente en ayudar a bajar a dos jóvenes —vecinos denunciados en esta causa— que se subieron al tejado de la casa que se iba a demoler. Ha dicho que usó la «fuerza física», tales como agarrones o reducciones, «para evitar riesgo hacía mí».

En general, el policía, quien ha afirmado que no resultó lesionado, ha señalado que usaron la porra para defenderse, para repeler las agresiones: «cuando lanzan patadas y puñetazos, a besos, por desgracia, no puedo quitarme a la gente», ha puntualizado en un momento del interrogatorio.

Por su parte, el intendente general de Policía Local de Valencia, quien estaba citado este lunes en su calidad de denunciante y denunciado —esto último por presuntamente agredir a Marga Sanz—, ha mantenido en todo momento que «no hubo enredamiento físico» en el primer derribo.

No ocurrió lo mismo en el segundo. Ha explicado que tras tener conocimiento de que no había ninguna orden judicial para paralizar el derribo, se dirigió a los políticos para pedir que abandonaran el lugar. «Cuando me dijeron que no, empecé a cogerles uno a uno y mis compañeros me siguieron», ha explicado. «Yo desalojé a muchas personas pero no tuve enfrentamiento físico con nadie».

Así, este agente, quien está acusado por Marga Sanz de lesionarle, ha negado que hiciera daño a la diputada. «Le cogí del brazo y de la mano. Ella iba gritando pero no se oía nada porque todo el mundo iba gritando», ha descrito. «Ni mis agentes ni yo usamos la defensa —en referencia a la Policía Local»—. Respecto a Oltra, ha indicado que la vio «más que cogida, apoyada en brazos de los agentes». También ha dicho que ellos no iban fuertemente equipados.

Frente a esta versión, Marga Sanz ha declarado que un agente de Policía Local fue el que le cogió para que se apartara de la vivienda de la calle Vidal de Canyelles, y ha dicho que durante el trayecto sufrió un «golpe seco», que «probablemente» era de la porra, ya que ha dicho que éste «la llevaba en la mano».

«Me cogieron de las muñecas y del brazo derecho, y yo andaba a trancas porque cuando me estiraron de la acera, yo caí mal», ha aseverado. «No llegué ni a poder identificarme. No me dijeron qué medicas no habían sido admitidas», ha lamentado. Tras el incidente, ha narrado que se desplazó al hospital y allí le hicieron un parte de urgencias en el que figuraba que sufría una lumbalgia postraumática. También le salieron moraduras en las muñecas, ha afirmado.